Así lo advierten dos fallos recientes en contra de la empresa cementera que insisten en advertir que no basta un estudio de títulos para adquirir predios rurales. Magistrados recordaron que, para la época de las compras, Montes de María había sido una región arrasada por el conflicto.
“Aquella situación obligaba a los interesados a comprar en esa zona a tomar precauciones adicionales y no conformarse con el estudio de títulos, siendo esa verificación insuficiente cuando se pretende adquirir propiedades en un territorio que se sabe ha sido azotado por el crimen y la intimidación”, señala el fallo proferido el pasado 21 de septiembre del Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cartagena, refiriéndose a la reclamación de una familia campesina sobre su parcela de 19 hectáreas, en el sector de La Borrachera, en el municipio de Carmen de Bolívar, Bolívar, que fue adquirida por la firma Argos en 2009 y que ahora tendrá que devolver.
En ese mismo sentido se pronunció el pasado 12 de octubre el Tribunal Especial de Restitución de Antioquia, en su fallo frente a la reclamación de una parcela de 21 hectáreas, también en Carmen de Bolívar e igualmente comprada por Argos en 2010: “Las pruebas relacionadas no demuestran ausencia de labor encaminada a establecer que cuando el actor [campesino] vendió su predio en el año 2008 actuaba libre de apremio o intimidación, a pesar de conocer el cuadro de violencia vivido en la región y la afectación directa de la misma; a la cementera solo le importó concentrar la mayor cantidad de predios para implementar su proyecto forestal, incurriendo aún enirregularidades en su adquisición”. (Lea la sentencia del Tribunal de Antioquia aquí).
Los magistrados recordaron que casi toda la población de ese municipio, incrustado en la región de los Montes de María, se desplazó tras la masacre perpetrada por los paramilitares en el corregimiento de El Salado. El Registro Único de Víctimas indica que, en el año 2000, por lo menos 40 mil 143 personas salieron huyendo del municipio para evitar que las mataran.
La sentencia incorpora, además, un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo del 4 de agosto de 2005 que advertía sobre las amenazas que había contra las comunidades de los municipios de Ovejas, en Sucre, y Carmen de Bolívar, Bolívar, por la presencia de distintos actores armados. A ese documento se suma una resolución del 3 de octubre de 2008 de la Gobernación de Bolívar, que señalaba la agudización del conflicto entre 1999 y 2002 por la presencia de las Farc y las Auc.
En la más reciente sentencia, los magistrados relacionaron un oficio del 28 de octubre de 2013 del Comandante del Batallón de Infantería de Marina número 13, que informaba del hallazgo entre marzo y septiembre de 2005 de material de guerra cerca a los predios abandonadas. Este fue el periodo en que se desmovilizaron los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, responsables de la masacre de El Salado.
La sentencia incluye, además, un oficio del 18 de diciembre de 2013 de la Unidad Especializada de Justicia y Paz de la Fiscalía, que registra la documentación de 3.347 hechos de violencia ocurridos entre 1998 y 2006 relacionados con desplazamientos, asesinados, robos, secuestros, extorsiones y desapariciones.
En estos amplios contextos, realizados por entidades estatales en diversos periodos, se basaron los magistrados para advertir que las compras de tierras en una región como los Montes de María debían tener una mayor diligencia por parte de la firma Argos, pues era evidente que hubo despojo en aquellos años cuando la guerra fue cruenta.
Hasta el momento, van cuatro fallos adversos a la empresa Argos en procesos de reclamación de tierras proferidos por los tribunales especializados de tierras de Cartagena, Cúcuta, Cali y Antioquia. Los dos más recientes son los de Cartagena y Antioquia.
En el caso del tercer fallo, proferido por el Tribunal de Cartagena, se documenta el caso de una finca de 19 hectáreas que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó en 1987 a una familia campesina. Aunque a finales de la década de 1990 la población estaba atemorizada por el asesinato de sus vecinos Feliciano, Félix y Guido Rivero, y Humberto Oviedo, se desplazaron en 2000 tras la masacre de El Salado.
Desesperada por falta de trabajo y alimentos, la familia intentó retornar, pero nuevamente fueron expulsados cuando les quemaron la casa. En 2004, el Comité de Atención a la Población Desplazada declaró la zona en situación de desplazamiento, protegiendo las tierras para que no fueron comercializadas.
El cuarto fallo, emitido por el Tribunal de Antioquia, expone el caso de un predio de 21 hectáreas que el Incora le tituló a otra familia campesina. Aunque ésta les fue adjudicada en 1998 no pudieron disfrutar de la tierra por la violencia, y terminaron vendiéndola en 2008 a Álvaro Ignacio Echevarría Ramírez, quien fue señalado por laSuperintendencia de Notariado y Registro de comprar y acumular predios baldíos en Montes de María, que suman 4 mil 650 hectáreas.
