La amenaza a 38 líderes de la región Caribe busca sabotear el proceso de paz y sembrar zozobra para las elecciones de octubre. Dos de los afectados representaron a las víctimas de esta región en La Habana.
Defensores de Derechos Humanos y líderes vinculados a procesos de restitución de tierras en la región Caribe están en medio de la zozobra desde que la semana pasada apareció un panfleto de las Águilas Negras que los declara objetivo militar. Son 38 personas pertenecientes a diferentes organizaciones, entre los que están dos representantes de las víctimas que estuvieron en La Habana presentando sus propuestas ante la Mesa de Conversaciones entre el gobierno y la guerrilla: Soraya Bayuelo y Jairo Barreto.
Esta amenaza se suma a las que han recibido de manera reciente otros líderes proclives al proceso de paz como Piedad Córdoba y los miembros del Frente Amplio por la Paz; las de Carmen Palencia, y demás líderes de Tierra y Vida, también atribuidas a las Águilas Negras; y las que a nombre de las Farc recibieron los congresistas María Fernanda Cabal y el abogado Jaime Arturo Restrepo, y que fueron desmentidas por esa guerrilla.
En Colombia siempre que se ha intentado llegar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra, mientras se negocia, suelen incrementarse las amenazas y la violencia contra las organizaciones y líderes sociales. Esta no parece ser la excepción.
Para Gonzalo Murillo, director de la Redprodepaz, una de las entidades afectadas, a medida que avanza en las conversaciones en Cuba, se generan mayores tensiones en las regiones. Y hace un llamado para que el gobierno demuestre que tiene capacidad de controlar a las fuerzas oscuras que se camuflan de tras este comunicado. Una líder de la región consultada por VerdadAbierta.com asegura que las amenazas “no son otra cosa que una amenaza directa al proceso de paz”.
Varios datos han llamado la atención sobre este nuevo panfleto. Por un lado, que mencione a líderes desde Sucre hasta Valledupar, lo cual muestra que detrás del pasquín hay intereses regionales, sean de paramilitares u otras fuerzas. Segundo, que varios de los afectados han sido veedores electorales en el pasado.
Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación dice que lo que se busca es ensombrecer el proceso de paz de cara a las elecciones locales y regionales. Unas elecciones que serán definitivas pues se elegirán los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que tendrán que lidiar con la implementación de los acuerdos de La Habana, cuyo segundo punto está dedicado, precisamente, a las garantías para la participación democrática en zonas donde ha habido conflicto.
Un vocero de las organizaciones amenazadas afirmó que “el gobierno nacional debe venir a vivir la situación de la región, donde desde décadas atrás el poder político y económico ha recaído en manos de terceros que no ha sido la sociedad. Lo cual al día de hoy se traduce en que no tenemos las condiciones suficientes para participar en política sin que nos maten”.
La fuerte presencia de las organizaciones en las regiones las establece como un fuerza política importante a disputar las próximas elecciones donde según una líder de restitución de tierras, “las fuerzas oscuras no nos quieren a nosotros por haber hundido, en varias oportunidades, propuestas electorales para la continuación de la guerra, como lo seguiremos haciendo”.
No hay que olvidar que la región Caribe fue el epicentro de la para-política y que hoy muchos de quienes gobiernan o manejan los hilos del poder en los departamentos y municipios también son herederos de este fenómeno. A eso se suma la salida de los exjefes paramilitares que estaban en la cárcel luego de la desmovilización, y la perspectiva de que los miembros de las Farc entren a la arena política. La pregunta que muchos de los amenazados en este panfleto es como va a garantizar el gobierno el cumplimiento el punto dos de La Habana en medio del reacomodamiento de todos estos factores de poder, ¿solo con escoltas? O desarticulando de verdad a las fuerzas oscuras.
La propia Fiscalía dijo recientemente que no existe un grupo llamado Águilas Negras. En realidad bajo ese nombre actúan los “enemigos agazapados de la paz” que pueden ser, como se ha demostrado durante el conflicto, desde paramilitares y guerrilleros, hasta agentes del Estado, o incluso grupos políticos que no quieren tener competencia en sus zonas.
Como en casos anteriores, la Unidad de Protección se ha encargado de evaluar el riesgo de los amenazados y brindarles medidas básicas de seguridad. Sin embargo esto no parece ser suficiente. “La Fiscalía no ha entregado resultados, ni siquiera ha anunciado un plan metodológico para hacerle seguimiento a las amenazas” dice una líder de Montes de María.
Para uno de los afectados por las amenazas, el panfleto ya cumplió su propósito. Algunos de quienes fueron declarados objetivo militar ya salieron de la región, otros dicen que van a mantener un bajo perfil en estos meses; y hay desánimo en las organizaciones sobre la garantías que tendrán para trabajar por la llamada “paz territorial”.
Este es el panfleto que está circulando en la Costa Caribe: