En el norte del Valle, un grupo de campesinos fue despojado de sus tierras por narcotraficantes, quienes englobaron la tierra para acrecentar sus propiedades. Los afectados buscan ahora la restitución, pero nuevas familias ocuparon los predios.
La hacienda Magdalena fue nutrida por predios que Fernando Vicente Marulanda Trujillo alias ‘Marulo’ despojó entre los años 1988 y 1994. Foto: Unidad de Tierras.
Samuel Cáceres* recuerda que su padre fue un campesino trabajador que no dio el brazo a torcer a la mafia. Fernando Marulanda Trujillo, conocido más tarde en el mundo del narcotráfico como ‘Marulo’, le propuso en 1978 que se convirtiera en su socio, que viajara con él a Buenaventura…que le iba a ir bien. “A mí esas cosas raras no me gustan”, le contó a sus hijos. Su padre tuvo una muerte natural diez años después y cuando creían que ‘Marulo’ había desaparecido de sus vidas, apareció reclamando lo ajeno.
“Mi mamá comenzó a recibir llamadas amenazantes. Que si no vendía la finca se le llevaban los hijos. No quisimos poner cuidado. Era el único patrimonio que teníamos”, cuenta Cáceres. En abril de 1989 las amenazas se cumplieron cuando encontraron el cuerpo de su hermano mayor con dos tiros y una boleta en la mano que decía “Venimos luego por otros dos hijos”. Los mensajeros de ‘Marulo’ les prometieron 120 millones de pesos por las 180 hectáreas de la finca. Los obligaron a firmar papeles. Les entregaron cheques ‘chimbos’. Al final, sólo recibieron 60 millones.
Ricardo Ramírez* expresa nostalgia al recordar los doce años que vivió con su padre en el campo. Le enseñó a ordeñar entre 25 y 33 vacas en tiempo récord, a conducir y a ser ágil con las matemáticas. Las 174 hectáreas de la finca les daban para vivir bien, allí pastaban 250 reses con las que surtían el mercado de carne. “La tranquilidad la perdimos en los años 90. A mi papá lo comenzaron a extorsionar. En agosto de 1994 le dijeron que le daban 20 millones por la finca. Que se tenía que ir. Por miedo nos desplazamos”, cuenta Ramírez.
De esa manera, el narcotráfico les despojó de sus fincas que levantaron con sudor a 17 familias del corregimiento Ceilán, municipio de Bugalagrande, en el Valle del Cauca. ‘Marulo’, quien fue capturado y extraditado en 2010 a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, presionó a los campesinos que vivían en los alrededores de la antigua finca de su padre, llamada La Magdalena, para ampliar sus dominios.
La Unidad de Restitución del Valle del Cauca presentó esos casos ante Jueces Especializados de Tierras en Bugalagrande. En el trabajo de campo, los investigadores encontraron que ‘Marulo’ englobó las tierras despojadas en distintas notarías rebautizándolas con el mismo nombre del predio que heredó de su padre. Más tarde, terminaron en manos de otros narcotraficantes y hasta aparecieron en listas de bienes que exjefes paramilitares entregaron para reparar a las víctimas.
Las ricas tierras de Ceilán
Ricardo Ramírez cuenta que despertaba a las 4 y 30 de la mañana. A esa hora ordeñaba y a las 6 y 30 estaba listo para que el carro lechero lo llevara hasta la escuela. Una vez terminada la jornada, tomaba su bicicleta y en 20 minutos ya estaba en la casa para trabajar con su padre. Así erala vida en Ceilán, sobre el piedemonte de la cordillera central. Además, todas las familias se conocían y vivían de la cría de ganado y cerdos, y de los cultivos de café y plátano, y de la producción de panela. Las familias tenían extensos terrenos que fueron parcelados durante las siguientes generaciones a medida que los hijos crecían.
La primera ola de violencia la vivieron en Ceilan en los años 50, cuando llegó a la región la violencia partidista, como ocurrió en diversas regiones del país. Según un informe de la revista Semana (Lea: Un campesino en armas), conservadores y liberales se enfrentaron, y Pedro Antonio Martín, alias ‘Tirofijo’ o ‘Manuel Marulanda Vélez’, quien llegó a ser el máximo comandante de la guerrilla de las Farc y cuya familia tenía 20 hectáreas en la zona, promovió revueltas contra de los conservadores.
