Líderes sociales de la región reportan una desmejora en la seguridad urbana y un aumento de la incertidumbre tras la desaparición de las Farc como organización militar, así como por la aparición de una nueva organización armada que responde al mismo nombre. El departamento está lejos del “posconflicto” que desde finales de 2016 anunció el gobierno nacional.
Una de las regiones que ha experimentado con mayor rigor el conflicto político, social y armado que vive el país es el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y marcado por la explotación petrolera. Históricamente han operado las guerrillas de las Farc y el Eln, mientras las comunidades organizadas han desarrollado constantes movilizaciones ciudadanas para demandar del Estado la garantía de sus derechos fundamentales.
De ahí que buena parte de sus habitantes depositaran grandes esperanzas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre la primera de esas organizaciones insurgentes y el gobierno nacional en noviembre de 2016 en Bogotá, que no sólo prometió el fin de la confrontación armada, sino también garantías de seguridad para los líderes sociales y políticos, apertura democrática y mejores condiciones de vida para los pobladores rurales.
No obstante, además de la ya conocida lentitud con la que el gobierno nacional implementa lo acordado, Arauca enfrenta un deterioro de la seguridad por cuenta de la persistente debilidad institucional y la aparición de nuevas estructuras delincuenciales. Es así como durante los últimos meses las organizaciones sociales del departamento han reportado un incremento de los asesinatos selectivos, asociados, en buena parte, a la desaparición del control social que efectuaban las Farc y al surgimiento de una nueva estructura militar o disidencia que se hace llamar ‘Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep)’.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca (Mocipar) y las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz estiman, por separado, que durante los cinco primeros meses de este año fueron asesinadas 47 personas en el departamento. La cifra contrasta con el acumulado de 88 asesinatos que reportó el Instituto Nacional de Medicina Legal para los 12 meses de 2017, cuando la mayor afectación ocurrió en el municipio de Saravena.
Tan sólo entre el 18 de marzo y el 21 de abril, la Fundación Joel Sierra documentó el asesinato de ocho personas en zonas rurales y urbanas de los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauquita. Para el mismo periodo, además, se denunció la desaparición de cuatro personas: el 8 de marzo, en el municipio de Cravo Norte, de un adulto mayor; el 20 de marzo, en Tame, de dos jóvenes de Arauca capital que se encontraban de visita en ese municipio; y el 9 de abril, en Fortul, de una menor de edad estudiante del colegio Alejandro Humboldt.
Líderes de la región aseguran que, además de esos crímenes, el departamento vive un incremento acelerado de atracos a mano armada, robos en locales comerciales, raponazos y hurtos de motocicletas. Al respecto, un defensor de derechos humanos explica que, “anteriormente, estas situaciones no se veían en estos pueblos con la magnitud que se están viendo en los últimos meses. Buena parte de los homicidios, por ejemplo, tienen que ver con asuntos relacionados con el expendio de drogas y los llamados ‘ajustes de cuentas’, que antes eran controlados por las Farc, así como los temas de robos”.
Aún con los múltiples organismos creados por el Acuerdo Final para proteger la vida de dirigentes sociales, la violencia política también continúa viva en Arauca. En la Alerta Temprana 026, del 28 de febrero pasado, la Defensoría del Pueblo dejó constancia del riesgo que enfrentan diez grupos poblacionales y organizaciones sociales del departamento: El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH); la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca); la Asociación Campesina de Arauca (ACA); la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca (Mocipar); la Mesa de Unidad Cívica, Agraria y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc); el movimiento social y político Marcha Patriótica; la Juventud Comunista (JUCO); la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO); los líderes de Juntas de Acción Comunal; y los líderes de comunidades indígenas.
Pese a la advertencia de la Defensoría, los crímenes contra dirigentes sociales han continuado en lo corrido del año. El último hecho de esas características ocurrió el pasado 22 de mayo, en el casco urbano del municipio de Fortul, cuando desconocidos a bordo de una camioneta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba la secretaria ejecutiva del CPDH, María Ruth Sanabria. Aunque salió ilesa del ataque gracias a la reacción de sus escoltas, tuvo que abandonar de inmediato la región por temor a ser víctima de un nuevo atentado.
Pocos días antes, el 7 de mayo, otro crimen de carácter político había ocurrido en la zona. En la vía que comunica las veredas Galaxias y Filipinas, de Arauquita, desconocidos asesinaron al excombatiente de las Farc Juan Vicente Carvajal Isidro, conocido durante la guerra como ‘Misael’. Carvajal fue baleado cuando regresaba a su casa desde la parcela que empezó a trabajar en junio de 2017, en cumplimiento de su compromiso de reincorporarse a la vida legal y tras haber permanecido 34 años en las filas insurgentes.
El asesinato ocurrió dentro de uno de los tres anillos de seguridad con los que el Ejército custodia a los excombatientes de los frentes 10, 28, 38 y 45 que realizan su proceso de reincorporación económica en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Filipinas, por lo que generó una profunda desconfianza hacia la Fuerza Pública. (Lea más: Farc en Arauca: entre amenazas de disidencias y compromiso con la reintegración)
Además de ese crimen, los exguerrilleros de las Farc en el departamento, hoy militantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, han sido víctimas de otros hechos violentos. Entre ellos, dos intentos de homicidio, perpetrados el 21 de enero y el 28 de febrero, ambos atribuidos a la disidencia por la dirección del ETCR, así como las amenazas proferidas por esa misma estructura contra los antiguos comandantes del frente Décimo y la columna móvil Alfonso Castellanos.
Otro hecho que tiene en vilo a los líderes sociales de la región es el asesinato de María del Carmen Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, de Arauquita. Moreno fue secuestrada en su finca el pasado 27 de abril por ciudadanos colombianos y venezolanos, que exigieron mil millones de pesos por su liberación. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 2 de mayo por una comisión de búsqueda integrada por “la comunidad, familiares, amigos, autoridades y cuerpo de bomberos”, según informó la Alcaldía de Arauquita.
Dayana Flórez, coordinadora de las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz, cuenta que “María del Carmen era una mujer destacada y trabajadora, que duró muchos años siendo dirigente popular”.
El mismo 2 de mayo, también en zona rural de Arauquita, fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos venezolanos, aparentemente muertos a manos de la disidencia y señalados de haber asesinado a la dirigente comunal. Junto a los cuerpos se encontró un cartel que rezaba: “Estos son los responsables del secuestro y acesinato (sic) de la señora María Tavera (sic). Acemos (sic) justicia. Farc-Ep”. Junto a la imagen circuló un video en el que una de las víctimas, encadenada, aseguraba: “Soy uno de los participantes del secuestro de la señora María Tavera (sic) y de su asesinato. Después de esto teníamos pensando secuestrar una niña y llevarla rumbo a Venezuela”.
El crimen generó repudio en el departamento y aumentó la preocupación por los efectos que pueda tener sobre la seguridad la llegada masiva de venezolanos al país, especialmente en los municipios fronterizos de Arauca, Arauquita y Saravena. Justamente, con el fin de evitar brotes de xenofobia, la Personería de Arauquita emitió un comunicado tras el asesinato de Moreno, en el que rechazó el homicidio e hizo “un llamado respetuoso a toda la población del municipio de Arauquita a mantener la calma y evitar cualquier tipo de represalias o maltrato en contra de los ciudadanos venezolanos”.
Además de los asesinatos, amenazas y atentados contra líderes sociales y políticos, durante los últimos meses también se han presentado secuestros de directivos de empresas en el departamento. El 13 de enero, integrantes de la guerrilla del Eln secuestraron en Saravena a Rafael Andrés Riaño, administrador de Ismocol S.A., una empresa contratista de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de la estatal petrolera Ecopetrol, encargada del mantenimiento y reparación de un tramo del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Y el 30 de marzo fue plagiado el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa), José Leonardo Ataya Rodríguez, hijo del exgobernador de Arauca Luis Eduardo Ataya.
