El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció la puesta en marcha de la figura de “Vicealcaldes de seguridad y convivencia”, que estarán bajo la supervisión de coroneles en retiro y que contarán además con el apoyo de “cuerpos de paz”. La propuesta ya genera debate.
Consolidar la presencia y la oferta institucional en aquellos territorios donde grupos armados ilegales, entre ellos las guerrillas de las Farc y Eln, han ejercido durante décadas dominio y control. Ese será, en líneas generales, el objetivo de las llamadas “Vicealcaldías de seguridad y convivencia”, figura que entrará a operar en seis municipios de Antioquia en las próximas semanas, tal como lo anunció el gobernador de este departamento, Luis Pérez Gutiérrez.
Las localidades donde se echará a rodar este experimento de gobernanza serán Anorí, Dabeiba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte. En ellas funcionan actualmente zonas transitorias de normalización para la reincorporación de los miembros de las Farc una vez dejen sus armas. El otro municipio es Briceño, donde se ha ejecutado un programa de desminado humanitario y se lleva a cabo una iniciativa piloto para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos bajo los acuerdos de la guerrilla con el gobierno nacional.
Se trata, según el Gobernador de Antioquia, de una propuesta que busca consolidar el posconflicto en aquellas regiones donde las Farc fueron ‘Dios y Ley’ mediante una oferta de seguridad y una presencia más activa del Estado. “No podemos permitir que los territorios que fueron abandonados por las Farc sean copados por otros grupos armados. Si la negociación fue nacional, el posconflicto tiene que llevarse a las regiones”, declaró el mandatario regional.
Aunque inicialmente estaba contemplado que las “Vicealcaldías” fueran dirigidas por militares activos, finalmente serán coroneles en retiro, “con amplios conocimientos de seguridad y con profundos valores civilistas”, explicó Pérez Gutiérrez. A ellos se le sumarán los llamados “Cuerpos de paz”, conformados por equipos de seis a ocho profesionales que van desde médicos, ingenieros, arquitectos pasando por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes, además, estarán acompañados por un grupo de jóvenes estudiantes de diferentes universidades.
“La idea es que ellos van a funcionar en la parte urbana del municipio, bien sea en un parque educativo, bien sea en la Alcaldía, una biblioteca, una casa de la cultura, donde haya espacio”, manifestó Pérez. “Este grupo de trabajo comenzará a hacer un amplio estudio sobre todo el territorio. Vamos a ponerles unos vehículos para que se desplacen a todas las veredas y corregimientos para que elaboren un diagnóstico sobre seguridad, acceso a la justicia, qué hay en salud, qué hay en educación. Este trabajo busca que las bandas criminales no ocupen estos territorios”.
El Gobernador de Antioquia incluso fue más allá: “estamos convencidos que al Acuerdo (de Paz) hay que meterle pueblo. Por eso queremos involucrar más al campesino; incluso, si hay desmovilizados de las Farc que ya hayan dejado para siempre las armas, podemos contemplar la posibilidad de vincularlo a esta iniciativa, no tenemos problema con eso”.
En entrevista a este portal, dada en diciembre del año pasado, del gobernador Pérez aseguró que tanto el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, calificaron la iniciativa como “una excelente idea”. (Ver entrevista: “Al gobierno le importa más el acuerdo, como documento, que la organización en las regiones”)
No es la primera vez que en Antioquia, un mandatario regional pretende designar militares para que ejerzan las funciones propias de las autoridades civiles, bajo el argumento de consolidar la presencia del Estado en localidades afectadas por el conflicto armado. De hecho, uno de los primeros actos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando fue gobernador de este departamento (1995-1997) fue solicitar la designación del capitán del Ejército, Juan Francisco Díaz Quiñonez, como alcalde (e) de Amalfi, nordeste antioqueño. (Ver: Vicealcaldes militares, polémica propuesta)
¿Medida necesaria?
La figura comenzará a regir a mediados de junio y se extenderá, inicialmente, por un año. No es claro si luego de ese plazo se ampliará su vigencia, como tampoco es claro cómo se articularán a las alcaldías locales, si tendrán funciones propias de las administraciones municipales o si funcionarán con recursos provenientes exclusivamente de la administración departamental.
De acuerdo con el Gobernador de Antioquia, esta iniciativa será un apoyo valioso para las alcaldías locales. “Ya los alcaldes de los municipios firmaron un acta en donde aceptan las “Vicealcaldías”, aseveró.
Sin embargo, al ser consultados sobre el tema, los mandatarios locales de Briceño y Remedios dijeron no conocer detalle alguno sobre este proyecto. “Yo no tengo ninguna información sobre ese proyecto. No me han informado nada ni me han comunicado nada”, aseveró José Danilo Agudelo, alcalde de Briceño; mientras que Lucía Carvajal, quien rige los destinos de Remedios, dijo que “no puedo decir si estoy de acuerdo o no porque no hemos recibido ningún tipo de información. Tampoco sé cómo van a funcionar ni por cuanto tiempo. Solo nos dijeron que iba a llegar un vicealcalde”.
Por su parte, Hernán Álvarez, alcalde de Ituango, señaló que lo que conoce de este proyecto es que “será un acompañamiento que se nos brindará desde la Gobernación de Antioquia y todo el personal que va trabajar allí estará subordinado al alcalde municipal. Con esto se busca fortalecer la institucionalidad en el municipio, ellos van a estar más en el área rural”.
VerdadAbierta.com intentó comunicarse con los alcaldes de Anorí y Dabeiba, pero no logró establecer comunicación con ellos.
Al ser consultado sobre el tema, el diputado de la Asamblea de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez, criticó la figura calificándola más como un “embeleco más de un gobernador experto en anuncios. Él quiere hacerle creer a la opinión pública que tiene una opinión diferente a la del gobierno nacional y busca congraciarse con una sociedad como la antioqueña que él sabe es esquiva a este tema de la paz”.
Además de cuestionar su pertinencia y necesidad, en especial en los municipios donde hoy se concentran los guerrilleros de las Farc, dado que allí actualmente hay una fuerte presencia militar y estatal, el diputado Gómez señaló que este tipo de iniciativas deben contar con el visto bueno de la Duma: “yo creería que este proyecto debería ser aprobado por la Asamblea, entre otras, porque se está creando una planta de cargos adicionales que no se sabe quién va pagar. No creo que las alcaldías tengan con qué pagar un coronel y una planta de profesionales”.
Norman Correa, diputado por el partido de la U, expresó por su parte que si bien el aumento de la planta de personal de la Gobernación de Antioquia no necesita aprobación de la Asamblea, la figura de Vicealcalde puede generar confusiones en cuanto a su función y su articulación con las alcaldías locales.
“A mí me parece llamativo el nombre de Vicealcalde, porque es como ponerle un segundo al alcalde local y eso debería ser del resorte de los municipios, no de la Gobernación. La figura debería tener otro nombre”, sugirió el diputado.