Tras cumplirse cinco años de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras una nueva piedra se cruza en su camino: la existencia de una campaña pública de desprestigio y estigmatización en contra de las víctimas por parte de sectores políticos y económicos.
Foto: archivo Semana.Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, aseguró en rueda de prensa que mediante un seguimiento realizado por ese organismo se pudo constatar que durante los últimos meses en el Magdalena Medio, Meta, Urabá, Chocó y la Costa Atlántica se han presentado reiteradas amenazas en contra de los reclamantes de tierras y los procesos de reparación colectiva.
Aunque no es la primera vez que la ONU advierte sobre el peligro que corren los reclamantes, la preocupación del organismo se ha ahondado por la presencia de familias “poderosas” en las diferentes regiones que quieren impedir a toda costa la reparación a las víctimas. A ello se suma la puesta en marcha de la campaña antirestitución de diferentes gremios desde los cuales se ha asegurado que la restitución de tierras va a favorecer a grupos guerrilleros, como en repetidas ocasiones lo ha aseverado José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan.
“Hay una conexión entre quienes hicieron los despojos, quien tomo la ventaja económicamente y también quien puede crear un miedo en este momento, entonces es importante que paremos de manera muy concreta en un nivel micro en cada región para ayudar a conectar el proceso”, aseveró Howland, quien reconoció que a pesar de que el proceso de estigmatización no es nuevo, sí ha tomado fuerza desde hace varios meses cuando se decretaron varias procesos de restitución y se protegieron a procesos colectivos.
Como ya lo había contado VerdadAbierta.com hay territorios en los que las amenazas se han convertido en acciones por parte de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que han llegado a veredas para robarse el ganado de las fincas y amenazar a sus propietarios, como ocurrió en la vereda Guacamayas de Turbo, Antioquia, a principios de mes.
“Fueron a varias fincas donde tenían ganado y se lo llevaron, y a las familias que estaban allí les dijeron que ellos iban a volver y que si los veían los mataban. Y a todos los quitaron los celulares para dejarlos incomunicados” aseguró Pinto, un campesino de la región, quien aseguró que tras las constantes amenazas son varias las familias que han planteado irse nuevamente de la región. (Leer más en: Restitución de tierras en Urabá: balance agridulce)
“ Yo creo que es importante ver que en cada región hay familias poderosas que toman ventaja de estas violaciones masivas. Pero no son las mismas personas en cada lugar, es importante ver que estos esfuerzos de despojo fueron hechos por los paramilitares y hay varios lugares en donde todavía hay amenazas y miedo muy grande de estas personas”, aseguró Howland.
No obstante, los despojados no han sido los únicos amenazados; también los jueces de tierras, quienes han sido victimas de varios atentados, hurtos en sus oficinas, e incluso a algunos les han quitados los esquemas de seguridad que otorga la Unidad Nacional de Protección (UNP) por falta de diligencia de la misma entidad. (Leer más en: Jueces de tierras se quedan sin esquema de seguridad)
Ante ello, Howland afirmó que tanto las amenazas directas como las latentes se han convertido en factores que han aumentado el ambiente de miedo creado por la campaña de desprestigio, la cual es un obstáculo para que la Ley se implemente adecuadamente.
No es una situación nueva para el país, desde que se empezó a implementar la Ley de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) surgieron sus opositores y con ellos empezaron las amenazas. A la fecha, según Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, son 200.000 las hectáreas restituidas, de las cuales se han presentado alrededor de 700 denuncias por amenazas directas e indirectas contra los procesos y los ocupantes.
De acuerdo con este funcionario, hay un oportunismo político por parte de quienes atentan contra la restitución con los segundos ocupantes, asegurando que se han escudado detrás de las familias reclamantes para atentar en contra del proceso, así mismo insistió en señalar que quienes se apoderaron de la tierra el rigor de la Ley va a entrar con toda eficacia para que devuelvan a los campesinos a las tierras que las cuales fueron obligadas a salir.
Ahora bien, la preocupación recae en que dichas amenazas también se convierten en una alerta para las negociaciones que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc La Habana. Para la ONU, la restitución de tierras, los procesos de retorno y la reparación colectiva son claves para la implementación de los futuros acuerdos de paz y lograr la inclusión y reconciliación en las zonas rurales.
Sin embargo, este organismo multilateral considera que estos factores se ven amenazados por el reacomodo de las llamadas bandas criminales. Para Howland, los ‘Gaitanistas’ todavía tiene gran influencia en el Urabá y en el Caribe: “Tal vez la mejor muestra de todo este poder es el paro armado que realizaron, por esta razón llamamos la atención en este momento, la existencia de estos grupos puede crear un miedo muy grande en las víctimas”. (Leer más en: ¿Gaitanistas le hablan con armas al proceso de paz?)
El llamado institucional
Para la ONU el éxito de la restitución depende de la articulación de las autoridades nacionales, departamentales y municipales. En tan sentido, propuso que la aprobación des los planes de desarrollo municipales y departamentales se presenten como la herramienta para respaldar, con presupuesto, los procesos de restitución y reparación colectiva, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
A su vez, señala que desde el Estado se debe promover una participación de la empresa privada para que contribuya a la mejora de las víctimas del área rural, “dentro del marco principio de los rectores humanos de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos”.
Finalmente, asegura este organismo que es necesario que la sociedad vea la restitución de tierras como una oportunidad de restablecer los derechos de las víctimas y construir paz. “Estamos preocupados porque estas victimas ya sufrieron bastante, ellos están esperando respuestas del Estado, y hoy en día están sufriendo de nuevo estigmatizaciones, cuando existe un programa del gobierno que puede ayudar a recuperar un poco de lo que perdieron. Por eso llamamos la atención de esta campaña porque es un peligro para las víctimas”, concluyó Howland.
El llamado de ONU coincide con la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso jurídico dos resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y una más de la Agencia Nacional de Minería que proyectaron 202 bloques o polígonos para futuras exploraciones y explotaciones mineras sobre 17 millones de hectáreas en Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó, lo que afectaba procesos de reclamación de las comunidades indígenas y de afros en los departamentos del Chocó y Vaupés. (Leer más en: Un ‘palo en la rueda’ menos en procesos de restitución)
