El arranque de 2018 ha sido letal para los defensores de derechos humanos. El mes de enero se consolidó como el más violento comparado con años anteriores y las organizaciones sociales piden que se replantee la manera como se les brinda protección. La reconfiguración del conflicto armado y la implementación del Acuerdo Final en época electoral agudizan la situación.
La violencia de 2018 no tiene comparación con años anteriores. Foto: archivo Semana.Los recientes asesinatos de Jesús Orlando Grueso Obregón y Jonathan Cundumi Anchino, quienes venían promoviendo la sustitución voluntaria de cultivos de coca en el municipio caucano de Gaupi, según lo acordado en el acuerdo de paz que firmaron el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, son otra triste prueba que corrobora la advertencia que han realizado en los últimos años diferentes organizaciones: los líderes sociales y defensores de derechos humanos que promoven la implementación del Acuerdo Final se encuentran en riesgo extremo.
Ambos, que pertenecían a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), al Movimiento Étnico y Popular del Pacífico (Moep), y al movimiento social y político Marcha Patriótica, fueron asesinados en la noche del 9 de febrero, en el consejo comunitario Río Guagui, ubicado en la vereda La Soledad. A ellos se suman dos decenas más de personas que lideraban procesos comunitarios este año.
Como ha sido habitual desde que diferentes entidades se dieron a la tarea de documentar y denunciar estos casos, las cifras no coinciden, pero en esta ocasión los registros son similares y concuerdan en que la violencia de este mes y medio superó a la de años anteriores. El programa Somos Defensores, que desde 2006 ha registrado más de 600 asesinatos, contabilizó 17 en enero de este año; mientras que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Marcha Patriótica dan cuenta de 24. (Ver más: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, aclara que la situación de este año no es una situación aislada, puesto que desde 2015 existe una pronunciada tendencia al alza de asesinatos y amenazas contra líderes sociales. Sin embargo, considera que la disputa por las regiones que antiguamente dominaron las Farc está siendo más violenta por parte de actores armados ilegales, incluyendo estructuras internacionales de crimen organizado, a lo que se suma una ineficiente respuesta estatal para copar esos espacios.
“Las zonas ex-Farc son un pandemonio. Cada rincón que dejaron se está pelando centímetro a centímetro en una guerra que no es evidente, en una conflictividad que se está tratando de maquillar como si fuera delincuencia común y las estructuras criminales no están siendo observadas como responsables, sino como hechos aislados. A eso se suma que el Estado no llegó con autoridad civil y los proyectos productivos todavía no arrancan. Hay una operación tortuga que se ha dado en ciertos sectores del gobierno nacional y políticos de las regiones de cara a las elecciones”, plantea.
Por otro lado, Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz, plantea que esta situación es una lógica perversa de la implantación del Acuerdo Final, como ha ocurrido en otros países que hacen tránsito de la guerra a la construcción de paz. Y hace énfasis en los siguiente: “Sobre todo, se está en una etapa de transición y se vienen elecciones en el camino. La implementación implica restitución de tierras, proyectos de las organizaciones que están chocando con intereses de poderes locales y las elecciones hacen que surjan ánimos belicistas que se ven reflejados en muertes de personas que hacen parte de proyectos en la ruralidad”.
Cuestionamientos sobre protección
A pesar de las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad internacional, la cifra de asesinatos no desciende, sino que aumenta año tras año. Y paradójicamente la situación ha emporado después de que diferentes entidades estatales tomaron decisiones en esta materia el año pasado: la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo, la Procuraduría expidió una directiva y la Fiscalía dio resultados después de pasar muchos años en blanco.
Ante esa situación, Guevara plantea que esta situación demuestra que la ola de violencia contra líderes y defensores derechos humanos es un problema estructural y no coyuntural, que requiere de la acción integral del Estado: “Como problema estructural necesita soluciones estructurales y la conjunción de esfuerzos estatales por dar respuesta integral al tema. De nada sirve que una institución haga bien su trabajo o de avances, si la otra no avanza”.
Y propone que se conjuguen tres temas clave para frenar este desangre en las regiones: protección, prevención e investigación. “Si no hay resultados efectivos en investigación, se tiene que proteger más y se previene menos; si no se trabaja en prevención, habrá más protección y más investigación. Esos tres elementos no son armónicos porque todavía no se trabajan en conjunto sino de manera separada, como si tuvieran que dar respuestas diferentes”, afirma el investigador de Somos Defensores.
González también plantea la necesidad de hacer cambios, aunque enfatiza que el gobierno nacional primero debe admitir que este fenómeno obedece a una situación de violencia generalizada como lo advirtió en marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo en su informe de riesgo, y que no es una invención de las organizaciones sociales o líos de faldas como señaló el Ministro de Defensa hace un par de meses. (Ver más: Ligerezas verbales del Ministro de Defensa exponen a líderes sociales)
“La respuesta de protección no ha sido eficaz. Los esquemas de protección sólo se dan a los líderes y no al conjunto de la organización, por eso la gran mayoría de los asesinatos no son de líderes sino también de miembros de organizaciones sociales y comunitarias. Mientras tanto, la UNP (Unidad Nacional de Protección) y la Fiscalía están enfocadas en los líderes, protegiéndolos de una manera sin lógica: en zonas rurales con celulares en donde no se pueden usar por falta de conexión”.
