En el sur de Bolívar 370 familias campesinas están en riesgo de ser desplazadas por la banda criminal Los Urabeños. La Defensoría emitió un informe de riesgo.
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La Defensoría del Pueblo advirtió que las familias de El Garzal están en inminente riesgo de ser desplazados. Foto archivo Semana -De aquí no nos vamos (multimedia) |
La Defensoría del Pueblo emitió in informe de riesgo y realizó varias recomendaciones a las autoridades de Bolívar para que pongan atención sobre El Garzal, un corregimiento de Simití en el sur de Bolívar, donde por lo menos 370 familias están en riesgo de ser desplazadas por la banda criminal conocida como Los Urabeños o Águilas Negras.
Después de escuchar las denuncias de la comunidad y de realizar el 3 de diciembre de 2011 una visita junto a representantes de la Embajada de Suiza en Colombia y de las ong internacionales Swissaid, Suippcol, el Equipo Cristiano de Acción por la Paz y Ask!, el Ministerio Público concluyó que El Garzal está en un “alto nivel de riesgo” y su población es vulnerable. (Lea el comunicado).
El Garzal está ubicado sobre la cabecera municipal y está integrado por las veredas Tierra Firme, Betel, Tierra Linda, Belén y Nueva Esperanza. Al menos 200 familias, de las 370 que viven allí, le reclaman al gobierno desde hace 30 años que les titule las parcelas que cultivan con plátano, fríjol, maíz, arroz, yuca, cacao y frutales. Sin embargo, durante esas tres décadas no han podido vivir con tranquilidad porque es una tierra fértil, bañada por el río Magdalena, con ciénagas y humedales, apetecida por los grupos armados ilegales.
Según lo documentó la Defensoría, Los Urabeños delinquen en esta zona para controlar las rutas por donde transportan los insumos para la producción de cocaína provenientes de los municipios de San Jacinto del Cauca, Achí y Tiquisio hacia San Pablo, en el sur de Bolívar, y Barrancabermeja, en Santander, en una disputa constante con Los Rastrojos, otra banda criminal.
VerdadAbierta.com habló con un campesino de la región quien contó que el temor volvió a principios de noviembre de 2011 cuando entre los cultivos de cacao vieron a dos hombres armados escondidos como esperando a los campesinos dueños de esa parcela. El 26 de noviembre, saliendo de una reunión en la vereda Nueva Esperanza, los campesinos esta vez vieron a un grupo más grande de hombres armados que llegaron hasta el lugar y patearon a los perros de esa finca en son de amenaza.
A principios de diciembre el mismo grupo armado amenazó a los habitantes de varias veredas. Les dijeron que el 10 de diciembre debían ir a una supuesta fiesta, sin excepción de las mujeres y los niños. El pretexto era el paso de paramilitares hacia San Pablo, en el Sur de Bolívar.
Desde entonces no pueden dormir ni trabajar tranquilos. Ahora menos cuando les llegó el rumor de que la situación iba a empeorar. “Nos dijeron que en estos días un grupo paramilitar iba a entrar a El Garzal a cometer una masacre y a desplazar todo el pueblo”, dijo un campesino.
Antes del reciente informe de riesgo, la Defensoría había emitido otro el 12 de noviembre de 2011 para los municipios vecinos de Norosí, Tiquisio y Arenal advirtiendo que desde 2008 Los Urabeños delinquían allí en alianza con las Farc traficando drogas, explotando minas de oro y realizando extorsiones y secuestros en la región.
El riesgo que corren los pobladores del sur de Bolívar fue advertido incluso desde 2009, cuando la Defensoría hizo una nota de seguimiento a una alerta emitida ese año. Para entonces el Ministerio Público indicó que en San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, así como de manera particular el corregimiento de El Garzal, “la situación de violencia se había incrementado con grave afectación de los derechos y libertades fundamentales de la población”, por la presencia de la guerrilla y las bandas criminales que aparecieron después de la desmovilización de las Auc.
En el caso de El Garzal, además del temor por sus vidas, los campesinos tienen miedo de que el gobierno no les concrete la titulación de las parcelas que llevan cultivando desde hace varios años. La angustia es porque una familia, según explicaron, está tramitando títulos para que esas tierras no les queden a los campesinos.
“Las personas que quieren quedarse con el terreno quien incluir en ese globo de tierra las zonas de humedales y diez ciénagas que son ricas en peces. Esta es una tierra muy fértil y una despensa de bocachico que surte los mercados de Aguachica, Gamarra, Barrancabermeja y Bucaramanga”, explicó otro de los campesinos de la zona.
