Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Antioquia hace diez años tras resolver una demanda contra el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional presentada por la familia del joven campesino, cuyos restos fueron entregados a su familia hace varias semanas en ese municipio del occidente de Antioquia. El Estado aceptó conciliar indemnización.
“[…] se acreditó que la muerte del señor Edison Lezcano Hurtado fue causada por miembros del ejército, sin que tal individuo hubiese ejecutado una actuación constitutiva de una amenaza seria y grave de bienes jurídicos cuya protección se asignó a tal institución”, se lee en el fallo proferido por la Sala Séptima del Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de abril de 2010, que declaró administrativamente responsable al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional del asesinato del joven labriego, ocurrida el 18 de mayo de 2002 en la vereda Alto Bonito, del municipio de Dabeiba.
Los restos de Lezcano Hurtado fueron hallados, junto a otro medio centenar más, en fosas comunes del cementerio Las Mercedes de esa población del occidente de Antioquia luego que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibiera información de que en aquel sitio habían sido inhumanos decenas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Este proceso de búsqueda e identificación de personas asesinadas por tropas del Ejército, que luego fueron presentadas como “guerrilleros muertos en combate”, hace parte del Caso 003, mediante el cual se pretende establecer lo ocurrido con las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, abierto por esta jurisdicción transicional creada tras la firma del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano a través del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la extinta guerrilla de las Farc.
Hasta el momento, las evidencias más claras dentro del Caso 003 sobre ese fenómeno de atentar contra civiles inermes, cuyas cifras reales aún se desconocen, se han registrado en el cementerio de Las Mercedes, por cuanto fueron expuestas por exmilitares que participaron de esas ejecuciones y por cuyas versiones llegaron hasta allí los magistrados de la JEP.
Este portal tuvo acceso a buena parte de los documentos del proceso de demanda de reparación directa presentada por los familiares de Lezcano Hurtado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia hace 16 años contra el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. En ellos se revela cómo fue asesinado el labriego, que para esa época tenía 22 años de edad.
Sí fue el Ejército
“Por medio de este oficio me permito colocar a su disposición los cuerpos sin vida de dos subversivos de las ONT-FARC que cayeron en enfrentamientos con el Ejército al oponer resistencia armada y como resultado del intercambio de disparos”, se lee en el primer reporte, escrito a mano un día después de los hechos y enviado a la Inspección de Policía de Dabeiba por el capitán Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, comandante de la Compañía Bravo del Batallón de Contraguerrilla N. 26 Arhuacos, adscrito a la XVII Brigada del Ejército.
El oficial reportó así lo sucedido en zona rural de ese municipio en la tarde del 18 de mayo, donde su unidad táctica, junto con otras más de la IV Brigada del Ejército, adelantaban tareas de registro y control de área, en desarrollo de la Operación Mongolia, iniciada siete días atrás, con el fin de atacar posiciones del Frente 34 de las Farc y contrarrestar acciones extorsivas contra transportadores realizadas en la vía que de esta población conduce al Urabá antioqueño, específicamente en el llamado Cañón de la Llorona.
Una vez notificado por el capitán Alvarado, el inspector de Dabeiba, Luis Eduardo Rueda, se trasladó a la morgue municipal, donde pudo constatar “la existencia de dos cadáveres de sexo masculino, los cuales yacían sobre las mesas de necropsias 1 y 2, procediéndose luego a la inspección de estos […] Los occisos fueron reportados como N.N. y según lo manifestado por el ejército estos fueron dados de baja en combates en el sitio conocido como Las Golondrinas”.
Según registró en las actas de levantamiento, una de las víctimas vestía “prendas privativas del Ejército”; y la otra, “pantalón de tela bluyín café, interiores granate, medias azules, no más prendas de vestir”, que correspondía a Lezcano Hurtado.
Además, el inspector le envió un oficio ese mismo día al médico de turno del hospital local, Daniel Hincapié, para que realizara las “diligencias de autopsia a dos cadáveres N.N.s (sic) de sexo masculino, los cuales fallecieron de manera violenta y sus cuerpos se hallan en la morgue de este municipio”.
