El desertor de las Farc y ex paramilitar acusa a la comunidad de explotar predios robados por la guerrilla y a varios de ellos de tener nexos con el grupo armado. El padre Javier Giraldo rechaza estos señalamientos.
 La Comunidad recuerda constantemente sus lineamientos de neutralidad ante los actores del conflicto armado. |
Cada vez que Dafnis Daniel Sierra Martínez, alias ‘Samir’, desertor del Quinto Frente de las Farc, se sienta en un estrado judicial no pierde la oportunidad para señalar que algunos integrantes de la Comunidad de Paz de José de Apartadó tienen vínculos con esa organización guerrillera.
Esta vez, el ex guerrillero volvió a denunciar a esta comunidad en Medellín, ante la Fiscal 17 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Nubia Chávez, quien tiene a su cargo la investigación sobre el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es un colectivo campesino constituido el 23 de marzo de 1997 por cerca de 500 campesinos de 17 veredas, quienes decidieron organizarse para hacerle frente al conflicto armado declarándose neutrales ante la presencia de cualquier grupo armado, legal o ilegal, que hiciera presencia en sus territorios.
En sus 18 años de existencia han soportado señalamientos desde las altas esferas del Gobierno Nacional, y han sido víctimas de masacres, homicidios y hostigamientos contra sus integrantes por parte de grupos guerrilleros y organizaciones paramilitares en connivencia, según sus denuncias, con tropas del Ejército.
Desde su deserción en noviembre de 2008, alias ‘Samir’ ha sido uno de sus mayores detractores. En esta nueva ocasión rindió testimonio junto a los ex paramilitares del Bloque Bananero de las Auc Ricardo López Lora, alias ‘El Marrano’, y Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, quienes hicieron parte de ese frente de las Farc antes de convertirse en paramilitares; asimismo, Rafael García, ex militante del Epl convertido a paramilitar, y Raúl Hasbún Mendoza, empresario bananero y ex jefe del Frente Arlex Hurtado de las Auc, que delinquió en varios municipios del llamado Eje Bananero.
El propósito fundamental de la Fiscal 17 de Justicia y Paz para desarrollar una audiencia de estas características fue el de determinar el contexto social, económico y político del Urabá antioqueño durante las décadas de los setenta y los ochenta, así como las motivaciones que tuvieron las dirigencias de las Farc y el Epl para conformar frentes guerrilleros y células urbanas en esa región agroindustrial de Antioquia.
Lo que pretendió también la funcionaria judicial fue reconstruir las circunstancias que permitieron a comienzos de la década de los noventa la entrada de los paramilitares liderados por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, quienes conformaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), la cual se articularía posteriormente a las Auc.
Durante cuatro días, la fiscal interrogó a los ex guerrilleros y ex paramilitares sobre la creación de los bloques y frentes de las Farc y el Epl, sus relaciones con los sindicatos de trabajadores de las fincas bananeras y sobre el tema del despojo de tierras. Y fue justamente en este asunto que alias ‘Samir’ aprovechó la oportunidad para renovar sus denuncias contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
En uno de los momentos de de la audiencia, la fiscal le preguntó al ex guerrillero: “¿Usted recuerda si en las Farc dieron alguna directriz o diseñado un plan para apropiarse de tierras, que lo llamaran recuperación de tierras, o botín de guerra, o haber impulsado en la población civil grupos que fueran y se apropiaran de tierras?”.
En su respuesta, alias ‘Samir’, quien se incorporó a las Farc en 1985, admitió que conoció pocas acciones de la guerrilla en ese sentido, pero aseguró que conocía dos predios que le fueron expropiados a sus dueños y, posteriormente, entregados a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para su explotación y aprovechamiento.
El ex guerrillero hizo alusión, inicialmente, a un predio ubicado a tres kilómetros del corregimiento San José de Apartadó, jurisdicción del municipio de Apartadó. “La propiedad fue de Nicolás Gómez, jefe de las milicias de las autodefensas del partido comunista”, narró alias ‘Samir’. “Él fue trasladado a la zona sur de Antioquia y desapareció. No sé qué pasó con él. Esa finca la cogió el Quinto Frente de las Farc. Y hoy la tiene la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. No obstante, el desertor no explicó claramente cómo la dirigencia guerrillera le entregó el predio a esta comunidad.
En el que si ofreció mayores detalles fue en el caso de la finca La Roncona, ubicada también en el corregimiento San José de Apartadó. Según alias ‘Samir’, este predio perteneció a un señor conocido como Francisco Cortez, al parecer amigo cercano de Noel Matta Matta, alias ‘Efraín Guzmán’, comandante para esa época del 5° Frente de Farc, y de su hijo, Noel Matta Caviedes, también guerrillero de esa organización subversiva y conocido con los alias de ‘Aurelio Rodríguez’ y ‘Pichón’.
En noviembre de 1995, alias ‘Pichón’ cayó enfermo y dada la confianza que le tenía ‘Efraín Guzmán’ a Francisco Cortez, le pidió que se responsabilizara del cuidado de su hijo y de seguridad en Medellín, a donde tenía que viajar para hacerse un tratamiento médico.
