Ante la decisión de un sector de la antigua guerrilla de las Farc de volver a las armas, diversas voces en el país y en el extranjero se expresaron a favor de respaldar lo pactado en La Habana, Cuba, pues es la manera de responderle a aquellos exguerrilleros que están comprometidos con el retorno a la legalidad.
“Ojalá las consecuencias de esta decisión no afecten la reincorporación”, dice Fredy Escobar, un exmiembro de las antiguas Farc comprometido con el proceso de reincorporación ante el anuncio del retorno a las armas de varios exjefes de esta organización subversiva anunciado ayer. “Es una triste noticia”, recalca.
A su juicio, el incumplimiento del Estado en responder de manera eficiente y acertada a cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, “sigue generando la violencia”, pero agrega que, pese a todo, “Colombia no puede estar condenada a la guerra, lo que requiere mucha voluntad de todos los lados”.
Si bien se intuía que ahora los jefes en disidencia Luciano Marín Arango (‘Iván Márquez’), Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (‘El Paisa’), Henry Castellanos (‘Romaña’), José Manuel Sierra Sabogal (‘Zarco Aldinever’) y Seuxis Pausias Hernández Solarte (‘Jesús Santrich’), entre otros, estaban en la ilegalidad, el hecho se confirmó al amanecer de ayer a través de un video de 32 minutos de duración en el que anunciaron el comienzo de “una segunda Marquetalia”, en alusión al lugar donde hace 55 años surgió el movimiento guerrillero, un lejano paraje rural del sur del departamento de Tolima.
El grupo en disidencia inició operaciones en la selvática región de la Orinoquía, en el suroriente colombiano, que comparte frontera con Venezuela y Brasil, y justificó su decisión alegando que el Estado colombiano ha incumplido de manera recurrente lo acordado en La Habana, Cuba, tras cuatro años de intensas negociaciones, una reiteración a las posturas que ‘Iván Márquez’, quien venía agitando el tema cuando decidió pasar a la clandestinidad y que en el manifiesto leído ayer calificó de “paz traicionada”.
El anuncio cayó como un baldado de agua fría entre aquellos excombatientes que persisten en mantenerse en el proceso de reincorporación, pese a todas las dificultades que afrontan, entre ellas la lentitud de las distintas entidades estatales encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.
Desde las montañas del Urabá antiqueño, un curtido exjefe guerrillero comprometido con el proceso de paz y quien lidera diversos proyectos productivos, lamenta lo que sucedió con la decisión de ‘Iván Márquez’ y sus aliados en la nueva disidencia: “Es muy lamentable porque vuelve otra guerra y no sabemos cuántos muertos vaya a dejar, cuánto tiempo nos vayamos a demorar para que el gobierno se siente con ellos, y que podamos decir algún día que en Colombia se vive una paz”.
A juicio de este excombatiente, decisiones como las de crear una nueva disidencia, con hombres muy experimentados en la guerra, afectan la posibilidad que se venía construyendo de consolidar una paz estable y duradera: “Es triste porque la oportunidad que se tenía, palpable, que la acariciamos, que la abrazamos, está hoy con grandes preocupaciones, pero no es que las Farc hayamos desistido del proceso de paz, se trata sólo de un grupo pequeño, no es la mayoría, pero que genera violencia, hay guerra, y no se va a quedar pequeño, va a crecer”.
El exjefe guerrillero le da la razón a ‘Iván Márquez’ y a sus compañeros de disidencia en cuanto a la justificación que expuso sobre los incumplimientos de lo rubricado en Bogotá en noviembre de 2016. “En muchas cosas tienen la razón”, afirma. “Hay incumplimiento de los acuerdos, hay inseguridad jurídica, inseguridad física, inseguridad económica, muy, muy, muy peligrosas para los exguerrilleros. Entonces necesitamos garantías para cumplir lo que allí se pactó”.
El peligro de incumplir
Lo explicado por el exjefe guerrillero desde el Urabá antioqueño ha sido puesto en cifras en un reciente informe preparado por un conjunto de congresistas independientes y de oposición. Tras hacer un recuento exhaustivo de los distintos puntos del Acuerdo de Paz, concluyeron que hay incumplimientos por parte del Estado en todos los puntos.
