Se trata de Dayra Reina Hernández, quien representó a un grupo empresarial con intereses en los predios requeridos para construir un gran proyecto portuario en esta región agroindustrial de Antioquia y que están siendo solicitados en restitución. Además, fue apoderada de una empresa agrícola propietaria de un predio, al parecer, despojado en el que estaría vinculado Otto Bula, procesado por recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
Uno de los procesos de restitución de derechos territoriales más complejos que tiene la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Urabá antiqueño enfrenta a un consejo comunitario de comunidades negras con un grupo de empresarios interesados en construir sobre buena parte del territorio en disputa el proyecto portuario Puerto Antioquia, en el que se invertirán por lo menos 580 millones de dólares.
Una de las empresas que está detrás de la oposición a la restitución solicitada por el Consejo Comunitario de Puerto Girón es Agrícola Santa María SAS, fundada en 1975 por los hermanos Jaime Henríquez Gallo, actual presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y exsenador por el Partido Liberal, y su hermano Guillermo, fallecido el 26 de septiembre de 2016 en Medellín.
En el Auto Interlocutorio 0230 del 10 de mayo de 2018, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, mediante el cual admitió la demanda de restitución de derechos territoriales presentada por el consejo comunitario de Puerto Girón a través de la URT, se le reconoció personería jurídica para actuar en este proceso a Dayra Reina Hernández como apoderada de Agrícola Santa María SAS. (Ver Auto 0230)
De acuerdo con lo que ha podido establecer VerdadAbierta.com a través de diversas fuentes, la abogada Reina Hernández actuó en representación de Agrícola Santa María SAS el 7 de septiembre pasado, cuando asistió a una audiencia judicial en Apartadó como parte de este proceso de reclamación y a la que asistieron algunos de los reclamantes.
Pero este no ha sido el único caso en el que Reina Hernández ha actuado en representación de opositores dentro de procesos de reclamación de tierras. El pasado 9 de octubre fue acreditada ante la URT como apoderada de la Sociedad Agropecuaria Cuba SAS, para que “presente escrito de oposición” en el proceso de inscripción del predio Cuba, ubicado en San Jacinto, Bolívar, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente. (Ver poder)
Recorrido jurídico
De acuerdo con los registros de la hoja de vida que acreditó en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y en la red social Linkedin, Reina Hernández es abogada de la Universidad de San Buenaventura, de Medellín, donde se recibió como profesional en Derecho en 2012; graduada en Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, en Bogotá, 2014; y adelantó estudios de Especialización en Derecho de Tierras en la Universidad Externado de Colombia, de la capital de la República.
Al tema de tierras llegó a través de su trabajo en la firma Ocampo Duque Abogados, donde se desempeñó como “Abogada coordinadora de asuntos judiciales”, entre el 20 de mayo de 2015 y el 15 de agosto de 2016, y tuvo entre otras responsabilidades participar en el “proyecto de transferencia de bienes del Fondo Nacional Agrario – USAID, contrato No.- ARD – LRDP –FPS- 00040, a cargo de la sustanciación de estudios de títulos de predios rurales de alta complejidad, revisión de expedientes, análisis de instrumentos públicos”.
Ocampo Duque Abogados es una firma fundada en 2012 por Diana Ocampo, que se define como “firma consultora, con un equipo interdisciplinario, dedicado al estudio de problemas agrarios, de restitución, conservación y usos del suelo, desde lo jurídico, económico, social, ambiental y físico”. Entre sus clientes registra a la Unidad de Restitución de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, USAID y Fedepalma, sector de donde proviene el actual director general de la URT, Andrés Castro.
Una de las particularidades que arroja el SIGEP es que, al parecer, no reportó para quién trabajó como “Asesora Independiente” ente el 1 de septiembre de 2016 y el 1 de noviembre de 2018. Mediante Resolución 835 del 23 de noviembre fue nombrada como Directora de la Territorial Urabá de la URT, cargo que ejerce desde ese mismo día en la sede de Apartadó, Antioquia.
Puerto Antioquia, de gran calado
El territorio que el consejo comunitario de Puerto Girón reclama como territorio ancestral abarca 11.269 hectáreas, comprendidas en jurisdicción de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, cruzadas por el río León, que llegan al Golfo de Urabá, en aguas del océano Atlántico, en cuya desembocadura se proyecta construir Puerto Antioquia.
