Una de las noticias más importantes en los últimos cincuenta años, como lo fue el desarme, la reincorporación a la vida legal y la participación en política de la guerrilla más antigua de América Latina, que condujeron al final de un prolongado conflicto armado interno, se ha convertido en un factor disonante y distanciador entre la sociedad colombiana. Hay avances en la implementación de lo pactado, lo dice el gobierno nacional, pero no en los porcentajes deseados, afirman desde las regiones amplios sectores sociales. El balance es agridulce. Ofrecemos un recorrido visual por este hito de la historia nacional.
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El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera luego de realizar las modificaciones requeridas tras la victoria del No en el plebiscito. En el nuevo documento se dejó claro que el Acuerdo no pasaría a formar parte de la Constitución; que la JEP tendría un límite de años de operación; y que las Farc deberían declarar sus bienes y activos (posteriormente empleados para reparar a las víctimas del conflicto), entre otros. Foto: Presidencia de la República.

Cuatro meses antes de firmarse el Acuerdo de Paz, el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron el texto final del Acto Legislativo para la Paz, que contenía las herramientas necesarias para blindar e implementar lo pactado en La Habana, Cuba, con las extintas Farc, y desarrollar sus estrategias de implementación. Aún sigue en deuda la creación de 16 curules en la Cámara de Representantes para víctimas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, de la denominada Circunscripción Especial de Paz. Foto: Senado de la República.

Por la vía legislativa especial se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se aplicarían en 170 municipios del país afectados por la guerra y se adoptaron medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, entre ellas el Fondo de Tierras. Los PDET avanzan a marchas forzadas y según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se tenían un millón 404 mil hectáreas en el Fondo a mayo de este año, pero sólo se han entregado 30.360 hectáreas. Foto: cortesía Corporación Forjando Sueños.

Según el séptimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz, realizado por el CINEP y el CERAC, y difundido el pasado mes de septiembre, “la información sobre el acceso y la formalización de tierras no es clara, por lo que es muy difícil verificar cuál ha sido la magnitud de los avances, si las tierras ingresadas en el Fondo (de Tierras) están realmente disponibles para su distribución gratuita entre los beneficiarios definidos” por el Acuerdo de Paz. Foto: Juan Diego Restrepo E.

La participación en política era un componente esencial del Acuerdo de Paz. En el documento se pactaron diez curules en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, destinadas a los exjefes guerrilleros. Este compromiso se hizo efectivo pese a la resistencia de sectores políticos de derecha y de la decisión de Luciano Marín Arango (‘Iván Márquez’) y Seuxis Pausias Hernández (‘Jesús Santrich’) de rearmarse en 2019. Ambos tenían asegurado su puesto en el Legislativo. Foto: Partido Farc.

Uno de los temas destacados en el Acuerdo de Paz sobre Participación Política es la presencia de las mujeres de las extintas Farc en el Senado. Entre los cinco senadores del Partido Farc, hay dos exguerrilleras: Judith Simanca Herrera, conocida en las filas insurgentes como ‘Victoria Sandino’ (en la foto) y Griselda Lobo, también llamada ‘Sandra Ramírez’. Su presencia activa en el Congreso es uno de los logros de lo pactado en La Habana, Cuba. Foto: Senado de la República.

La entrega oficial de armas de las Farc se hizo en tres momentos; el primer 30 por ciento fue el 4 de junio de 2017; el segundo 30 por ciento se entregó el 14 de junio; y la última parte fue desde el 21 hasta el 27 de junio, certificada por la Misión de Verificación de la ONU, organismo que contabilizó 7.132 armas y 22.077 kilos de explosivos, además de recibir información sobre 873 caletas y 42.142 armas que fueron incautadas por el Ejército o perdidas en combates, antes del Acuerdo de Paz. Fue un hecho histórico que, para muchos, significó dejar atrás más de 30 años de guerra. Foto: Bibiana Ramírez.

Por lo menos 13.202 combatientes, militantes presos y milicianos fueron registrados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Después de la firma del Acuerdo de Paz, se concentraron, desde diciembre de 2016, en los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y el 30 de enero de 2017 comenzaron su traslado a las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) donde se fortaleció su reincorporación a la vida legal. Esas zonas se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Tres de estos sitios fueron eliminados por el gobierno nacional: Vidrí, en Vigía del Fuerte (Antioquia); Gallo, en Tierralta (Córdoba); y Santa Lucía, de Ituango (Antioquia). Foto: Bibiana Ramírez.

Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 242 excombatientes de las extintas Farc, lo que ha prendido las alarmas de organizaciones nacionales e internacionales porque es la evidencia de que las garantías de seguridad no se están cumpliendo. Fue por ello que a mediados de octubre pasado cientos de reincorporados salieron en caravana, desde los ETCR hasta Bogotá, para protestar contra esos crímenes; además, para seguir insistiendo en el cumplimiento de lo pactado en La Habana, Cuba. Foto: Bibiana Ramírez.

