El Consejo de Seguridad de la ONU durante la verificación de diálogos en otros países ha influido hasta en elecciones y cambios en las fuerzas armadas. Pero, ¿cómo será el caso de Colombia?
El Consejo de Seguridad de la ONU envía tropas armadas, más conocidas como cascos azules, a las misiones de mantenimiento de paz. En Colombia habrá una misión política y sin personal armado. Foto: archivo Semana.Uno de los puntos de la agenda de negociaciones era quién y cómo iba a verificar la dejación de armas por parte de las Farc y la tregua definitiva entre esta guerrilla y la Fuerza Pública.
Ambas partes decidieron acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, una entidad que es “radicalmente diferente a la Asamblea General de la ONU”, como explica el politólogo Vicente Torrijos.
Esto se debe a que en la Asamblea están todos los países que pertenecen a la ONU, que son casi 200, y cada uno tiene la misma capacidad de voto. En cambio, el Consejo de Seguridad está conformado sólo por 15 países, de los cuales 5 son permanentes y 10 rotativos.
“Los permanentes tienen privilegio porque son los considerados los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pues el Consejo nació en ese momento. Entonces tienen derecho al veto y para que cualquier resolución se apruebe, todos ellos deben estar de acuerdo”, explica Torrijos. Estos países son Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia y China.
Además, las decisiones de la Asamblea no son de obligatorio cumplimiento mientras que el Consejo de Seguridad puede utilizar todas las facultades necesarias para que un país se ajuste al orden internacional, incluyendo la fuerza, como asegura el experto.
Así ha pasado en países como Haití, Sierra Leona o Angola, donde el Consejo de Seguridad ha enviado misiones de mantenimiento de paz que implican personal militar armado, más conocidos como cascos azules, y el organismo internacional se inmiscuyó en reformas políticas, judiciales y hasta económicas de esos países.
En otras experiencias de misiones de mantenimiento de paz ha habido militares y policías extranjeros pero que llegan a observar más que para imponer la fuerza armada, como ocurrió en El Salvador y Guatemala a principios de los noventa.
Sin embargo, el caso de Colombia es muy diferente. Según dice el acuerdo al que llegaron las Farc y el Gobierno, ambas partes le solicitaron al Consejo de Seguridad una “misión política con observadores no armados” y eso fue lo que aprobó la entidad de la ONU en la resolución 2261 de 2016.
Esto es fundamental puesto que a diferencia de una misión de mantenimiento de paz, las políticas son mucho más limitadas y suelen tener mandatos específicos, como lo explica Eduardo Álvarez, coordinador del área Dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El retrovisor de las verificaciones
El general Mauricio Ernesto Vargas, de las Fuerzas Armadas deEl Salvador, saluda al comandante del Fmnl Schafik Handel, luego de la firma del acuerdo de paz en enero de 1992. Foto: archivo Semana.Tanto el Gobierno colombiano como las Farc han dicho que este mecanismo es único y se ajusta a lo que necesita el país. Primero porque el mandato que le solicitaron al Consejo de Seguridad es muy puntual: monitorear y verificar el cese al fuego definitivo y la dejación de armas.
En Nepal, por ejemplo, el Gobierno y el Partido Comunista (Maoísta) también le pidieron al Consejo de Seguridad una misión política en vez de un ejército internacional. Esto fue después de que firmaran un acuerdo de paz el 21 de noviembre de 2006 para acabar con una guerra de 10 años que dejó cerca de 13.000 muertos.
Y, parecido a Colombia, le solicitaron acciones puntuales: vigilar el cese al fuego y supervisar lo que sucedería con las armas y los combatientes. Pero además le pidieron ayuda en la preparación de las elecciones democráticas para abandonar la monarquía.
El Consejo de Seguridad debía cumplir con estas misiones en un año, contado a partir del 27 de enero de 2007. Sin embargo, hubo cuatro prórrogas de seis meses cada una y la misión terminó el 23 de enero de 2010, como lo muestran las resoluciones.
Si bien una asamblea constituyente se realizó como parte del proceso de reformas, resultado del proceso de paz en ese país, en 2008, el Secretario General de la ONU consideró que a 2009 todavía no se habían cumplido la mayoría de los puntos del acuerdo que debería vigilar el Consejo de Seguridad.