Las comunidades afro que habitan esa amplia zona del Urabá antioqueño han padecido desde hace más de tres décadas los embates de la guerra, dada su ubicación estratégica con respecto a las salidas y entradas marítimas y fluviales al Golfo de Urabá.
Relatos de los pobladores referencian periodos cruentos de la confrontación armada entre guerrillas de las Farc y el Epl contra el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Además, la transformación del conflicto armado luego del fin de la desmovilización colectiva de las Auc, ocurrida en agosto de 2006 y acordada con el gobierno nacional de la época, tiene fuertes impactos en la región.
De acuerdo con fuentes consultadas, sus consecuencias han sido funestas y han afectado los derechos del consejo comunitario: se vulneró su autonomía como autoridad étnica; se restringió la movilidad de la población debido a disputas por el control de las rutas de comercio de mercancías legales e ilegales; se estigmatizó a la población, señalándola de cooperar con alguno de los grupos armados ilegales; y, finalmente, la expulsó de su territorio para expandir la frontera agrícola.
Pero el Estado también ha atizado el conflicto territorial en los dominios que reclama como ancestrales el consejo comunitario de Puerto Girón. Documentos que reposan en el expediente de la demanda de restitución reportan que, de múltiples maneras, se ha violentado los derechos y la autodeterminación mediante la obstaculización de la titulación colectiva, la falta de consulta previa, la sustracción de amplias zonas ancestrales para convertirlas en Parque Natural Regional, la negación de la existencia de población afro organizada, la adjudicación de predios y fragmentación del territorio en predios privados algunos al parecer obtenidos de manera fraudulenta, que estan propiciando la expansión de la agroindustria del banano, la ganadería extensiva y el desarrollo de Puerto Antioquia.
Detrás de este ambicioso puerto esta la firma Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., en la que el socio mayoritario es Pio SAS, del cuestionado empresario de Buenaventura Óscar Isaza, y como socios locales y promotores del proyecto se encuentran los Henríquez Gallo, quienes ejercen una fuerte oposición al reconocimiento de los derechos territoriales al consejo comunitario de Puerto Girón, para lo cual requirió los servicios de la actual directora de la URT en Urabá.
Esa relación contractual es vista por fuentes conocedoras del tema en la región como inconveniente y alegan que hay un conflicto de intereses que le impide ejercer el cargo, pues tendría acceso a información privilegiada que podría afectar a las comunidades reclamantes.
Los Henríquez Gallo no son desconocidos para la justicia colombiana. En una versión libre rendida el 3 de septiembre de 2010, Raúl Hasbún, un exjefe paramilitar que proviene de familia de empresarios bananeros, le entregó a una fiscal de Justicia y Paz un listado detallado con los nombres de fincas, las agropecuarias dueñas de los predios, las personas a cargo de esas empresas, así como de las comercializadoras de banano asociadas a las fincas, que hicieron pagos al grupo paramilitar bajo su mando durante varios años.
Según el listado consolidado por la Fiscalía, Jaime Henríquez Gallo y su hermano Guillermo, así como otros dos socios, habrían aportado dinero por 14 fincas explotadas por Agrícola Santamaría, asociadas a la comercializadora internacional C.I. Uniban. A su vez, Jaime Henríquez hizo aportes por otra finca explotada por la Agropecuaria Los Cunas asociada a la misma comercializadora. (Leer más en: Los cuestionamientos a bananeros detrás del No)
De otro lado, en la Procuraduría General de la Nación trabajó desde el 4 de marzo de 2002 y al parecer hasta el 2016, Fanny Henríquez Gallo, en el cargo de Procuradora 1ª Judicial II Agraria y Ambiental de Antioquia, hermana de los empresarios antioqueños.
En funciones de su cargo, de acuerdo con el Decreto 1745 de 1995, estaba llamada a velar por el cumplimiento de la ley en el marco de sus funciones preventivas de conflictos en materia de tierras en los procesos de titulación colectiva a las comunidades negras adelantadas por el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras), estando la entidad en el deber de notificar los Autos de visita técnica dentro del trámite mencionado.
Documentos revisados por este portal indican que Fanny Henríquez era la profesional encargada en calidad de Ministerio Público, de velar por la legalidad del procedimiento de titulación colectiva en favor del consejo comunitario, dilatado de manera injustificada por el entonces Incoder tras la solicitud realizada por las autoridades étnicas de Puerto Girón en enero de 2001, situación que hoy se debate ante el Juez 1 de Restitución de Tierras de Apartadó.