Qué sucede en El Garzal
Hace por lo menos 30 años un grupo de 160 familias se asentó en el corregimiento de El Garzal, una isla ubicada en el municipio de Simití, en el sur de Bolívar, bordeada por los ríos Magdalena y Santo Domingo. Sus tierras son fértiles, aptas para los cultivos de pancoger y ricas en recursos hídricos por los humedales y las diez ciénagas distribuidas en el territorio.
Por ser un punto estratégico, como corredor fluvial y terrestre, es apetecido por los grupos armados ilegales. Según las autoridades, el operativo llamado República Drako, realizado en octubre de 2011, destruyó 15 laboratorios para el procesamiento de cocaína en Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa.
Pero esta historia tiene antecedentes. En la década de 1980, Manuel Enrique Barreto llegó a El Garzal y bautizó la tierra donde se asentó como finca Sucumbeza. Esta finca fue allanada tras el secuestro del Fokker de Avianca el 12 de abril de 1999 por el Eln, que ese día aterrizó en una pista clandestina que colindaba con esta finca.
Según los campesinos, El Garzal ha sido golpeado por varios años por los grupos armados ilegales. Primero por la guerrilla, principalmente el Eln, después por las Farc y luego por los paramilitares que llegaron durante la expansión de las Auc desde Córdoba a finales de 1998. Entre ese año y marzo de 2011, de Simití salieron desplazadas 10.424 personas según el Registro de Población Desplazada de Acción Social.
A partir de las confesiones de los ex paramilitares, la Unidad de Justicia y Paz documentó que la incursión al sur de Bolívar fue planeada varias veces por la Casa Castaño y que fue en el tercer intento que terminaron instalando una base en esta zona.
“Tal como se había dispuesto por los mandos superiores, nuestros hombres se pusieron en marcha hacia el corregimiento de Mico Ahumado… Nuestros hombres marcharon sin mayores contratiempos, sin embargo, cuando se acercaban al objetivo los sorprendió una emboscada guerrillera… Un poco de tiempo después llegaron los otros dos contingentes y posteriormente arribó el comandante Mancuso. En el sitio se impartieron nuevas órdenes, entre ellas, la de agregar un destacamento de 120 hombres al grupo nuestro… Llegados a Fontes, el comandante ‘Ramiro’ ordenó continuar hacia el corregimiento de San Blas”, dijo en una versión libre Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar, Bcb. (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar)
Según la Fiscalía, así los paramilitares llegaron al caserío de San Blas y comenzaron a delinquir en Monterrey, San Pablo, Cantagallo y Simití. San Blas se convirtió en la base del Bcb, ya que sus vías facilitaban la comunicación y sus cerros permitían tener visibilidad sobre las veredas de su interés.
Los campesinos que cultivaban estas tierras, de las cuales estiman 5 mil hectáreas son baldíos o de la Nación y de 6 mil hectáreas son ciénagas, le solicitaron al entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, que les titulara parcelas. El Incora fue liquidado en 2003 y cuando los campesinos fueron a averiguar por la promesa que les había hecho el instituto de tierras encontraron que de las 130 solicitudes de titulación, 64 habían sido atendidas y ahora estaban a cargo del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder.
Sin embargo, según los campesinos, Barreto solicitó la revocatoria de esos títulos en 2005 y el instituto de tierras decidió entonces echar para atrás la decisión de entregarles tierras. “Las tierras baldías pueden ser adjudicadas. Llevamos muchos años cultivándolas. El Incoder envió a unos funcionarios en octubre de 2011 a hacer una verificación pero no sabemos en qué quedó el proceso”, dijo Salvador Alcántara, líder de El Garzal.
Con la puesta en marcha de la Ley de Víctimas en 2012 será el Gobierno quién resuelva los títulos de esta comunidad. “Le pedimos al Estado que nos dé garantías para continuar en nuestras tierras y sobre todo que nos legalice los predios urgente después de tantos años. No queremos agrandar la lista de desplazados”, dijo Alcántara.
Las recomendaciones
En el comunicado emitido, la Defensoría hizo un llamado a la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Simití para que le brinde medidas de protección a la población y gestione ante las autoridades la presencia de unidades policiales que investiguen y combatan a los grupos armados ilegales que hay en la zona. Lo mismo hizo con la Fiscalía, pidiéndole que realice una radiografía del crimen en la región y así identifique y judicialice a los delincuentes.
El Ministerio Público también le recomendó al Comando de Policía del Magdalena Medio y al Ejército que realicen operativos permanentes por las arterias fluviales y terrestres que comunican a El Garzal para combatir a los grupos ilegales, y le pidió a Acción Social que diseñe una estrategia de prevención del desplazamiento forzado y active el Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada.
