Aunque el Ministerio de Salud recomendó suspender el uso de este pesticida por considerarlo un posible cancerígeno, hay voces que siguen defendiendo su uso por razones de seguridad. ¿Qué impacto han tenido las fumigaciones en el conflicto?
1’600.000 hectáreas han sido asperjadas con glifosato según cifras oficiales. Foto: archivo Semana.
Desde que el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le envió al Consejo Nacional de Estupefacientes la recomendación de suspender el uso de glifosato por los posibles efectos nocivos en la salud, son varias las voces que se han levantado en pro y contra de la sugerencia. El ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró por ejemplo que la fumigación ha sido una herramienta exitosa en la lucha contra el narcotráfico. El procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que por razones de seguridad en algunas regiones del país las aspersiones son la única herramienta contra los cultivos ilícitos y que su suspensión “conducirá a crear santuarios para el narcotráfico”. Para el expresidente Álvaro Uribe es una concesión a las Farc que podría desencadenar en que Colombia “se inunde de droga”.
Sin embargo, estudios académicos coinciden en que las fumigaciones con glifosato no han sido una herramienta eficiente contra la erradicación de la droga, pues no han dado los resultados esperados para los billones de dólares invertidos y se enfocan en atacan a los pequeños cultivadores de coca, el eslabón más débil de la cadena.
Los habitantes de las zonas con mayores cultivos aseguran que desde 1996, cuando se dieron las primeras movilizaciones campesinas en contra de las fumigaciones, han sido cada vez más estigmatizados en medio de la guerra antisubversiva y el gobierno no ha cumplido con condiciones justas para la sustitución de cultivos.
Las fumigaciones y la guerra
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez; y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazaron que se suspendan las fumigaciones. Fotos: archivo Semana.
Las aspersiones aéreas con glifosato en Colombia llevan más de 30 años, pues el 22 de mayo de 1984 en un consejo de ministros del gobierno de Belisario Betancur se aprobó el uso de este pesticida en aspersiones áreas para erradicar cultivos de coca, amapola y marihuana. Esto a pesar de las advertencias de varios organismos de control que cuestionaban los efectos nocivos para la salud dichas fumigaciones.
Sin embargo no se trató de una fumigación a gran escala, pues, según señalan estudios académicos, los cultivos de coca en el país eran relativamente bajos comparados con países vecinos como Perú y Bolivia. Es a mediados de los 90 cuando Colombia pasó a ser el principal productor de hoja de coca en la región Andina.
En 1996, bajo el gobierno de Ernesto Samper, mientras aumentaban las hectáreas de coca y se impulsaban aún más las fumigaciones con glifosato, tuvo lugar la movilización campesina más grande del sur del país: la marcha cocalera en Putumayo, Guaviare y Caquetá. Entre junio y agosto cerca de 200 mil campesinos cocaleros llegaron a los cascos urbanos para rechazar las aspersiones áreas.
“Los paros son percibidos como una puesta en escena que develó al país la importancia de los cultivos de coca en esta región, frente a lo cual el gobierno respondió criminalizando al pequeño cultivador y adoptando medidas represivas en el marco de la lucha contra las drogas, sin considerar las condiciones socioeconómicas que llevaron a los campesinos del Putumayo a su aceptación”, asegura el informe ‘El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La investigación agrega que la marcha, igual que paros que se habían presentado previamente, contaba con el visto bueno de las Farc.
Ese mismo año, y luego en 1998, también se levantaron los campesinos que sembraban coca en el Catatumbo. Llegaron desde Tibú, el Tarra, Convención y Teorama a Cúcuta pidiendo es el cese de las fumigaciones, mayor inversión y presencia del Estado y programas de apoyo para la sustitución de plantaciones de hoja de coca. Demandas que no distan de las exigidas en el reciente paro de 2013.
La investigación del CNMH asegura que las marchas de los cultivadores de coca fueron las que alertaron a Carlos Castaño del poder alcanzado por las Farc en el suroccidente. En 1997 ordenó la incursión de los primeros grupos paramilitares que se concretó en 1999 con algunas de las peores masacres perpetradas en Putumayo y Meta.
