Es el segundo líder social asesinado en la capital de Norte de Santander en lo corrido de 2024. Es recordado por su labor de veeduría ciudadana, y familiares y víctimas creen que sus denuncias le costaron la vida. Desde su muerte, líderes de Cúcuta temen por su seguridad ante incremento de acciones violentas de bandas transnacionales de delincuencia.
En la mañana del pasado viernes 12 de abril, Jaime Vásquez hizo su última transmisión en vivo en Facebook. “Les sugiero a los sabios que embargaron los carros que echen atrás los procesos administrativos porque el lunes los vamos a demandar”, prometió en su video.
Vásquez no pudo cumplir su promesa, pues dos días después lo asesinaron.
El líder social estaba denunciando a la Asamblea Departamental por haber otorgado al Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander (Ifinorte) la facultad de crear una empresa de economía mixta llamada AP System S.A.S, para que ejecutara procesos de carácter tributario. Sin embargo, según la Ley 1386 de 2010, esto es ilegal. En ella se prohíbe la entrega a terceros de la administración de tributos y sólo las entidades públicas pueden encargarse de la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los aspectos relacionados con las obligaciones tributarias.
Según denunció Vásquez, AP System embargó vehículos el miércoles 10 de abril, lo que calificó como un “gravísimo error”, pues los embargos hechos por esa empresa “son ilegales”. Finalizó su video haciéndole una advertencia al alcalde de Cúcuta: “Ojo, Jorge Acevedo, porque los de AP System están haciendo cola para entrar a la Alcaldía. Ojo, ¿no?”, concluyó con el tono confrontacional que lo caracterizaba.
Durante los dos últimos meses de su vida, las amenazas fueron “lo que más temía”, dice su hijo Jaime Andrés Vásquez Lemus. “Lo impulsaron a acercarse a la familia y visitar a sus parientes, acto que para todos fue su despedida. Él entendía el riesgo, lo sabía y lo manifestaba en sus vídeos. Había personas que querían matarlo y estaban haciendo todo lo posible por callarlo”, recuerda.
El domingo 14 de abril, Vásquez Giraldo fue asesinado por un sicario en el barrio La Riviera, en Cúcuta. El momento del asesinato fue captado por camaras de seguridad y circuló por redes sociales y noticieros. En los videos se ve que intentó huir, pero al entrar a una panadería para esconderse recibió tres disparos. Falleció horas después en la clínica adonde fue trasladado.
“Mi papá era un ser humano muy confiado”, relata su hijo, quien recibió mensajes de apoyo después del asesinato. Recuerda también su inmensa capacidad “de hacer todo lo posible” a pesar de las amenazas y atentados de los que fue víctima.
Uno ocurrió el 3 agosto de 2020. Ese día fue a almorzar al restaurante La Mazorca. Allí, un hombre con una camisa que tenía escrito ‘seguridad privada’ lo observó desde que entró y mientras lo miraba escribía en su celular. En la tarde de ese día, Vásquez se enteró de que el atentado no se perpetró porque al restaurante ingresaron miembros de la Policía Nacional a almorzar y el sicario fue notificado de ello, según informó en su denuncia hecha ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Ahora, quienes temen por su vida son sus hijos. Jaime Andrés cuenta que él y su hermana se sienten inseguros, pues temen que alguien tome represalias contra ellos.
Vásquez Giraldo era un líder social, veedor y periodista que denunciaba la corrupción en Cúcuta. A pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó medidas de seguridad desde 2022, el día de su asesinato estaba desprotegido. Según la UNP, el escolta manifestó que sus servicios no fueron solicitados, pues Vásquez decidió asistir solo a una misa.
El presunto asesino, Alejandro José Arias, fue capturado en Bucaramanga, capital de Santander, una semana después del asesinato y enfrenta cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado. El procesado, también conocido como ‘El Cojo’, que según la Fiscalía hace parte del grupo de delincuencia organizada AK47, no aceptó los cargos en su contra. Fue trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá.
Váquez nació en Medellín el 21 abril de 1959, pero se crio en Barrancabermeja. Se formó como abogado en la Universidad Santo Tomás. En 2014, empezó a utilizar las redes sociales para exponer denuncias y así luchar contra la corrupción que aquejaba a su comunidad. Su página de Facebook cuenta con 72.000 seguidores.