Una propuesta recurrente de organizaciones sociales y de víctimas es promover medidas colectivas de protección. Foto: archivo Semana.Adriel Ruiz, uno de los líderes del Comité Interoganizacional por los Territorios Ganados al Mar, de Buenaventura, a quien el pasado 31 de enero le hurtaron de su casa un computador y documentos personales tras asistir al entierro de Temístocles Machado, el histórico líder del barrio Isla de Paz que fue asesinado cuatro días, también considera que se debe cambiar la manera como se otorga protección en las regiones. Producto ese asesinato y por falta de garantías de seguridad, cuatro líderes más, de quienes no se revela su nombre, se desplazaron de la ciudad. (Ver más: “Buenaventura es una contradicción”)
“El estado tiene que ejercer garantías al ejercicio de liderazgo y reclamación de derechos. El actual esquema de la Unidad Nacional de Protección es insuficiente y no es eficiente en estos contextos. Las medidas individuales no alcanzan, se han pedido colectivas que ni siquiera son materiales: como tutelar los territorios, que evitan tensiones que ponen en riesgo a la vida de los líderes”, le dijo a este portal. Además, cuestiona que la UNP considere retirar los esquemas de protección que le ha brindado a personas amenazadas en esa ciudad del Pacífico: “Cualquiera que sea el argumento es contradictorio con los niveles de riesgo tan alto que existen acá”.
Esas palabras de Ruiz se refieren al caso de Orlando Castillo, uno de los fundadores del Espacio Humanitario de Puente Nayero, a quien la UNP le notificó a finales de diciembre que le retirará el carro blindado y los escoltas que lo custodian, porque supuestamente no tienen “riego extremo”, a pesar de que han sufrido constantes amenazas de muerte y de que viven entre dos barrios que controlan diferentes grupos armados que surgieron tras la desmovilización del Bloque Calima de las Auc en diciembre de 2004.
Tras la publicación de una entrevista en este portal en la que Castillo puso de presente su situación y la de Puente Nayero, el director de la UNP, Diego Fernando Mora, se pronunció en dos publicaciones de Twitter y en una de ellas señaló que “Al parecer, el señor tiene la tendencia de consumir alcohol en sitios poco recomendables para na persona presuntamente amenazada”. Esas palabras no reflejan los argumentos que la UNP esgrimió en sus resoluciones para cambiarle el actual esquema de seguridad a Castillo por un celular y un chaleco blindado.
Por su parte, el líder de Buenaventura, que también se desplaza hasta la región Naya, ubicada en los límites de Cauca y Valle del Cauca, para trabajar por las comunidades afro de la cuenca del río que le da nombre a esa vasta zona natural, desmiente los señalamientos de Mora y dice que son producto de otro intento para “tratar de desdibujar y empañar el esquema de protección”. Y agrega que en el pasado tuvo problemas con dos escoltas a los que en el pasado solicitó reemplazar y que uno de ellos remitió informes falsos a la UNP sobre su comportamiento
Desde que varios grupos de víctimas se reunieron con los negociadores de paz en septiembre de 2015 en La Habana, las agresiones contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentaron de manera constante. Foto: Ricardo Cruz.A esas contradicciones en la UNP que han evidenciado diferentes organizaciones de derechos humanos, no sólo en Buenaventura, se suman las decisiones contradictorias del gobierno nacional. A la negativa de reconocer la existencia de un fenómeno de violencia generalizada contra los líderes sociales y los comentarios del Ministro de Defensa sobre que la mayoría de asesinatos son producto de problemas de linderos y líos de faldas, está la descoordinación entre sus entidades.
Y el caso más relevante es sobre la supuesta alerta temprana que emitió a raíz del informe de riego que realizó la Defensoría del Pueblo en marzo del año pasado, en el que advirtió el peligro al que se enfrentan por motivo de su trabajo 337 organizaciones en 265 municipios del país. (Ver más: Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales)
El pasado miércoles, en entrevista con la periodista Yolanda Ruiz en RCN Radio, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, señaló que el informe no fue elevado a la categoría de alerta temprana, con lo que no se activaron variados mecanismos de protección. Al día siguiente, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, contradijo las declaraciones de Negret y publicó en Twitter la foto de un correo electrónico para probar que sí se emitió la alerta temprana.
Finalmente, la Defensoría emitió un comunicado en el que insiste que la alerta temprana no se declaró porque el informe no fue evaluado por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), en cabeza de esa cartera gubernamental. Y señaló que “nota con preocupación que el Ministro del Interior considere que la reacción y respuesta inmediata ante una advertencia de una grave situación de derechos humanos sea la simple remisión de un correo electrónico. Los hechos violentos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos caracterizados en el informe de riesgo 010-17 demuestran que la respuesta no fue inmediata, ni contundente: frente a la realidad, no se miente”.
