Los alcaldes de los cuatro municipios que componen esa región del sur del país lanzaron un alarmante llamado de auxilio ante la inoperancia de las entidades de orden nacional. Ni una completa radiografía de la Defensoría del Pueblo, que detalla los riesgos y la violencia que padecen 24.494 habitantes por las disputas de nuevos grupos armados ilegales, ha logrado que se tomen medidas para revertir esa situación.
Leer la más reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre la cordillera Occidental en su paso por el departamento de Nariño es como hacer un viaje en el tiempo y volver al pasado reciente del conflicto armado. Los verdugos ya no son las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), sino sus disidentes o rearmados. Sin embargo, los afectados no cambian, son los mismos: campesinos, afrodescendientes e indígenas que viven en Cumbitara, Policarpa, El Rosario y Leiva.
La desaparición de las Farc como movimiento alzado en armas, tras firmar el Acuerdo de Paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018), generó un vacío de poder que dio pie a nuevas violencias por la falta de atención integral del Estado y que, según la alerta de la Defensoría, fechada el pasado 20 de noviembre, dejó esa zona “vulnerable al despliegue de grupos armados ilegales como el ELN, grupos posdesmovilización paramilitar y grupos que se han constituido por personas disidentes al -actual- proceso de paz”. (Leer más en: Implementación del Acuerdo de Paz aún tiene oxígeno)
De acuerdo con esa agencia del Ministerio Público, “las insuficientes acciones de recuperación territorial, por parte de la Fuerza Pública en los municipios de cordillera, junto a la no materialización del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, ha incrementado considerablemente la capacidad de despliegue de los grupos armados ilegales a lo largo de estos municipios (…) que en el último mes, cuentan con presencia importante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y del Frente Estiven González, este último disidente al proceso de paz”.
En su alerta, la Defensoría también documentó amenazas contra los alcaldes de la región y ‘normas’ que regulan las relaciones sociales de los pobladores: “Se destaca la restricción al uso de celulares, toma de fotografías, videos, restricciones a la movilidad en horarios específicos, limitación a la interacción comunitaria con personal humanitario o de instituciones del Estado, por lo que se prevé un incremento de las acciones violentas en contra de la población civil”.
Y advirtió que, de no tomarse cartas en el asunto, “lo que se espera es la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados de quienes se opongan a la presencia y control de los grupos armados, combates o enfrentamientos con interposición de la población civil, el uso de métodos y medios para generar terror en la población civil representados en la aparición de panfletos o mediante la ejecución de crímenes ejemplarizantes, igualmente presiones, amenazas y extorsiones, reclutamientos y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”.
Guerra total
Lo consignado en la alerta temprana va más allá de las proyecciones a corto y mediano plazo, pues también registra graves hechos ocurridos este año en una región que sueña con tener garantías de seguridad y no repetición de la violencia, para hacer tránsito hacia un esquivo escenario de posconflicto.
El 8 de enero se registró un enfrentamiento en el Bajo Patía entre hombres del grupo ‘Los de Sábalo’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), en el que un poblador murió en el fuego cruzado. Otro enfrentamiento se dio en el corregimiento El Vergel, del municipio de El Rosario, en el que, al parecer, un comando del Frente Estiven González (Feg), disidente de las Farc, dio de baja a ocho integrantes de las Agc y sus cadáveres fueron arrojados al río Verde. Tras ese combate, la disidencia se hizo al control de la zona y los ‘gaitanistas’ se replegaron en el municipio de Policarpa.
Y un hecho que suscita terror volvió a retumbar en la región: las masacres. La Defensoría reportó que, en la noche del 10 de julio, en la vereda Cuyanul, de Policarpa, presuntos integrantes del Feg amarraron y asesinaron en estado de indefensión a tres personas que acusaron de ser informantes de las Agc.
Por lo tanto, advirtió que “una de las estrategias empleadas por los grupos armados ilegales es la de señalar y perseguir a personas de quienes estos presuman vínculo alguno con adversario o a quienes tengan consideración alguna frente al accionar del grupo en los territorios”; y que las amenazas están siendo implementadas “como herramienta para la generación de temor comunitario, con resultado importante en lo que se conoce como ‘silencio comunitario’”.