El comandante del Frente de Guerra Oriental e integrante del Comando Central de la guerrilla del Eln Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como ‘Pablito’, admitió la responsabilidad en ambos hechos durante una entrevista concedida en abril pasado al canal CNC Arauca, en la que señaló que ambas “retenciones” tenían fines económicos.
La sumatoria de hechos tiene en alerta a los habitantes de la región, para quienes la paz aparece como una promesa lejana.
Conflicto armado, a la orden del día
Una de las expresiones de la continuidad del conflicto armado en Arauca es la fuerte militarización que vive el territorio, en el que es frecuente encontrar retenes y trincheras del Ejército en carreteras y vías terciarias. Como en pocas terminales aéreas del país, en el aeropuerto de la capital del departamento la policía revisa los antecedentes judiciales de todos los pasajeros como condición para permitir su ingreso a las aeronaves.
Sonia López, presidenta de la Fundación Joel Sierra, explica que “durante los últimos meses ha arreciado la militarización de la vida de la población. Es constante y permanente que las Fuerzas Militares se acantonen dentro de las casas, las vaqueras y en cercanía de los colegios, queriendo permanecer dentro de las instituciones educativas con el pretexto de hacer cualquier actividad”.
En igual sentido se refiere Daniel Vanegas, vicepresidente en Saravena de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional (Asojer), quien insiste en que “desde el año pasado la Fuerza Pública ha venido haciendo jornadas cívico militares en los colegios de la parte urbana de Saravena, pese a que aquí todavía existe el conflicto, por lo que ese ingreso es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”.
Los dirigentes sociales aseveran que la situación arreció desde octubre de 2017, cuando el gobierno nacional y el Eln sostuvieron un cese bilateral nacional del fuego y de hostilidades que se prolongó hasta el 9 enero de 2018. José Murillo, vocero en Arauca del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, asegura que “durante el cese hubo mucha militarización, no solamente en los centros poblados, sino en las veredas, donde se incrementó la presencia de la Fuerza Pública y los sobrevuelos con helicópteros”.
Justamente, a finales de diciembre pasado el Ejército creó los Batallones de Operaciones Terrestres números 27, 29 y 30, en reemplazo de las brigadas móviles 5, 31 y 34, con el fin de que operaran en zonas rurales de Saravena, Fortul y Tame. Asimismo, el 18 de octubre, a tan solo dos semanas de iniciado el cese, el Ejército puso en funcionamiento dos pelotones de caballería adscritos al Batallón de Artillería número 18 de la Décima Octava Brigada, “cumpliendo con los compromisos adquiridos con el gremio de ganaderos”, según informó la institución en un comunicado.
La situación no ha impedido, sin embargo, que el conflicto continúe en la región. Aunque las conversaciones que el gobierno nacional adelanta con el Eln en La Habana, Cuba, consiguieron que esa organización desescalara informalmente la confrontación desde el inicio del quinto ciclo de conversaciones, las comunidades están seriamente preocupadas por la existencia de la disidencia de las Farc.
Esa estructura, que retomó el nombre del desaparecido Frente 10, se ha hecho sentir con patrullajes, citaciones a civiles, instalación de pasacalles, cobro de “impuestos” o extorsiones y difusión de comunicados, en los que justifica su existencia por cuenta de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo y la persistencia de la violencia contra el movimiento social.
La incertidumbre está relacionada con que, a la fecha, se desconocen las maneras como la disidencia robustecerá sus finanzas y se relacionará con la población civil, así como con el Eln. En términos de control social, un curtido exguerrillero de las Farc, hoy en proceso de reincorporación, explica: “Cuando nosotros abandonamos los territorios, que ya dejamos de estarle arreglando el problema al campesino de un lío por un marrano, por un lindero, por el matrimonio, no aparecieron las instituciones ni se construyó confianza con la Fuerza Pública. Ahí aparecieron tanto la disidencia como el Eln a decirle a la gente: ‘Les toca que trabajen con nosotros’, lo que ha puesto al campesino en una situación muy complicada”.
