Como si se tratara de un plan orquestado para desestabilizar e intimidar a los defensores de derechos humanos, en menos de un mes han amenazado a 191 líderes y atentado contra la vida de otro. Naciones Unidas y Defensoría del Pueblo piden a las autoridades que haya mayores garantías para su labor.
En las últimas semanas por lo menos 200 activistas en derechos humanos han sido amenazados.Septiembre ha sido un mes negro para los defensores de derechos humanos en Colombia. Solo en Bogotá fueron amenazados por las llamadas ‘Águilas Negras’ 182 personas, entre defensores de derechos humanos y víctimas, cifra a la que se le suman otros nueve defensores que aparecen en un panfleto de ‘Los Rastrojos’ y el atentado contra un líder en Pasto, Nariño. ¿Es una estrategia de amenazas sistemáticas o son solo hechos asilados?
Para voceros de organizaciones defensoras de víctimas consultadas por VerdadAbierta.com, estas acciones sistemáticas,que ponen riesgo la vida de las personas que se dedican a defender los derechos humanos, hacen parte de una estrategia de desestabilización que suelen aparecer en el país cuando se pone en la agenda pública el tema de la paz.
“Es casi la normalidad colombiana, que cada vez que hay alguna circunstancia que prometa una salida a la paz, que pueda poner esos temas en la agenda pública, suceda eso. Siempre ha sido así”, explicó un defensor de la Costa Caribe que pide reserva de su nombre.
A juicio de este líder social, “la ultraderecha considera que la defensa de los derechos humanos descansa en las bases de ideologías de izquierda o de guerrilla, cuando por el contrario las democracias modernas resucitan sobre los derechos humanos, las libertades individuales”.
La situación no es nada fácil. El primer semestre de 2014 no fue mejor. El informe semestral del Programa Somos Defensores advirtió que en distintas regiones del país las llamadas bandas criminales eran responsables de varios asesinatos y de agresiones contra líderes sociales.
Esta organización hizo un balance entre enero y junio de este año, y documentó 194 agresiones, de las que por lo menos 97 casos fueron cometidas, al parecer, por ‘paramilitares’, que son nombradas como ‘Águilas Negras’, ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (también conocidos como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga) y ‘Rastrojos’, que surgieron tras concluir en agosto de 2006 la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos con el gobierno nacional (Ver: Defensores de derechoshumanos, silenciados por las ‘bacrim’).
La conclusión de este informe se ratifica ahora con las nuevas amenazas. ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’ son responsables de las amenazas a los defensores públicos. El caso más reciente fue un panfleto en el que ‘Los Rastrojos’ amenazan a los miembros de la Corporación Nuevo Arco Iris, Fundación Nuevo Amanecer, Fundación para la Reconciliación, Corporación Viva la Ciudadanía, Fundación Paz y Reconciliación, a los que acusan de “no permitir el desarrollo del país” y los declaran objetivo militar.
Para un abogado que trabaja con víctimas en el departamento del Cesar, quien también pidió la reserva del nombre, no existe una postura ideológica detrás de estas amenazas, que son hechas sin ninguna capacidad de análisis “porque le están endilgando los derechos humanos a la izquierda, cuando todos sabemos que ellos traspasan cualquier color e ideología”.
Mientras tanto una mujer que lidera una Fundación que defiende los derechos de las víctimas en Magdalena, dijo que “esta una situación muy preocupante que no debe desestimarse, sino prestarle toda la atención de parte de las autoridades. Ahora no es fácil trabajar a favor de los derechos humanos, parece que le incomodamos a mucha gente y a nosotros nos toca andar solos y desprotegidos, sin ninguna seguridad”.
El comentario de esta líder hace alusión a los recortes presupuestales y rediseño de las estrategias que anunció la Unidad Nacional de Protección (UNP) en días pasados que pretende hacer más eficiente el servicio de seguridad que le presta a altos funcionarios del Estado y a líderes sociales en situación de riesgo.
Al respecto, Andrés Villamizar, director de la UNP, aseguró que su agencia toma muy en serio todas las amenazas que se profieren contra activistas sociales. “Son agresiones graves y afectan la labor de los defensores de derechos humanos. La mayoría de las veces los panfletos son apócrifos pero eso no implica que no haya un riesgo. Condenamos esas amenazas e instamos a la Fiscalía que las investigue y determine su origen”.
Ataques y amenazas
En Pasto, Nariño, el 18 de septiembre, se produjo un atentado contra la vida del defensor de derechos humanos, Oscar Damián Montufar Andrade, quien antes no había recibido amenazas por parte de ningún grupo. Este abogado, quien trabajaba en la Defensoría del Pueblo, se había dedicado a ayudar a personas pobres, víctimas de bandas criminales y de las Farc. El día del atentado, salió de su casa, cuando un sicario le dio dos tiros. Además en este departamento, existe un listado de líderes de víctimas amenazados que han hecho visible su caso.
Lo más alarmante es la amenaza a cien personas, víctimas del conflicto armado, que dio a conocer a comienzos de septiembre la Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Ana Teresa Bernal, que fue enviada a su correo personal por las ‘Águilas Negras’.
Días antes, ese mismo grupo envió una lista de 91 miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), todos ellos defensores de derechos humanos. En su momento, un vocero del Movice dijo que habían puesto todo en manos de las autoridades y expresó que el grupo armado les decía a los amenazados que tenían ubicados a sus familiares y los trataban de “guerrilleros comunistas”.
Garantías para defensores
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que pide a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las personas amenazadas mencionadas en el panfleto enviado por ‘Los Rastrojos’ y recomienda “revisar los niveles de riesgo y tomar las medidas pertinentes en relación con la protección de los amenazados”.
El papel en el que amenazan a defensores de organizaciones reconocidas en el país, como la Fundación Paz y Reconciliación, cuestiona iniciativas como la Semana por la Paz, foros, caminatas y eventos relacionadas con la celebración.
“De manera particular declara objetivo militar a los defensores de derechos humanos León Valencia, Julio Roberto Gómez, Fernando Hernández, Luis Sanabria, Mario Corrales, Leonel Narváez, Antonio Madarriaga, Ariel Arias y Marco Romero”, dice en su comunicado la Defensoría, que exigió respeto por las manifestaciones de la sociedad civil en favor de la reconciliación.
Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también se pronunció el 19 de septiembre pasado, luego del atentado contra defensor de derechos humanos en Nariño, que fue atacado a tiros.
Lo cierto es que los defensores de derechos humanos están entra la espada y la pared. Siguen haciendo su trabajo en las regiones, muchos de ellos sin protección alguna, donde son blanco de intimidaciones que provienen de diversos grupos armados ilegales, y con la certeza de que no son simples amenazas, si se tiene en cuenta que en el primer semestre de este año 30 defensores fueron asesinados.