Como ejemplo refiere el caso de tres familias del municipio de Leiva que a finales de mayo se desplazaron de la vereda La Planada, por amenazas de un grupo armado que se identificó como “Farc-Ep” y les ordenó abandonar la región por ser “sapos”.
Pero las amenazas también han sido contra funcionarios estatales: “El despliegue de los grupos armados ilegales en los municipios de cordillera ha logrado disminuir la capacidad de las autoridades locales para la toma de decisiones, sobre todo en lo correspondiente a seguridad y ejecución de metas del plan de desarrollo en zona rural de sus municipios; esta situación se ve agravada con las amenazas directas o intimidaciones que algunos mandatarios han recibido en su contra e incluso de sus familias, situación que ha llegado a un punto tal en que algunos de ellos han considerado la posibilidad de ejercer sus labores desde otros puntos territoriales diferentes a sus jurisdicciones”.
Las acciones de los grupos armados que surgieron tras las desmovilizaciones de antaño están marcadas por disputas para hacerse al control de rentas ilícitas provenientes de la explotación minera ilegal y de grandes sembradíos de matas de hoja de coca con fines de narcotráfico.
A diferencia de las Auc y de las Farc, estos nuevos grupos muestran un accionar más criminal que político. Así lo refiere la alerta temprana: “La campaña de ocupación territorial a cargo del -FEG-ha expuesto su carácter militar con tendencia al dominio de economías ilícitas sin que exista precedente en la realización de acciones que manifiesten interés político alguno del grupo en cuanto al manejo de masas o la exposición de cuadros políticos que hagan alusión al Movimiento Bolivariano o al Partido Comunista Clandestino, componentes que en últimas podrían dar cuenta del interés de retomar estructuralmente las antiguas FARC-EP”.
Con alerta, pero abandonados
Uno de los pocos instrumentos de la implementación del Acuerdo de Paz que ha generado resultados para las comunidades, especialmente para las que se encuentran en riesgo, es la expedición del Decreto 2124 de 2017, que reformó la expedición las alertas tempranas. Anteriormente las acciones dependían de que el Ministerio del Interior avalara los informes de la Defensoría del Pueblo, pero desde la sanción de esa norma, dicha agencia del Ministerio Público puede emitirlas sin ningún tipo de revisión externa. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Paralelamente, el decreto creó tres instancias, de orden local, departamental y nacional, agrupadas en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), para que las instituciones responsables en la prevención a las violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, evalúen las recomendaciones realizadas en las alertas tempranas y tomen las medidas necesarias para mitigar los riesgos advertidos.
A nivel nacional, su máxima instancia, la CIPRAT está presidida por el Ministro del Interior y conformada por el Ministro de Defensa, el Director de la Unidad Nacional de Protección, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía Nacional, y el Director de la Unidad de Víctimas. También asisten como invitados los consejeros para el Posconflicto y para los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación. En caso de que los titulares de esas entidades no puedan acudir a la Comisión, son relevados por sus delegados.
Tras emitirse una alerta, las instancias de la CIPRAT tienen diez días para reunirse y tomar decisiones entorno a ella. En el caso de la región de la cordillera de Nariño, expedida el pasado 20 de noviembre, las instancias locales y departamental se reunieron para evaluar la situación y se programó que la nacional sesionara en Policarpa este 2 de diciembre.
Al encuentro asistieron los mandatarios de Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa, pero al ver que los titulares no asistieron y que como suplentes enviaron a personas que hacen parte de las instancias departamental y local, que no tienen ninguna capacidad de decisión para afrontar la crisis que padecen sus municipios, decidieron levantarse de la mesa y no participar de ella.
Además, emitieron un fuerte comunicado cuestionando el compromiso de las máximas autoridades estatales con el cumplimiento del espíritu del Decreto 2124, de atender de manera efectiva y oportuna las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas: “Sucesos como los acontecidos ratifican el desinterés nacional frente la superación de la situación actual y condenan a la población humilde del departamento a pasar de agache frente a las injusticias cometidas por los actores ilegales y el Estado mismo”.
