La desmovilización de esta facción de las Auc se convirtió en el caldo de cultivo de bandas criminales en Norte de Santander. Un bajo porcentaje de excombatientes se beneficia de los programas de asistencia social. Con el apoyo especial para VerdadAbierta.com de John Jairo Jácome Ramírez, Cúcuta.
El 10 de diciembre de 2004, 1.425 hombres pertenecientes al Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entregaron sus armas en la finca Brisas de Sardinata del corregimiento Campo Dos, en Tibú, Norte de Santander.
Ese día, ante elentonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el jefe paramilitar y miembro del Estado Mayor de las Auc, Salvatore Mancuso, desmovilizó unos hombres y mujeres que, hasta ese momento, solo sabían hacer una cosa: la guerra.
En el acto de dejación de armas del Bloque Catatumbo se les anunció a los desmovilizados que aquellos que tuvieran cuentas pendientes con la justicia debían quedarse; los demás, que eran la gran mayoría, podían regresar a sus casas hasta que el gobierno nacional definiera qué iba a hacer con ellos.
Diez años después de ese evento solo permanecen detenidos 79 desmovilizados que entregaron sus armas y fueron postulados a la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, para ser juzgados por sus crímenes bajo normas de justicia transicional, que tiene entre sus beneficios una pena alternativa de 8 años de prisión.
“En Justicia y Paz, actualmente tenemos 96 postulados del Bloque Catatumbo, pero la realidad es que en la cárcel solo hay 79. El resto, o murió o se voló en algún momento del proceso, como sucedió con Armando Alberto Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, y Carlos Andrés Palencia González, alias ‘Visaje’, segundo al mando del Frente Fronteras en Cúcuta y su área metropolitana”, contó un investigador de la Fiscalía que pidió la reserva de su nombre.
Alias ‘Visaje’ fue capturado en Madrid, España, el 8 de noviembre de 2013 y presentado ante la opinión pública como uno de los jefes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’ y el ‘Clan Úsuga’. Al país ibérico había llegado un mes antes huyendo de las autoridades.
Por su parte, alias ‘Camilo’ fue detenido en Panamá el 29 de agosto de este año, donde se había refugiado para huir de las autoridades que no sólo lo buscaba para que respondiera por los cientos de crímenes perpetrados cuando estuvo en el Bloque Catatumbo sino por sus acciones posteriores, ligadas al narcotráfico. (Ver: Este es ‘Camilo’, responsable de crímenes atroces en Norte de Santander)
De esos 79 detenidos, siete están en riesgo de ser excluidos de Justicia y Paz por haberse negado a colaborar como se lo ordenaba la ley. “Si bien son siete los que ya están a en esa situación, hay otros ocho que, en los próximos días, podrían iniciar ese proceso de exclusión porque se negaron a colaborar con la justicia o siguieron delinquiendo desde la cárcel”, agregó la fuente de la Fiscalía.
Según Tyrone Rodríguez, coordinador en Cúcuta del centro de servicios de la ACR, de 1.299 desmovilizados que se tienen registrados en este departamento, por lo menos 1.155 están en el proceso de reintegración.
Hasta mayo pasado por lo menos 144 personas que en el pasado pertenecieron a las guerrillas de las Farc, Eln, Epl y a las Auc, habían sido certificadas como personas reintegradas, es decir, que “están en la capacidad de autosostenerse en materia sicosocial y económica”, precisó Rodríguez.
No obstante, 555 desmovilizados han desarrollado acciones de servicio social, entre las que se destaca la limpieza que hicieron del río Pamplonita durante 80 horas, que contó con la participación de 250 hombres y mujeres en proceso de reintegración. “Estas personas no solo vinieron de diferentes partes del departamento, sino también de algunas poblaciones venezolanas donde se han asentado con sus familias”, agregó.
De ‘Águilas’, ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’
Pero, ¿qué explica los problemas que han afrontado los exparamilitares en esta región del país? Detrás de esta realidad se esconden varios problemas que surgieron días después de la desmovilización. De un lado, las debilidades en esa época del gobierno nacional para atendera quienes dejaron las armas; y de otro, la oferta “laboral” que significó la irrupción de las llamadas bandas criminales, que surgieron meses después de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc.
