En sentencia de Justicia y Paz contra exjefe del Bloque Mineros de las Auc, se ordena investigar a miembros de la IV Brigada del Ejército, de varias estaciones de policía del norte de Antioquia, un fiscal y una jueza, en hechos que también vinculan a las mafias del narcotráfico.
Efectivos de la IV Brigada del Ejercito estarían comprometidos en acciones coordinadas con el Bloque Mineros de las Auc.
La sentencia que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra el exjefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, no sólo ordena que se investigue al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por su actuación como gobernador de Antioquia durante la masacre del Aro, en Ituango, en 1997. También pide que se indague a miembros del Ejército y la Policía, fiscales y jueces vinculados a crímenes gravísimos.
El Tribunal ordena que se compulsen copias contra varios oficiales de la IV Brigada, y a un fiscal, por la masacre de Parques del Estadio, un episodio en el que perdieron la vida cuatro hombres que fueron presentados como guerrilleros de las Farc, pero que en realidad fueron asesinados en un ajuste de cuentas por narcotráfico.
El 28 de febrero de 2004 en la unidad residencial Parques del Estado, vecina a la sede de la IV Brigada del Ejército, en el occidente de Medellín, el Pelotón Urbano Antiterrorista, del Batallón Yariquíes, bajo el mando del capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio, realizó un allanamiento contra una supuesta célula de las Farc que estaría reunida en el apartamento 916 del bloque 4 de ese conjunto residencial planeando acciones para desestabilizar a la ciudad.
Ese día, la oficina de prensa de la IV Brigada emitió un comunicado en el que se dijo que tropas de esa guarnición militar “intentaron detener a cuatro sospechosos que vivían allí desde hacía poco más de un mes, según la información recolectada por la Inteligencia Militar”. El texto asegura que “los habitantes del apartamento no atendieron los requerimientos de las tropas y respondieron con disparos, los cuales alcanzaron una de las piernas del primer soldado que intentó ingresar al lugar”. Los muertos en este episodio fueron Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo.
Así registró un diario regional los hechos ocurridos en el conjunto residencial Parques del Estadio.
Sin embargo, el exjefe paramilitar ‘Cuco’ Vanoy dijo ante los tribunales de Justicia y Paz que él le pagó 500 millones de pesos a la ‘Oficina de Envigado’ por el asesinato de Fredy Hernán Berrío, quien lo había traicionado en un negocio de cocaína. Ni Vanoy ni la justicia han logrado establecer cómo terminaron vinculados a este hecho los miembros de la IV Brigada.
Los oficiales a quienes se ordena investigar son Guillermo Granados Mejía, en ese entonces comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes, y Oscar Anzola, quien es jefe de prensa de esa unidad militar. También a dos uniformados identificados por sus apellidos -Sánchez Rey, Muñoz y Piedrahita-, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y de acuerdo con la versión entregada por el Darío Eduardo Leal Rivera, fiscal 48 delegado ante el Gaula del Ejército, “contaminaron laescena del crimen”.
La Sala de Justicia y Paz conminó a la Fiscalía para que evalúe si puede recurrir a una acción de revisión que permita investigar nuevamente al Capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio y los soldados profesionales Luis Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia Quintero, pues el 4 de abril de 2006, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín (proceso 2034) dictó resolución de preclusión del caso.
Los magistrados solicitan que se reabra la investigación “debido a la contaminación de la escena del crimen, por lo evidente de huellas de arrastre que sugieren el movimiento de los cuerpos ya sin vida por el apartamento, armas sostenidas por los cadáveres que momentos antes habían recibido disparos en los brazos, etc.”.
Esa acción de revisión también había sido solicitada el 25 de enero de 2011 por Olimpo Castaño Quintero, magistrado con funciones de control de garantías de la Unidad de Justicia y Paz, luego de escuchar la confesión del excomandante del Bloque Mineros. (Leer Procuraduría y Fiscalía pedirán revisar fallo sobre masacre de narcos)
¿Conexión con ‘La Oficina’?
El empresario del fútbol Gustavo Upegui padeció el secuestro de sus hijos Juan Pablo y Felipe a mediados de la década del noventa. Su destino fue trágico: fue asesinado el 3 de julio de 2006.