El informe rendido por el galeno dejó en evidencia que al joven labriego le propinaron un disparo detrás de la oreja derecha, con “proyectil de arma de fuego de alta velocidad”, que le atravesó la base de la cabeza, ocasionando su muerte de manera inmediata, lo que permitiría deducir que estaba en el piso, bocabajo y en estado de indefensión.
Cuatro días después de ese asesinato, el capitán Alvarado compareció ante la Unidad Delegada de la Fiscalía ante el Juzgado Promiscuo del Circuito, en Dabeiba, para entregar su versión. Ante esa instancia, detalló, bajo la gravedad del juramento, lo ocurrido en zona rural de este municipio.
“[…] llegamos hasta el sitio conocido como Golondrinas en el cañón de la Llorona, en donde encontramos a un grupo de subversivos uniformados y con armamento que se enfrentaron con la tropa dando como resultado la baja en combate de dos de ellos a quienes se les encontró material de armamento, intendencia y explosivos”, relató el oficial, y agregó que, en el momento de la muerte, las víctimas “no tenían documentos, eran guerrilleros de fila, razos (sic)”.
Esa versión fue respaldada, un año después, por varios uniformados que integraron el Batallón de Contraguerrilla N. 26 Arhuacos y participaron, bajo su mando, en la Operación Mongolia. Varios de ellos entregaron su declaración sobre los hechos en desarrollo de una indagación preliminar disciplinaria instruida por el mayor Henry Rodríguez Recalde, adscrito a la IV Brigada del Ejército.
El soldado Richard Barroso Torres declaró que “en el control y registro del área fuimos sorprendidos por los bandidos y de ahí pues nosotros en defensa reaccionamos a los disparos de la guerrilla y el combate duró aproximadamente treinta minutos, luego realizamos un registro en el sector donde fue el combate y se encontraron dos guerrilleros dados de baja”.
Otro soldado, Gabriel Jaime Gómez Arenas, reforzó la versión de su compañero y detalló que, tras los combates, “realizamos un registro y encontramos un bandolero al lado de una quebrada y el otro en un claro”.
Por su parte el cabo primero Armando Fonseca Bernal reiteró lo dicho por sus compañeros y explicó que, además del Batallón de Contraguerrilla N. 26 Arhuacos, estaban en el área rural de Dabeiba unidades de los batallones Granaderos y Pedro Justo Berrío, de la IV Brigada del Ejército.
“[…] aproximadamente a las 14 horas (2 de la tarde) entramos en combate con narcoterroristas de las ONT FARC (sic) en el sitio Alto Bonito de la vereda Golondrinas, donde fueron dados de baja dos terroristas y se incautó un fusil AK 47 sin número, tres equipos, dos camuflados, dos minas hechizas y proveedores y munición para fusil AK 47”, detalló el suboficial Fonseca.
Además, indicó que una vez concluyó el intercambio de disparos, se realizó un registro de la zona “encontrándose en la parte plana uno de los bandidos, era el que tenía el fusil, él vestía camuflado y más retirado del lugar, esto es vía Alto Bonito se encontró a otro bandido, este llevaba el morral con las minas”.
Al final de su versión, el cabo primero Fonseca aseveró que la versiones dadas a la justicia por familiares de Lezcano Hurtado y de testigos de los hechos, que abiertamente controvirtieron los testimonios de los militares “deben ser manipuladas por las milicias rurales que mantienen en la zona, colocando en desprestigio a nuestra institución”.
En ese mismo sentido se expresó el soldado voluntario Manuel Esteban Echavarría Julio, quien además de ratificar las versiones de sus compañeros, aseveró que quienes estaban sindicando a las tropas del Ejército de haber perpetrado una ejecución extrajudicial “son personas influenciadas por las FARC para desprestigiar a la institución y hacer creer que el Ejército viola los derechos humanos”.