Otto Bula y Cuba
Pero Reina Hernández también ha tenido la representación en procesos de opositores en el departamento de Bolívar, particularmente en el municipio de San Jacinto, que compromete a la Sociedad Agropecuaria Cuba SAS, que discute la reclamación del predio Cuba, solicitada por varias familias campesinas.
Como se referenció anteriormente, la abogada fue acreditada ante la URT como apoderada de la Sociedad Agropecuaria Cuba SAS, para que “presente escrito de oposición” en el proceso de inscripción del predio Cuba, ubicado en San Jacinto, Bolívar, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente.
¿Por qué es relevante este caso? Porque Procuraduría General de la Nación advirtió que este predio, junto con otros más de la región de los Montes de María, entre Bolívar y Sucre harían parte de un entramado de despojo en el que estaría involucrado el exsenador por el Partido Liberal, Otto Bula, capturado el 14 de enero de 2017 por recibir supuestamente un soborno de 4,6 millones de dólares entre 2013 y 2014 girado por la firma constructora brasileña Odebrecht para gestionar el otorgamiento del contrato vial Ocaña-Gamarra.
En una comunicación difundida el 27 de marzo de 2017, el Ministerio Público anunció que tras revisar una extensa documentación “logró identificar que el señor Otto Bula, directamente o por medio de Asociaciones Agropecuarias, estaría relacionado con el presunto despojo masivo de unas 1.800 hectáreas de tierra en la zona de los Montes de María”.
Y agregó que habría “una posible red de servidores públicos y particulares que pudieron colaborar en el aparente despojo, y de personas que fueron señaladas por algunas víctimas de ser testaferros de Bula en regiones donde se ha dado la práctica del despojo”.
Justamente uno de los predios mencionados fue Cuba, sobre el que dijo que “las víctimas han señalado al señor Otto Bula como la persona que determinó el despojo que denuncian y que motiva sus solicitudes de restitución de los predios que componían el predio ‘Cuba’, que cuenta con cerca de 1.010 hectáreas”.
Por esa razón, le solicitó a la Fiscalía que intensificara sus “esfuerzos para aclarar la relación de la Agropecuaria la Cuba y el señor Bula”, lo que, a juicio de la Procuraduría, daría “luces para resolver la pregunta acerca de la aparente participación de Otto Bula en el diseño y gestión de dinámicas similares de despojo masivo en distintas zonas del país, en las que aparecen varias estructuras empresariales y personas naturales posiblemente relacionadas con él”.
Si bien esta reclamación no está dentro de la órbita de la Dirección Territorial de Urabá, los denunciantes consultados por este portal, a quienes, por razones de seguridad, se les reserva la identidad, consideran que la abogada Reina Hernández, en razón de su cargo, tiene acceso privilegiado al Sistema de Registro de Predios Presuntamente Despojados y Abandonados Forzosamente, que es de carácter nacional, con lo cual se pueden ver afectados los reclamantes que confiaron en el Estado al hacer sus denuncias.
“No he hecho nada ilegal”
De acuerdo con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la URT, actualizado mediante la Resolución 00847 del 26 de noviembre de 2018, las funciones esenciales del cargo de Director Territorial, que es de libre nombramiento y remoción, se encuentran, entre otras, “hacer seguimiento a las estrategias frente a casos de restitución emblemáticos o de importancia especial” y “ejecutar las acciones necesarias para desarrollar los procesos de restitución de territorios de grupos étnicos, conforme a los Decretos 4633 y 4635 de 2011, bajo la dirección y supervisión de la Dirección Técnica de Asuntos Étnicos.”
Este portal se comunicó con la abogada Reina Hernández para conocer su opinión al respecto de los cuestionamientos y aclarar algunas de las dudas de quienes creen que es inconveniente que esté al frente de la Dirección Territorial Urabá, por el tipo de poderes que ha tenido en su ejercicio del Derecho y el conflicto de intereses que hay allí.
“En principio lo que te puedo decir es que para eso hay un procedimiento reglado y es la declaratoria de impedimento, que lo tramité, inmediatamente pasé el correspondiente concurso, para quedar en este cargo”, dijo la funcionaria.
