Una de las particularidades que encierra el Acuerdo del Fin del Conflicto con las Farc es su enfoque territorial para la implementación de los acuerdos. ¿Qué implica ese enfoque? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Dónde se realizará? ¿Existen las condiciones para ello? Análisis de VerdadAbierta.com
La implementación de los acuerdos de La Habana, con enfoque territorial, abre la posibilidad para crear nuevas instituciones oficiales encargadas de coordinar este proceso. Foto: Ricardo Cruz.
El centro de salud de Puerto López, corregimiento de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, es una vetusta edificación que amenaza con venirse al suelo en cualquier momento. Una década atrás, un alcalde ordenó el inicio de las obras, pero éstas quedaron a mitad de camino y no hubo organismo de control o autoridad judicial que pudiera hacer algo al respecto. Allí, en un pequeño salón, un médico atiende consulta general dos veces a la semana.
Si alguno de sus cinco mil habitantes requiere intervención médica especializada, debe transitar por una trocha para llegar a la cabecera municipal de El Bagre, situación que en todo caso no garantiza atención oportuna porque en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, los hospitales públicos se encuentran en un “coma profundo” por cuenta de la crisis de recursos de la salud.
No son las únicas penurias para sus habitantes. El agua que sale por los grifos no es potable. La energía eléctrica, dicen los lugareños a modo de broma, es ratera: “a ratos funciona, a ratos no”. Desde que comenzó a poblarse el caserío, por allá a mediados de la década de los sesenta, nunca han visto otra cara del Estado diferente a la bota militar.
Como Puerto López surgió y creció en tierras declaradas como Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, creada mediante la Ley Segunda de 1956, ningún mandatario local o regional ha querido “meterle mano” al pueblo, lo que lo ha dejado a merced de los grupos armados ilegales. Por allí se movió con holgura la guerrilla del Eln durante los años setenta. Poco después llegaron las Farc. Promediando la década de los noventa arribaron los paramilitares. Cada uno llegó imponiendo su ley mediante el poder del fusil y dejaron una estela de muerte, llanto y dolor que sus pobladores aún recuerdan con claridad.
Pese a los vientos de paz que soplan en el país por cuenta del anuncio del fin del conflicto con las Farc, en Puerto López, y en general en la región del Bajo Cauca antioqueño se respira una tenue calma. Fue en esta calurosa región de Antioquia donde el fracaso de la desmovilización paramilitar se sintió con mayor fuerza. Sus efectos aún se sienten. En pueblos como El Bagre, Nechí, Zaragoza, Cáceres y Tarazá, la presencia de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y la guerrilla del Eln se cierne como potencial amenaza para nuevos y sangrientos conflictos armados.
A todo lo anterior se suman las tensiones permanentes que genera la minería del oro. En el Bagre, como todo el Bajo Cauca antioqueño, la explotación aurífera constituye el sustento para poco más del 70 por cientode la población.
Quienes viven de esta actividad son, en su inmensa mayoría, pequeños y medianos mineros que trabajan en la más completa informalidad, es decir, sin título o concesión estatal alguna. Por ello, su trabajo es catalogado como ilegal y es perseguido duramente por las autoridades de Policía a la vez que ‘gaitanistas’ y ‘elenos’ nutren sus arcas por cuenta de la jugosa tajada que les arrancan a los mineros mediante extorsiones. Por cuenta de estas tensiones, la amenaza de un paro minero que paralice a toda la región se mantiene latente.
Por todo lo anterior, El Bagre apunta a ser uno de los 147 municipios del país donde el gobierno nacional priorizará sus esfuerzos para comenzar a construir allí “una paz estable y duradera” luego de la firma del Acuerdo del Fin del Conflicto con las Farc. Esta localidad reúne una serie de condiciones que los funcionarios, tanto de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Postconflicto, vienen evaluando desde hace poco más de un año para determinar donde iniciar con mayor ahínco la implementación de los acuerdos de La Habana, pero con enfoque territorial.
Se trata, en palabras de Diego Bautista, director de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “de construir conjuntamente el Estado desde el territorio. Con sus actores sociales, con sus agendas. En cada territorio, la implementación de los acuerdos tendrá una significación especial que tiene que ver con las características geográficas, culturales, políticas, el tipo de conflictos presentes allí”.
El gobierno nacional denomina esta nueva estrategia como Construcción de Paz con Enfoque Territorial. Pero, ¿en qué consiste? ¿Dónde se llevará a cabo? ¿En qué difiere de otras intervenciones?