El mayor Edie Pinzón Turcios, comandante del Batallón de Contraguerrilla N. 26 Arhuacos, declaró ante el tribunal militar que al momento del asesinato de Lezcano Hurtado estaba a diez kilómetros de la vereda Golondrinas, en su sitio conocido como Brisas de La Llorona, en la vía a Mutatá, y que a eso de las 12 del día recibió comunicación del capitán Alvarado sobre los hechos.
“Me reporta que entra en contacto armado con los bandidos de las FARC en el área general de la vereda Golondrinas, municipio de Dabeiba, unos diez minutos más tarde me reporta que en el registro efectuado se encontró con la baja de dos bandidos, incautándoles el siguiente material: un fusil AK 47, tres morrales de hule, ropa camuflada que se encontraba extendida, dos minas no convencionales en PVC (sic), toda vez que estos bandidos al parecer se encontraban en actividades de lavado y secado de prendas”, explicó Pinzón Turcios.
En su declaración, el mayor Pinzón Turcios dijo que una vez enterado de los hechos, ordenó a sus hombres “tomar las medidas de seguridad e iniciar con el proceso de evacuación de los dos bandidos dados de baja, y así ponerlos a disposición de la autoridad competente”.
A partir de ese momento, detalló este oficial, “se inició el proceso de evacuación de las tropas comprometidas en la operación y de los cuerpos de los bandidos dados de baja por mi batallón dirección el casco urbano del municipio de Dabeiba”. Una de sus órdenes fue dirigida al capitán Alvarado para que “se apersonara de las diligencias para poner a disposición de la autoridad competente los bandidos dados de baja y el material incautado”.
Militares mintieron
Las versiones entregadas por los militares son distintas a las que familiares y testigos de los hechos les dieron a distintas entidades estatales, a las que acudieron para que se hiciera justicia. Los documentos conocidos por este portal evidencian esas contradicciones y demuestran que los uniformados mintieron.
Una de las primeras declaraciones se presentó el 12 de junio de 2002, cuando Gustavo Lezcano, padre del campesino asesinado, se acercó a la Personería de Dabeiba para denunciar lo ocurrido con su hijo.
Tras ser preguntado por el personero Ramiro González cuál era el motivo de su denuncia, respondió: “Por la causa de un hijo mío que me sacaron de la casa el día sábado 18 de mayo del presente año, me lo sacaron de la propia casa donde él vivía con los suegros en la vereda Alto Bonito, por parte del Ejército que se encuentra acá en el municipio”, y agregó que tres hombres más fueron sacados de esa residencia y golpeados por los militares, a quienes identificó como Jorge Iván López Úsuga, Samuel Manco Roldán y Luis Javier López Torres.
“Los sacaron de la casa para el mismo lugar donde mataron al guerrillero; después los cogieron y los separaron, los tendieron en el suelo y los cogieron a golpes; después de eso largaron a tres de ellos y mataron a mi hijo”, describió el padre del labriego asesinado.
Cuatro meses después, el 24 de octubre, acudió a la Personería de Dabeiba María Trinidad Roldán Úsuga, suegra de Edison, quien presenció los hechos y corroboró lo dicho por el padre de la víctima.
“Eran por ahí las doce del día cuando nosotros estábamos en la casa y se escuchó una balasera (sic) y entonces nos tendimos en el suelo todos los que estábamos ahí”, precisó la señora y detalló que en ese momento se encontraban en su casa nueve personas, entre adultos y menores. “Cuando escuchábamos esos disparos tan fuertes, escuchamos que dijeron que le tiraran a la casa, entonces nosotros dijimos que nos saliéramos para fuera para que vieran que éramos civiles y no nos fueran a tirar”.
“En ese momento -continuó la mujer- llegó el ejército que eran los que estaban disparando y nos dijeron que nos tendiéramos en el suelo, de ahí fue donde se llevaron los muchachos Jorge Iván, Samuel, Edison y Luis Javier y se los llevaron para la canchita que queda al frente de la casa, como a cien metros”.