Alejandro Gaviria, ministro de Salud, alertó sobre los posibles efectos nocivos en la salud del glifosato. Foto: archivo Semana.
Los impulsores de las marchas en contra de la fumigación en Norte de Santander también fueron víctimas de los paramilitares. Según denunció la Defensoría del Pueblo en mayo 1999, a su llegada a Tibú, las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a los líderes de la marcha cocalera, en su departamento son recordados como las primeras víctimas que fueron brutalmente descuartizadas con motosierras.
Ese mismo año, en septiembre, el gobierno anunció el Plan Colombia como la nueva estrategia en la lucha contra las drogas que sería financiada por el gobierno de Estados Unidos. Sus objetivos eran reducir la producción de drogas ilegales en un 50 por ciento en seis años y mejorar las condiciones de seguridad en el país, atacando zonas donde hacían presencia grupos armados ilegales. El gobierno norteamericano y el colombiano, de manera conjunta, gastaron 1.1 billones de dólares por año, entre el 2000 y el 2008 para fortalecer a las fuerza pública.
Para combatir la producción y tráfico de drogas la principal estrategia fue la aspersión aérea de los cultivos de Coca. “La novedad del programa de fumigaciones del Plan Colombia era la intensidad de su aplicación y la nueva mezcla utilizada. Ahora se trataba de eliminar en corto tiempo el mayor número de hectáreas posible, para lo cual se aplicaría (de hecho, había comenzado a aplicarse ya) una nueva y más eficaz concentración de Roundup, la mezcla comercial sobre la base de glifosato patentada por la firma Monsanto”, asegura un estudio del Transnational Insititute (TNI), una red internacional de investigación que ha estudiado detalladamente el tema de las fumigaciones en Colombia.
Sin embargo, según el investigador del TNI Ricardo Vargas, fue en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el que se utilizaron con más fuerzas las fumigaciones como una estrategia dentro de la lucha antisubversiva. El argumento fue que atacando los cultivos de coca se atacaban las fuentes de financiación de la guerrilla.
“Más que de la política de reducción de los cultivos, la erradicación aérea hizo parte de una estrategia contrainsurgente que une al pequeño productor como parte de la cadena criminal y de apoyo a la guerrilla. Sobre los pequeños productores recae el estigma de la criminalización”. Agrega que bajo ese estigma varios de los productores se vieron obligados a unirse a programas como el que en 2003 creó la extinta Acción Social llamado ‘Familias Guardabosque’, donde asegura, eran utilizados como informantes.
Una herramienta ineficiente
Los objetivos del Plan Colombia fueron reducir la producción de drogas ilegales en un 50 por ciento en seis años y mejorar las condiciones de seguridad en el país. Foto: archivo Semana.
A pesar de los billones de dólares invertidos y de que más de un millón 600 mil hectáreas de cultivo de coca han sido fumigadas y otras 400 mil erradicadas manualmente, las investigaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed) han revelado que la producción potencial de cocaína entre el 2000 y el 2008 se mantuvo estable, pues los cultivadores se adaptan con facilidad y diseñan mecanismos para ser más eficientes en la producción.
Estudios de la Universidad de California muestran además que por cada hectárea asperjada, la reducción es de solo el 0,035 del cultivo, es decir, que para eliminar una hectárea de cultivo de coca, es necesario que se fumiguen 30. A esto hay que sumar los altos costos de la aspersión, según la misma investigación, eliminar un sola hectárea de hoja de coca cuesta alrededor de 72.000 dólares, mientras que la venta de esa hoja de coca sembrada en una hectárea es de 400 dólares.
Daniel Mejía, director del Cesed, ha insistido en que parte de los pobres resultados de la política antidroga se debe a que se ha enfocado en atacar al cultivador, que es el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico y quien menos se lucra del negocio. De acuerdo con este centro de estudios los recientes resultados en la reducción de la producción de coca son producto de un esfuerzo cada vez mayor en la incautación del producto y la destrucción de laboratorios.