La misma fuente indica que ambas organizaciones ya han tenido discrepancias en cuanto al control de las rentas en la región: “Ellos se están irrespetando las partes económicas: el territorio, el contrabando, el ganado y el queso, por lo que tenemos una incertidumbre muy grande en este momento, en el sentido de que la disidencia está haciendo unas cosas tan complicadas que pueden llevar al Eln a declararla objetivo militar.” Los rumores sobre discordancias entre ambas organizaciones, sobre todo entre sus milicias, son ampliamente difundidos en la región y conocidos por los dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Mocipar y la Alianza por la Paz y el Desarrollo.
Ólder Cáceres, coordinador de la Alianza, opina que “nos preocupa que se reinicie un conflicto entre los actores irregulares. La gente teme que, en ese marco, vuelvan a presentarse situaciones dramáticas de ‘impuestación’ excesiva, prolongación de la guerra y conflicto con las comunidades fronterizas aledañas al río Arauca, sobre todo porque empezar a fortalecer un movimiento armado cuesta mucho y no sabemos ellos a qué van a acudir”.
Uno de los principales temores es que la nueva organización se involucre en el negocio del narcotráfico, que las comunidades y sus organizaciones empezaron a expulsar del departamento desde la primera década del 2000, cuando optaron por sustituir por cuenta propia los cultivos de uso ilícito. Murillo explica que “luego de llegar a la conclusión de que la coca estaba generando problemas ambientales, económicos, sociológicos y culturales en la región, los campesinos tomaron la decisión de erradicarla, fortaleciendo la producción agrícola con cultivos propios como el plátano, el maíz, la yuca y el cacao, que históricamente ha sido el fuerte del departamento de Arauca”. (Lea más: Cooperativas campesinas, modelo de desarrollo alternativo en Arauca)
El trabajo de las organizaciones sociales en ese frente le permitió al gobierno nacional declarar rápidamente a Arauca como territorio libre de cultivos de uso ilícito, en desarrollo del Acuerdo Final de paz. A finales de marzo pasado, la Alta Consejería para el Posconflicto anunció que en virtud del punto cuatro del Acuerdo se habían erradicado las últimas 406 hectáreas de hoja de coca que quedaban en el departamento, propiedad de 470 familias de las veredas El Oasis, Filipinas, La Arenosa y Bocas del Ele, de Arauquita, donde hoy opera la disidencia.
Por eso, Cáceres opina que “es muy preocupante que después de haberse logrado la sustitución voluntaria hoy se corra el riesgo de que se dé nuevamente una proliferación de estos cultivos, lo cual generaría una situación de conflicto que expondría especialmente los liderazgos comunitarios”. Y agrega que “ya con el petróleo hemos tenido suficiente conflicto, como para tener otro imán que atraiga la violencia política”.
Además de la disidencia, a los líderes sociales les inquieta la reciente llegada a la región de exintegrantes del Bloque Vencedores de Arauca de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en particular a la capital del departamento, porque durante el entierro del excombatiente de las Farc Juan Vicente Carvajal desconocidos escribieron las siglas AUC en las paredes de varios módulos del ETCR, y porque comerciantes han empezado a recibir llamadas extorsivas a nombre de estructuras que se denominan a sí mismas como “paramilitares”. El temor empezó a agudizarse en octubre de 2017, cuando la policía capturó en la capital del departamento a 13 personas recién llegadas de Medellín, que portaban ocho pistolas y munición de distinto calibre.
En ese contexto, los líderes sociales manifiestan sentirse con “los nervios de punta”. El reclamo general es que, además de garantizar la seguridad, el Estado atienda la deuda histórica que tiene con los araucanos, no sólo en materia de garantía de derechos, sino también en la puesta en marcha de los planes alternativos de desarrollo diseñados por las comunidades, que los dirigentes consideran condiciones necesarias para alcanzar la paz en el departamento.
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