Consultada al respecto, Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde y quien hizo parte del equipo negociador del gobierno nacional en los diálogos con las antiguas Farc, reprocha con contundencia la decisión asumida por ‘Iván Márquez’ y sus aliados tras considerar que más violencia no puede ser el camino para la solución de los problemas en el país.
No obstante, reconoció que el incumplimiento de los puntos del Acuerdo de Paz es notorio y para sustentarlo detalla varios ejemplos: el Fondo de Tierras entregó menos del 8 por ciento de tierras que lo que ha debido entregar al año; en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, de los cuales se establecieron 16 en el país, se invirtió el año pasado el 1,2 por ciento de lo que se debió haber invertido para sacarlos adelante; y en la reincorporación, tan sólo el 17 por ciento de los excombatientes está participando en un proyecto productivo.
“El panorama de incumplimientos del Estado está claro, está diagnosticado, y lo que tenemos que hacer es seguir presionando al gobierno nacional para que cumpla, pero incluso en ese escenario de incumplimiento, la decisión de ‘Márquez’ nos hace más difícil la tarea a quienes estamos tratando de cumplir”, afirma Goebertus.
A esos análisis se suman voces de expertos en cooperación internacional, quienes fueron consultados por este portal una vez se conoció el anuncio de la constitución de una nueva disidencia liderada por hombres experimentados en la guerra insurgente.
Uno de estos expertos, quien pidió la reserva de su nombre y de la entidad extranjera para la que trabaja, reconoce varios problemas en la articulación de fuerzas para atender a los excombatientes y las comunidades en zonas que fueron golpeadas fuertemente por el conflicto, y cumplir con el Acuerdo de Paz.
“Esa queja la encontramos entre los excombatientes”, reitera la fuente especializada consultada y explica varias de las dificultades, entre ellas el tema de las contrapartidas de recursos económicos para financiar proyectos productivos.
“En la cooperación internacional buscamos hacer alianzas, siempre, con gobiernos locales, regionales o nacional. Pero los gobiernos locales y regionales tienen muy cortos presupuestos y casi toda su planificación ya está comprometida en proyectos de ciudadanía. Entonces uno recurre a la Nación, a las entidades que especialmente nacieron con el Acuerdo de Paz, incluso a los Ministerios, pero no se encuentran recursos. Es muy difícil obtener contrapartidas”, detalla la fuente.
¿Y qué han hecho al respecto? El camino ha sido buscar más ayudas internacionales: “Buscar esas contrapartidas con otras organizaciones internacionales. Y así hemos logrado sacar los proyectos adelante. No debería ser así, pero lastimosamente es una realidad”.
Este especialista llamó la atención sobre lo que viene haciendo el gobierno del actual presidente de la República, Iván Duque, en estos asuntos: “Parece ser que hay una directriz para que estos macroproyectos de cooperación internacional no involucren a excombatientes”. No obstante, la Unión Europea, según la fuente consultada, ha planteado que es necesario invertir en ellos, por lo que se propone fortalecer el próximo año la Cooperativa Ecomun, conformada por exintegrantes de las antiguas Farc tras la rúbrica del Acuerdo de Paz. (Leer más en: “Ecomun representa una simbiosis de paz y desarrollo económico”: promotor de las Farc)
Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz realizado tras el anuncio de ‘Iván Márquez’ plantea que “los retrasos en la implementación de la reincorporación colectiva han generado incertidumbre y desconfianza entre los excombatientes”, un asunto que también destaca el especialista en cooperación internacional consultado, situación que es urgente corregir para evitar una desbandada hacia las filas de la nueva disidencia.
La vía armada, cuestionada
La compleja circunstancia de buscar una salida a la legalidad con dignidad que enfrentan por lo menos 12.800 excombatientes de la antigua guerrilla es reconocida, incluso, por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido creado tras lo pactado en La Habana.