Guevara, quien anteriormente trabajó en el Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, explica que esa situación pone de presente “el eterno problema de la Defensoría con las alertas tempranas”, el de la “renuencia del gobierno a declarar cualquier informe como alerta temprana, porque eso le trae dificultades a los alcaldes, gobernadores y a demás autoridades. Eso fue un fastidio para el gobierno, ya que le significa movilización inmediata”.
Esa situación despertó el repudio de organizaciones sociales y de víctimas, que en redes sociales crearon el hashtag #FrenteALaRealidadNoSeMiente para protestar y denunciar los asesinatos de Jesús Orlando Grueso Obregón y Jonathan Cundumi Anchino.
¿Y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?
La comisión fue instalada en Popayán, Cauca.En medio del desangre de líderes y de las contradicciones del gobierno nacional se encuentra esa entidad que fue creada el 23 de febrero de 2017 por mandato del Acuerdo Final. En ella tienen asiento el Presidente de la República; los ministros del Interior, de Defensa, Justicia; el Fiscal General; el Defensor del Pueblo; los comandantes de las Fuerzas Militares; dos representantes del partido que crearon las Farc tras dejar las armas; y delegados de la sociedad civil.
Líderes y miembros de diferentes organizaciones sociales consultados por este portal coinciden en que el papel de la Comisión ha sido muy tímido y que esperaban mucho más de ella. Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombina de Juristas, que hace parte de la Comisión como representante de la sociedad civil, señala que a pesar de que esa entidad está próxima a cumplir un año, fue difícil iniciar labores y han logrado ciertos avances que no son suficientes para cumplir la tarea que tienen en sus manos.
“Se creó el grupo de la Policía especializado a enfrentar ese fenómeno que ha logrado algunos resultados importantes, pero a pesar de que se traducen en bajas y capturas, la situación no se ha modificado. Hay que valorar esos esfuerzos”, señala. Otros resultados que destaca son los de la Fiscalía, que el año pasado emitió su Directiva 002, que contó con la asesoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para trazar las directrices de cómo procesar los asesinatos de líderes sociales, “en donde, entre otras cosas, se plantea que la hipótesis de investigación de la que debe presidir el estudio de estos casos, es que a los líderes y defensores se les está asesinado por razón de su trabajo”.
Es así como la Fiscalía ha identificado 250 casos de homicidios y desapariciones de líderes desde enero de 2016 hasta el 2 de febrero de este año. “Se tiene identificada la autoría en cerca del 40 por ciento de los casos y en ninguno de ellos se ha encontrado que el motivo de la agresión hayan sido líos de faldas o de linderos, como en una ocasión se dijo. Falta por identificar muchos casos, pero es un esfuerzo que hay que apreciar para avanzar en esta materia. Con eso sólo no se soluciona el problema, pero hay un cambio. Antes no se veía una dinámica de esta naturaleza y es importante fortalecerla”.
Otro miembro de la Comisión, que pidió la reserva de su identidad, coincide con los planteamientos de Gallón y explica que en los últimos meses el trabajo de esa entidad avanzó porque se organizaron en diferentes subcomisiones para analizar la situación de los líderes sociales, recoger testimonios en terreno, recibir propuestas, analizar posibles ajustes normativos, evaluar fuentes de financiación y pensar los enfoques étnicos y de género.
Y resalta que la Comisión tiene asignada otra tarea fundamental: “Buscar un pacto nacional para sacar las armas de la política, y esto es un esfuerzo que se debe seguir haciendo con insistencia porque poco se ha hecho en ese sentido. Las Farc dejaron las armas en agosto del año pasado, pero del lado paramilitar no se conoce ningún proceso similar; de hecho, se ha apoyado el diálogo con el Eln y se debe buscar alternativas en otros casos”.
Sobre las reuniones con los líderes de las regiones, han identificado un patrón común que, en palabras de Gallón, son “la denuncia de una actuación intensiva de grupos armados muy relacionada con narcotráfico y otras actividades ilegales como minería y tala de árboles. Nos cuentan que se está involucrando de forma preocupante a la juventud de los territorios por dos razones: por la ausencia de perspectivas de empleo y por la oferta de incentivos económicos de esas organizaciones. Esa es la preocupación más sentida y común que hemos escuchado en los territorios. También está el reclamo de acciones sociales y económicas del Estado en su faceta civil; además de promoción y bienestar en las regiones, con programas de salud, educación y desarrollo, como una solución de fondo, que prevenga y contenga a largo plazo este tipo de fenómenos”.
Mientras la Comisión avanza y se concreta la implementación del Acuerdo Final, parece que la tendencia de este año, si no se da un oportuno y efectivo timonazo, será contar mensualmente los asesinatos de líderes sociales por decenas.
