Una reciente decisión judicial detalló cómo al otrora jefe del Frente Arlex Hurtado, que operó en la región central del Urabá antioqueño, le quisieron arrebatar dos fincas que había entregado a la Fiscalía para reparar a las víctimas. Investigación encontró falsedades documentales e irregularidades en la adquisición de los predios por parte de los reclamantes.
Raúl Emilio Hasbún Mendoza, exjefe paramilitar del Urabá antioqueño.Al exparamilitar y empresario bananero Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, quien comandó el frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en la región central del Urabá antioqueño, lo intentaron despojar de dos fincas que entregó a la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz como parte de su compromiso para reparar a las víctimas, tal como le exige la Ley 975 de 2005.
Se trata de los predios La Josefa, de 44 hectáreas, y Rancho Largo, de 15 hectáreas, de la vereda Champitas, municipio de Chigorodó, las cuales adquirió Hasbún en 1999 a campesinos de la región sin que, según ellos, se hubiesen presentado amenazas intimidatorias o presión armada alguna, y por las cuales pagó cerca de 200 millones de pesos.
Ambos predios fueron ofrecidos por el exparamilitar en 2010 para que se admitieran en el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Para protegerlos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decretó medidas cautelares sobre ellos el 6 de febrero de 2012. Dos meses más tarde, el 12 de abril, fueron recibidos por el Fondo de Reparación a las Víctimas para su administración.
No obstante, el 7 de septiembre de ese mismo año, se presentó ante las autoridades respectivas un abogado que representaba los intereses de la viuda y los cuatro hijos de John Mario Martínez Bustamante, quien fue asesinado el 4 de marzo de2012, en un establo de la finca La Josefa, alegando que eran los propietarios de ambos predios y reclamaron su restitución, lo que derivó en un intenso debate jurídico de más de dos años en el que intentaron demostrar por todos los medios que eran sus legales poseedores. (Ver Fincas de Raúl Hasbún, bajo intensa disputa jurídica)
Para justificar su petición, el abogado alegó que, en vida, Martínez Bustamante adquirió el 50 por ciento de la finca La Josefa y el 100 por ciento de Rancho Largo, tal y como quedó consignado en las escrituras 1369 del 12 de octubre de 2011 y 129 del 3 de febrero de 2012, respectivamente, ambas registradas en la Notaría Única de Turbo.
Tras valorar los testimonios rendidos por los supuestos afectados, los antiguos dueños y las explicaciones del exparamilitar, así como los hallazgos de las investigaciones que se adelantaron al respecto, el magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín negó las pretensiones de los reclamantes y concluyó que lo que hubo sobre esos predios fue una cadena de engaños.
En su decisión, el magistrado advirtió que “existían evidentes y protuberantes irregularidades e ilegalidades al momento de transferir el derecho real de dominio a quienes hoy aparecen como actuales propietarios”; es decir, la documentación presentada por los reclamantes evidenciaba fraudes y falsedades que llevaron al funcionario judicial no solo a negar las pretensiones derestitución sino también a ordenar a la Fiscalía una investigación penal por tales hechos.
Para el funcionario judicial, quedó probado que el propietario legítimo de La Josefa era el exparamilitar Hasbún, quien pese a haberla adquirió por medios lícitos nunca firmó escritura alguna dada su condición de integrante de un grupo armado al margen de la ley.
‘El negociado’ con La Josefa
La historia con este predio comenzó en 1999, cuando Onofrio Moreno decidió vendérsela a Hasbún, quien para esa época ya se había instalado en Chigorodó como jefe paramilitar de una facción que operaba entre Mutatá y Apartadó, sobre el llamado Eje Bananero.
Moreno era propietario del 50 por ciento de la propiedad y su esposa, Sofía Echeverri, de la parte restante. Pese a que el negocio lo hizo su esposo, ella no puso objeción alguna, entre otras cosas, porque, como declararon ambos en los estrados judiciales, no hubo amenazas ni presiones de por medio.
