La divulgación de los acuerdos logrados por una comisión de civiles con dos facciones de la llamada ‘Oficina de Envigado’ para detener la ola de homicidios en Medellín ha generado un debate sobre la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades para controlar a las bandas criminales. VerdadAbierta.com reconstruye cómo se hizo el pacto de no agresión.
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Francisco Galán, ex guerrillero del Eln (izq.), y Jaime Jaramillo Panesso, durante la presentación de los acuerdos con bandas de Medellín. – Comunicado de Jaime Jaramillo Panesso |
“Ese acuerdo busca que la situación en la ciudad se pacifique, no se maten entre ellos y no maten personas inocentes”, dijo el pasado lunes Jaime Jaramillo Panesso, vocero de la Comisión por la Vida, en rueda de prensa citada en la tarde del lunes a raíz de publicaciones de prensa que develaron las conversaciones con varios jefes delincuenciales y de las exigencias del alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, quien en horas de la mañana reclamó una respuesta pública a esta comisión de civiles.
El acuerdo señalado se logró en días pasados con emisarios de los jefes criminales Erick Vargas, conocido con el alias de ‘Sebastián’, y Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’, así como con mandos medios de ambas estructuras delincuenciales recluidos en distintas cárceles del país, quienes representarían el 80 por ciento de las actividades criminales de la ciudad y el área metropolitana.
‘Sebastián’ y ‘Valenciano’ se distanciaron hace algunos años, fraccionando la llamada ‘Oficina de Envigado’, lo que generó una disputa territorial de gran impacto en las barriadas de Medellín que aportó cerca de un 70 por ciento de los 2.178 homicidios ocurridos durante el 2009, cifra que no se veía desde el 2002 y que reflejaba la intensidad de la confrontación.
Jaramillo Panesso hizo un recuento de los hechos que derivaron en una tregua indefinida entre ‘Sebastián’ y ‘Valenciano’ desde el primero de febrero, dejando en claro dos circunstancias: la primera, que estos acuerdos surgieron como una iniciativa de un grupo de personas preocupadas por los altos niveles de homicidios que se venían presentando en la ciudad y en algunos municipios del Valle de Aburrá; y la segunda, que de esas conversaciones tenían conocimiento la Alcaldía de Medellín y la Presidencia de la República.
“Hemos estado hablando con gente sometida a la ley, es decir, que están en las cárceles de Valledupar, Combita, Itagüí, LaDorada, donde hay cuadros medios de estas organizaciones”, explicó el vocero de la Comisión por la Vida. El proceso de acercamiento tuvo, según él, una feliz coincidencia: para fines judiciales, la Fiscalía reunió en días pasados a casi todos ellos en la cárcel de Itagüí y se formó una mesa de convivencia.
En esa mesa tomaron asiento los reclusos José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’; Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias ‘El Compa’, y Elkin Triana. A su lado estuvieron monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, Arzobispo de Medellín; Jaime Jaramillo Panesso, representante de Antioquia en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Francisco Galán, ex guerrillero del Eln; y Jorge Gaviria, ex director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.
Allí se discutió la situación de violencia de Medellín y el área metropolitana, y como resultado de esos análisis se acordó la tregua, pero se dejó en claro que no son conversaciones con el Estado ni se ofrecieron privilegios. “Es una acción de buena voluntad entre ellos mismos y a petición de nosotros”, precisó Jaramillo Panesso, descartando de paso que ese acuerdo esté sujeto al cumplimiento de algunas condiciones que beneficiarían a los desmovilizados de grupos paramilitares.
“No hay condiciones”, reiteró el representante de la Comisión por la Vida. “Lo que hemos encontrado es que están ‘mamaos’ de la guerra, hay un desangre que no les conviene. Y si no les conviene a ellos, mucho menos a la sociedad. Es más, nos dijeron que siquiera hay quién medie para que les ayuden a entenderse entre ellos”.
Los análisis surgidos de esa mesa de convivencia le permitieron a Jaramillo Panesso no sólo identificar razones objetivas de la disputa entre ‘Sebastián’ y ‘Valenciano’, que tienen que ver con la lucha por el control del narcotráfico, sino por “razones de orgullo” de uno y otro por viejas rencillas del pasado.
Jaramillo Panesso reiteró que, como ciudadanos de Medellín, mantendrán el objetivo de trabajar por la eliminación de los homicidios y, paralelamente, buscar el sometimiento a la justicia de algunos de esos jefes delincuenciales.