Pasadas por lo menos dos horas, los militares dejaron ir a tres de los muchachos, menos a Lezcano Hurtado. “Al ratico de haberlos largado escuchamos otros disparos y al momentico pasaron junto a mi casa con Edison muerto, amarrado encima de un caballo y también en ese mismo caballo pasaron a un guerrillero que habían matado en la balasera (sic)”, declaró la suegra del joven víctima.
El 2 de noviembre de ese mismo año acudió a la Personería Jorge Iván López Úsuga, uno de los jóvenes detenido por el Ejército, quien detalló las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos mientras estuvieron retenidos por soldados de la Compañía Bravo del Batallón de Contraguerrilla N. 26 Arhuacos.
“[…] por cada palabra que uno decía era un golpe que le daban con la pata, con la culata y con punta del arma en la cabeza y el trato era de guerrilleros hijueputas, que nosotros éramos sabedores de todo lo que hacía la guerrilla y que por eso nos tocaba morirnos aquí”, relató López Úsuga, aserrador de profesión.
Luego explicó que los llevaron a una pequeña casa que la Alcaldía de Dabeiba tenía dispuesta como escuela para los niños de la vereda, y allí los volvieron a interrogar. En un momento, separaron a Lezcano Hurtado del grupo, lo llevaron a la parte de atrás de la edificación y no lo volvieron a ver vivo. Por orden de uno de los militares, los tres campesinos fueron liberados y regresaron a la casa de donde los habían sacado.
“Después de que nos largaron, nosotros les decíamos a todos los soldados que habían por ahí regados, que nosotros conocíamos a Edison y que él era un muchacho muy trabajador que él no tenía nada que ver con la guerrilla, y lo que nos contestaron fue que no dijéramos nada porque a él nadie lo conocía y yo le contestaba que sí lo conocíamos, entonces nos dijeron denle gracias a Dios que a ustedes no les pasó nada porque ustedes estaban muertos”, narró el campesino, quien agregó que cuando las tropas iniciaron la salida de la vereda, uno de los militares les dijo “vallanse (sic) de aquí porque otra vez que volvamos no queda ni el pegado”.
El caballo en el que sacaron los cuerpos de las dos víctimas era del campesino Wilson Benítez, quien fue obligado por los militares a llevarlos hasta la carretera. En declaración ante el Personero de Dabeiba, rendida el mismo día que la dio el aserrador, aseveró que los soldados subieron los cuerpos al animal y los amarraron.
“A mí me dijeron vallase (sic) adelante con ese animal y en el camino se estaban cayendo del caballo los cadáveres, entonces yo les dije que si cuadraba los muertos y ellos me dijeron que no, que los dejará así que se cayeran y que los arrastrara, entonces se cayeron del caballo y a mí me tocó arrastrarlos hasta la carretera, cuando ya llegué a la carretera los montaron a un carro y los bajaron en la hacienda La Cerrazón”, relató Benítez, quien denunció que recibió amenazas de muerte por parte de los militares al insistir que Lezcano Hurtado no era guerrillero: “Ellos me dijeron que si seguía diciendo que era un civil me tiraban al río inmediatamente”.
El expediente también contiene la versión del conductor del vehículo, Luis Aníbal Estrada Arango, quien fue citado a dar su testimonio en el proceso de investigación preliminar disciplinaria adelantada por el Ejército Nacional. Según su relato, los militares lo pararon en la vía para que llevara “unas cosas y estos dos difuntos y yo les dije que los montaran hay (sic), no me dijeron hasta dónde, solo cuando llegamos a la finca La Cerrazón hay (sic) los descargaron”.
Desaparecen cadáveres
Los dos cuerpos fueron llevados a la morgue municipal de Dabeiba en la mañana del domingo 19 de mayo con el fin de realizar los levantamientos respectivos y adelantar las necropsias. Una de las primeras personas en llegar fue Hermelina Góez Guisao, ayudante de la morgue, quien fue requerida por el Inspector de Policía para que abriera el lugar.
