Dos recientes sentencias del Tribunal de Tierras en Bogotá dejan al descubierto cómo estos jefes paramilitares despojaron tierras en el norte del Meta. Presiones a los dueños, falsificación de documentos públicos y traspasos sucesivos fueron las estrategias de despojo.
Entre 2003 y septiembre de 2004, las Autodefensas Campesinas del Casanare a cargo de ‘Martín Llanos’ y el Bloque Centauros en cabeza de ‘Miguel Arroyave’ despojaron tierras en el norte de Meta y sur de Casanare durante una guerra que desataron estos dos bandos paramilitares. Foto archivo Semana.
En Puerto Gaitán y Puerto López, en el nororiente de Meta, se ha documentado cómo particulares y multinacionales le hicieron trampa a la Ley Agraria para acumular tierras de origen baldío, pero lo que comienza a revelarse en estos mismos municipios son otras historias, en las que jefes paramilitares usaron la violencia para desterrar a campesinos y empresarios que vivían enlas veredas Manacacías y Serranía de Melúa, y apropiarse de sus propiedades.
Tres magistrados del Tribunal en Restitución de Tierras de Bogotá concluyeron en dos sentencias recientes que ninguna de las personas que explota varios predios solicitados en restitución en esas regiones del Meta actuó de “buena fe exenta de culpa”. Por el contario, las familiares reclamantes son víctimas que se vieron forzadas a vender sus fincas a bajo precio, salir desplazadas e, incluso, buscar refugio en otros países y perder durante muchos años su único patrimonio.
En los dos fallos, la justicia ordenó que todas las transacciones consignadas en notarías y oficinas de instrumentos públicos fueran reversadas para que los títulos volvieran a las víctimas. También le pidió a la policía que acompañe a estas familias en el retorno y a las alcaldías para que garanticen su permanencia en la región. Los casos documentados por la Unidad de Tierras y sobre los que los magistrados tomaron la decisión, ponen en evidencia la complejidad de los traspasos en la propiedad y cómo una familia fue despojada varias veces por los dos bandos paramilitares.
A punta de falsificaciones
En la vereda La Serranía o Bajo Melúa, en el municipio de Puerto López, la familia Duarte Gómez* tenía 1.728 hectáreas de dos fincas que habían comprado en 1993 después de haber vendido una propiedad familiar en Villavicencio, la capital de Meta. El 14 de febrero de 1996 Samuel Duarte* falleció en un accidente de avioneta cuando se movilizaba desde sus fincas hacia Bogotá, por lo que fue su esposa Laura Gómez* la que asumió el desarrollo de estas tierras, dedicadas a la ganadería y a un proyecto turístico.
Gómez administraba una empresa en Bogotá, pero estaba al tanto de la finca por medio de su administrador. En septiembre de 2001, su trabajador le informó que paramilitares a cargo de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, más conocido en la zona como el jefe de ‘los Buitragueños’, habían rondando por las fincas y lo amenazaron con instalar una ‘base de entrenamiento’.
‘Martín Llanos’ es hijo de Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, el jefe de las autodefensas campesinas más antiguas del Casanare que se convirtieron en paramilitares y se financiaron del narcotráfico como quedó confirmado en 2012 tras la captura de ‘Martín’ y a su hermano ‘Caballo’ (Lea: ‘Martín Llanos’, el capturado ex jefe ‘para’ del Casanare). En el Casanare se le atribuyen 10 mil víctimas, pero según los primeros fallos de restitución, es responsable de despojos en el norte del Meta.
Al finalizar 2001 ‘los Buitragueños’ cumplieron con su amenaza e instalaron a 60 de sus hombres en las fincas. A principios de 2002 fueaumentando el número de hombres armados en las tierras, por lo que los obreros que trabajaban para Gómez se vieron obligados a desplazarse. El administrador viajó a Bogotá y entregó un dinero por la venta de las pocas vacas que habían quedado en la hacienda. ‘Martín Llanos’ se consideraba el nuevo patrón de los predios.
Laura Gómez estaba decidida a no perder su finca. El 12 de enero de 2002, bajo riesgo, decidió acudir a una cita que le puso el jefe paramilitar. Ese día viajó a Villavicencio desde donde fue transportada a un lugar conocido como ‘El Tropezón’, en Puerto López. En tribunales de Justicia y Paz, varios desmovilizados del Bloque Centauros de las Auc, el bloque paramilitar enemigo de ‘los Buitragos’, confesaron que este lugar era el escondite de ‘Martín Llanos’.