En los 70, tuvieron acogida en el corregimiento movimientos cívicos como la Asociación Campesina del Centro del Valle (Acaceva) y la Unidad Cafetera, que reclamaron mejores condiciones para la producción agrícola. En la siguiente década, la tranquilidad se vio amenazada primero con la presencia del Frente Jaime Bateman Cayón del M-19, luego del Frente Luis Carlos Cárdenas del Eln, y más tarde de las columnas móviles Alonso Cortés y Alirio Torres del Frente 6 de las Farc.
La riqueza de Ceilán no estaba solo en su suelo. Su ubicación en zona montañosa fue apetecida por las guerrillas, pero también por los narcotraficantes, quienes llegaron a sembrar el terror en los años 90. Como ocurrió en los vecinos municipios del Riofrío, Trujillo y Bolívar, donde narcotraficantes como Diego Montoya, alias ‘Don Diego’; Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’; e Iván Urdinola, alias ‘El Enano’, despojaron tierras. Ceilán entonces se convirtió en un botín de la mafia para correr cercas, garantizar rutas para sus negocios ilegales y lavar su dinero. (Lea: Fallan primera restitución de despojado por ‘El Alacrán’ en Valle y Bolívar, un pueblo del Valle azotado por los violentos).
Ceilán es un pueblo que conecta con varias regiones. Sus caminos conducen por el oriente al Cañón de Las Hermosas y también al sur del Tolima; hacia el norte se llega al Quindío; y hacia el sur, pasando por varios municipios vallunos, la conexión conduce hasta Miranda, Padilla y Corinto, en el Cauca. Según lo documentó la Unidad de Restitución, los narcotraficantes encontraron en esta zona corredores para la comercialización de droga.
Un despojo de 25 kilómetros
En más de 3 mil millones de pesos fue avaluada la mitad de la hacienda La Magdalena, es decir sólo 500 hectáreas, durante su proceso de extinción de dominio en 2006. Foto: Unidad de Tierras.
“Fue muy duro abandonar la tierra. Toda una vida en el campo. Cuando llegamos a la ciudad fue tal el trauma que algunos de mis hermanos no quisieron estudiar”, recuerda Cáceres, víctima de uno de los tantos desplazamientos que ocurrieron entre finales de los 80 y principios de los 90. De los 2 mil 900 habitantes que según la Secretaría de Gobierno de Bugalagrande hay en el corregimiento, mil 410 son víctimas. Durante mucho tiempo reinó el silencio, pues los narcotraficantes andaban con ‘fierros’ y ‘mandaban razón’. Luego vinieron los muertos.
Según la documentación que recopiló la Unidad de Tierras seccional Valle, Fernando Marulanda Trujillo y un hermano Emilio heredaron de su padre la finca La Magdalena de 450 hectáreas y comenzaron a administrarla por medio de una sociedad llamada Invercinco S.A., creada en 1984. La Fiscalía investigó años después que esta sociedad fue utilizada por los ‘Marulo’ como una fachada para administrar bienes producto del narcotráfico.
“Aquí el despojo de las tierras se dio en unos 25 kilómetros entre el corregimiento de Ceilán y el de La Astalia, en Sevilla, bordeando la cuenca del río La Paila. La Magdalena pasó de tener 400 hectáreas a mil. A la gente le mandaban ‘razones’; otras veces aparecieron muertos. Calculamos que unas 40 personas las mataron, pero nadie para la época decía nada”, explica Cáceres.
Después del asesinato de su hermano mayor, que había asumido el rol de padre, los mensajeros de ‘Marulo’ los obligaron a firmar papeles en una oficina. Por eso no entienden cómo la firma de su papá terminó en escrituras con las que notarios y registradores de instrumentos públicos terminaron por adherir la finca a La Magdalena. Los investigadores encontraron que los Marulanda utilizaron notarías en Trujillo, Sevilla y Restrepo para legalizar sus los predios.
Entre 1988 y 1994 despojaron a todas las familias que colindaban con La Magdalena. A un vecino por ejemplo le llegó en 1993 ‘la razón’. El campesino les dijo que la finca no estaba en venta y que estaba hipotecada por un préstamo que había pedido para mejorar la casa. “Que el patrón le manda a decir que tiene que vender… que ya sabe lo que le puede pasar”, le advirtieron. Lo recogieron, lo llevaron a la Caja Agraria para que pagara la deuda y cuando ya tenían la escritura se la rompieron en la cara burlándose que ya no necesitan ese papel.
