Aunque esta comunidad campesina del centro de Cesar advierte sobre varias amenazas contra su vida y seguridad alimentaria, no ha recibido medidas de protección. El pasado 7 de enero uno de sus líderes, Aldemar Parra, fue asesinado.
Lo que se ve atrás no es una montaña natural. Es la acumulación de sedimentos de la explotación de carbón provocada durante las últimas tres décadas por empresas mineras en el municipio de El Paso, Cesar. Foto suministrada ong Pensamiento y Acción Social (PAS).Aldemar Parra García había pescado en el río Calenturitas en la mañana y en la tarde del sábado 7 de enero, cuando se dirigía hacia el corregimiento La Loma, fue atacado por sicarios que le propinaron cuatro disparos. Sus asesinos se movilizaban en una moto de color rojo, sin placas, de marca Discover, y portaban casco.
El cuerpo sin vida del líder campesino fue encontrado por su hermana y varios habitantes de El Hatillo, quienes de inmediato avisaron a la Policía y a la organización no gubernamental Pensamiento y Acción Social (PAS) que acompaña a la comunidad en su proceso de reasentamiento desde hace seis años. También fueron informados del crimen el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y otras organizaciones acompañantes, como CoMundo Suiza, ASK, Pnud y la red de solidaridad de la comunidad.
Parra García era el presidente de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce), creada recientemente para impulsar proyectos productivos de las 190 familias que fueron desplazadas por la actividad de las empresas mineras asentadas en la regiónque lograron, desde finales de la década de noventa, títulos de concesión para explotación de carbón en los municipios de El Paso, La Jagua y Becerril otorgados por del antiguo Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas).
Tras el asesinato de Aldemar queda una mujer viuda y dos niños y un recién nacido huérfanos, así como preocupada una comunidad que desde junio de 2014 advierte amenazas y seguimientos contra sus líderes.
Al respecto, la Defensoría Regional del Pueblo emitió un informe de riesgo al finalizar 2016 en el que califica como “alta” la vulnerabilidad de varias comunidades del Cesar, entre ellas El Hatillo, por las recurrentes amenazas y agresiones contra sus líderes, principalmente los miembros de la Junta de Acción Comunal e integrantes de los Comités de Concertación y de Transición que buscan que las tres empresas multinacionales que explotan carbón en el municipio de El Paso cumplan con sus compromisos de ubicarlos en un lugar que garantice su salud y seguridad alimentaria.
La comunidad del Hatillo, integrada por más de 700 personas, es original de la vereda que lleva este nombre en el corregimiento de La Loma, en el centro de Cesar. Durante más de un siglo han trabajado esas tierras con siembras de maíz, plátano, algodón y pequeña ganadería, sin lograr que los institutos de tierras, primero el antiguo Incora y luego el Incoder, les formalizara la propiedad con títulos. Por el contrario, el gobierno nacional se concentró en concesionar las tierras a empresas mineras interesadas en la explotación de carbón.
Según lo documentó la organización PAS, la “fiebre” por el carbón se intensificó a comienzos del nuevo siglo cuando, tras la crisis energética global, las potencias mundiales exigieron la búsqueda de un sustituto del petróleo. Fue así como para 2003 Cesar alcanzó una producción de 19 millones de toneladas anuales del mineral, correspondiente al 40 por ciento del total nacional.
Y la producción no paró. El Ministerio de Minas y Energía trazó un plan para el aumento de la explotación, anunciando un incremento en las exportaciones de carbón en 70 millones de toneladas para 2012 y en 250 millones para 2018. El entonces Ingeominas no dudó en otorgar títulos a diversas empresas que llegaron al centro de Cesar para explotar el mineral.
Perjuicios a granel
Una imagen de contraste. Mientras en la cancha los niños se divierten jugando fútbol, el oxígeno que respiran está contaminado. De la ‘montaña’ de sedimento proviene polvillo de carbón, causándoles severas afectaciones respiratorias y de la piel. Foto suministrada ong Pensamiento y Acción Social (PAS).Tras el inicio de las labores de extracción, los habitantes El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón comenzaron a enfermarse; también se registraron afectaciones en el agua y el aire. Así quedó consignado en los registros del sistema de salud, por las diversas enfermedades respiratorias y de la piel por las que comenzaron a consultar los habitantes. La Corporación Autónoma Regional de Cesar (Corpocesar) aseveró que si las partículas de carbón en el aire sobrepasaban los niveles establecidos por las normas ambientales las comunidades debían ser reubicadas.
La comunidad venía denunciando, además, el riesgo contra su seguridad alimentaria, pues durante finales de los noventa la empresa Glencore desvió el río Calenturitas en 17 kilómetros, alterando el ecosistema y suministro vital para animales y cultivos.
