La Fiscalía y la Procuraduría pidieron a la Corte Suprema condenar al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, por haber entregado millonarios recursos a los paramilitares.
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Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre y ex diplomático en Chile, fue capturado en mayo de 2008 después de casi dos años de ser prófugo de la justicia. Foto: Archivo Semana. –Ratifican condena de 40 años de cárcel a Salvador Arana -Salvador Arana, el gobernador de la muerte (Semana) – Las pruebas de la parapolítica en Sucre (Semana) – La lista de posibles testigos asesinados en el caso Arana – El proceso contra Salvador Arana  – Sentencia contra Salvador Arana |
Al cierre del juicio por peculado en contra del ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, los representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría solicitaron a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, condenar al político.
Tanto para el ente investigador como para el ministerio público, hay suficientes pruebas que demuestran que el ex gobernador Arana se confabuló con los paramilitares para desviar recursos de las regalías de Tolú con engaños y maniobras políticas.
Según
la representante de la Procuraduría, luego de evaluar las pruebas y los
testimonios de los testigos se puede concluir que el ex gobernador Arana
fue participe de “una solapada estrategia para desviar recursos públicos que fueron a dar a las arcas de las Autodefensas Unidas de Colombia”.
De la misma manera, el fiscal delegado ante la Corte aseguró que mientras Arana fue gobernador entre 2001 y 2003, “dispuso pagos dobles de 15 contratos celebrados en el municipio de Santiago de Tolú, afectando los recursosde las regalías en beneficio de las finanzas de las autodefensas de la región que eran comandadas por Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’”.
Sin embargo, de acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, los recursos de Tolú terminaron al final en manos del desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño, quien se apropió de millonarios recursos del Estado a través de la empresa Invergolfo.
“Quedó demostrado que Arana no solamente ayudo a la formación del grupo paramilitar sino que participó activamente en sus finanzas. Cuando el ex gobernador pagó nuevamente los contratos a sabiendas que estos habían sido pagados por el municipio de Tolú en el año 97, se evidenció el claro propósito de beneficiar a las autodefensas”, agregó el representante de la fiscalía.
Al final, tanto la fiscalía como la procuraduría coincidieron en señalar que el ex gobernador Arana tenía conocimiento de que el dinero iba a ser girado a los paramilitares, y que a pesar de saber de esta situación ilegal, facilitó la entrega de los recursos de Tolú.
La audiencia se reanudará el primero de marzo con la presentación de los alegatos de la defensa. Luego de terminada esta etapa, la Corte Suprema tomará la decisión de condenar o absolver al ex gobernador por el delito de peculado por apropiación a terceros, pena que se adiciona a la de 40 años que ya pesan sobre el político por los delitos de concierto para delinquir y homicidio.
La historia del desfalco
Entre 1995 y 1997 el municipio de Santiago de Tolú celebró 15 contratos en trabajos de alcantarillado y obras públicas en los que se comprometieron recursos de las regalías que el municipio recibe por albergar una terminal del oleoducto caño limón- Coveñas.
Muchos de estos contratos fueron ejecutados por el ingeniero Rudolf Paffen a través de la empresa Invergolfo, a quien el municipio de Tolú le canceló los costos de los contratos, quedando pendiente solamente, el pago de unas deudas por intereses y ajustes que había sido ordenada por el Tribunal Administrativo de Sucre.
De acuerdo con declaraciones de desmovilizados, Vicente Castaño afirmaba que Paffen había trabajado con maquinaría que pertenecía a las autodefensas y por la que aparentemente, se había comprometido a pagar un porcentaje al grupo armado ilegal. Sin embargo, Paffen incumplió estos pagos y Castaño le ordenó a Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, secuestrar al ingeniero para llevarlo a la zona de Urabá.
Allí, según relató María Angélica Esquivel, esposa de Paffen, lo obligaron a firmar unos papeles en los que la apoderaba como representante de su empresa y luego lo desaparecieron. De acuerdo con la fiscalía, la idea de Vicente Castaño era recuperar el dinero que Paffen no le había pagado quedándose con las regalías de Tolú y usando como cobradora legal a Angélica Esquivel.
En ese momento y en vista de los malos manejos que se estaban presentando por parte de la administración municipal, en 1999 la Comisión Nacional de Regalías le reasignó al gobernador de Sucre la responsabilidad del manejo de estos recursos. Por esta razón los dineros que el municipio de Tolú le adeudaba a la empresa de Paffen ahora debían ser pagados por la gobernación de Sucre.