“Yo vivía para ese año en Medellín, estaba muy enferma y no estaba pendiente. No hubo presión de por medio ni mucho menos amenazas. Y el precio pagado era justo para ese año. Él la vendió porque no quería tener a ese señor (Hasbún) de vecino”, declaró Sofía Echeverri durante la etapa de juicio.
Moreno le solicitó en reiteradas ocasiones a alias ‘Pedro Bonito’ que realizaran las escrituras, para que el trato quedara cerrado de manera definitiva. “Pero siempre me opuse porque yo era un ilegal. Además, a mí no me gustaba la tierra, no esperaba vivir de ella”, le respondió Hasbún al magistrado cuando fue interrogado al respecto.
El exparamilitar detalló que vivió en ese predio hasta el 2004 y después no se volvió a ver por la región. Tal circunstancia fue aprovechada por uno de sus subalternos en 2009. En noviembre de ese año, Geovides Ortiz, conocido con el alias de ‘Chilapo’, mano derecha en la región de Hasbún, citó en Chigorodó a Moreno con un objetivo concreto: firmar las escrituras de la venta de La Josefa. “Como era por recomendaciones de ‘Chilapo’, pues acudí”, aclaró Moreno. Así, el 12 de noviembre de 2009 se registró el negocio en la Notaría Única de Chigorodó mediante la escritura 1385, quedando como nuevo propietario Sergio Alberto Foronda.
Extrañamente, el 14 de septiembre de 2010 se autenticó un poder en la Notaría 27 de Medellín en el que Sofía Echeverrí autorizó al abogado Diomer Mauricio Grisales para que la representara en la venta del 50 por ciento de la finca La Josefa al señor León Ricardo Avendaño, negoció que se legalizó mediante escritura 3364 del 24 de septiembre de 2010 en la Notaría 19 de la capital antioqueña.
“Yo no conozco a ninguno de los dos señores, ni he estado en esa notaría”, declaró la señora al ser interrogada sobre el particular y denunció que la firma que llevaba el poder entregado al abogado para que la representara no era la suya. Efectivamente, análisis grafológicos ordenados por el magistrado permitieron establecer que ni la rúbrica ni el número de cédula asentados en el poder correspondía a los de Sofía Echeverri.
La Josefa fue negociada un par de veces más. El 6 de diciembre de 2011 se firmó la escritura 1618 de la Notaría Única de Turbo con la que Moreno supuestamente vendió el 50 por ciento de la finca a Jorge Enrique Arias Castro, quien figura como actual propietario. Al ser cuestionado al respecto por la autoridad judicial, Arias Castro dijo inicialmente que Moreno le ofreció la propiedad, pero luego indicó que un amigo suyo, de nombre Jonh Mario Martínez Bustamante, ya era propietario del 50 por ciento del predio y le recomendó comprar la mitad restante.
“John Mario me dijo que el señor Onofrio estaba vendiendo la mitad de la finca La Josefa. Él me llamó, pactamos negocio, que una parte se la pagaba en plata y la otra en ganado. Él aceptó y quedamos que él iba a mandar a un señor con un poder, queél no podía venir a Urabá porque estaba en La Dorada”, respondió Arias Castro durante el interrogatorio.
El nombre de Jonh Mario Martínez fue decisivo para resolver el litigio. Según consta en la escritura 1369 del 12 de octubre de 2011, este hombre le compró el 50 por ciento de la Josefa a León Ricardo Avendaño.
Las pesquisas realizadas por el despacho del magistrado permitieron establecer que Martínez se desempeñó como empleado de almacenes Éxito, sede Apartadó, y en los últimos años de su vida a la venta de ceviches en un puesto callejero. “¿Cómo pudo una persona como él tener el dinero para adquirir estas propiedades?”, se preguntó el magistrado. Desafortunadamente, la pregunta no se pudo responder pues este supuesto comprador fue asesinado el 4 de marzo de 2012 en Chigorodó.
Tanto la primera esposa de Martínez como como su última compañera, quienes comparecieron al juicio, coincidieron en describirlo como un hombre trabajador, pero también afirmaron que no le conocían ingresos suficientes como para adquirir bienes rurales en Urabá. Asimismo, el magistrado encontró varias incoherencias en los relatos de quienes figuran como actuales propietarios, por cuanto no lograron explicar cómo conocieron a los anteriores propietarios de la finca La Josefa.
