Corte Suprema de Justicia le negó al exoficial Elmer Fernández Velasco su solicitud de mantener sus derechos de propiedad sobre un lujoso apartamento del que fuera dueño el vocero político de las Auc, avaluado en 2.000 mil millones de pesos.
Litigio por apartamento de Carlos Castaño en Bogotá terminó a favor de las víctimas.La Corte Suprema de Justicia puso fin al debate sobre el destino de un lujoso apartamento en Bogotá adquirido por el otrora vocero político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Carlos Castaño, y que estaba en manos del coronel (r) Elmer Fernández Velasco y su esposa Delia Elizabeth Mejía.
El inmueble está ubicado en el norte de la capital de la República, en el edificio Mirador del Country N. 2, y fue ofrecido por el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, para la reparación de las víctimas cuando estuvo postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pero a ese ofrecimiento se opusieron Velasco y Mejía alegando que era de su propiedad.
Contrario a lo que expuesto por excoronel y su esposa, la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó la atención sobre varias irregularidades en la compra del apartamento. Una de ellas es que los esposos hayan insistido en pagar por el inmueble conociendo de antemano las deudas que tenía, y que en calidad de oficial de un organismo de seguridad, Fernández no hubiera investigado la tradición de la propiedad.
Alias ‘Gordolindo’, excluido del proceso de Justicia y Paz tras ser considerado un ‘narcotraficante puro’ que intentó buscar beneficios a la sombra de la desmovilización de las Auc pactada con el gobierno nacional, habló del inmueble el 2 de marzo de 2012 ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. En esa ocasión, explicó que el apartamento había sido adquirido por el exjefe paramilitar con dineros producto del narcotráfico y que uno de sus objetivos era habitarlo luego de entregar las armas con el fin de permanecer esporádicamente en Bogotá.
La defensa del excoronel solicitó que no se diera crédito a las declaraciones que había dado ‘Gordolindo’ porque en ellas había “profundas contradicciones” y que en su contra también figuraba que hubiera sido excluido del proceso de Justicia y Paz por faltar a la verdad.
Al respecto, La Corte reconoció que el narcotraficante sí mintió al asegurar que perteneció a las Auc como paramilitar, pero que eran creíbles sus testimonios sobre las actuaciones de la Casa Castaño y sobre los bienes que pertenecieron a la organización.
Según el alto tribunal, “la no pertenencia a la organización paramilitar y el antecedente de mentira no desvirtúan por sí mismas el conocimiento cierto que pudo haber tenido sobre tales bienes ilícitos por las siguientes razones: porque en la decisión de exclusión del proceso transicional se estableció la cercanía y amistad con la Casa Castaño y, segundo, porque habría que acreditarse que también mintió en cuanto a los bienes que denunció, cuestión que no ha ocurrido”.
En las audiencias en las que el narcotraficante habló de la existencia del apartamento, también ofreció 22 bienes que habían sido obtenidos por él y por los hermanos Castaño en distintas regiones del país. Para ese momento, las propiedades fueron valoradas en más de 5 mil millones de pesos. (Ver: ‘Gordo Lindo’ entregará 22 bienes para reparar a las víctimas)
Las dudas
El 29 de noviembre de 2011 Orlando Bastidas Cuervo (quien figuraba como propietario) transfirió el inmueble a Fernández y su esposa. Se trataba del apartamento 1201 y los garajes 98, 99, 100 y 101 del edificio Country N. 2. En esta venta figuraba como intermediario el abogado José Arcesio González.
Alias ‘Gordolindo’ contó a la Fiscalía durante versión libre que Bastidas y González trabajaban “a favor de Carlos Castaño”. Sobre ese señalamiento, Bastidas dijo que las versiones en su contra como testaferro de las Auc son “inverosímiles” y que las descripciones que de él hace este narcotraficante se las suministró “la fiscal que lo entrevistó”. Y que al abogado González lo conoció después de 2010 por un asunto laboral y en los trámites para vender el apartamento.
La Fiscalía avaluó el apartamento y los cuatro garajes en 2 mil millones de pesos, pero la promesa de compraventa del inmueble se había pactado por 659 millones 500 mil pesos, que podrían ser pagados a Bastidas o a Evans Yesid Ruiz Vargas. Este último era un segundo propietario del inmueble que apareció durante las declaraciones de los dueños y comisionistas, y sobre el que la Corte señaló que pudo haber aspectos “inusuales e irregulares” que no fueron vistos por Fernández.
La Corte también puso en tela de juicio la buena fe del excoronel y su esposa al señalar que compraron un inmueble sobre el cual recaía una “situación jurídica problemática”, entre ellas las deudas por impuestos y servicios públicos que sumaban 49 millones 250 mil pesos y las cuotas de administración pendientes eran por más de 31 millones, sobre esta última aparecía un embargo.
El Fondo de Reparación de Víctimas indicó que “no puede haber buena fe en una persona que perteneció a la Fuerza Pública durante 20 años, a quien no puede caberle la ingenuidad de entender que un negocio que tenía detrás tantas dudas, no podía desembocar en esta situación”.
A los magistrados, además, les llamó la atención que el coronel hubiera pedido un préstamo de 400 millones de pesos para comprar el apartamento, pagando cuotas mensuales de 16,6 millones de pesos. Fernández había declarado que sus ingresos mensuales oscilaban entre los 15 y 20 millones de pesos, suma que para la Corte no le alcanzaba para pagar el crédito y “satisfacer las restantes necesidades de su hogar”.
Desde el 16 de marzo de 2012, la Sala de Justicia y Paz con función de control de garantías del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares sobre apartamento con el fin de evitar su comercialización y se iniciara el proceso de inclusión en el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
No obstante, el 20 de junio de 2012, el abogado del excoronel y su esposa solicitó que se levantara esa medida sobre el bien argumentando la propiedad sobre el mismo, pero en respuesta dada el 22 de mayo de 2014, el Tribunal sostuvo su decisión, la cual fue apelada y pasó a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó devolver el apartamento y los cuatro garajes a Justicia y Paz.
Ahora el proceso vuelve a la Sala de Justicia y Paz con función de control de garantías del Tribunal Superior de Medellín, donde los magistrados tendrán que definir la suerte de éste y los otros bienes ofrecidos por alias ‘Gordolindo’, que como lo estableció la Corte, podrán servir para reparar a las víctimas de las autodefensas sin importar que el narcotraficante haya sido expulsado de Justicia y Paz.