En 2008 la Compañía de Carbones del Cesar S.A. comenzó el reasentamiento de El Hatillo, pero este proceso tuvo reveses cuando la concesión minera cambió de titular. En 2010, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial emitió una resolución en la que ordenaba a varias empresas mineras cumplir con los reasentamientos de las comunidades afectadas por la explotación del carbón. En una nueva resolución, esta cartera estipuló los porcentajes de responsabilidad de cada una de las compañías en esta orden. Pero el proceso ha ido a “paso de tortuga”.
“El reasentamiento de la comunidad de El Hatillo debía estar terminado, según la orden ministerial, en septiembre de 2012. Sin embargo, después de 6 años de haber sido ordenado, la comunidad aún no ha sido reasentada, por la falta de voluntad de las empresas mineras, la debilidad de las instituciones estatales responsables de hacer cumplir la reglamentación vigente y los múltiples incumplimientos de los acuerdos realizados entre la comunidad y las empresas mineras en la mesa de concertación”, denunció la organización Pensamiento y Acción Social en un comunicado que le envió a la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos el 11 de noviembre de 2016.
El Comité de Concertación fue creado en abril de 2012; inicialmente estuvo integrado por siete representantes de la vereda y en la actualidad son once miembros, siendo los voceros en la exigencia a las empresas para que cumplan con el reasentamiento, garantizando la vida y dignidad de la comunidad.
Riesgos de seguridad
Esta es una muestra de la intervención de minería de carbón en el centro del Cesar. Lo que era una sabana; es desde hace treinta años un cráter. Foto suministrada ong Pensamiento y Acción Social (PAS).PAS es reiterativa en advertir que las empresas mineras y sus operadores no han sido diligentes en el proceso y, por el contrario, a partir de 2013 comenzaron a señalar a la comunidad de frenar el reasentamiento, al punto de “desencadenar una serie de incidentes de seguridad”.
En las denuncias presentadas a diversas instituciones del Estado, está el robo ocurrido el 21 de junio de 2014 contra dos campesinos de la cooperativa de trabajadores de la vereda de El Hatillo y las llamadas intimidantes; en septiembre de ese año se amenazó a través de un panfleto a todos los líderes de la comunidad de no lograr un reasentamiento en julio de 2015. En abril de ese año otra líder fue amenazada tras realizar un viaje de incidencia a Europa con el que buscaba respaldo internacional al proceso de reasentamiento con garantía de derechos y denuncia frente a las dilaciones e incumplimientos en el mismo por parte del operador y las empresas mineras.
Durante 2015 las amenazas e intimidaciones continuaron contra otros líderes por medio de robos, llamadas, mensajes de texto y seguimientos. En 2016 la situación empeoró con la presencia de encapuchados que llegaron en moto hasta las viviendas de la comunidad, merodeando por varios días.
‘Los motorizados’ incrementaron su presencia en noviembre pasado, cuando la comunidad, liderada por los adultos mayores y a través del Presidente de la Junta de Acción Comunal con el apoyo de PAS, presentó una acción de tutela contra las tres empresas multinacionales que explotan carbón en El Paso (Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, exigiendo los derechos a la salud, vida y vivienda dignas, al territorio y a la alimentación campesina.
A principios de diciembre la comunidad se alertó aún más cuando entre las 12 y las 4 de la madrugada comenzaron a ver a hombres vestidos de negro o de caqui, botas de caucho y pasamontañas que rondaban por las calles y los patios de sus casas. En su informe, la Defensoría Regional del Pueblo ha advertido sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como ‘Los Urabeños’, ‘Clan Úsuga’ o ‘Clan de Golfo’, que aparecieron tras la desmovilización paramilitar.
En la actualidad son todos los representantes de la comunidad para el reasentamiento los que han sido amenazados o intimidados por estos encapuchados y motorizados, sin que haya un avance en las investigaciones por parte de las autoridades. Tampoco en el otorgamiento de medidas de protección efectivas y necesarias para salvaguardar la vida de los líderes y su comunidad, máxime ahora tras el asesinato de Aldemar Parra García, quien era un trabajador minero sindicalizado y sobrino del actual presidente de la Junta de Acción Comunal.
La comunidad de El Hatillo sigue enviando su llamado de socorro a la espera de una respuesta y solicitando a las empresas mineras que cesen sus señalamientos contra el comité de concertación y la comunidad de El Hatillo como los responsables de los retrasos en el proceso de reasentamiento, situación que acrecienta el riesgo de las familias y los líderes, y que ya le costó la vida a Aldemar Parra García.