Para continuar con esa tarea, la Comisión por la Vida le propuso a las autoridades que trasladen a una cárcel cercana a Medellín a estos jefes delincuenciales, con el fin de continuar las conversaciones y mantenerlos cerca a las bandas que les son fieles para evitar una mayor descomposición. “En opinión de nosotros, si ellos llegan a estar en alguna cárcel cerca de la ciudad contribuirían mucho a la tregua y a la paz de Medellín”, aseveró Jaramillo Panesso.
Consultado sobre la posibilidad que este tipo de acuerdos busquen reunificar la llamada ‘Oficina de Envigado’ y reproducir los modelos de coerción que en el pasado se calificó como “donbernabilidad”, pues en el 2005 hombres bajo su mando libres en las calles hicieron la misma petición de tenerlo en una prisión cerca a Medellín para influir en el comportamiento de las bandas, Jaramillo Panesso descartó que ello ocurriera argumentando que lo que ellos pretenden es construir un nuevo modelo, “hecho por civiles”, en el que se pueda avanzar en el sometimiento a la justicia.
También descartó que esa tregua tenga, bajo la mesa, la intención de logar un respiro en la guerra urbana que libran ambas facciones desde hace más de dos años y de unificar sus estructuras armadas para aumentar su poderío armado y su capacidad de influir en las decenas de bandas armadas que hoy pululan en las calles de la ciudad. “Debemos aclarar que la ‘Oficina de Envigado’ no existe y no entiendo cómo ellos pueden respirar si tienen a la Fiscalía y la Policía encima”.
Al divulgarse este lunes los acuerdos logrados por la Comisión por la Vida, el Alcalde de Medellín reaccionó y negó cualquier participación de él o de alguno de sus funcionarios en la Comisión por la Vida: “Ni he participado en reuniones con esta comisión ni he autorizado a miembros de la Alcaldía a participar en esa comisión. Y desde luego, lo que haya sucedido son la comisión debe ser respondido por ellos mismos”, dijo Salazar Jaramillo a los medios de comunicación.
Asimismo, señaló que desde el día de la tregua acordada, la operatividad de la Policía no ha disminuido, por el contrario, sigue arrojando resultados concretos: se han capturaron 21 narcotraficantes de mucho peso en la delincuencia de Medellín en diversas ciudades del país y también han sido recluidos en prisión algunos miembros de bandas delincuenciales, entre ellos dos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia ligados a la actividad criminal de la comuna 8 de la ciudad.
“Los procesos judiciales que hemos venido trabajando desde hace meses siguen su plena marcha de tal manera que esta Alcaldía no dará tregua en aclarar esta circunstancia e impedir que cualquier versión llegue a considerar que el esfuerzo institucional de la alcaldía la policía y la justicia se viese debilitado por simples y facilistas comentarios”, indicó el mandatario local.
Con relación a si sabía o no de las actividades de la Comisión por la Vida, aceptó conocer de ellas y divulgó una carta de comienzos de noviembre del año pasado donde le responde a esta comisión una misiva en la que le dan a conocer su propósito.
Al respecto hizo varios comentarios, entre ellos que su administración ha presentado una estrategia de seguridad en la que ha incluido “una movilización ciudadana que logre comprometer diversos estamentos en la búsqueda de la convivencia, la apertura de opciones de resocialización a jóvenes miembros de bandas que quiera retomar la senda de la vida legal para ello hemos fortalecido el programa fuerza joven, y el mejoramiento de la operatividad de la policía y superación de la impunidad con el convencimiento de que si no hay justicia no podemos repetir historias no deseables”.
Asimismo, les recordó que el contacto con jerarquías de organizaciones criminales “no está dentro de las posibilidades legales de la Alcaldía” y precisó que esta función está concentrada en la Presidencia de la República como única instancia habilitada para autorizar procesos de paz y reinserción.
Finalmente señaló que su Alcaldía “estará dispuesta a apoyar a personas que quieran emprender caminos de resocialización, advirtiendo que no tiene competencias para intervenir procesos judiciales ni favorecerlos pidiendo suspensión de acciones legales emprendidas en su contra”.
Por su parte, el director de la Policía, general Oscar Naranjo, manifestó en entrevista con El Espectador que para la institución no existen acuerdos que no correspondan a la obligación
legal de aplicar la ley.
“Para la Policía el único acuerdo posible de cumplir, es el que tiene que ver con el acatamiento irrestricto a la ley”, señaló el alto oficial al considerar que los líderes de estas organizaciones delincuenciales primero deben someterse a la justicia.