“En cuanto a la incertidumbre que la gente está percibiendo, yo podría decir que siempre que he representado opositores, lo he hecho bajo todos los lineamientos legales y respetando esos derechos especialísimos que tienen los solicitantes o las víctimas en el marco de toda esta justicia transicional”, precisó; y destacó que “los opositores tienen derecho a defensa y yo tengo unos conocimientos especiales y les he podido ofrecer mis servicios, es totalmente válido y no le veo ningún inconveniente”.
Indicó, también, que “ha sido muy cuidadosa de a quién represento”, y que en su labor jurídica no ha violado la ley: “Ustedes, y quienes están inquietos, pueden ir a verificar cada una de mis oposiciones para que vean cómo ha sido el tratamiento con las víctimas y para que vean que de parte de mis oposiciones nunca he trasgredido la norma”.
Agregó que sus “oposiciones nunca están encaminadas a descalificar la calidad de víctimas” y siempre ha tratado de “demostrar la buena fe exenta de culpa de mis representados” y que, si se investiga más, se podrá observar que “representado víctimas y trabajado en proyectos de investigación en pro de las víctimas, por lo que parece un poco prejuicioso entrar a decir que fue opositora entonces tiene como un lineamiento”.
Con respecto al proceso de restitución de derechos territoriales del consejo comunitario de Puerto Girón, declaró: “Yo no me voy a limitar a presentar mi impedimento y ya; yo sé que es un asunto para el cual estoy vetada, éticamente tampoco me siento capaz de interferir en este caso, es un caso dejar como si no existiera”, y precisó que dejó la representación de Agrícola Santa María SAS el 1 de noviembre de este año.
Sobre el caso del predio Cuba, que también genera inquietudes pese a que no está en su órbita pero que podría tener acceso al sistema nacional de información de la URT y acceder a información privilegiada, la funcionaria reiteró que “si me voy a comprometer con las mayores restricciones respecto de mi territorial, lo mismo haré con otras territoriales”. A este poder renunció el pasado 6 de noviembre.
Con respecto a cómo llegó a ocupar ese cargo, explicó que por su trabajo en la firma Ocampo Duque Abogados con Fedepalma había tenido acercamientos con Andrés Castro, actual director nacional de la URT y quien fue uno de sus directivos. (Leer más en: Palma de aceite, la sombra que cubre a nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras)
“Cuando empezaron a reclutar hojas de vida para esta territorial se dieron cuenta que yo estaba viviendo en Apartadó, me propusieron, me sometieron a un concurso, como es lo normal y así lo hice”, detalló Reina Hernández, quien reconoció que su esposo trabaja en Agrícola Santa María SAS. “En ese momento ya Andrés Castro me dijo: ‘necesito hablar contigo porque puede que tengas las habilidades, pero necesito conocerte como persona’. Conversamos, agoté mi concurso y aquí estoy”.
Por su parte, la dirección nacional de la URT, a través de su oficina de prensa, le comunicó a VerdadAbierta.com su posición al respecto, tras una consulta elevada a la Dirección General:
“Frente a los cuestionamientos que se presentan por el nombramiento como directora Territorial de Apartadó de la señora Dayra Reina Hernández, la Unidad de Restitución de Tierras se permite informar lo siguiente:
La representación judicial del caso de Puerto Girón la tiene a cargo de una abogada de la Dirección de Asuntos Étnicos del nivel nacional de la Unidad de Restitución de Tierras donde se adelantan todos los trámites relacionados con este proceso. Por lo anterior, el caso no está a cargo de la dirección territorial.
La directora Dayra Reina Hernández cuenta con una hoja de vida debidamente soportada y previa verificación cumplió con los requisitos exigidos por la ley para asumir y ejercer el cargo de Directora Territorial de la sede de Apartadó, por lo que fue seleccionada para asumir las funciones propias del mismo.
Frente a la representación ejercida por la abogada Dayra Reina, al Grupo Empresarial Santa María S.A., se informa que la directora se ha declarado impedida para conocer o intervenir en los casos de los cuales fue parte en el ejercicio libre y legal de su profesión.
La directora Dayra Reina se encuentra conformando el equipo que la acompañará en su ejercicio, en tal sentido, se recuerda que la labor de gestionar la restitución de tierras requiere el compromiso de todos quienes se vinculen a esta tarea con el fin de garantizar los derechos de las víctimas.
La Unidad de Restitución de Tierras está comprometida para restablecer los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado por causa del conflicto. En tal sentido, la entidad está contratando personas idóneas que académica y laboralmente tengan suficiencia en los temas de tierras y que con sus actuaciones le brinden garantías proceso”.