Y es que apenas los paramilitares del Bloque Catatumbo se desmovilizaron, varios de sus exmiembros se reagruparon en la banda criminal que se conoció como ‘Águilas Negras’, liderada por Juan Carlos Rojas Mora, alias ‘Jorge Gato’. Esta organización tuvo una hegemonía armada en la región entre el 2005 y el 2007, cuando apareció en escena la banda criminal que ya operaba en el occidente del país: ‘Los Rastrojos’.
Con el asesinato de alias ‘Jorge Gato’, en diciembre de 2007, las ‘Águilas Negras’ perdieron poder y las zonas en las que ejercían influencia fueron copadas, poco a poco, por ‘Los Rastrojos’, que llegaron como guardia personal de Wilber Varela, alias ‘Jabón’ y líder del cartel del Norte del Valle, quien huyó hacia Venezuela para esconderse de las autoridades y huirle a la guerra que libraba con Diego Montoya y su ejército privado, conocido como ‘Los Machos’.
‘Los Rastrojos’, con su alto poder corruptivo y rápido crecimiento en número de hombres, lograron dominar las actividades del narcotráfico hasta el 2011, cuando aparecen en la región las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.
Luego de la fuga de Carlos Andrés Palencia González, alias ‘Visaje’, ocurrida el 10 de noviembre de 2010 en el aeropuerto Los Garzones de Montería, las autoridades señalaron a paramilitares que hacían parte de Justicia y Paz, recluidos en la cárcel de Cúcuta, de coordinar la huida de este hombre para que, desde las calles, reagrupara a varios de los hombres que le habían servido cuando era jefe del Bloque Catatumbo y le arrebatara la hegemonía a ‘Los Rastrojos’.
Esta teoría cogió fuerza cuando el martes 29 de mayo de 2011 tuvo lugar una masacre en el corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, antiguo bastión paramilitar, tristemente célebre por haber albergado los hornos donde los hombres de Mancuso incineraron a sus víctimas. Ese día cinco personas fueron asesinadas. De todas se dijo que pertenecían a ‘Los Rastrojos’.
La investigación posterior a esa matanza permitió relacionar a Moreire Enrique Ladeus Hernández, alias ‘More’, miembro de ‘Los Urabeños’ en Cúcuta, al punto de comprobarse que la casa donde se hospedaron los sicarios, llegados del Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba, aparecía arrendada a su nombre.
A los detenidos, a los cuales les incautaron las armas utilizadas en la masacre, se les halló un listado de nombres de los empleados de una cooperativa de vigilantes informales llamada La Colmena, que se presume iban a ser asesinados. Todas estas personas, según información entregada por las autoridades en su momento, tenían nexos o pertenecían a ‘Los Rastrojos’.
Posteriormente se dieron varias acciones armadas que revelaban una cruenta guerra por el dominio de Cúcuta y su área metropolitana entre ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’. En cerca de ocho se perpetraron cuatro masacres en las que perdieron la vida 23 personas, de uno y otro bando.
Desde entonces, han aparecido otras bandas criminales que se han querido hacer un espacio aprovechando esa confrontación. Uno de esos nuevos grupos fue bautizado por su creador, Óscar Alejandro Sandoval Argüello, alias ‘Candado’, como ‘Autodefensas Nortesantandereanas Nueva Generación’.
Riesgo para los desmovilizados
Según estadísticas entregadas por la Policía Metropolitana de Cúcuta, desde el 2005 y hasta el pasado 23 de julio habían sido detenidos en la capital del departamento1.315 hombres vinculados con alguna banda criminal, siendo el 2013 el año en que más miembros de esos grupos armados ilegales fueron capturados: 286 en total, de ellos 125 pertenecientes a ‘Los Rastrojos’ y 161 a ‘Los Urabeños’. En lo corrido del 2014 han sido capturados 42 personas de esas estructuras ilegales, sindicadas del delito de extorsión.
Un investigador de la Policía sostuvo que, si bien en los últimos 9 años han sido capturados 1.315 miembros de bandas criminales, muchos de los cuales hicieron parte del Bloque Catatumbo y sus frentes Fronteras, Tibú y El Tarra, “hay que tener en cuenta que muchos de esos desmovilizados también han sido asesinados”.
