En el 2001, apenas seis años después de haberlos adquirido, dos predios que parecían sacados del paraíso en plenas sabanas de Puerto López (Meta), empezaron a convertirse en un infierno para los socios de una prestigiosa empresa de Bogotá.
Por Periódico del Meta
Las fincas La Cabaña y El Guayacán, de la vereda Serranía, tenían manantiales y afluentes que recorrían sus 1.728 hectáreas; morichales a donde llegaban aves migratorias; praderas para el levante de cabezas de ganado y la dominaban algunas pequeñas lomas desde donde se podía ver esa belleza natural.
Era perfecto salvo por la época violenta que atravesaba el departamento del Meta, que al occidente tenía la amenaza guerrillera en plena zona de distensión y al oriente, donde se ubicaban los predios, la lucha de poderes de grupos paramilitares dejaba muertos por todos lados. Uno de esos protagonistas era Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, quien, desde el sur de Casanare, avanzaba en el Meta para consolidar a sangre y fuego más territorio.
El primero en sentir que hasta aquel remanso de paz había llegado la guerra fue el administrador de los predios, quien una tarde recibió la visita de hombres armados diciéndole que esa tierra era propicia para montar una base de entrenamiento paramilitar y desde allí seguir suavanzada. Los criminales propusieron comprar la tierra, pero el valor que ofrecieron fue irrisorio.
Ante la constante negativa de querer negociar, en diciembre del 2001 llegaron hasta los predios 60 hombres de las Autodefensas Campesinas de Casanare y a las malas se instalaron allí ante la sorpresa de los administradores, mientras los dueños de la sociedad AB Ditzel & Cía. S. en C., la empresa que había adquirido los terrenos en 1995, empezaron a ser amenazados en Bogotá.
En enero del 2002, la representante legal de la empresa habló frente a frente con ‘Martín Llanos’, quien le volvió a ofrecer 200 millones de pesos por los terrenos. Ante la actitud de la mujer de negarse a vender los predios, el jefe paramilitar le dijo que cuidara a su familia porque sabía dónde estudiaban sus hijos, donde trabajan y hasta el lugar de residencia en la capital de la República.
Los paramilitares entonces falsificaron documentos y realizaron la operación de venta con escrituras falsas, mientras la cabeza visible de la empresa tuvo que salir del país en el 2003 porque las amenazas continuaron pese a que ya se habían apoderado de las tierras.
Ahora, 11 años después, el Tribunal Superior de Bogotá decidió devolverle a la sociedad AB Ditzel & Cía. S. en C. los predios, tras la solicitud que presentó ante la Unidad de Restitución de Tierras. Luego de demostrarlo con documentos testimoniales y documentos, los magistrados del Tribunal declararon a esta empresa y a todos sus socios como víctimas del conflicto armado en Colombia.
Aunque algunos podrían pensar que es desproporcionado devolverles tierra a empresarios cuando lo que se busca es que los campesinos sean los que la tengan, los expertos opinan que la ley no puede discriminar ni decir que los únicos damnificados por el despojo fueron los campesinos y los más humildes, cuando la realidad demuestra que personas de todas las condiciones sociales fueron afectadas.
“El fallo nos complace mucho porque se envía un mensaje al país y es que esta política de restitución de tierras es para ricos y pobres, empresarios o campesinos. Aquí lo importante es devolverles los predios a quienes la perdieron por causas del conflicto armado. Este caso era de empresarios que tenían inversiones sanas en la región que venían a generar trabajo, entonces tiene el mismo derecho del pequeño productor de tener de nuevo sus predios”, dijo a VerdadAbierta.com el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego.
Según estadísticas de esta unidad, Meta es el departamento del país donde más tierras se han devuelto, con cerca de 20.000 hectáreas, en especial en Puerto Gaitán, Puerto López y Cubarral. La dirección territorial tendrá ahora el reto de estudiar los casos de San Martín, una de las zonas más afectadas por el paramilitarismo.
En este departamento van más de mil solicitudes de restitución que suman cerca de 60.000 hectáreas y que podrían llegar a más de 300 mil hectáreas.
Sin embargo, municipios del sur como Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Rico siguen siendo de difícil intervención para continuar con el proceso de restitución, por las difíciles condiciones de orden público que persisten.
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