“Cuando yo subí encontré dos cuerpos uno de ellos se encontzraba de camuflado […] y el otro estaba de particular, yo abrí y al del particular lo pusimos en la mesa y al del camuflado en el piso, luego el doctor Daniel llegó, y un señor llamado capitán Alvarado nos preguntó que a qué horas estarían las necropsias, que estarían para las 11:30 a 12:00 del día se le dijo, luego empezamos a trabajar y la gente uniformada se quedó afuera”, relató la mujer, quien también fue citada por el Ejército para que diera su versión.
Una vez terminadas las necropsias, el capitán Alvarado ordenó que no se siguieran cavando las tumbas en donde serían depositados los cuerpos por cuanto los iban a trasladar, sin que precisara a dónde. Los cadáveres fueron sacados de la morgue por varios militares en dos féretros suministrados por la Alcaldía y trasladados en un vehículo a algún lugar del municipio sin que se supiera muy bien la razón de esa actitud y negándose la entrega de Lezcano Hurtado a su familia.
En la primera denuncia presentada ante la Personería por Gustavo Lezcano, padre de Edison, expresó su angustia por no poder enterrar a su hijo: “Yo lo único que pido es que mi hijo aparezca para darle cristiana sepultura, y que se castigue a los responsables, en este caso el ejército, porque mi hijo no era ningún guerrillero, era simplemente un trabajador que se dedicaba a la agricultura”.
Cuatro meses después, el 1 noviembre de 2002, durante una ampliación de la denuncia, volvió sobre el tema de la desaparición del cadáver de su hijo: “Solo he escuchado rumores que el día 19 de mayo disque se lo habían llevado en un helicóptero del Ejército, pero también he escuchado decir que los enterró el ejército de noche en el cementerio; yo estoy casi seguro que él sí se encuentra enterrado aquí en el cementerio junto con el guerrillero”.
El Estado concilia
Once meses después de ocurridos los hechos, la Fiscal 50 Seccional, Gladys Helena Zapata Duque, profirió resolución inhibitoria y archivó el caso. La decisión, tomada el 22 de abril de 2003, se sustentó en el argumento de que había transcurrido “un tiempo superior a seis meses sin poderse aún determinar la identidad del autor o autores del injusto materia de investigación, a pesar de los esfuerzos investigativos desplegados por la Fiscalía”.
Pese a las evidencias existentes, provenientes de los testimonios de familiares y testigos aportados a la Personería local, a la Fiscalía y a la justicia penal militar, así como de la constatación de los documentos de levantamiento del cadáver y necropsia, la investigación penal fue cerrada, aunque con la advertencia de “poder revocarse la ocupante decisión en el evento de surgir prueba que así lo amerite”.
Ante esa decisión, la familia del joven campesino, apoyada por un abogado de confianza, consideró que el camino adecuado en busca de justicia era acudir al Tribunal Administrativo de Antioquia para solicitar que se declarara responsable de los daños ocasionados a la familia Lezcano al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. La demanda fue presentada el 2 de febrero de 2004.
Seis años después, el 28 de abril de 2010, la Sala Séptima del Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez, declaró administrativamente responsable a los demandados por el asesinato del joven labriego.
La decisión en primera instancia, respaldada por los magistrados Rafael Darío Restrepo y Gonzalo Javier Zambrano, se basó en tres argumentos: El Ejército reconoció que le dio muerte a Lezcano Hurtado en desarrollo de la Operación Mongolia; ese asesinato obedeció a una falla del servicio, por cuanto la víctima “no ejerció acción alguna frente a la que se legitimara el uso válido de las armas de dotación oficial”; y los demandados no demostraron que el campesino fuera un guerrillero.
Con respecto a la desaparición de los cuerpos, el fallo planteó varias dudas: “Por demás, resulta extraño que los cuerpos de las personas presuntamente muertas en combate fueron retirados de la morgue municipal con tanta premura, sin permitir que familiares del occiso Lezcano Hurtado lo identificaran o reclamaran su cuerpo, más aún cuando los militares no se retiraron tal día de la zona”.