Según han estimado analistas expertos en resolución de conflictos armados, lo que se denomina “etapa de postconflicto”, que no es otra cosa que implementar los acuerdos de La Habana, podría tomarle al país unos 10 años. Foto: Ricardo Cruz.
Bajar a los territorios
Si bien la implementación de los Acuerdos alcanzados en La Habana implica un trabajo interinstitucional en todo el territorio nacional, los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los integrantes del Ministerio de Postconflicto son conscientes que algunas regiones del país requieren un esfuerzo prioritario e intenso dada sus características.
Se trata de regiones donde se combinan dramáticamente la tragedia de la guerra, con sus miles de víctimas, afectaciones a la infraestructura y el abandono del campo; con una altísima pobreza; una débil –o nula- presencia estatal que, a su vez, fue copada por grupos armados ilegales y una economía que gira en torno a actividades ilegales como los cultivos ilícitos, la minería ilegal o el contrabando. En muchas de las localidades con estas características, implementar los Acuerdos supondrá un diálogo amplio con las comunidades pues sus necesidades poco o nada se cruzan con la agenda de La Habana.
Al analizar en detalle la historia reciente del país, se advierte qué regiones como el Bajo Cauca antioqueño, los Montes de María, el Catatumbo, los Llanos Orientales, el Pacífico colombiano, la Guajira y el Cauca, entre otros, cumplen con todas estas condiciones. Pero si bien desde la Oficina del Alto Comisionado ya se eligieron los municipios, “todavía no los vamos a anunciar, para no generar falsas expectativas”, advierte Bautista.
Lo que sí se sabe es la hoja de ruta que seguirán los funcionarios en los territorios. “No se trata de que lleguen los acuerdos de La Habana a Bogotá y se conviertan en documento de política pública y en Ley, porque cometeríamos un grave error. Lo que debe seguir es adelantar unos diálogos en el territorio, celebrar pactos territoriales para la implementación de los acuerdos. Y entonces, con los actores del territorio, con las características del territorio, empezamos a determinar cuál va ser el plan de implementación”, explica el funcionario.
Se trata, a juicio de Bautista, de una estrategia novedosa toda vez que, esta vez, no será un funcionario desde Bogotá quien trace la ruta a seguir sino las propias comunidades, partiendo de sus realidades, las que determinarán cómo será la implementación de los acuerdos. “Esto supone un diálogo amplio, donde surgirán nuevas tensiones. Pero lo importante es que toda la agenda regional estará en debate. Si es en el Cauca, tendremos que mirar las tensiones afro-indígenas; si en el Caquetá, las tensiones entre la agroindustria y el pequeño productor. Se trata de una oportunidad”, agrega.
Para Bautista, “siempre ha habido una preocupación permanente por llevar el Estado a los territorios”. Y tiene razón. Han sido varios los gobiernos quienes han desarrollado diversas estrategias para llevar el Estado a todos los rincones del país, particularmente aquellos golpeados por el conflicto armado, la pobreza y el abandono. Lo intentaron Belisario Betancur y Virgilio Barco a través de su Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). El Plan Colombia de Andrés Pastrana también llevaba aparejado junto con el fortalecimiento del aparato militar, un componente de asistencia social para municipios marginados.
En sus ocho años de gobierno, el presidente Álvaro Uribe Vélez no escatimó esfuerzos para impulsar y fortalecer la Política Nacional de Reconstrucción y Consolidación Territorial (PNRCT), que buscaba, en términos generales, recuperar el orden público, aumentar la confianza de los ciudadanos en las entidades estatales y generar condiciones para generar desarrollo económico en zonas donde la presencia de cultivos ilícitos, grupos armados ilegales y fenómenos de narcotráfico fueran altamente predominantes.
El balance sobre estas iniciativas gubernamentales es negativo, los logros han sido mínimos en comparación con los recursos económicos, humanos y técnicos invertidos. Los municipios del Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, fueron objeto de intervención a través del PNR, el Plan Colombia y la PNRCT. Aun así, la presencia de cultivos ilícitos, el accionar de grupos armados al margen de la ley y la poca capacidad de gobierno de las autoridades locales, continúan siendo realidades palpables que continúan agobiando a sus habitantes.
De ahí que la pregunta que se hacen en municipios como El Bagre, y en general en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, es si esta vez la intención de robustecer el Estado en los territorios y con ello, aumentar la capacidad de gobernar y generar bienestar para los ciudadanos, no quedarán en meras buenas intenciones.
La firma de un acuerdo que pone punto final al conflicto armado con las Farc abre una oportunidad para que la Colombia rural y la urbana se integren, se interrelacionen con criterio de inclusión y respeto por las autonomías regionales. Foto: Ricardo Cruz.