Para esa época, ‘Llanos’ seguía sumando poder apropiándose de tierras. En el Meta el terror lo impartía el Bloque Centauros de las Auc, bajo el mando de Miguel Ángel Arroyave, alias ‘El Árcangel’. Las ‘fronteras’ que se habían fijado entre los paramilitares de Casanare y del Meta se rompieron cuando ‘El Arcángel’ comenzó a enviar hombres a Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza, sur de Casanare, donde ‘los Buitragueños’ tenían presencia (Lea: Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave).
Una vez Laura Gómez llegó a El Tropezón, ‘Martín Llanos’ la intimidó advirtiéndole que sabía el nombre de sus hijos, los colegios donde estudiaban y la dirección de su casa. “¿Cuánto quiere por la finca?, preguntó el jefe paramilitar.
-“No tengo intención de vender la finca”¬¬¬- respondió Gómez.
Sin mediar más palabras, ‘Martín Llanos’ le dijo que le daba 200 millones de pesos y la amenazó de nuevo: “Este es un caso perdido porque la finca ya está en mis manos. Le aconsejo que no vuelva por aquí porque no quiero tener problemas con usted”.
Gómez permaneció secuestrada hasta las dos de la mañana bajo la supervisión de José Ramiro Meche Mendivelso, alias ‘Guadalupe”. Dos meses después, las amenazas continuaron cuando un desconocido llegó hasta las oficinas de la empresa en Bogotá, reclamándole sobre las rondas que estaba haciendo el Ejército por las tierras. Las amenazas continuaron a mediados de 2002 cuando ‘los Buitragueños’ notaron que no podían arrebatarle los títulos, pues la hacienda tenía una deuda fiscal con la Dian. Le mandaban mensajes de que ‘ayudara’ a solucionar eso.
Resistiendo, Gómez logró estar en Colombia sólo un par de meses más hasta que buscó refugio en un país europeo. Mientras permanecía desplazada en el exterior, la empresa de la cual era su representante legal y en la que reposaban las tierras como patrimonio, fue transformada a punta de documentos falsos. La Unidad de Tierras documentó que a Laura le falsificaron la firma para cambiar la representación legal de la empresa y de esta forma transferir las tierras.
En varias notarías de Bogotá se concretó la comercialización de los predios con la supuesta liquidación de la deuda con la Dian y ventas entre varios dueños, entre ellos Heliodoro León Ruiz, exalcalde de Puerto López, a quien la justicia condenó en 2014 por detrimento patrimonial.
De las fincas poco supieron los Gómez desde que salieron desplazados hacia Europa. Entre 2002 y 2004 ‘los Buitragueños’ y ‘los Centauros’ desataron una guerra por el control del territorio. Extraoficialmente en la región afirman que los muertos superaron las 2 mil personas, muchos de ellos niños que fueron reclutados en las veredas del sur del Casanare y el norte del Meta para ponerle el pecho a las balas. En esa batalla ambos bandos despojaron tierras.
“En esa finca (la de Laura) era donde más permanecía (Martín Llanos). Era una finca muy bien arreglada, tenía una laguna grande y unas lanchas… La organización despropió a mucha gente…”, le confesó a la Fiscalía Jairo Espejo Rivera, alias ‘Yimmy’, ex paramilitar de ‘los Buitragueños’.
Los desmovilizados del ‘Centauros’ aseguran que contaron con el apoyo de otros bloques paramilitares y del Ejército para derrotar a ‘Martín Llanos’. Mientras ellos se desmovilizaron en 2005, ‘los Buitragueños’ no lo hicieron. Unos 70 paramilitares del Casanare terminaron presos y los otros se fugaron, razón por la que no fueron cobijados con los beneficios de Justicia y Paz.