Este fallo recuerda que esto sucedió pese a que el 3 de octubre de 2007 el Comité de Atención a la Población Desplazada emitió otra resolución que declaró “la inminencia y riesgo de nuevos desplazamientos por la compra masiva e indiscriminada de tierras”.
Las cuestionadas compras
En ambos casos, la declaratoria del Comité fue solo de papel porque más tarde avaló las ventas y, según los campesinos, sin su autorización. En la tercera sentencia quedó consignado que quien convenció a los campesinos de vender fue Robinson Enrique Torres Chamorro, otro parcelero de la zona.
“Como estas tierras quedaron solas por la violencia, los montes se crecieron, eso se perdió, los caminos se taparon, luego cuando yo tenía una parcela y la vendí con un comité ahí nosotros nos pusimos de acuerdo, como ya estábamos a tiempo, venían los problemas que con tanta violencia mataban amigos, uno no quería estar por ahí, luego cuando ya vendemos la parte de nosotros viene Borrachera [sector de la parcela reclamada]”, le dijo Torres a las magistradas.
En la cuarta sentencia quedó documentado que el intermediario fue Jairo Bayuelo, quien le insistió a los campesinos “que vendieran porque los demás parceleros ya lo habían hecho y quedarían encerrados, que la única manera de entrar al predio sería en helicóptero”, reiterando que no existían garantías de seguridad por la situación de violencia generalizada en la región y por la posibilidad de que las fincas estuvieran contaminadas con minas antipersona.
Fue así como las fincas fueron vendidas. Según los documentos del caso estudiado por el Tribunal de Cartagena, en 2008 el Comité autorizó la venta de la parcela a Diego Rafael Villa Saldarriaga, un caballista. Sin embargo, la compra no la hizo él. Fueron Paula Andrea y Claudia María Moreno Ángel quienes pagaron 15 millones de pesos por la tierra y concretaron la adquisición en Notaría Única de San Jacinto el 23 de enero de 2009. Ese mismo año las hermanas le transfirieron no solo esa finca sino nueve predios más a un fideicomiso constituido por Cementos Argos, pero administrado por la Fiduciaria Fiducor. Solo un año después, en 2010, las hermanas Moreno Ángel solicitaron un nuevo permiso al Comité para pasar las tierras a nombre del fideicomiso.
En el caso estudiado por el Tribunal de Antioquia, en 2008 la familia le vendió su parcela a Alvaro Ignacio Echeverría, en una transacción de 5 millones de pesos [300 mil pesos por hectárea] que quedó consignada el 27 de junio de 2008 en la Notaría Única de San Jacinto. Al igual que en el caso anterior este, a su vez, la transfirió al fideicomiso creado por Argos y al que fue adicionado Daniel Alejando Saldarriaga Jaramillo.
Los magistrados del Tribunal de Antioquia criticaron la actuación de Echavarría y de Saldarriaga sobre las compras: “Tales reflexiones resultan útiles en la compresión del caso aquí debatido al evidenciar que las actuaciones de Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, Jairo Bayuelo, Daniel Alejandro Saldarriaga Jaramillo y la Sociedad Fiduciaria Fiducor S.A. engendran una auténtica contrarreforma agraria, por el modo inequitativo de acumular tierra y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos”.
En los otros casos, ya fallados por el Tribunal Especializado en Restitución de Cúcuta y de Cali, las compras fueron realizadas por Otto Nicolás Bula y Luz Helena Pérez de Mora, y en otro, por Ana Patricia Serani Toro (Lea: Argos no probó buena fe exenta de culpa en compra de tierras y “Argos no conformó ni fue cómplice de grupos armados ilegales”: Tribunal). En estas dos sentencias, los magistrados coincidieron en que aunque Argos no participó del conflicto armado y probó la buena fe en la compra de las tierras; no estaba exenta de culpa, por falta de diligencia en la verificación del pasado de las parcelas.
Durante los más recientes juicios, Argos explicó que en estas tierras tenía pensado el desarrollo de “un proyecto forestal como mecanismo de compensación por la huella ambiental de la organización, la cual a junio de 2013, a través de su filial de reforestación tenía sembradas 6 mil 500 hectáreas en Colombia”.
En la sentencia fallada por el Tribunal de Antioquia, los magistrados incorporaron el testimonio de Mauricio Antonio Moreno Toro, entonces gerente forestal de Argos entre 2006 y 2011, quien explicó que la compra de predios obedeció al proyecto de reforestación, reconociendo el impacto ambiental que se deriva de la producción de cemento.