“Puede haber factores en diferentes zonas de país que digan que acuerdos no se pueden cumplir en ese momento y hay que extender la misión de verificación”, aclara Álvarez respecto a lo que sucedió en Nepal y al año que deberá durar en principio la misión del Consejo de Seguridad en Colombia.
A pesar que el tiempo de permanencia se alargó, en el caso de Nepal los mandatos iniciales jamás cambiaron como sí sucedió en otros países.
Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU comenzó su misión de mantenimiento de paz en El Salvador el 26 de julio de 1991, el objetivo era bastante amplio pues el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmnl) le solicitaron que verificara el cumplimiento de “todos los acuerdos concertados entre las dos partes”, logrados entre el 26 de julio de 1990 y el 16 de enero de 1992.
Estos incluían el cese al fuego, un programa de transferencia de tierras, la reducción de las fuerzas armadas, la creación de un nuevo cuerpo de policía, la participación política del Fmnl, la restauración del poder público en las zonas de conflicto y hasta reformas estructurales de la Justicia y el sistema electoral.
Fue por eso que el Consejo de Seguridad entró con fuerza. En esta misión de paz invirtió más de 100 millones de dólares y envió a más de 1.000 personas, casi todos de las fuerzas armadas pero con un papel más de verificación. En total designaron 380 observadores militares, 631 observadores de policía, 8 miembros de personal médico, 140 civiles de contratación internacional y 180 locales.
Colombia apoyó los procesos de paz de Guatemala y El Salvador, de hecho el colombiano Augusto Ramírez Ocampo fue jefe de la misión de laONU en este último país entre 1993 y 1994. Foto: archivo SemanaTodo para verificar el cumplimiento de los acuerdos y, además, vigilar a los cerca de 7.000 combatientes que se concentraron en 15 centros regionales durante seis, como lo muestra el informe de la FIP ‘Desmovilización y reinserción en El Salvador. Lecciones para Colombia’.
Apesar de que el mandato del Consejo de Seguridad ya era descomunal, en la prórroga de noviembre de 1993 decidieron “iniciar de inmediato una investigación imparcial, independiente y digna de crédito de los grupos armados ilegales” debido al asesinato de políticos tanto del Fmnl como del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
A pesar de que ese fue el comienzo del fenómeno de pandillas que hoy azotan a El Salvador, con grupos como la llamada Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuando el Consejo de Seguridad terminó sus labores el 30 de abril de 1995 afirmó que “El Salvador, de ser un país dividido por el conflicto, se ha transformado en una nación democrática y pacífica”.
De hecho, la ONU dejó un grupo de civiles agrupados en la Misión de las Naciones Unidas en El Salvador “para prestar sus buenos oficios a las partes, verificar la aplicación de los puntos más destacados de los acuerdos y proporcionar información constante, precisa y fiable”, como explica el organismo internacional.
Otro de los puntos por los que el Gobierno colombiano y las Farc aseguran que es un mecanismo único es porque normalmente cualquier país que pertenezca a la ONU puede participar en las misiones políticas o de mantenimiento de paz.
En Guatemala por ejemplo, los países amigos de la verificación durante los tres meses de 1997 de la misión de mantenimiento de paz fueron seis latinoamericanos, entre ellos Colombia, y 12 naciones más como Estados Unidos, Rusia y Alemania.
Pero en el caso del proceso de paz de La Habana, el mandato del Consejo de Seguridad aclara que Naciones Unidas sólo serán países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), lo que excluye a Estados Unidos.
“Aquí invocan a un tercero para no repetir lo que pasó, por ejemplo, con la comisión verificadora del Epl, que por la falta de participación de militares y de un blindaje internacional fue calificada en su momento como una comisión guerrillera”, asegura Álvarez.
Como lo muestran las experiencias de otros países, las comisiones de verificación dependen en gran medida del mandato solicitado y de la situación en la que esté el país. Álvarez detalla que a diferencia de casos como Siria, Libia o Costa de Marfil, donde el Consejo de Seguridad llegó con más de 6.000 hombres armados, en Colombia no hay una guerra civil y por ende es suficiente con una misión política sin hombres armados.
Lo que sigue ahora para Colombia es que el Consejo de Seguridad envíe un grupo de personas al país para determinar cuántos extranjeros se necesitan en la verificación, cuáles son sus tareas y cuánto dinero necesitan. Estas misiones previas en El Salvador duraron tres meses mientras que la de Nepal fue un mes con cerca de 50 personas.