De acuerdo con los argumentos de la fiscalía, el gobernador Arana se aprovechó de esta decisión de la comisión para manejar a su gusto los recursos de las regalías de Tolú y beneficiar a los paramilitares.
Precisamente, el 5 de enero de 2001, cuatro días después de que Arana Sus se posesionó como gobernador de Sucre, expidió una circular con la que reglamentó la manera en la que se iban a invertir y controlar los dineros de las regalías. En ella estableció que un certificadofirmado por el tesorero de Tolú, serviría como respaldo legal para hacer un desembolso.
Para la Fiscalía esta decisión favoreció irregularmente la ingerencia paramilitar debido que hombres de las autodefensas amenazaron al tesorero de Tolú para firmar certificados falsos en los que se afirmaba que ninguno de los 15 contratos que había ejecutado Rudolf Paffen habían sido pagados.
Fernando Puerto, quien fuera el tesorero de Tolú para la época, aseguró ante la fiscalía que las certificaciones que expidió asegurando que los contratos no se habían pagado las firmó bajo la presión de dos paramilitares conocidos como ‘Sangre’ y ‘Careloco’.
Según Puerto, los ‘paras’, fueron revolver en mano a su oficina y lo obligaron a firmar unos certificados que ellos habían hecho y que llevaban el membrete de la alcaldía de Tolú. “Cuando me di cuenta de que esos contratos ya habían sido cancelados y que se iba a hacer un doble pago le informé del hecho a Aníbal García, encargado de la oficina de las regalías en la gobernación y este le dijo que tomaría las medidas necesarias”, aseguró Puerto.
Según los tesoreros de la gobernación y del municipio indagados por la fiscalía, los certificados no eran suficiente prueba para hacer el desembolso, pues la ley exige que se haga una revisión presupuestal para verificar si efectivamente habían deudas, cosa que no ocurrió y simplemente se procedió a entregar el dinero.
Otro elemento que para la fiscalía es sospechoso, es que no existe ningún registro del envió de estos certificados por parte del municipio de Tolú, por lo que no es posible precisar quien las entregó en el municipio y quien las recibió en la gobernación.
Según la fiscalía, aunque la orden del Tribunal Administrativo era pagar solo algunos intereses y ajustes, la gobernación desembolsó el costo total de los contratos, sabiendo que estos ya habían sido cancelados por el municipio. Así, la gobernación incurrió e un doble pago que superó los 478 millones de pesos provenientes del fondo de regalías de Tolú
María Angélica Esquivel, esposa de Paffen, era la encargada de cobrar los cheques que según la fiscalía eran girados a los bancos popular y cafetero.
Según contó Angélica a la fiscalía, el ‘Negro Ricardo’, paramilitar enviado por Vicente Castaño, la llamaba y le decía que estuviera disponible para ir a la gobernación a recoger unos pagos. “Siempre me iba a acompañar alguien que mandaban los paras. Cuando yo llegaba ya todo estaba organizado y listo. Generalmente mi acompañante le decía a la tesorera que venia de parte de “él” (refiriéndose a Castaño)”, narró la viuda del ingeniero Paffen.
“Los cheques millonarios salían a mi nombre, el banco me entregaba el dinero en efectivo y yo se los daba a ellos. Me dejaban en mi casa y se iban”, contó Esquivel.
Según averiguaciones de la fiscalía, al anunciar que venían de parte de Castaño, los funcionarios de la gobernación agilizaban y facilitaban los pagos. “Los cheques eran cobrados por ventanilla pero según la ley exige que sean pagados a una cuenta del primer beneficiario, en este caso la señora Esquivel, evidencia que era fruto refleja la relación entre las autodefensas y los funcionarios”, declaró el fiscal en las conclusiones del juicio.
Así mismo el fiscal aseguró que el entonces gobernador tenía herramientas jurídicas para verificar el estado real de los contratos antes de desembolsar los pagos, razón por la que no puede excusarse en los certificados firmados por el tesorero de Tolú. Además, según el fiscal, el gobernador debió reunirse con el alcalde de Tolú para confirmar si se adeudaba o no el valor millonario de los 15 contratos, encuentro que no se realizó.
Por estas razones, Fiscalía y Procuraduría concluyeron que se presentó una confabulación entre funcionarios de la gobernación y los paramilitares para desviar recursosy pidieron ante la Sala Penal de la Corte Suprema se condene al ex gobernador Arana Sus, quien ya ha sido sentenciado por sus nexos con los paras y por el homicidio del alcalde del Roble, en Sucre.