Las tierras por las que ‘Martín Llanos’ le ofreció 200 millones de pesos a Laura Gómez fueron compradas en 2010 por Rafael Humberto Martínez por 600 millones de pesos. Durante el juicio, Martínez se opuso al proceso de restitución considerando que era un comprador de “buena fe exento de culpa”, contando que era un abogado y ganadero reconocido, y que no desconfió del vendedor, que era el exalcalde de Puerto López.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que para la época de la compra el valor comercial de los predios ascendía a los 3 mil millones de pesos y que debió constatar si había o no irregularidad en la transferencia de las tierras: “no puede alegar ausencia de culpa aduciendo que el señor Heliodoro León Ruiz fue exalcalde de Puerto López y no poseía mayor antecedente legal, o que con base en la información que constaba en los certificados de los inmuebles no se podía concluir ningún tipo de irregularidad, si constan en tales certificados irregularidades”, indicaron los jueces.
Cuatro veces despojados
Martín Llanos, exjefe de las ACC durante su deportación a Colombia; y Miguel Arroyave, exjefe del Bloque Centauros asesinado por sus propios hombres durante el proceso de desmovilización. Fotos: archivo Semana.
En el vecino municipio de Puerto Gaitán la familia Pedraza** estaba arraigada a sus tierras que suman casi tres mil hectáreas. Su padre, Ramiro, las compró en 1960 pero sólo pudo lograr los títulos en 1994 cuando parceló la hacienda en cuatro porciones para garantizarles la herencia a igual número de hijos. La tranquilidad que les ofrecían estas tierras en la vereda del Alto Manacías la perdieron cuando el Frente 39 de las Farc comenzó en esa época a extorsionar a los finqueros.
Las Farc se sostenían en esta región no sólo del secuestro y la extorsión sino de la producción de cocaína. Desde los años 70 la región de la Altillanura fue apetecida por narcotraficantes como Carlos Ledher, Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’ y Leonidas Vargas, quienes encontraron en estas tierras un lugar para comprar extensas fincas y ‘lavar’ el dinero de sus ilícitos.
A mediados de los 90, llegaron los paramilitares a la región a disputarle el dominio a las Farc. Durante esa década los señalados de desplazamientos y asesinatos fueron ‘los Carranceros’, grupo armado ilegal que durante la desmovilización se conoció como Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada. Hacia comienzos del siguiente siglo comenzaron a rondar ‘los Buitragueños’ o Autodefensas Campesinas del Casanare de ‘Martín Llanos’.
Durante el juicio de restitución, la familia Pedraza contó que quedaron en la mitad de una guerra entre guerrilleros y paramilitares. Por las amenazas y la presión de ambos grupos, abandonaron sus fincas a finales de 1999. En poco tiempo, éstas fueron invadidas por ‘los Buitrago’, que los buscaron estando desplazados para concluir el despojo.
El primero que lo hizo fue Horacio Pan Avella, un ganadero que según las confesiones de varios paramilitares era el encargado de conseguirles armas (Lea: Los fusiles de Miguel Arroyave). Pan Avella buscó a los Pedraza y les ofreció por las casi 3 mil hectáreas 150 millones de pesos. De esa venta forzosa, la familia sólo recibió 35 millones de pesos. “Yo hago ‘negocios’ sin firmar documentos”, les dijo Pan. Para la época, entre 2003 y 2004, ‘los Buitragueños’ y ‘los Centauros’ se enfrentaron en una guerra por quién se quedaba con el territorio. ‘Los Centauros’ ganaron.
Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, exjefe de finanzas del Bloque Centauros, le contó a la Unidad de Justicia y Paz que su jefe Miguel Arroyave, alias ‘El Arcángel’, se enteró que Pan tambiénle vendía armas a ‘Martín Llanos’ y lo amenazó de muerte. A cambio de no asesinarlo, le pidió la finca que tenía en la vereda del Alto Manacías que le había usurpado a los Pedraza (Lea: La logística militar del Bloque Centauros en la época de ‘Don Mario’).
Fue así como Horacio Pan volvió a contactar a la familia y esta vez les dijo que los iba a llamar alias ‘Coco’, identificado por la justicia como Dairo Antonio Castaño González, un familiar cómplice de Miguel Arroyave. El paramilitar llamó a la madre de los Pedraza a quien la citó en San Martín, un municipio que entre 2000 y 2005 fue controlado por los Centauros. Cuando llegó al pueblo, dos paramilitares la obligaron a ir a la Notaría Única donde le exigieron que entregara las escrituras y planos de las cuatro fincas sobre la que tenían propiedad ella y sus hijos.