Con el tiempo comenzó a ser reconocido como veedor de casos de corrupción que afligen al departamento sobre todo en temas de interés público como la salud, la educación y la infraestructura vial. También ponía su lupa sobre figuras políticas locales.
La comunidad lo recuerda por una denuncia que realizó en agosto de 2022 sobre las irregularidades de un proceso de licitación en 2017 del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) de Cúcuta. En su video reclama a Juan Agustín Ramírez, exgerente del Huem, pues lo culpa de una demanda hecha por la Dumian S.A.S, por la que la entidad tendría que pagarles un billón 342 millones de pesos.
De igual forma, en marzo de 2024, difundió un video en el que 14 concejales de Cúcuta festejaban el cumpleaños de Carlos Eduardo García, secretario de Educación. Carlos Dueñas, del Centro Democrático, modificó la letra de la canción de Cumpleaños Feliz al decir: “Y que siga robando”, en vez de “que siga cumpliendo”, lo que provocó risas entre los presentes. Algunos concejales presionaron a Vásquez para que eliminara el video, pero él se negó.
Líderes bajo zozobra
“La muerte de Jaime Vasquez marca un hito en cuanto a la densidad del problema, pero eso no significa que sea algo nuevo”, afirma Isaac García, defensor de los derechos humanos y delegado de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal.
La violencia contra los líderes sociales en Norte de Santander siempre ha sido preocupante, pero García asegura que los riesgos asociados al liderazgo se han agravado debido al aumento de la violencia urbana en los últimos cinco años. El Programa Somos Defensores ha documentado 40 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el departamento entre enero de 2019 y septiembre de 2023. Además, sólo en Cúcuta, se registran 11 casos, con cuatro casos de líderes comunitarios y cuatro comunales, dos campesinos, y una lideresa de mujeres.
La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander en su informe Dinámicas de la violencia en Norte de Santander en el año 2023, anota que el año pasado se registraron 125 amenazas y ocho asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento.
Estas cifras apenas reflejan la magnitud total del problema en el departamento. La Fundación Progresar, una ONG dedicada a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el departamento, ha brindado apoyo psicojurídico a alrededor de 195 líderes amenazados desde el año 2021. Las amenazas verbales, mensajes de texto y agresiones físicas son las formas más comunes de hostigamiento contra los líderes, y cinco de ellos ya han sido víctimas de atentados.
Según los datos recopilados por la organización, 34 casos pueden atribuirse a las disidencias de las Farc, 24 al Ejército de Liberación Nacional (Eln), 21 a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), 15 a la banda urbana Los Porras y cinco al Ejército Popular de Liberación (Epl).
En este contexto, entre 2021 y 2024, el 70 por ciento de los líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados (133) se vieron obligados a abandonar sus territorios debido a las amenazas, de las cuales el 65.6 por ciento (129 casos) fueron reiteradas.
Isaac García es uno de los líderes sociales de Cúcuta que ha vivido esta situación. Tuvo que huir de la ciudad al postularse a la Alcaldía con el Pacto Histórico, y aún enfrenta amenazas debido a su compromiso y liderazgo con la formalización y legalización de asentamientos ilegales en Cúcuta.
Son diversas las razones que llevan al asesinato de líderes sociales en Norte de Santander, pero, según Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar, entre las principales razones están las denuncias de corrupción y de microtráfico.
Tal es el caso de los líderes Freddy Pallares y Geovanni Luna Cárdenas. Pallares denunció a algunos funcionarios de tránsito del área metropolitana por presuntos abusos que estaban cometiendo. Alertó a las autoridades locales que era objeto de amenazas contra su vida, pero siete días después, el 24 de marzo de 2022, fue asesinado en Cúcuta.
Luna Cárdenas era un reconocido líder comunal del barrio Antonia Santos. Lo asesinaron el 10 de enero de 2024 por denunciar el microtráfico. De acuerdo con la policía, los presuntos responsables del asesinato son Karen Dayana Medina Gómez alias ‘Karen’ y Jonathan Andrey Sánchez Gómez, alias ‘Orejas’, quienes serían parte de la banda criminal Los Porras, que está vinculada a varios hechos criminales en Cúcuta y el área metropolitana.
