Asesinan a hijo de reclamante de tierras delUrabá

      
Las autoridades investigan este homicidio, ocurrido en una finca en Córdoba. Su madre solicita la restitución de un predio en Turbo, Antioquia.

dlr-reclamante-asesinadoOctavio Avilez Guerra era hijo de una reclamante del predio “No hay como Dios”, en la vereda Puya Arriba, en el municipio de Turbo, Antioquia. Foto: archivo VerdadAbierta.com.

Ayer fue asesinado Octavio Avilez Guerra en la finca ‘Los monos’ del corregimiento Las Delicias, en el municipio de Ayapel, Córdoba, donde trabajaba. Según lo confirmó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Antioquia, el labriego era hijo de una reclamante de una finca de 41 hectáreas en el municipio de Turbo, en la región del Urabá, donde la Unidad ya adelantaba el proceso de documentación con el fin de determinar si fue despojada por grupos paramilitares.

Paola Cadavid, directora de la Unidad en esta región, aseguró que las autoridades investigan el crimen, pues la familia no ha había denunciado amenazas ni contaba con algún esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Cadavid indicó que Avilez había participado a mediados de mayo de 2015 en el proceso de identificación de la finca ‘No hay como Dios’, reclamada por su madre. Este proceso es clave para documentar el caso y presentarlo en demanda ante un juez de restitución.

Aunque de forma inicial en la región se rumoró que el predio reclamado hacía parte de las tierras que están a nombre de la esposa del cuestionado magistrado Jorge Pretelt, la URT aseguró que el predio ‘No hay como Dios’ es un homónimo, pues en la zona hay dos predios que se llaman de igual manera.

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien fue uno de los primeros en alertar por Twitter que la víctima era reclamante de tierras, aseveró después, en rueda de prensa, que la información inicial provino de campesinos de la zona, quienes sostuvieron que Avilez era un reclamante de tierras en Arboletes, Antioquia, en cuya región están los predios de la esposa del magistrado Pretelt.

Sin embargo, Cadavid especificó que el predio de la mamá de Avilez está en el corregimiento San José de Mulatos, en Turbo, “más hacia el sur de la vereda Puya Arriba, mientras las tierras en las que está involucrado Pretelt están más hacia el centro”. Según las coordenadas de la URT, los predios de la esposa del magistrado son entre la parte norte de Puya Arriba y la vereda Platas Arriba, en el municipio antioqueño de Arboletes.

Según el más reciente análisis de la organización no gubernamental Forjando Futuros sobre el proceso de restitución, en Colombia han sido asesinados 67 reclamantes de tierras desde 2008 y un funcionario del Gobierno. Tales circunstancias llevaron a esta ong a advertir que “otra dificultad que causa la demora de la Restitución es que sólo el 20 por ciento se las víctimas se han presentado a la Unidad para radicar sus solicitudes. Esto se debe al desconocimiento de sus derechos, a la desconfianza en las autoridades y al temor generalizado por la falta de seguridad”.

El municipio de Turbo está “microfocalizado” por la Unidad. Es decir, cuenta con el aval de seguridad del Ministerio de Defensa para realizar los procesos de documentación de las reclamaciones, para elaborar las demandas y presentarlas a un juez. Al respecto, Valencia opina que es una dificultad enorme estar “bajo el arbitrio militar” para decidir dónde restituir.

En el municipio de Turbo, el temor rondaba hasta hace unos meses en la vereda Paquemás, donde ganaderos y comerciantes en complicidad con un antiguo funcionario del Incora buscaban quedarse con las tierras que les fueron despojadas a 98 familias (Lea: La conspiración para despojar a los campesinos de Paquemás, en Urabá). La Unidad de Tierras informó que en mayo pasado las autoridades capturaron a tres de las personas relacionados con este caso (Lea: Golpe a usurpadores de tierras).

Ante estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado de prensa, solicitó revisar “eventuales escenarios de riesgo para prevenir vulneraciones a los derechos de los allegados a la víctima”.