Gobierno, seguridad y justicia: las claves
“Ojalá que esta vez sí se reconozcan las iniciativas que las organizaciones y comunidades de los territorios han venido construyendo. Porque esto de paz territorial no es una invención de La Habana. Desde hace rato las organizaciones campesinas, de mujeres, indígenas,entre otras, han venido construyendo agendas propias frente a sus realidades, incluido el conflicto armado”, señala Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), ong de derechos humanos con sede en Medellín que hace presencia en el Bajo Cauca y Urabá antioqueño.
Lo que ha sucedido en los últimos 50 años, a juicio de Herrera, es que muchas de estas iniciativas han sido proscritas y sus gestores amenazados, estigmatizados y perseguidos: “El territorio lo construyen los actores con sus propuestas y sus agendas y por eso, en esa noción de construir paz territorial, es importante que se reconozcan esos liderazgos históricos de las regiones sin que sean perseguidos, eliminados; que se les reconozca como ciudadanos activos”.
Para el presidente del IPC, un buen ejemplo de lo anterior lo constituye el Bajo Cauca antioqueño. Allí, diferentes organizaciones campesinas y sociales vienen planteando desde poco más de una década la necesidad de que las tierras incautadas a narcotraficantes y jefes paramilitares, que en esta región suman una cifra importante, sean restituidas a los campesinos, los mineros, las comunidades étnicas.
Pero se ha tratado de una lucha estéril que, incluso, ha dejado muertos en la región, como fue el caso de Dorance Herrera, cuyo asesinato ocurrido en noviembre de 2015, estaría ligado a la solicitud de restituir para asociaciones campesinas un predio ubicado en las afueras del municipio de Caucasia, el cual se encuentra en extinción de dominio.
De ahí que, según Eduardo Álvarez, analista de la Fundación Ideas para la Paz, para que la “construcción de paz territorial” sea realmente exitosa, se requiere que el país vaya superando los desafíos propios que en cada región implica la firma del Acuerdo del Fin del Conflicto con las Farc y que, básicamente, se traducen en mejor gobierno, mayor seguridad y más justicia.
“Hay regiones como Tumaco o Arauca, donde hay uno desafíos de seguridad y de crimen organizado muy grandes que se manifiestan de formas distintas en cada una de ellas”, sostiene Álvarez, y añade: “habría que preguntarse si esta implementación territorial se hará en zonas donde no hay amenazas latentes, o si la implementación tendrá sus variaciones o sus grises”.
Pero, para el investigador social, este no es el único aspecto a valorar. A su juicio, el conflicto armado afectó las capacidades de gobierno de las autoridades locales y recuperarlas significará un proceso que desde ya se advierte traumático.
“En muchas regiones apartadas, el conflicto armado dejó instituciones creadas al vaivén de la guerra, cuyo reemplazo depende de las realidades de los territorios y de cómo el gobierno nacional se relaciona con las autoridades locales”, señala Álvarez, quien también advierte que la paz territorial también dependerá de cómo las grandes agendas nacionales logran conectarse, de manera armoniosa, con los actuales planes locales de desarrollo.
“Pero lo que se ve enalgunos pilotos, como el de Briceño (Antioquia), por ejemplo, es que las autoridades locales se están viendo superadas por la gran intervención del Estado. ¿Cómo conciliar esa intervención con la real capacidad de los municipios?”, comenta el investigador social.
Lo cierto del caso es que, tal como lo señala Diego Bautista, director de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es que el Acuerdo del Fin del Conflicto con las Farc abre la posibilidad para ensayar nuevas fórmulas de relacionamiento entre la Colombia urbana y la rural, entre el centro del país y las regiones marginadas del desarrollo.
“Es una posibilidad de ganar en autonomía regional”, declara Bautista, quien pese al entusiasmo que genera el fin de la guerra con las Farc, mantiene la prudencia. “Esto supondrá muchas discusiones. Entre otras, porque no todo se podrá realizar al mismo tiempo y para ello, toca definir qué se hace primero y qué después. Pero eso, esta vez, lo definirán las comunidades” asevera el funcionario quien afirma, con pasmosa realidad: “no significa que al otro día de la firma de los Acuerdos nos levantemos en un país sin conflictos”.
En ello tiene razón. En El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, municipio que espera estar entre las localidades priorizadas para la construcción de paz territorial, líderes sociales continúan denunciando amenazas y atentados contra sus vidas por parte de los llamados ‘gaitanistas’. El más reciente hecho tuvo lugar en el casco urbano del pueblo, cuando desconocidos asesinaron, el pasado 24 de agosto, al campesino Jesús Alberto Reyes.