“Pero estando en la ciudad, ‘Pichón’ es capturado y llevado a la cárcel Bellavista. Días después fue asesinado”. Por tal razón, según dijo alias ‘Samir’, la dirección del 5° Frente declaró a Francisco Cortez como objetivo militar. “Lo señalaron de entregar a ‘Pichón’ a la Fiscalía en Medellín”, A su vez, agregó el desertor, “decidieron apropiarse de la finca La Roncona”.
El ex guerrillero precisó que esa finca quedó sola por varios años, “y nadie la podía tocar porque en la zona se sabía que era de las Farc”. Estuvo así hasta el 2005. En ese año, indicó alias ‘Samir’, se le acercó Eduar Lancheros, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y le solicitó permiso para explotar ese predio. “Yo consulté a la comandancia del 5° Frente de las Farc y se les dio autorización”. Según el desertor, el predio hoy “está bajo la responsabilidad del consejo interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.
En la audiencia se hicieron presentes los familiares de Francisco Cortez, quienes esperan que el predio les sea restituido. Sobre este asunto, la Fiscal 17 de Justicia y Paz dijo que para determinar la propiedad de la finca era necesario aportar la documentación pertinente que demuestre su posesión. Además, durante el proceso de reclamo, deberán explicar cómo lo adquirieron.
Alias ‘Samir’ fue enfático al señalar durante buena parte de la audiencia que tanto Eduar Lancheros, como Gildardo Tuberquia, Clara Lagos, Wilson David, Gildardo David, Reinaldo Areiza y Diana Valderrama, como miembros del consejo interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tenían nexos con las Farc.
Al respecto de estos señalamientos, el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, vocero de la Comunidad de Paz, aseveró que las versiones, que constantemente entrega este desertor a las autoridades judiciales, hacen parte de una estrategia de las autoridades para deslegitimar el proceso campesino.
Giraldo Moreno dijo que desde noviembre de 2008, cuando desertó de las Farc alias ‘Samir’, su objetivo central “ha sido atacar a la Comunidad de Paz apoyado por la Brigada XVII del Ejército, donde reside. Se ha dedicado a hacer montajes en contra nuestra”. De lo que se trata, según el sacerdote, “es de destruir la reputación de nuestros líderes y principales acompañantes para justificar su exterminio”.
En un documento llamado El colapso ético de la justicia, fechado el 9 de junio de 2009 y firmado por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se insiste en demostrar que las versiones que entrega alias ‘Samir’ son falsas y, por el contrario, se reitera la tragedia que ha perseguido a sus miembros: “nosotros hemos sido víctimas de la criminalidad de las fuerzas armadas y de sus auxiliares paramilitares y hemos denunciado sin claudicaciones esos crímenes ante todas las instancias nacionales e internacionales”, indica el texto.
La situación de seguridad de la Comunidad de Paz ha sido tan crítica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales el 15 de marzo de 2005 a favor de sus integrantes, a través de las cuales insta al Gobierno Nacional a “proteger eficazmente la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. Tales medidas se tomaron luego de la masacre perpetrada el 21 de febrero de ese año contra ocho de sus miembros, entre ellos Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes más representativos de la comunidad, y varios menores de edad, quienes fueron descuartizados por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, apoyados por tropas del Ejército.
Al hacer referencia a la explotación de la finca La Roncona, el padre Giraldo aseguró que ese predio era un baldío y llevaba en esa condición por lo menos trece años, hasta cuando la comunidad decidió intervenir para explotar los recursos maderables que había allí. “Es falso que se lo hayan dado las Farc a la Comunidad de Paz”, insistió.
Tanto el padre Giraldo como el documento firmado por la comunidad coinciden en aclarar que los únicos acercamientos de Lancheros con alias ‘Samir’ “fueron en extremo conflictivos y se centraron en suplicarle respeto por las vidas de los campesinos y por los principios de nuestra Comunidad de Paz”. Al desertor, la Comunidad de Paz lo responsabiliza de cometer por lo menos 30 homicidios, entre los años 1997 y 2006, cuando comandó la Compañía Otoniel Álvarez de las Farc.
De acuerdo con el reglamento interno de la Comunidad, sus miembros “no podrán ser parte ni directa ni indirecta del conflicto”; asimismo, “deberán vigilar el respeto a la declaratoria de la Comunidad de Paz por parte de los actores armados; en caso de violación a ésta, se hará denuncia pública a nivel nacional e internacional; y, además, “no se suministrarán ni venderán artículos de ningún género a ninguno de los actores armados”.
Al final delos cuatro días de audiencia, la Fiscal 17 de Justicia y Paz tomo juramento a alias ‘Samir’ en relación con las denuncias presentadas contra varios integrantes de la Comunidad de Paz, quien ratificó que éstos tienen nexos con las Farc. Dado el protocolo judicial, el testimonio del desertor será remitido a la justicia ordinaria para que sea allí donde se adelanten las investigaciones respectivas.
Este es un nuevo proceso que enfrenta a alias ‘Samir’ con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sobre el cual el padre Javier Giraldo Moreno se mostró tranquilo, pues a su juicio, “ese desertor siempre ha mentido”.
