Según un reciente informe elaborado por las plataformas de derechos humanos de ese departamento, en 2017 aumentaron dramáticamente las agresiones contra líderes campesinos, dirigentes sociales y activistas, sobre todo en aquellas regiones donde se trata de implementar acciones del Acuerdo de Paz como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), este año han sido asesinados más de 100 líderes sociales en todo el país. Antioquia es uno de los departamentos más afectados. Foto: Ricardo Cruz.Para los defensores de derechos humanos en Antioquia, este año termina tal como comenzó: con el trágico asesinato de líderes regionales perpetrados por grupos armados ilegales, entre ellos los llamados grupos armados sucesores del paramilitarismo.
Los registros del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) indican que entre el 1 de enero y el 1 de diciembre se presentaron 20 homicidios contra líderes campesinos, dirigentes comunitarios, reclamantes de tierras y activistas de derechos humanos asesinados en este departamento. (Descargar informe)
De acuerdo con esta plataforma, que aglutina más de 200 organizaciones no gubernamentales de todo el país, el primer homicidio en el periodo destacado fue el de José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) e integrante del movimiento político Marcha Patriótica, quien fue baleado el 11 de enero del presente año en Carepa, Urabá antioqueño, por miembros de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). (Leer más en: Tensión en el Paramillo por avance ‘gaitanista’)
Las cifras representan un preocupante aumento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron once homicidios. Pero no sólo se incrementaron los homicidios de defensores de derechos humanos en este departamento.
Según los datos recopilados por el Nodo Antioquia de la CCEEU, se registraron 248 agresiones contra líderes sociales en Antioquia, 41 más que las documentadas en 2016; la amenaza individual fue el tipo de agresión que más se presentó este año contra los activistas, con un total de 79 casos; le siguen, en su orden, dirigentes sociales, que fueron atacados o resultaron heridos en jornadas de protesta social, con 71 casos; las detenciones arbitrarias, con 29 casos; y las amenazas dirigidas contra organizaciones, movimientos o comunidades enteras, con 12 casos.
Para los defensores de derechos humanos en Antioquia, es bastante alarmante que la violencia contra los líderes sociales se incremente justo este año, cuando se produjeron los hechos más significativos del proceso de paz como fue la dejación de armas por parte de las Farc, su transformación de grupo insurgente a movimiento político y la implementación en los territorios de varios programas y proyectos surgidos tras la firma del Acuerdo de Paz como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
“Con la firma del Acuerdo de Paz se esperaba que se fortaleciera el Estado de Derecho allí donde la guerrilla de las Farc hizo presencia, pero lo que vemos es un copamiento por parte de estructuras ‘paramilitares’, en este caso los llamados ‘gaitanistas’, que están llegando a esos territorios amedrentando a las comunidades y a los líderes particularmente”, declara Óscar Yesid Zapata, vocero del Nodo Antioquia de la CCEEU.
Las subregiones de Nordeste, Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Urabá antioqueño aparecen hoy como las más peligrosas no sólo para la defensa y promoción de derechos humanos sino también para todo el activismo relacionado con el proceso de paz y la implementación de los acuerdos.
Regiones críticas
Entre las organizaciones sociales de Antioquia también existe preocupación por la situación de regiones como el Suroeste, donde ls presencia de proyectos mineros está generando tensiones entre la comunidad. Foto: archivo Semana.Antioquia es un departamento conformado por 125 municipios divididos en nueve subregiones. Una de ellas es el Nordeste antioqueño, donde, de acuerdo con el seguimiento hecho por el Nodo Antioquia de la CCEEU, se incrementaron significativamente las agresiones contra líderes sociales, al pasar de 37 casos documentados en 2016 a 91 hechos ocurridos en 2017. Buena parte de estos ataques se registraron durante el paro minero que tuvo lugar en Segovia y Remedios entre el 19 de julio y el 2 de septiembre, que paralizó las actividades en ambas localidades. (Leer más en: El problema ancestral de la minería segoviana)
Los violentos enfrentamientos entre agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y manifestantes dejaron un saldo de 50 personas heridas, 20 más detenidas y dos manifestantes asesinados en hechos que aún están en investigación. Además, durante y después del paro minero, se registraron siete amenazas contra líderes que participaron en las jornadas de protesta, se judicializaron seis más, aparte del caso de desplazamiento forzado de un activista y dos fuertes señalamientos contra organizaciones sociales de esta subregión.
El Valle de Aburrá, donde se encuentra la capital del departamento, Medellín, figura como otra de las subregiones más peligrosas para la labor de defensa de los derechos humanos. Así, del asesinato de dos activistas ocurridos en 2016 se pasó a siete en 2017. De igual forma, se registraron 32 amenazas contra dirigentes cívicos y comunitarios, y 21 manifestantes resultaron heridos en enfrentamientos con agentes del Esmad en diferentes jornadas de protesta social.