La otra masacre que plantea interrogantes sobre una posible conexión de miembros del Ejército con organizaciones narco-paramilitares es la de Juntas, ocurrida a finales de marzo de 1996 en zona rural del municipio de Valdivia. El Tribunal recordó que esta matanza tuvo como antecedente el secuestro de Juan Pablo Upegui Gallego, actual accionista mayoritario del Envigado Fútbol Club, recientemente incluido en la Lista Clinton por las autoridades de Estados Unidos, bajo sospechas de lavado de activos del narcotráfico en favor de la ‘Oficina de Envigado’.
Upegui Gallego fue secuestrado el 29 de enero de ese año y, de acuerdo con la versión de ‘Cuco Vanoy’, el operativo de liberación fue coordinado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y el empresario de transporte en helicópteros Luis Guillermo Ángel, conocido como ‘Guillo Ángel’. No obstante en el ‘rescate’ participaron miembros del Gaula Rural del Batallón Granaderos, adscritos también a la IV Brigada. En este hecho murieron tres personas, que al parecer eran parte de los secuestradores, y que fueron presentados como bajas en una operación legítima.
Al respecto, la Sala de Justicia y Paz de Medellín consideró que “se hace palmaria la necesidad de investigación penal y disciplinaria de cara a determinar sí efectivos del Ejército Nacional pudieron haber ejecutado conductas antijurídicas susceptibles de ser sancionadas”.
¿Policías cómplices?
Miembros de la Policía Nacional aparecen involucrados en una tercera masacre en la sentencia contra ‘Cuco’ Vanoy. Se trata de la matanza ocurrida en el corregimiento La Granja, de Ituango, el 11 de junio de 1996, donde perdieron la vida seis personas, y en la cual, según testimonios de exparamilitares, hubo coordinación con agentes de la Policía Nacional, quienes los dejaron movilizar por lacarretera para perpetrar el crimen. (Leer Masacre de La Granja)
La Sala de Justicia y Paz ordenó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, así como a la Procuraduría General de la Nación, “que se recabe en las investigaciones de los miembros de la Fuerza Pública que fungían como comandantes en los municipios de Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia e Ituango”.
Asimismo, según información recopilada por la Fiscalía, el 5 de mayo de 2002 seis personas que se transportaban por el sector de Chorrillos, en la vía hacia Briceño, fueron retenidas por un comando armado del Bloque Mineros. Cuatro de ellas aparecieron asesinadas a los pocos días, y dos más permanecen desaparecidas.
El Tribunal ordena que se investigue a los agentes que prestaban servicio en Briceño para la época, ya que según testimonios, los familiares de las víctimas acudieron en solicitud de auxilio, sin obtener respuesta, “evidenciándose, como mínimo, una sustracción al deber legal de los integrantes del Comando de Policía de Briceño, situación que deberá investigar la Fiscalía respecto del Comandante de la época”.
Una absolución cuestionada
La magistratura en Medellín también solicitó investigar a Catalina Rendón Henao, quien actuando como jueza segunda penal del Circuito Especializado de Antioquia, emitió fallo a favor del exalcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez García, quien venía siendo procesado por concierto para delinquir, por supuestos nexos con ‘Cuco’ Vanoy, afectando con ello a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan), seccional Tarazá. (Leer Sindicalistas en Antioquia, blanco de los ‘paras’)
Si bien el exjefe paramilitar narró ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz detalles de sus alianzas con el mandatario local, que incluyeron negocios de fincas, la juez desestimó esos señalamientos y mediante la sentencia N. 067 del 29 de diciembre de 2010 emitió un fallo absolutorio y lo dejó en libertad.
Esta decisión, según el Tribunal, fue tomada “a pesar de que con base en la prueba testimonial recaudada por la Fiscalía se puede establecer con probabilidad de verdad que el procesado tenía una alianza con el grupo ilegal, como así lo reiteró en varias ocasiones el mismo postulado Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy, acerca de que Gómez García era cercano al Bloque Mineros, era su amigo, y de ello se derivaron las reuniones que tuvieron relevancia dentro del plan criminal de las “Autodefensas” y el ciudadano Miguel Ángel para diezmar el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia – Seccional Tarazá”.
Por todo lo anterior, la Sala de Justicia y Paz exhortó a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba, así como a la Policía y el Ejército Nacional para que “adelanten actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar y el despliegue paramilitar en sus territorios, buscando la garantía de no repetición y no olvido de lo sucedido”.