Periodistas en riesgo
En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó que el homicidio de Jaime Vásquez “tiene un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico local, pues algunos periodistas han asegurado que no continuarán investigaciones como las que Vásquez estaba realizando, por temor a posibles represalias”.
Ese es el caso del periodista Jhon Jairo Jácome Ramírez, quien cuenta que después del homicidio de Vásquez fue amenazado a través de mensajes de texto. Dice que siente miedo porque no ha habido avances en la investigación de quién envió el mensaje y tampoco en la activación de protocolos de emergencia de la UNP. En este momento Jácome cuenta sólo con un escolta. “Al no tener protección, la única salida que queda es la autocensura. He optado por bajarle el ruido a mis denuncias porque siento miedo”, finaliza.
En su pronunciamiento, la Flip añade que Norte de Santander es el departamento con mayor número de agresiones contra la prensa en lo que va del 2024: se registran 17 ataques, de los cuales 15 han sido en Cúcuta.
“Investigar y denunciar en esta ciudad es exponerse a que lo maten a uno”, dice Cristian Herrera, periodista de investigación desde hace más de 23 años y editor judicial en el diario La Opinión, de Cúcuta. Herrera piensa que el asesinato de Vásquez es un claro ejemplo de los riesgos que viven quienes se dedican a investigar sobre criminalidad, corrupción y política. “Cuando uno es periodista y se mete en estos temas, el miedo siempre está detrás”, añade.
Las bandas criminales dominan Norte de Santander
En Cúcuta se ha vivido todo tipo de violencia. Hubo una época de guerrilla, otra de paramilitares, que terminó cuando se desmovilizaron, pero después nacieron las Águilas Negras y Los Rastrojos. Posteriormente llegaron las Agc (que han tenido varios nombres como Los Urabeños o Clan del Golfo). Ahora las bandas urbanas dominan la ciudad; entre ellas Los Porras, Los AK47, Los Lobos y el grupo de ‘Carlos Pecueca’.
Lo anterior ha desatado una ola de violencia que tiene a la capital de Norte de Santander como la ciudad con más masacres perpetradas en los últimos cinco años: 17. Así lo evidenció la investigación Del campo a la ciudad: las masacres se concentraron en capitales, publicada recientemente por este portal.
El sicariato es una de las actividades a las que se dedican estas bandas. “El 80% de los 581 homicidios registrados en 2023 en el departamento fueron perpetrados mediante este medio”, explica Cañizares. Además, destaca que “es la primera vez en treinta años de historia de la Fundación Progresar en la que surge una banda criminal, Los Porras, con un número tan significativo de amenazas dirigidas hacia líderes sociales y comunitarios, así como defensores y defensoras”.
La impunidad de los asesinatos
La popularidad de Jaime Vásquez y la circulación del video de su asesinato en redes sociales, influyeron en que se avanzara rápidamente con la captura del presunto homicida. Antes de atraparlo, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander ofrecieron $70 millones por información de los responsables. Sin embargo, esto no suele pasar.
Este portal, en alianza con el Programa Somos Defensores, hizo una solicitud de información a la Fiscalía para saber en qué estado procesal se encontraban 1.333 asesinatos ocurridos entre 2002 y 2022. De los 40 casos de los últimos cinco años, el ente investigador no ha logrado ni una sentencia, pues 16 casos están abiertos y de los 24 restantes no dio respuesta. (Conozca más sobre la impunidad que ronda estos casos en Historias Inconclusas)
El problema, según explica García, es que las rutas judiciales son “muy lentas y en muchos casos muy revictimizadoras”.
Además de la impunidad arraigada en el sistema judicial, el funcionamiento del cuerpo policial en el departamento también plantea serias preocupaciones. Según Cañizares, la Policía Metropolitana de Cúcuta es “una institución en donde sectores importantes conviven con las nóminas de bandas criminales y narcotraficantes”. Además, las alcaldías y gobernaciones “han mostrado poco interés en abordar de manera efectiva y con recursos suficientes el crimen organizado”, finaliza.