Lo anterior llevó al funcionario judicial a sentenciar que “es claro que el derecho real de dominio sigue en cabeza de Raúl Hasbún, así no haya escritura de por medio que así lo acredite”, añadiendo además que “la cadena de tradiciones posteriores a la negociación con el postulado son el producto de actuaciones irregulares e ilegales, por lo que se torna ilegítimo acceder a las peticiones de quienes figuran actualmente como propietarios pues el delito no es fuente para conceder derechos”.
Con esta decisión, que no fue apelada por los reclamantes, la finca La Josefa pasará de manera definitiva al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con lo cual se satisface uno de los requerimientos de la Ley de Justicia y Paz para que este postulado acceda a los beneficios jurídicos, entre ellos una pena alternativa de ocho años de cárcel.
Los enredos de Rancho Largo
En la misma providencia de La Josefa quedó consignada la decisión con respecto al predio Rancho Largo, colindante con aquel, y que también fue adquirido por Hasbún en 1999. En ese año, Manuel Salvador Estrada, propietario del predio, decidió ofrecerle al entonces jefe paramilitar su finca, de 15 hectáreas, quien aceptó el ofrecimiento. El encargado de cerrar el trato fue alias ‘Chilapo’.
Tal como ocurrió con La Josefa, Estada le solicitó varias veces a Hasbún que hicieran escrituras y cerraran legalmente la transacción del predio, pero el jefe paramilitar siempre se negó alegando su permanencia en la ilegalidad, asunto que fue explicado durante el juicio.
Este predio también fue transado varias veces hasta llegar a manos de John Mario Martínez Bustamante. Su familia, a través del abogado que los representa, alegaron que su esposo y padre adquirió la totalidad de la finca y para demostrarlo mostraron la escritura pública 129 de la Notaría Única de Turbo en la que se observa que le compró a Hanet Álvarez Correa.
Tal como se constató en el litigio de La Josefa, quienes se consideran los actuales propietarios de Rancho Largo tampoco lograron explicar cómo conocieron a los anteriores dueños de este predio, lo que le generó bastantes dudas al magistrado, por lo que la decisión tampoco les fue favorable a los reclamantes.
Los problemas jurídicos de este predio son más complejos, según lo pudo establecer el despacho del magistrado. Sus investigaciones concluyeron que éste fue adjudicado irregularmente por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), lo que lo convierte, según la decisión, en un predio que jurídicamente no existe y, por tanto, es improcedente decretar cualquier clase de medida sobre él, incluida su restitución a quienes lo reclaman y su traslado al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
El litigo jurídico permitió establecer que la adjudicación del predio hecha por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) a Manuel Salvador Estrada, en 1990, fue irregular, debido a que, en realidad, no se trataba de un baldío de la Nación sino una parcela que pertenecía a una finca de mayor extensión llamada Carnaval.
Dicha adjudicación fue anulada años después por el propio Incora, decisión que fue impugnada por Estrada ante el Tribunal Superior de Antioquia, que falló en 2002 confirmando la anulación. El litigio llegó hasta el Consejo de Estado, tribunal que, en 2009, confirmó la decisión del Tribunal. Así, según el magistrado, “la inexistencia jurídica del predio Rancho Largo e, igualmente, el no reconocimiento de terceros poseedores al interior del predio hace que la medida cautelar se torne improcedente”.
Lo que evidenció este litigio jurídico fue que, después de la entrega de Hasbún a las autoridades judiciales, en 2008, varios de sus subalternos decidieron negociar a sus espaldas estas fincas para quedarse con el dinero, cometiendo una larga cadena de fraudes y falsedades. No obstante, no se pudo ahondar más en detalles por cuanto alias ‘Chilapo’ fue asesinado a finales de 2009.
Por lo pronto, lo único claro es que el otrora empresario bananero y jefe paramilitar, hombre de confianza de Carlos Castaño y cerebro de la financiación de las Auc en el Urabá Antioqueño, por poco termina siendo víctima de un despojo de tierras. Esas son las paradojas de la guerra.