Moreno agregó que “las compras las hicimos básicamente a cuatro o cinco personas que ya tenían muy organizado, le compramos a Álvaro Echeverría, a Daniel, a Alberto Moreno, fueron cinco o seis personas no más (…) para un proyecto agroindustrial el área debe estar lo más continuamente posible, por facilidad, en lo posible juntos los predios… Estábamos aspirando comprar hasta 10 mil hectáreas en la zona general de los Montes de María”.
En varias entrevistas con VerdadAbierta.com, la empresa explicó que las tierras adquiridas en Carmen de Bolívar se suman a otras de Ovejas, en Sucre, para dicho proyecto planeado a 25 años. Sin embargo, la empresa aclaró que adquirieron otros predios en San Onofre, en Sucre, también para un proyecto de reforestación, en cuyos procesos sí se presentarán como opositores a la restitución.
Como parte de los testimonios en el juicio fallado por el Tribunal de Cartagena, las magistradas solicitaron además el de Diego Rafael Villa Saldarriaga, el caballista que solicitó al Comité de Atención a la Población Desplazada el permiso para la compra de la parcela, que terminó comprada por las hermanas Moreno Ángel. En su declaración, explicó las motivaciones de la adquisición: “Nosotros somos ganaderos de tradición, somos gente de campo, nos gusta hacer campo, Alberto pues que es mi suegro lleva muchos más años que yo, pero yo me crie en esto y a raíz de la convocatoria que estaba haciendo en esa época, especialmente el presidente Uribe, de llegar a estas tierras, para llegar a la recuperación de estas tierras por tanta violencia.”
En sus decisiones, los tribunales ordenaron la restitución de los predios a las familias, consideró no probados los argumentos de los compradores de que adquirieron las fincas en una etapa de posconflicto, ordenando la nulidad de todas las transferencias. Solicitaron por ejemplo al Ministerio de Agricultura garantías a las familias para acceder a programas de subsidio integral para la adecuación de tierras, asistencia técnica y agrícola, e inclusión en programas productivos.
También le ordenaron a la Unidad de Tierras que les asegure asesoría sobre subsidios de vivienda y e integral de tierras, y a otras instituciones del Estado como la Secretaría de Salud, el Sena y las fuerzas militares garantías de acceso a programas y seguridad para su permanencia y progreso en la tierra.
“Aun cuando la parte opositora adujo en su defensa la normalización del orden público de la zona producto del proceso de consolidación, lo cierto es que la administración pública advertía otro fenómeno de alteración y alerta frente al cambio de las dinámicas y actores del conflicto armado que igualmente suponía la imposibilidad de retorno de la población desplazada en condiciones de seguridad y estabilización socio-económica; ante lo cual el extremo opositor no adosó prueba que acreditara que existió para el reclamante una posibilidad objetiva de retorno”, concluyó la sentencia del Tribunal de Cartagena.
Argos busca compensación
Voceros de la empresa cementera contactados por VerdadAbierta.com se mostraron tranquilos con las decisiones y dejaron claro que los jueces no los involucraron en hechos de violencia ni los relacionaron con grupos paramilitares, por cuanto los despojos se dieron mucho antes de sus compras en Montes de María.
“Lo importante es que no hay una relación de Argos con el hecho victimizante”, resalto Sergio Osorio, directivo de la compañía, quien explicó, eso sí, que se están revisando las sentencias para solicitarle a quienes les vendieron esas tierras un posible resarcimiento, dado que pagaron por unos predios que deben devolver.
Actualmente las fincas reclamadas por campesinos despojados están en manos de la Fundación Crecer en Paz, creada por Argos para que administrara esas tierras y liderara proyectos productivos,
“Cuando salió la primera sentencia, en el Tribunal de Cúcuta, me pidieron que tuviera un acercamiento con la familia Mora para que estudiara cómo iba a resarcir ese perjuicio, y básicamente la propuesta es que el valor de la tierra lo devolvieran para que la Fundación tuviera esos recursos”, explicó Osorio y agregó que esa familia está “estudiando el tema”.
De no concretarse esta solución, Argos ha pensado en recurrir al mecanismo de conciliación extrajudicial: “en el fondo esos vendedores sí deberían resarcir a la compañía o a la fundación por las posibles irregularidades cometidas en las compras de esos predios”, reiteró Osorio, e indicó que de no funcionar tampoco esta vía, “podría presentarse una reclamación formal ante la justicia ordinaria”.
En los tribunales especializados de tierras hay por lomenos otros 15 procesos de reclamación, cuya suma total en hectáreas, incluidos los cuatro ya fallados, suman 6,600 hectáreas. Argos y la Fundación Crecer en Paz han querido devolver esas tierras a sus dueños originales. “Lo que nosotros quisiéramos es poderle entregar, ya mismo, cada uno de esos predios a los reclamantes para que ese proceso de retorno de uso de la tierra por parte de los campesinos se pudiera dar”, pero legalmente no se ha podido encontrar la manera, deben esperar la decisión de los jueces.