“Es cierto que el cumplimiento de los Acuerdos por parte del Estado marcha a paso paquidérmico, y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos. Nadie niega que existan importantes sectores e intereses que trabajan incesantemente contra lo pactado. Pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo, valoramos altamente la palabra empeñada y no renunciamos a nuestros objetivos por duro que sea el camino”, se lee en un comunicado difundido pocas horas después de conocido el surgimiento de una nueva disidencia.
No obstante, en ese comunicado rechazan lo anunciado por ‘Iván Márquez’ y consideran que “proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”. A juicio de este movimiento político, “los Acuerdos de Paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país”.
Antiguos guerrilleros como Álvaro Villarraga, quien en la década del ochenta integró el Epl y dejó sus armas tras los acuerdos logrados a comienzos de la década del noventa, rechazó el anunció, pero destacó que eso se venía advirtiendo desde hacía varios meses: “Estos excomandantes estaban desvinculados del proceso desde hace rato, estaban en una situación de clandestinidad de hecho, pero sólo con el pronunciamiento de hoy, pasan de manera formal y activa a retomar las armas, lo cual es grave, porque es una ruptura definitiva con la paz, con lo firmado, con el acuerdo”.
Villarraga, quien ahora funge como consultor y director de la Fundación Cultura Democrática, considera que esa lamentable noticia alienta a los contradictores de la paz y califica de “peregrino” el argumento esgrimido por ‘Iván Márquez’ para llamar a la insurgencia, “además de lo ilegítimo y lo inoportuno del asunto”, y cuestiona hasta el nombre de esta nueva fase de operaciones insurgentes: “Una nueva Marquetalia no tiene punto de comparación con el proceso histórico de Marquetalia, llamar esto una Nueva Marquetalia es un ultraje histórico”.
Por su parte Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y quien también estuvo en las filas de la guerrilla del Epl en la década del ochenta, tiene la experiencia suficiente, al igual que Villarraga, para asegurar que la vía armada no tiene futuro hoy día en el país.
“Así tengan razones, no tienen posibilidades. Lo que no lograron en 58 años de lucha armada, no lo van a lograr ahora, van a perder una guerra y van a afectar la credibilidad de este proceso. Ojalá esto no hubiera pasado, pero ojalá el gobierno nacional cumpla con los acuerdos de paz, que el gobierno no siga destruyendo los procesos de paz”, reclama Vega.
Y algunas de las razones, de acuerdo con este activista, están a la vista: más de 150 exguerrilleros de las antiguas Farc asesinados; fuerzas políticas de derecha intentando destruir el sistema de justicia creado tras el Acuerdo de Paz; el homicidio de decenas de líderes sociales que han defendido lo pactado en La Habana.
“Lo más fácil de estas negociaciones es la firma de la paz, pero lo realmente difícil es la implementación de los acuerdos y este gobierno no ha tenido la voluntad política para implementar los acuerdos”, resalta Vega, y considera que el actual ambiente no le es favorable a la democracia: “A la extrema derecha le quitaron por un tiempo el pretexto de que había guerrilla para ellos hacer su política, pues bien, surge nuevamente una guerrilla y todas las reformas sociales y democráticas que necesita el país pues van a decir que no pueden realizar porque existe una guerrilla en el país y van a justificar asesinatos, desapariciones y agresiones contra defensores de derechos humanos”.
Lo que expresa Vega ya es un hecho. El senador Álvaro Uribe, quien lidera el movimiento Centro Democrático y de donde surgió el presidente Duque, ha solicitado el desmonte de todo el sistema de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz y la sustracción de las normas de rango constitucional que le dan piso para implementar lo pactado.
Impacto territorial
Arnovi Zapata, líder social e integrante de diversas organizaciones campesinas de Córdoba, estima que la creación de una nueva disidencia empeorará la situación de seguridad, sobre todo en una región como la del sur de ese departamento, donde operan desde hace varios meses grupos surgidos de los frentes 18 y 36 de las antiguas Farc, consideradas disidencias.
“Estamos ubicados en pleno Nudo de Paramillo, una zona bastante estratégica para las economías ilegales, y si ‘Márquez’ y su grupo no se articulan con los que están acá, pues sería otro actor más que se suma a la disputa por el control del Nudo de Paramillo. Nos preocupa enormemente lo que pueda pasar, porque tememos que se deteriore la seguridad que se vive por acá”, plantea Zapata.