Adicional a ello se preguntó, sin obtener respuesta alguna: “¿Por qué si a las 7 de la noche estaban en el municipio de Dabeiba los militares, no esperaron el término de las 24 horas para que procediera al entierro de los cadáveres el Municipio? ¿Por qué no permitir que el Municipio los enterrara?”.
Las pretensiones económicas de la familia de Lezcano Hurtado fueron avaladas por el tribunal y, por tanto, condenó al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a cancelarles una importante suma de dinero.
No obstante, esta decisión tiene dos particularidades: de un lado, que los magistrados no compulsaron copias para que se investigara a los militares implicados en el asesinato; y de otro, que si bien los condenados apelaron el fallo, no lo sustentaron, pese a ello fue al Consejo de Estado, para resolver en segunda instancia.
En este alto tribunal, el apoderado de la entidad estatal, abogado Gustavo Alfonso Rey Peña, solicitó el 28 de septiembre de 2011 realizar audiencia de conciliación, petición que fue aceptada y respaldada por la Procuraduría. La cita se llevó a cabo el 21 de junio de 2012 y se acordó el pago del 85 por ciento de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, decisión avalada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante decisión proferida el 16 de agosto de 2012.
Ante la JEP
Los restos de Lezcano Hurtado fueron los primeros en ser identificados tras labores de prospección y exhumación adelantadas por la JEP desde el 9 de diciembre del año pasado, cuando magistrados, auxiliares y personal de exhumaciones visitaron el cementerio Las Mercedes para seguir las pistas dadas por exmilitares en las investigaciones adelantadas sobre el Caso 003.
En esa ocasión hallaron los restos de 17 personas. Dos meses después y tras adelantar nuevas las labores de búsqueda y exhumación, encontraron otros 37 más, que están bajo investigación forense y en proceso de identificación.
El magistrado Alejandro Ramelli está al frente de esas actividades de búsqueda, que hasta el momento arroja la identificación de Lezcano Hurtado, cuyos restos ya fueron entregados s su familia. Consultado por este portal sobre el proceso administrativo que se siguió en el Tribunal Administrativo de Antioquia, el funcionario aseveró que el expediente fue solicitado como prueba, pero que la cuarentena decretada desde el pasado 23 de abril a medianoche, detuvo la remisión desde Medellín.
“Nos enteramos de ese proceso cuando estuvimos en Dabeiba y lo decreté como prueba, fue uno de los últimos autos que firmé. Apenas salgamos de la cuarentena, espero que lo traigamos”, afirmó Ramelli.
De hecho, la JEP, antes de entrar en cuarentena, elaboró una lista de militares que habrían participado en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la región del occidente antioqueño, a quienes se espera citar y versionar una vez se normalice la situación en el país.
Sobre los efectos de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Ramelli aclaró que no modifica lo que se viene haciendo en la JEP, “por el contrario, le da mayor credibilidad”.
“Lo interesante -agregó- es que vamos a lograr cerrar toda la historia, que las víctimas sepan la verdad; la reparación económica ya la tuvieron, pero no saben quién fue el que estuvo detrás de todo eso”.
Uno de los aspectos que destaca el magistrado sobre el proceso administrativo fallado a favor de la familia del joven campesino asesinado, es que la conciliación económica a la que se llegó demuestra que el crimen de Lezcano Hurtado sí fue responsabilidad del Estado.
“Para que concilien, el Ministerio de Defensa tuvo que haber aceptado su responsabilidad, si el señor hubiera sido muerto en combate, pues no hubieran conciliado porque habría sido una acción legítima del Estado”, precisó Ramelli.
¿Qué es lo que falta entonces en este caso a la familia del labriego? Según el magistrado, que los presuntos responsables comparezcan ante la JEP, cuenten qué fue lo que hicieron: “Esa es la parte que le falta a la historia, y logremos judicializarlos”.
