La Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional a raíz de los altos niveles de violencia que padecen defensores de los derechos humanos y líderes sociales. La comisión encargada de hacerle seguimiento a su cumplimiento evidencia que las respuestas de las instituciones no marchan en los ritmos y modos necesarios.
Hace dos años, el tribunal constitucional impartió órdenes precisas a varias instituciones del Estado para prevenir la violencia contra lideresas y líderes sociales. Sin embargo, ha sido lento el cumplimento de esas órdenes y la violencia no cede: el año pasado ocurrieron 727 agresiones contra líderes y lideresas sociales; de ellas, 157 fueron asesinados, según registros del Programa Somos Defensores.
La Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU-546 de 2023 (Cosesu) presentó en la mañana de este jueves su primer balance a la Corte Constitucional, en el que identifica “avances institucionales, rezagos preocupantes y barreras persistentes” que limitan una implementación integral de la sentencia.
“El Estado de Cosas Inconstitucional que afecta a las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales persiste, en tanto no se transformen los factores estructurales que reproducen la violencia contra esta población, ni la cultura social e institucional que tolera que la defensa de los derechos humanos implique riesgos para quienes dedican su vida a proteger los derechos de todas y todos, de las comunidades y del territorio” dice la comisión en su informe.
De las 32 órdenes emitidas por la Corte, la más incumplida es la relacionada con la creación de una base de datos única que consolide las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y que unifique criterios sobre quién es líder social y defensor. La directriz está dirigida a los ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia y de Hacienda; al Departamento Nacional de Planeación; a la Procuraduría; a la Defensoría y a la Fiscalía. Tan sólo estas dos últimas reportaron avances parciales y las demás no reportaron ninguno.
Donde ha habido mayor cumplimiento es en la elaboración de un plan integral que garantice el respeto, la prevención y la protección de la población líder y defensora de derechos humanos. Cinco entidades registraron avances satisfactorios, dos parciales y tan sólo el Ministerio de Defensa no reportó ninguno, según la comisión.
Llama la atención que la cartera encargada de la seguridad del país sea la única institución que no tiene ningún tipo de avances en la implementación de la sentencia, a pesar de que tan sólo debía responder por dos de las órdenes de esa providencia judicial; la otra es la relacionada con un registro único de agresiones a personas defensoras.
El monitoreo del cumplimiento de la sentencia fue encargado al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y al Programa Somos Defensores (PSD). Ante la dimensión de esta tarea, esas organizaciones decidieron articularse con 17 más para conformar el Cosesu. Entre ellas están asociaciones étnicas, ambientales, litigantes, de derechos humanos y de mujeres.
Para la elaboración del informe, la comisión realizó solicitudes de información y derechos de petición, muchos de los cuales fueron resueltos por las entidades responsables de manera tardía. El informe plantea que existen límites frente al acceso de información por parte de las entidades en términos de profundidad y soportes, por lo que no fue posible la realización de un análisis más profundo y detallado.
Para evaluar el rol de cada entidad, la Cosesu creó un mecanismo de semaforización, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de la respuesta institucional en relación con la naturaleza de la orden de la Corte; el tiempo en que fue ejecutada; la incorporación de sus propias observaciones; y la existencia de posibles deficiencias en la información reportada.
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De ese modo, las valoraciones se categorizaron de la siguiente manera: el gris fue empleado cuando no fue posible realizar una valoración o cuando el criterio no resulta aplicable a la entidad; el rojo identifica los casos en los que no se reportan avances; el anaranjado señala la existencia de avances parciales; y el verde refleja que la implementación se ha realizado conforme a lo solicitado por la Corte Constitucional.
La Cosesu concluye que durante el primer año de implementación de la Sentencia SU-546, el nivel de cumplimiento por parte de las entidades responsables ha sido medio.
Tras resaltar los avances y esfuerzos institucionales encaminados a generar garantías para la labor de defensa de los derechos humanos, insiste en la necesidad de que “las entidades adopten acciones y decisiones más claras y expeditas, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y en diálogo y concertación con las personas defensoras de derechos humanos, los liderazgos sociales, las organizaciones, las plataformas nacionales de derechos humanos y la propia Comisión de Seguimiento”.
El informe concluye con recomendaciones a la Corte Constitucional. Entre ellas se destacan la creación de una Sala específica en esa corporación, que facilite el seguimiento de la sociedad civil del cumplimiento de la sentencia y la comunicación con las entidades vinculadas a ellas.
También solicita que le reitere a las entidades del Estado “la necesidad e importancia de responder los derechos de petición que hacen las organizaciones de la sociedad civil en el tiempo establecido por la ley, con suficiente claridad y sobre todo con la información necesaria para que se puedan hacer ejercicios de seguimiento que contribuyan a hacer propuestas en tiempos oportunos y puedan ser tenidas en cuenta”.
Por otro lado, pide que emita órdenes complementarias, dirigidas a entes territoriales, pues las establecidas hace dos años, están dirigidas al nivel central de la Nación. “El rol de las Gobernaciones es central para el cumplimiento de varias órdenes de la Sentencia SU-546/23”, dice.
Finalmente, recomienda la participación de organizaciones sociales que se encargan de velar por los derechos humanos y el medioambiente. “Solicitamos la convocatoria de una audiencia pública, con participación ciudadana amplia, especialmente de organizaciones de personas defensoras de los territorios que actualmente atraviesan una situación más difícil. Esta audiencia debe estar presidida por la Corte Constitucional y, además de escuchar a las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, es necesario que las entidades expongan ante la ciudadanía la forma en que están respondiendo a las órdenes, con especial atención sobre las entidades que presentan poco avance en la implementación de las órdenes”.