Alias ‘Don Mario’ y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, le contaron a la Fiscalía que ‘Coco’ y otro paramilitar, conocido como ‘Juan Carlos’, fueron los encomendados por Arroyave para recopilar los papeles de los predios que el Bloque Centauros le quitó a las Autodefensas del Casanare una vez terminada la guerra.
En 2004 los paramilitares volvieron a citar en esta misma Notaría, esta vez a un hijo de los Pedraza para que firmara una escritura en blanco. La familia seguía atemorizada y desplazada, y pensaron que una vez se desmovilizaran los paramilitares podrían recuperar sus tierras. Pese a que los Centauros se desmovilizaron en septiembre de 2005, un año después los Pedraza fueron de nuevo contactados, esta vez, por Orlando Poveda. Con esta, ya era la tercera vez que los llamaban para hacer papeles y continuar con el despojo.
Según la demanda presentada en el juicio de restitución, alias ‘Pirata’ confesó en marzo de 2012 que Poveda fue colaborador de ese grupo paramilitar. El exjefe de los Centauros en San Martín dijo que Poveda hacía parte de la lista de “compradores o dueños de laboratorios de producción de cocaína” a quienes el bloque paramilitar les cobraba entre 60 mil y 70 mil pesos el kilo de clorhidrato que sacaban de la zona, lo que llamaban ‘impuesto’ al gramaje (Lea: Vicente Castaño y la coca en los Llanos).
La familia Pedraza relató que Poveda los citó en agosto de 2006 en la Notaría Tercera de Villavicencio, donde los obligaron a firmar el englobe de las cuatro fincas en un solo predio por 60 millones de pesos que nunca les pagaron. En el documento público no quedó registrado el nombre de Poveda sino el de Elvia Carolina Betancourt Velásquez.
Betancourt dijo ante el Tribunal de Restitución que Poveda era un familiar de su esposo y que se declaraba opositora a las reclamaciones de las víctimas porque había “actuado con buena fe exenta de culpa”. Pero los tres magistrados no creyeron válida esta afirmación al explicar que durante el interrogatorio, Betancourt se contradijo en sus respuestas cuando le preguntaron sobre el día en que englobaron los predios. Lo que más generó duda entre los jueces es que reconoció que no confirmó que Poveda le pagara los supuestos 60 millones de pesos a los Pedraza.
Los testigos les aseguraron a los magistrados que Elvia Betancourt no explotó el predio pues este fue administrado todo el tiempo por Poveda. En ese sentido, El Tribunal dejó consignada en la sentencia una declaración de alias ‘Don Mario’ en la que el exjefe paramilitar aseguró que para registrar las tierras usurpadas el grupo paramilitar buscaba personas “sanas”, que no tuvieran vínculos con el grupo armado ilegal.
Estas dos sentencias confirman las denuncias que desde 2011 comenzaron a realizar las víctimas en el sur del Casanare y norte de Meta donde los dos grupos paramilitares se enfrentaron. VerdadAbierta.com documentó uno de estos en los municipios de Villanueva, en Casanare, y Barranca de Upía, en el Meta, donde una familia fue despojada de sus dos fincas por los bandos paramilitares, tal cual como les ocurrió a las familias Duarte Gómez y Pedraza* en Puerto López y Puerto Gaitán, respectivamente (Lea: Botín de guerra).
Estas sentencias representan para algunas familias que se les reconozca por primera vez como víctimas, pues ‘Martín Llanos’ no se desmovilizó y por tanto, no confesó sus delitos, entre ellos, el despojo. Aunque fue capturado en febrero de 2012, el exjefe paramilitar ha guardado silencio sobre sus crímenes porque es procesado por la justicia ordinaria. Arroyave fue asesinado por sus subalternos en 2004, pero algunos despojos han sido confesados por ‘Don Mario’.
Diana Herrera, directora de la Unidad de Tierras en Meta, asegura que estos casos no son aislados y que en su despacho se documentan varios despojos no sólo cometidos en Puerto en Gaitán y Puerto López. “Hay reclamaciones en Barranca de Upía, Villavicencio y San Martín, donde estos paramilitares acumularon tierras poniéndolas a nombre de testaferros para su enriquecimiento personal”.
*Los nombres de las víctimas y de la empresa fueron reservados por razones de seguridad, dado que las sentencias fueron proferidas de forma reciente.