Y entre sus temores está lo que pueda ocurrirles a personas con vocería comunitaria como el: “Los líderes estaríamos en más riesgo porque sería otro grupo armado al que tendríamos que denunciar por los atropellos que cometan y usted sabe que cada denuncia que hace un líder pues es ponernos una bala entre pecho y espalda”.
Zapata, quien hace parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), una organización que plantea soluciones efectivas al tema de los cultivos de uso ilícito, teme que el enrarecido ambiente de guerra genere mayores dificultades para que los funcionarios de entidades estatales ingresen a determinadas áreas.
El sur de Córdoba padece no sólo las acciones del disidente Frente 18, sino también de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y un grupo conocido como ‘Caparrapos’, que, en su conjunto, tienen el control territorial y sus constantes choques armados han generado graves crisis humanitarias.
“Una fuerza armada mucho más organizada va a controlar el territorio de una manera más definitiva y se opondrá a temas de políticas de Estado y al Acuerdo de Paz”, dice este líder campesino, lo que, a su juicio, afectará todos los procesos participativos, inclusos, aquellos relacionados con lo pactado en La Habana: “La gente no va a poder participar, los líderes se van a tener que marginar de toda participación”.
Uno de los programas que se podrá afectar es el de la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, en una región donde proliferan, pues a las amenazas de los grupos armados ilegales se suma el incumplimiento del gobierno nacional a las familias que se acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), acordado en La Habana.
“Esta gente (las disidencias lideradas por ‘Iván Márquez’) seguro que va a incentivar la siembra de coca y con todos estos retrasos que tiene el gobierno nacional frente al PNIS, pues seguramente la gente va tomar decisiones de si continuar en las economías ilegales, que les es más factible, que sustituir e implementar una economía legal”, dice Zapata. “Así, ya no es sólo el gobierno Duque intentando que el proceso fracase, sino ahora también este nuevo grupo supuestamente Farc, también intentando que el Acuerdo fracase para ellos ganar legitimidad ante la opinión pública internacional y ante los excombatientes”.
A cientos de kilómetros del sur de Córdoba está Policarpa, un municipio enclavado en las montañas del departamento de Nariño, que ha padecido con rigor la violencia provocada por grupos armados ilegales. Su alcaldesa, Claudia Cabrera, está preocupada por el nuevo escenario de guerra que se percibe en el país, que se incrementa en su región por la presencia de las Agc, disidencias de las antiguas Farc y la guerrilla del Eln.
“Estos hechos de hoy nos preocupan más, porque salió a la luz pública todo lo que está pasando con los disidentes. También nos preocupan las posibles alianzas con el Eln, cosas que nosotros ya habíamos visto hace dos meses, cuando colocaron unas banderas juntas de disidentes de las Farc y del Eln”, afirma Cabrera, haciendo alusión al planteamiento de ‘Márquez’ de “coordinar esfuerzos con la guerrilla del Eln” para fortalecer su disidencia.
Pese a esas preocupaciones, la alcaldesa hace un pedido especial: “Que se siga trabajando por la paz de nuestro país. Nosotros somos constructores de paz y esto no puede empañar todo el trabajo y las ganas de salir adelante con este proceso. Hay que darles cumplimiento a los acuerdos de La Habana, apoyar y todos en conjunto trabajar para garantizarle la seguridad al país”.
Respaldo internacional
A través de diversos canales, algunas agencias de la comunidad internacional comprometidas con la implementación del Acuerdo de Paz han expresado su preocupación por la situación y reiterado su apoyo a la implementación.
Una de las primeras en reaccionar fue la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que apoya la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc. Tras condenar el anuncio del rearme de lo que califica como “un reducido grupo de excombatientes de las FARC-EP”, destaca “el firme compromiso de la inmensa mayoría de hombres y mujeres en proceso de reincorporación que sigue cumpliendo con el Acuerdo y les alienta a persistir en su voluntad de paz”.
