En Bogotá, Cesar, Magdalena y Bolívar, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Acción Social, personerías, y abogados y líderes de víctimas están recibiendo panfletos amenazantes con información sorprendemente detallada.
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| Panfletos amenazantes recorren diferentes partes del país a nombre del Bloque Norte y las Águilas Negras. Foto: Semana |
Después de la desmovilización de las Auc, el gobierno ha insistido en que ya no existe el paramilitarismo y lo que queda son bandas de criminales dedicadas al narctoráfico. Sin embargo, los ataques de carácter político e ideológico contra organizaciones sociales y civiles no han cesado. Y en esta semana, quienes se hacen llamar Águilas Negras han ido más lejos: están amenazando a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de Acción Social, que dependen de la Presidencia, y a varios personeros municipales.
Los panfletos no sólodevelan que el carácter de estas ‘Aguilas Negras’ no es meramente de delincuencia común, sino que además muestran que están teniendo acceso a información que normalmente circula sólo en el mundo de la protección y apoyo institucional a las víctimas y a otras poblaciones vulnerables.
Dos graves amenazas han ocurrido en los últimos días. Una fue en Bogotá y otra en Cesar, Magdalena y Bolívar. Ambas de las Águilas Negras y las dos se basan en información que manejan las autoridades dirigida a objetivos muy puntuales que no suele conocer cualquier ciudadano.
En Bogotá, el que se identifica como ‘Bloque Metropolitano’ de ese grupo paramilitar puso a circular desde el 9 de mayo un panfleto firmado por ‘el comandante Camilo’. En él, las Águilas Negras dicen que han iniciado el “total rearme de las fuerzas paramilitares”. Y advierten que seguirán “recurriendo al exterminio de toda clase de escoria social”, que para este grupo armado son, sin distingir ciudadanos de bien y líderes sociales o delincuentes, guerrilleros, sindicalistas, pandillas, ladrones, jaladores de carros, prostitutas, homosexuales y vendedores y consumidores de drogas.
Según esa amenaza, la presencia de las Águilas Negras en el sur de Bogotá es “de conocimiento público gracias a los sapos del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo”.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es una dependencia que analiza los comportamientos de los grupos armados y avisa a las autoridades sobre posibles hechos de violencia contra civiles antes de que ocurran y para que los prevengan.
Desde 2005, el SAT ha venido informando de posibles actos de violencia en Ciudad Bolívar, Soacha y Bosa. Entre los anuncios que ha hecho durante todo este tiempo, está la llamada limpieza social que quieren hacer estos paramilitares.
Esa información, el SAT la entrega muy detallada a un comité conformado por el DAS, el Ejército, la Policía, los ministerios de Defensa y del Interior, Acción Social y la Vicepresidencia de la República.
Normalmente, esa información es manejada con cautela. Suele ser discutida con autoridades regionales y locales y, en ocasiones, con organizaciones no gubernamentales. Aunque se considera información pública, para conseguirla hay que pedírsela directamente a la Defensoría, que sí la suministra, pero luego de depurar algunos detalles. Por ejemplo, a los medios de comunicación suelen entregar información muy general y sólo una parte muy pequeña se publica en comunicados de prensa.
Por eso, no se entiende muy bien cómo las Águilas Negras obtuvieron la información que escriben en su panfleto. Uno de los detalles que dan allí, es que el SAT ha informado sobre la operación Fase A del ‘Bloque Metropolitano’ en varios lugares del sur de Bogotá.
En efecto, el 2 de mayo de 2008, la Defensoría alertó a las autoridades sobre una amenaza a medios de comunicación, ONG, políticos y líderes que había circulado meses antes en la que ese grupo paramilitar hablaba de aquella Fase A. ¿Cómo se enteraron las Águilas Negras de que el SAT había informado a las autoridades al respecto? ¿Por qué están tan bien informados?
En el panfleto que pusieron a circular esta semana, además de referirse con ese despectivo término de ‘sapos’ a estos funcionarios de la Defensoría que están cumpliendo con su deber según se lo ordena la ley, las Águilas Negras amenazan nuevamente a varias organizaciones civiles y sociales.
En el panfleto dicen que su lista de objetivos militares está conformada por la senadora Piedad Córdoba, el Movimiento Juvenil Bolivariano, Guardias Rojos, Brigadas Antiimperialistas, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (y escriben la dirección exacta donde quedan sus oficinas), la Corporación Sembrar, la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Corporación Reiniciar, la Corporación Yira Castro, la Fundación Manuel Cepeda, Asonal Judicial, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Minga, Fundip, Asomujer, Tao y Codhes. Además, se refieren con nombres exactos a varias personas que trabajan con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), liderado por Iván Cepeda.