También advirtieron que “llama curiosamente la atención que las entidades que conforman el CIPRAT plasman en sus informes que todo su actuar está en perfectas condiciones, dando a entender, por un lado, la presunta mitigación de la problemática materia de estudio, y, por otro lado, tienden a desestimar los diferentes escenarios de riesgo plasmados en la alerta”.
Ante esa falta de compromiso, proponen que el Decreto 2124 sea adaptado a la realidad y necesidad de las regiones, donde las representaciones de nivel regional, departamental y nacional sean indelegables, puesto que esperaban “una respuesta corresponsable, concurrente y subsidiaria del nivel departamental y nacional; que en la vida práctica, claramente ha desbordado la capacidad institucional municipal, que permita realizar acciones que de manera efectiva brinden una solución duradera que dé las garantías a la población civil y a las mismas autoridades locales”.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa, explicó que los mandatarios de la cordillera de Nariño se levantaron de la mesa de la CIPRAT nacional porque los altos funcionarios del Estado enviaron como delegados a personas que tienen presencia en las instancias municipales y departamental, con lo cual no pueden aportar ninguna decisión de fondo.
Por ejemplo, como representante de las Fuerzas Armadas, acudió el comandante del Ejército Nacional en Nariño, que hace parte de la CIPRAT departamental; y en representación del Procurador General de la Nación, asistió la Personera de Policarpa. El funcionario de mayor rango que acudió fue un delegado del Ministerio del Interior.
“Nos levantamos de la mesa porque fue una burla para los municipios de la cordillera. ¿Para qué se inventan una norma si no la van a cumplir? Si la misma Procuraduría no le hace seguimiento y control a las entidades que tienen que responder, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo una personera, que es parte del CIPRAT municipal, puede tener capacidad de decisión y le va a mandar una queja al Ministro de Defensa?”, cuestionó la mandataria.
Además, argumentó que la instancia local ha cumplido con sus compromisos, a diferencia de sus pares nacionales: “Tenemos al día nuestra ruta de atención y estamos con la comunidad. Pero la alerta es muy clara: se requieren acciones que desbordan nuestras capacidades. Se necesitan acciones desde el nivel central; aquí no es de dar la palabra ni de ir a consultar (con superiores); si viene un funcionario de nivel nacional es para que tome decisiones. En Policarpa se necesitan siete estaciones de Policía, lo mínimo que esperamos es que se comprometan con hacer al menos dos”.
El hecho de que la representación de la Procuraduría General de la Nación recayera en una personería fue uno de los hechos que más indignación causó entre los alcaldes. Así lo expresó otro mandatario de la región, quien pidió la reserva de su identidad: “Nos disgustó que la propia Procuraduría, que debe ejercer un control a todo nivel, haya delegado esa función en una personera municipal. No es competente porque podrá hacer sus acciones dentro de Policarpa, pero estamos tratando los temas de la cordillera y no tiene competencia en los otros tres municipios. Si en Policarpa es personera, por fuera es una simple ciudadana”.
Y lamentó la falta de compromiso de la cúpula del Estado para evitar que la cordillera se convierta en una segunda Tumaco, haciendo alusión a la grave crisis humanitaria que padecen los habitantes de la ciudad-puerto de Nariño: “Hay falta de compromiso del nivel nacional con esta región; vemos apatía y negligencia del nivel nacional con la problemática que está viviendo la cordillera. La alerta temprana manifiesta el grave riesgo en el que estamos, pero desafortunadamente el gobierno nacional no toma acciones sobre el asunto y está demostrando una apatía que nos tiene inconformes a todos los habitantes. Además, si los entes de control no nos apoyan en ese sentido, eso quiere decir que estamos abandonados en el territorio”.
Por lo pronto, los cuatro mandatarios esperan poder reunirse el próximo 19 de diciembre en Bogotá con el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, y el procurador General de la Nación, Fernando Carillo, para tomar decisiones frente lo acontecido con la CIPRAT a nivel nacional, pues lo consideran como un fatal precedente.
En ese sentido, la mandataria Cabrera recomendó que los demás alcaldes del país deben realizar acciones similares frente a esa Comisión, pues no pueden “permitir que las víctimas sean revictimizadas, no sólo por los grupos armados al margen de la ley, sino por las mismas instituciones, por el mismo Estado”.
* Foto de apertura: cortesía Alcaldía de Policarpa.