Este organismo multilateral, avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, admite que “la construcción de la paz es compleja y de largo aliento”; no obstante, le pidió a las partes “redoblar los esfuerzos para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. La Misión y el Equipo de País de la ONU en Colombia reiteran su pleno compromiso con la construcción de paz en Colombia, de la mano de las partes, de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional”.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) también emitió un comunicado en el que rechaza “la violencia como medio para dirimir diferencias sociales, políticas y de todo tipo, y renueva su llamado para que dichas diferencias se tramiten a través de canales institucionales y pacíficos. Además, exhorta a este grupo a sumarse a la determinación de la gran mayoría de excombatientes que han decidido recorrer el camino de la reintegración y la paz”.
Asimismo, se unió a múltiples voces que claman para “seguir rodeando el proceso de paz en Colombia, valorando los logros alcanzados. Insta al Gobierno nacional para que continúe avanzando en la implementación del Acuerdo Final y profundice los esfuerzos en aquellos temas pendientes donde posan diversos desafíos”.
A estos pronunciamientos se sumó la Unión Europea, aliada estratégica en la implementación del Acuerdo de Paz. A través de una declaración de la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Maja Kocijancic, este bloque de países expresó su preocupación por el anuncio del rearme de varios exjefes de las antiguar Farc y aseveró que esa decisión “amenaza con deshacer el importante progreso realizado en los últimos años. Sin embargo, es una decisión de un pequeño grupo”.
No obstante, este organismo reiteró su compromiso “inquebrantable” con lo pactado en La Habana, destacó la participación de la mayoría de los exguerrilleros de las antiguas Farc en el proceso de reincorporación e hizo un llamado al diálogo: “La única manera de abordar adecuadamente las diferencias y superar las dificultades en la implementación del acuerdo de paz, un acuerdo valioso y ampliamente exitoso, es a través del diálogo y la participación política”, recalca la declaración”.
De manera informal, voceros de embajadas europeas le contaron a este portal que entre ellas han expresado su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz e indicaron que están dispuestas a continuar trabajando en ese propósito en el país.
En la mira de las autoridades
Una vez se conoció el anuncio de ‘Iván Márquez’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expidió un comunicado en el que califica el hecho como de “la mayor gravedad para el proceso de paz que con sacrificio y no exento de dificultades se viene desarrollando en el país” y retira que el rearme es “una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequívocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta”.
Pero la Fiscalía General de la Nación no esperará la decisión de la JEP, pues es claro que ya no gozan de los beneficios de la justicia transicional, razón por la cual ya activaron todas sus herramientas para adelantar las labores judiciales que permitan solicitar ante los jueces de la justicia ordinaria las respectivas órdenes de captura e, incluso, solicitar circulares de Interpol, para que sean perseguidos también en otros países.
El único del grupo de disidentes que tiene una circular roja es ‘Jesús Santrich’, dado que es investigado por delitos asociados al tráfico de estupefacientes, un proceso que ha socavado también la implementación del Acuerdo de Paz.
En un enérgico pronunciamiento, el presidente Duque ordenó “la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano”, y anunció que por cada exguerrillero que aparece en el video “se fijará una recompensa de tres mil millones de pesos por información que conduzca a su captura”.
Ante las dudas que genera la eficaz implementación del Acuerdo de Paz, el mandatario reiteró el compromiso de su gobierno “con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación, de la manera que lo hemos venido haciendo y que ya ha dado resultados tangibles. Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la Legalidad bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”.
Pese a la reiteración de ese compromiso, en diversos puntos de concentración de excombatientes de las antiguas Farc y sus familias, persiste el temor de que todo este agite se limite a intervenciones ante los medios de comunicación y las falencias para apoyar su retorno a la legalidad le resten blindaje a una implementación urgente para evitar que la guerra los absorba de nuevo.
El proceso de paz entró en su momento más crítico y necesita el apoyo del Estado en su conjunto, no sólo de las entidades públicas, sino de la sociedad en general, para arropar a los excombatientes que hacen tránsito hacia la legalidad y rechazar a los que tomaron las armas de nuevo, y así evitar que se escriba un nuevo capítulo que, durante otros 53 años, llene de dolor y desolación al país.