Muchas de estas organizaciones han sido ampliamente reconocidas internacionalmente y valoradas por decenas de colombianos por su valiosa y valiente tarea de desarrollo social o de protección y apoyo a las víctimas del conflicto. Pero desconociendo su legitimidad social, y apelando al único argumento que suelen tener estos grupos criminales, la violencia y el amedrentamiento, los panfletos de las Águilas les dicen “guerrilleros de civil” y “estafetas de la guerrilla”. Y dejan claro al final de su amenaza que “no somos bandas emergentes. Somos Águilas Negras y estamos presentes, somos el ejército de la restauración social”.
Justicieros
Otra amenaza bien documentada empezó a circular el 8 de mayo en Cesar, Magdalena y Guajira. La envió el supuesto ‘Bloque Norte’ de ese mismo grupo paramilitar. Allí, declararon objetivo militar no sólo a funcionarios de la Defensoría, sino de Acción Social, a personeros municipales y a abogados y líderes de los desplazados.
La amenaza dice que “hemos detectado una banda de abogados y funcionarios… que hace algún tiempo están operando en estos departamentos dedicándose al robo y estafa, aprovechándose de los desplazados y otros bandidos que se están haciendo pasar por desplazados sin serlo, que no quieren trabajar sino que pretenden que el Estado los mantenga”.
Precisamente, Acción Social ha denunciado a varias personas y funcionarios que, se presume, están ganando dinero tramitando ayudas para los desplazados y cobrándoles por diligenciar tutelas o derechos de petición. También hay otros que se hacen pasar por desplazados sin serlo.
A esas personas, las Águilas Negras les dicen que si quieren ser desplazados, “no se preocupen, les vamos a dar el gusto. Serán objetivo militar y sufrirán un verdadero desplazamiento”.
Llama mucho la atención lo informados que están estos paramilitares sobre este problema. En su amenazante comunicación, dicen que “según informes del mismo gobierno, en los últimos dos años, con ocasión de los autos de la Corte Constitucional, se han presentado más desplazados que en los años 2002 y 2003, cuando el conflicto estuvo en su punto más álgido, lo que indica que al Estado lo está robando esta nueva mafia que ha emergido, pero que nosotros detendremos”.
Los autos a los que se refieren son órdenes que ha dado la Corte Constitucional para brindarles atención a los desplazados hasta que sean capaces de sostenerse económicamente por sí mismos, situación que, al parecer, ha sido aprovechada por algunas personas para conseguir fácilmente dinero del Estado.
SEMANA consultó con fuentes de la subdirección de Atención a Población Desplazada de Acción Social, quienes dijeron que el funcionamiento de esos grupos que tramitan las ayudas para falsos desplazados o que cobran por tutelas no es confidencial, y la conocen muchos en esos departamentos. Y dejó claro que no tiene información de funcionarios de su entidad que estén involucrados en esos trámites.
Dijo que irregularidades como éstas son denunciadas ante la Fiscalía o la Procuraduría. Se han puesto denuncias sobre algunos abogados y personas o funcionarios de personerías, pero ninguna contra gente de la Defensoría o Acción Social. En este momento, es la justicia la que tiene en sus manos investigar a estas personas que supuestamente están beneficiándose de los dineros de los desplazados. Y por supuesto, lo que debe pasar es que se les aplique la ley, y no que unos autodenominados justicieros la apliquen arbitrariamente, como lo dicen pretender estos miembros de las Águilas.
Lo que argumentan estos ‘paras’ es que con violencia, “van a resolver lo que el Estado legalmente no puede”.
¿Por qué está tan bien informado este grupo paramilitar? ¿Quién les dijo que supustamente la justicia no está operando en estos casos? ¿Conocen información que es reserva del sumario en procesos judiciales?
Estas nuevas amenazas son de suma gravedad porque amedrentan y debilitan, la de por sí insuficiente atención que le da el Estado a las víctimas y a las poblaciones marginales y vulnerables. Además siembran la desconfianza entre los mismos funcionarios estatales, pues no se sabe quién puede estar pasando esta información a las Águilas.
Por eso es urgente que la Policía, la Presidencia, Fiscalía, Defensoría, Procuraduría formen equipo para investigar y detener esta ola de amenazas y de violencia.
Es el respaldo que se merecen los funcionarios de bien de estas entidades que suelen trabajar muchas horas, con gran dedicación y un compromiso que va mucho más allá de lo que estrictamente les obliga su función.
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