Desde 1985 hasta 2018, 11.652 personas han sido víctimas de minas antipersonal en el país, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Con la firma del Acuerdo de Paz, 25 países que hacen parte de la Iniciativa Global de Desminado para Colombia, aportaron 80 millones de dólares para limpiar de minas amplios sectores rurales en cinco años. A 2016, sólo 25 municipios estaban libres de sospecha de minas antipersonal. Hoy, según cifras oficiales, 346 municipios están limpios con el proceso de desminado humanitario. Foto: cortesía Humanity & Inclusion (HI).

Uno de los temas acordados con las extintas Farc que más esperanzas generó en diversas regiones del país fue el de la solución al problema de las drogas, que incluía el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). No obstante, pasados cuatro años, los resultados no son los esperados debido a los incumplimientos en los que ha incurrido el gobierno nacional para atender a las familias que se acogieron a esa iniciativa. Incluso, muchas han vuelto a cultivar ante la falta de los proyectos productivos y la asistencia técnica prometida. Foto: Juan Diego Restrepo E.

En varias regiones del país, ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos en el PNIS, sectores campesinos se han enfrentado a la Fuerza Pública por las acciones de erradicación forzada. Más allá del incumplimiento en los pagos y los proyectos productivos ofrecidos, los labriegos plantean que para hacer rentable la sustitución, el Estado debe desarrollar y acoger esas regiones más allá de la militarización que, indican, los ha llegado a estigmatizar en varias ocasiones. Foto: cortesía Voces del Guayabero.

El PNIS empezó a operar en junio de 2017, cuando 54.576 familias de 2.490 veredas en 15 departamentos del país se vincularon con acuerdos individuales. Sin embargo, el cumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos adquiridos con los campesinos ha sido deficiente, es especial con los pagos establecidos para los campesinos, la asistencia técnica y la ejecución de proyectos productivos de largo aliento. Además, los firmantes de esta iniciativa padecen la presión de grupos armados ilegales para que se retiren. Cientos de labriegos se han movilizado para exigir lo acordado. Foto: Bibiana Ramírez.

Al cumplirse cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de sancionar los crímenes que miembros de las Farc y de la Fuerza Pública cometieron con ocasión al conflicto armado, abrió seite macrocasos, agrupando crímenes que ocurrieron en determinadas regiones o por graves hechos puntuales como el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento forzado. Foto: JEP.

La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), que tiene el mandato de producir para el 28 de noviembre de 2021 un informe que dé cuenta de los orígenes y efectos del conflicto armado, con el espíritu de que no vuelvan a repetirse, ha recogido miles de testimonios de víctimas, decenas de informes de organizaciones sociales y realizado foros de temas puntuales de la guerra. Foto: CEV.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, junto con parientes de víctimas y comunidades de diversas regiones del país, construyó su Plan Nacional de Búsqueda y ha realizado jornadas de exhumaciones y entrega de restos a sus familias. Hasta ahora, ha recuperado 24 cuerpos en medio de sus labores en el Magdalena Medio. Foto: UBPD.

Los resultados de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han sido recibidos de manera desigual en sectores de víctimas. La JEP ha sido la más cuestionada, especialmente por el manejo de casos delicados como los de violencia sexual y reclutamiento de menores de edad por parte de las Farc, y por las ejecuciones extajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública; no obstante, ha avanzado en la protección de lugares en donde se presume hay inhumadas víctimas de desaparición forzada. Foto: JEP.

El proceso de desarme, desmovilización y reincorporación está siendo verificado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Sus labores son reportadas trimestralmente al Consejo de Seguridad de ese organismo multilateral. Su trabajo no ha estado exento de riesgos. Uno de sus funcionarios fue secuestrado por disidencias de las extintas Farc en Miraflores, Guaviare, y luego liberado tras 62 días de cautiverio, y otro murió en circunstancias aún no muy claras en San Vicente del Caguán, Caquetá. Foto: Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

En el más reciente informe, presentado por la Misión de Verificación al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 25 de septiembre, se destacó que de 68 proyectos productivos colectivos 55 de ellos han recibido fondos para su financiación, beneficiando a 3.001 excombatientes en proceso de reincorporación, entre ellos 856 mujeres. Foto: Bibiana Ramírez.

Las deudas con la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz persisten. Según un reciente informe del CINEP y del CERAC, los resultados en acceso a tierras son precarios y la transformación de los territorios ancestrales por medio de los PDET es incipiente; tampoco arranca el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. El único punto que ha avanzado es el de víctimas, que incluyó enfoques metodológicos y protocolos de relacionamiento con autoridades y comunidades afro e indígenas. Foto: VerdadAbierta.com.