Los campesinos cuentan que ‘Los Marulo’ fueron borrando el rastro de las fincas para correr cercas y buscaron conectar la nueva Magdalena con otras fincas como La Palmera, La Barbora y Las Américas extendiéndose desde Bugalagrande hasta Sevilla y Galicia. En 1994, algunos de los predios fueron transferidos a la Agroinversora Urdinola Henao y Cia, del capo del Cartel del Norte del Valle Ivan Urdinola y la familia de su esposa Lorena Henao, y en 1995 a Fabio Osorio Osorio, presunto testaferro de este grupo narcotraficante.
Según el listado de bienes confesado en Justicia y Paz por el narcotraficante Javier Francisco Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, a quien las Auc le crearon un bloque para desmovilizarlo, el nombre de Fabio Osorio Osorio aparece en 26 predios en Ceilán. Estos predios fueron reconocidos con distintos nombres como parte de las 1.036 hectáreas de La Magdalena, cuyo dominio fue extinguido el 29 de septiembre de 2006 por el Juzgado 4 Especializado de Descongestión de Extinción de Dominio. Esta decisión fue confirmada el 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá.
Alias ‘Gordolindo’ fue extradito en mayo de 2008 a Estados Unidos a rendir cuentas por cargos de narcotráfico y las tierras de La Magdalena pasaron a custodia de la Nación para reparar a víctimas. Lo que no sabía el Estado a la hora de imponer la figura de extinción es que por lo menos la mitad de la hacienda había sido despojada a campesinos y que una tercera parte iba a ser reclamada ante la Unidad de Restitución.
Los retos de los jueces
Cáceres asegura que luego de varios años de vivir en condición de desplazado comenzó a averiguar qué había pasado con la finca de sus padres. Buscó el certificado de tradición y en varias oportunidades le dijo a la justicia que estaba decidido a denunciar. Varios funcionarios le recomendaron que no lo hiciera, “pues los paramilitares andaban por la zona”. Sin embargo se armó de valor en 2012 y junto con varios de sus vecinos, también despojados, solicitaron la restitución de sus predios.
Al visitar La Magdalena,que sepultó los nombres originarios de las fincas, encontraron que allí vivía un nutrido grupo de campesinos que no conocían, pero que explotaban la tierra. Sergio Rodríguez, coordinador de la territorial Valle de la Unidad, explica que durante el trabajo de campo realizaron un censo de esta población a través del cual identificaron 50 familias nuevas, de las cuales 25 habitan y explotan las 350 hectáreas que están siendo reclamadas por sus antiguos dueños.
Rodríguez señala que encontraron que estas familias son de vocación campesina y expresaron en su mayoría estar afiliadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). Cómo llegaron, hace cuánto y si son víctimas o no solo se podrá saber con base en un estudio que se incorpora a las demandas de restitución y se le presenta a los jueces, quienes determinarán finalmente si se les pude declarar como segundos ocupantes y si la ley los beneficiaría con alguna medida.
“Si bien la Unidad defiende a las familias despojadas, les explicamos a los líderes de la Anuc que la ley no vulnera sus derechos”, precisa el funcionario. Según las normas que rigen estas demandas, durante la etapa de juicio llaman a todas las partes interesadas y si hay opositores a la restitución, el proceso llegará hasta un Tribunal. “La idea de reconciliación no está en tapar un hueco de violencia para generar otro”, agrega Rodríguez.
En caso de reconocer que ‘Los Marulo’ despojaron a los campesinos, los jueces tendrán como reto solicitar la nulidad de la extinción de dominio de la mitad de La Magdalena para restituirla a sus dueños originarios. Y si considera que las nuevas familias que llegaron a la zona son vulnerables y merecen una porción de tierra, podría ordenar el levantamiento de la extinción de dominio sobre la otra mitad de la hacienda para que el Incoder se las titule.
“Queremos la decisión de un juez. Ya han pasado muchos años y soñamos con volver a nuestras tierras para trabajarlas, y hacer de ellas una bonanza como lo fueron antes de la violencia”, reitera Samuel Cáceres.
*Nombres cambiados por protección de las fuentes, dado previo inicio al juicio de restitución.