Un año después de la desmovilización, el 20 de diciembre de 2005, La Opinión publicó el asesinato de José Norvey Viana Oviedo, reconocido paramilitar que operó en Pamplona junto a Albeiro Valderrama Machado, alias ‘Piedras Blancas’, uno de los comandantes paramilitares más sanguinario que tuvo el departamento.
Ese día, a la 1 y 30 de la mañana, tres hombres, vestidos con prendas de la Policía, llegaron hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde Viana permanecía recluido por un atentado sufrido 9 días antes y que le había dejado 2 tiros en el pecho. Simulando un cambio de guardia, los falsos agentes se acercaron hasta el uniformado que prestaba vigilancia a la habitación donde estaba Viana y, una vez cerca, lo encañonaron, le quitaron su arma de dotación y un celular.
Una vez doblegado el guardia, los tres hombres se dirigieron a la cama donde el exparamilitar dormía. A Viana le clavaron una puñalada en la parte posterior del cuello y dos más, una en cada costado del pecho. Luego lo remataron con un tiro en el pecho.
Con su muerte, este exmiembro de las Auc se convirtió, en apenas un año, en el desmovilizado número 39 en ser asesinado en este departamento. Desde entonces, las cifras oficiales no dan cuenta de cuántos desmovilizados más del Bloque Catatumbo han perdido la vida de manera violenta, aunque el investigador de la Policía apuntó a que “podrían ser más de 250”.
Voces críticas
El proceso de reintegración de los desmovilizados del Bloque Catatumbo de las Auc es calificado como “un fracaso en la región” por Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, organización no gubernamental que adelanta trabajos de investigación en derechos humanos en esta región del país.
A su juicio, fueron varios las circunstancias que jugaron en contra de este proceso, entre los que destacó la falta de apoyo de la institucionalidad y de las empresas, sobre todo para combatir la criminalidad y la ilegalidad; y el aislamiento de la regional de la ACR de la institucionalidad, de las organizaciones y de la sociedad.
Cañizares aseguró que en el 2013 la oficina regional de la ACR en este departamento no sabía dónde estaban casi 700 excombatientes. “Unos han sido otra vez capturados y otros han sido asesinados”, dijo este defensor de derechos humanos.
Con respecto a los proyectos productivos que algunos de los reintegrados quisieron montar en la región arrocera de este departamento, el director de la Fundación Progresar aseveró que también fracasaron, básicamente porque tuvieron problemas con las tierras. “En un par de casos no pudieron seguir, a pesar de desembolsar la plata, porque eran tierras de narcotraficantes y la oficina (ACR) no tuvo ningún control de eso”, sostuvo Cañizares.
Sus quejas también estuvieron dirigidas a la falta de compromiso empresarial en Norte de Santander con el proceso de reintegración. “Hace como dos años acompañamos a la oficina (ACR) a una convocatoria con la Cámara de Comercio, con los empresarios, y los citamos a todos a un auditorio de 600 personas para discutir y socializar la estrategia empresarial frente a los desmovilizados. Sólo llegamos 6 personas y los únicos empresarios fueron los presidentes de Asociación de Exportadores de Carbón y Fedecacao”, dijo el directivo de Progresar.
Con respecto a lo que han significado las amenazas de los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización del Bloque Catatumbo, Cañizares resaltó el riesgo que generó ese rearme para los que abandonaron esa estructura armada de las Auc: “Tenemos muchos casos de mandos medios que ayudamos a salir del país porque llegaban por ellos a la casa a proponerles negocios y los que no aceptaban eran intimidados. Estos hombres no tuvieron apoyo de la oficina (ACR)”.
Este defensor de derechos humanos aseguró que muchos desmovilizados se rearmaron o están en zonas complejas, al parecer prestando algún servicio ilegal. “Los que no volvieron a las armas en el pleno sentido, están ubicados en sectores estratégicos donde saben que está la ilegalidad. Hay un grupo de más de 100 desmovilizados que gira alrededor de nuevas bandas y del contrabando. A veces encuentras un desmovilizado con una moto de 10 millones de pesos, que no hace nada, y te ¿preguntas de dónde sacó la plata?”, concluyó Cañizares.
