Fiscalía de Justicia y Paz reconstruyó los métodos que paramilitares de los bloques Bananero y Calima usaron para no dejar rastro de sus asesinatos. Desmovilizados señalan que algunas desapariciones fueron incitadas por miembros de la Fuerza Pública.
A los grupos de ‘HH’ se les atribuyen 1.058 casos de desaparición forzada. En el proceso de priorización de Justicia y Paz, la Fiscalía le imputó 95 casos nuevos. Foto: archivo Semana.
Una detallada radiografía del patrón que siguieron los grupos que comandó Ever Veloza García, alias ‘HH’, para desaparecer a sus víctimas de manera sistemática y generalizada, obtuvieron fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
Las fiscalías 17, 18 y 53 de Justicia y Paz procesaron a alias ‘HH’ y a 35 de sus subalternos, integrantes de los bloques Bananero y Calima, por 95 casos de desaparición forzada, presentaron las conclusiones a las que llegaron sobre este crimen de lesa humanidad y les imputaron cargos ante un magistrado decontrol de garantías del Tribunal Superior de Bogotá.
Luego de analizar 133 casos de desaparición y 53 variables relacionadas con la manera en que fueron cometidos, los fiscales establecieron que la principal práctica que los paramilitares utilizaron fue enterrar a sus víctimas en fosas clandestinas en las zonas rurales donde tuvieron presencia. A ésta les siguieron desmembrar el cuerpo y enterrarlo en una fosa común, arrojar los cuerpos a un río cercano, lanzarlos por abismos y quemar el cuerpo de la víctima.
Sobre esta última práctica, la Fiscalía relató que el crimen fue cometido por un grupo especial que Vicente Castaño le asignó a alias ‘HH’, quien hizo varias “operaciones especiales” en diferentes departamentos de la Costa Caribe. La víctima de este hecho es Julio César Zúñiga Caballero, quien el 27 de junio de 1998 fue sacado de El Rodadero, en Santa Marta, y fue llevado al Urabá, en donde los paramilitares lo asesinaron y quemaron el cuerpo. Veloza García está a la espera de que Justicia y Paz le dicte sentencia por este crimen, en otro juicio que tiene abierto en el Tribunal Superior de Bogotá.
El extraditado jefe paramilitar confesó este crimen el 20 de marzo de 2008 durante una versión libre ante la Fiscalía 17 de Justicia y Paz. Aunque en esa época no tenía certeza sobre el crimen y declaró que “puede que el cuerpo fue incinerado totalmente y parece que no hay cuerpo”, agregó que tenía que corroborar el hecho con algunos de sus subalternos.
La Fiscalía también identificó cuáles fueron los ‘motivos’ que los paramilitares tuvieron para asesinar y desaparecer los cuerpos. La mayor motivación fue el supuesto vínculo de las víctimas con grupos guerrilleros, el cual se adujo en el 71 por ciento de los casos analizados; el incumplimiento a las normas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con un 21 por ciento de los casos, que corresponde a paramilitares que fueron asesinados por órdenes de sus superiores; y por último, el control social, en donde están presentes los casos de ‘limpieza social’.
A pesar de la crudeza de estos datos revelados por la Fiscalía, hay otro que puede ser más escalofriante. Según lo declarado por ‘HH’ en sus versiones libres, los paramilitares no sólo recibieron el apoyo de algunos miembros de la Fuerza Pública para cometer estos crímenes, sino que fueron ellos quienes les pidieron que desaparecieran los cuerpos de las víctimas para que no aumentaran los índices de violencia en las zonas que tenían asignadas. Calcula que esa petición se hizo a finales de 1995, “cuando estuvo el furor de la guerra en el Urabá”.
En una audiencia realizada el 27 de octubre de 2007, Veloza García declaró que “hay gran parte de responsabilidad de la Fuerza Pública, que son los indirectos responsables de esa modalidad de las fosas”, porque algunos comandantes de la Policía y del Ejército “empiezan a solicitarnos que por favor no dejemos muertos en los municipios, que no dejemos los muertos tirados, sino que los desaparezcamos y que los enterremos para que ese índice no se suba tanto”. Según él, “ahí es donde comienza a operar y a implementarse ese modo de fosas comunes, porque ellos muchas veces permitían cometer el hecho, pero con el compromiso de no dejarlos por ahí”.
Otro desmovilizado que años después declaró en el mismo sentido y ante otro despacho judicial fue Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, uno de los mandos medios del Bloque Calima que está a punto de ser expulsado del proceso de Justicia y Paz porque continuó delinquiendo después de la desmovilización.
En una versión libre en mayode 2011, en la que se trataron crímenes cometidos en el departamento de Cauca, ‘El Cabezón’ declaró: “Habíamos llegado a un acuerdo con las autoridades de Santander de Quilichaode no dejar gente tirada en el casco urbano; cogimos como modo de nosotros para trabajar, arrojar a estas personas al río Cauca”. La Fiscalía 18 de Justicia y Paz ya ha imputado decenas de crímenes de personas que fueron desaparecidas en ese río.
Aunque la Fiscalía citó los testimonios de estos desmovilizados para dar cuenta de la presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública con desapariciones forzadas, no reveló nombres de los posibles implicados ni las dependencias que tenían a su cargo. Por no ser casos de su competencia, Justicia y Paz traslada los testimonios que recolecta de los desmovilizados, para que las autoridades correspondientes determinen si deben o no procesar a las personas salpicadas en esas declaraciones.
Sobre la manera como se dieron las desapariciones forzadas, la Fiscalía concluyó que en la mayoría de los casos las víctimas fueron llevadas a la fuerza hasta el sitio donde las desaparecieron (66 por ciento) y otras fueron llevadas con engaños (28 por ciento) o intimidaciones (3 por ciento). También identificó que los paramilitares les abrían el abdomen a sus víctimas para que no flotaran en el río o se salieran de la fosa por acumulación de gases; y que en muchas de sus incursiones mataron a sus víctimas con cuchillos, rocas o palos, para no delatar su ubicación con el ruido de disparos.
Aunque alias ‘HH’ no participó directamente en la mayoría de las desapariciones que cometieron sus hombres, la Fiscalía le imputó cargos por cada uno de los 95 casos que le presentó al magistrado de control de garantías, porque impartió las directrices que desembocaron en esos crímenes de guerra y de lesa humanidad. A los mandos medios también les imputó cargos como autores mediatos por los casos de sus subordinados, y a éstos los procesó como autores materiales.
A raíz de la reforma que el Congreso de la República le hizo a la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) por las pocas sentencias que ha producido en ocho años, la Fiscalía implementó una nueva metodología de investigación en la que busca establecer cuáles fueron los métodos que los grupos armado usaron para cometer sus crímenes. Ese proceso es denominado como patrón de marcocriminalidad.
La desaparición forzada es uno de los cinco tipos de delitos que la Fiscalía General de la Nación priorizó para obtener una pronta sentencia contra los ex jefes de los grupos armados que se acogieron al proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz. Dentro de esa selección fue incluido Ever Veloza García, alias ‘HH’, el extraditado jefe paramilitar que comandó al Bloque Bananero en el Urabá antioqueño, y al Bloque Calima en Valle del Cauca, Cauca, Huila y Quindío.