Los cultivadores en las mismas
A mediados de los 90 Colombia pasó a ser el principal productor de hoja de coca en la región Andina. Foto: archivo Semana.
Han trascurrido más de 20 años desde que ocurrieron las principales marchas cocaleras del país, donde el gobierno se comprometió a apoyar los proyectos de sustitución de cultivos y mejorar la situación de los cultivadores. VerdadAbierta.com habló con algunos líderes en los departamentos donde hay mayores cultivos de coca y corroboró que dos décadas después las demandas siguen siendo las mismas.
En 1996 para poner fin a la movilización campesina en Putumayo, Guaviare y Caquetá, el gobierno se comprometió a no fumigar los pequeños cultivos, sino a mejorar los programas de sustitución de cultivos que se habían creado un año atrás, construir nuevas carreteras, programas de electrificación, hospitales y puestos de salud.
Aunque los putumayenses se muestran optimistas con la recomendación de suspender el uso del glifosato, también son conscientes de que sin una adecuada infraestructura estatal no es posible erradicar los cultivos ilícitos. “Esperamos que con la manifestación del Ministerio de Salud el gobierno cambie su política de fumigación por una de siembra. Pero eso sí, de nada sirve que paren las aspersiones si no hay inversión en todo porque en Putumayo no hay carreteras y la salud es mala. Así no habrá cambio total”, aseguró Marco Rivadeneira, líder de la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo), que está en el corredor Puerto Vega – Teteyé que lleva a Ecuador.
En Tumaco, municipio nariñense que en su zona rural está sembrado con varias hectáreas de cultivos de coca y sufre las consecuencias de ser un corredor estratégico de tráfico de drogas, la mirada va en ese mismo sentido. “Recibimos complacidos una noticia de esas pero no es suficiente con que no haya fumigación. El Gobierno también tiene que anunciar apoyo al campesinado para que podamos tener una forma de vida. De cierta manera no queremos sembrar más coca”, aseveró Martín Cabezas, presidente de la comunidad afro Asomiruma, en Tumaco, Nariño.
Hay que agregar que el presidente Juan Manuel Santos ordenó que en Putumayo fuera el centro de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. Sin embargo, los habitantes aseguran que las aspersiones no han cesado, “Las fumigaciones paran un mes y vuelven nuevamente. Sólo paran cuando la gente empieza a manifestarse. La zona más afectada es el corredor Puerto Vega – Teteyé (en Puerto Asís) que comunica con Ecuador. Allá, no cesan las fumigaciones”, dijo a VerdadAbierta.com Hernán Tabares, concejal de Puerto Asís, Putumayo.
Unos y otros coinciden en que hasta ahora los programas de sustitución de cultivos no han dado los resultados esperados. En la siembra de caucho, arazá y pimienta los productores se sienten abandonados por el gobierno porque no les aseguraron un comercio en el interior del país, ni hay una continuidad en la producción. Insisten en que la sustitución debe ser voluntaria y los productos a cultivar no pueden ser impuestos por las instituciones, sino que debe ser un trabajo conjunto. “Muchos ya definieron qué van a sembrar en la sustitución pero no siembra por las fumigaciones”, contó Rivadeneira.
Los campesinos también se preguntan quién va a responder por los centenares de personas a quienes las fumigaciones les deterioraron la salud y la calidad de sus predios. Este es el caso de Rodolfo Guerrero, un campesino de 60 años que trabajaba en la vereda Libertad en San Vicente del Caguán, Caquetá. El 16 de agosto de 2014 fumigaron un pedazo de la finca de un vecino y cayó en sus linderos.
Solángel Gómez, esposa de Roldolfo, asegura nueve días después de la caída de glifosato su esposo quedó inmóvil y con su capacidad mental disminuida. “Las plataneras y las yucas que sembramos, nos las secaron. El paso se quemó y por eso me tocó sacar el ganado. He intentado vender la tierra pero nadie la compra porque es pequeña y porque ya no hay pasto por las fumigaciones”.