Para los voceros del Nodo Antioquia de la CCEEU, las agresiones en esta subregión se explican, en parte, por los enfrentamientos que hoy protagonizan bandas criminales al servicio de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y los ‘gaitanistas’ que buscan afincar su poder en la capital de Antioquia y municipios aledaños. Dicha situación se evidencia particularmente en las comunas 7, 13, 16 y el corregimiento Altavista de Medellín. Estas disputas por control territorial explican, también, la persistencia del flagelo del desplazamiento forzado intraurbano que, según cifras de la Personería de Medellín, ya registra 800 casos en lo que va del año para un total de 2.340 personas afectadas. (Leer más en: Corregimiento Altavista, montaña con múltiples conflictos)
El Urabá antioqueño también fue escenario de graves ataques contra activistas sociales en este 2017. De 49 agresiones registradas en lo que va del año, 18 corresponden a amenazas de muerte contra líderes campesinos mientras que 11 obedecen a intimidaciones contra diferentes colectivos y organizaciones sociales que hacen presencia en la subregión. La violencia contra campesinos que reclaman ante la justicia tierras presuntamente despojadas nuevamente se hizo sentir en la llamada “región agroindustrial”.
Jesús Alberto Sánchez, quien reclamaba un predio ubicado en la vereda Guacamayas de Turbo, fue asesinado en el municipio de Apartadó el 19 de agosto mientras que Porfirio Jaramillo, quien también reclamaba ante la justicia una finca de la vereda Buenos Aires del corregimiento Nuevo Oriente de Turbo, perdió la vida luego de que hombres armados lo sacaran a la fuerza de su casa, ubicada en zona rural de esta localidad, la noche del 28 de enero. (Leer más en: Violencia contra reclamantes de tierras, rueda suelta en Urabá)
Por su parte, en el Bajo Cauca antioqueño, las organizaciones pertenecientes al Nodo Antioquia de la CCEEU denunciaron que “se ha detectado que los actores armados vienen intimidando y silenciando a las organizaciones sociales que denunciaban públicamente las situaciones que se venían presentando y, hoy ante la falta de garantías reales para denunciar es imposible conocer con exactitud los relatos completos en esta zona”. Esta plataforma de derechos humanos documentó los asesinatos de dos líderes campesinos cocaleros, el de una activista de la comunidad LGBTI y un caso de amenaza contra un líder social en esta subregión. (Leer más en: ¿Qué hay detrás del asesinato de un líder cocalero en Tarazá?)
¿Qué está pasando?
En mucho municipios antioqueños viene creciendo la preocupación por el aumento del microtráfico, flagelo que es manejado por bandas criminales oriundas de Medellín. Foto: Juan Diego Restrepo E.De acuerdo con voceros de esta plataforma de derechos humanos, las explicaciones para el alarmante incremento de la violencia contra líderes sociales en Antioquia pasan, en su gran mayoría, por el reacomodo y copamiento de estructuras armadas en aquellos territorios dejados por las Farc luego de su dejación de armas y transformación en partido político. No en vano, según los registros del Nodo Antioquia, el 65 por ciento de todas las agresiones registradas son atribuibles a las Agc.
La implementación de programas y proyectos surgidos luego de la firma del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto firmado con las Farc también está generando fuertes tensiones en las regiones. Según activistas pertenecientes a esta plataforma, no es gratuito que agresiones como las amenazas de muerte y el asesinato de líderes sociales se hayan incrementado en aquellos municipios que harían parte de las llamadas Circunscripciones Especiales de Paz y allí donde se pretende desarrollar el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS). (Leer más en: Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental)
“Un ejemplo claro es lo que está pasando en Ituango (norte de Antioquia). Luego de la salida de las Farc llegaron nuevos grupos armados al casco urbano, varios de ellos provenientes desde Medellín, con la intención de controlar el microtráfico, que también viene aumentando, así como los homicidios: este año se han presentado 15 asesinatos”, explica Zapata. “En la zona rural se registra fuerte presencia de ‘gaitanistas’, que están amedrentando a los campesinos que quieren participar en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”. (Leer más en: En Ituango aún no se consolida la tranquilidad)
Dicho reacomodo y copamiento, según este activista, también es evidente en los seis municipios que conforman la subregión del Bajo Cauca: “Allí hay un fortalecimiento de este grupo de los ‘gaitanistas’. También se registran fuertes amenazas contra los campesinos cocaleros que decidieron participar en la sustitución voluntaria. Y a los líderes los intimidan y amenazan, no los dejan visitar las veredas, por lo que su labor y su vida se ve seriamente afectada”.
El informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia también llamó la atención sobre la situación del oriente del departamento, donde el flagelo del microtráfico se ha extendido a casi todos los 23 municipios que conforman esta subregión y “eso está generando un aumento de los homicidios ligados al control territorial en municipios como El Peñol, Guarne, San Rafael y Guatapé”, asevera el vocero de la plataforma de derechos humanos.
Con base en los resultados registrados, el informe sobre Antioquia de Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) advierte que “el estado actual del movimiento social de derechos humanos, de las y los defensores de derechos humanos es de sumo riesgo, ya que no solo se ve atacado con la agresión física particular, si no que existen y continúan infracciones sistemáticas en el nuevo escenario de confrontación política y jurídica, es decir, una arremetida sistemática contra la labor del movimiento en general de derechos humanos”.
