A finales del 90 campesinos del Sur de Bolívar querían cambiar los cultivos de coca por productos legales. Esta idea fue tomada a la fuerza por el BCB. Para el 2002 los paramilitares compraron los primeros terrenos y crearon Coproagrosur, la encubrieron de legalidad y lograron millonarios préstamos de la Caja Agraria y organismos extranjeros.
Los ex paramilitares han confesado en Justicia y Paz que sembraron cerca de 2.000 hectáreas de palma. Quienes administraron Coproagrosur han asegurado que las ganancias superaban los mil millones al año. Foto: archivo Semana.La cooperativa comenzó a gestarse desde finales de 1997, cuando Hernán Ospina Escobar, un comerciante y líder campesino, se unió a otros habitantes de Simití y San Pablo, Sur de Bolívar, reunidos a través de Asocopaz (Asociación de Corregimientos para la Paz) para crear un proyecto productivo que les permitiera sustituir los cultivos de coca que abundaban en esa región. Ospina dijo ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que los otros líderes que lo acompañaron en ese esfuerzo eran Édgar Acevedo, Hernán Pinillo, Fernando Acero, Dagoberto Torres y Marco Antonio Parra.
Ospina había llegado en 1979 al corregimiento de San Blas, Simití, como vendedor ambulante. “Me amañé”, dijo y allá fue, desde presidente de la Junta de Acción Comunal y administrador de cines, hasta amansador de caballos.
“Nosotros no teníamos dinero para comprar esas tierras”, dijo y aseguró que desde 1997 se puso a armar un paquete para buscar organizaciones que les prestaran. “No teníamos bien claro ante qué entidad lo íbamos a presentar, pero sabíamos que el Banco Agrario hacia préstamos para palma africana, maderable”.
En 2000 Ospina y Dagoberto Torres viajaron a La Dorada, Caldas a donde vivía Fabio Correa, un ganadero dueño de tres predios en el municipio de San Pablo, llamados San Judas, El Amparo 1 y Vista Hermosa, que ellos querían para su proyecto. Ahí comenzaron a negociar cómo podrían comprárselos. Cuando regresaron, fueron citados por alias ‘Gustavo Alarcón’, un jefe paramilitar de San Pablo cuyo nombre real era Jhon Francis Arrieta, y quien fue asesinado después, en abril de 2003.
‘Alarcón’ los enfrentó airado: “De manera que están negociando con mis tierras, si yo sé que vos estuviste el otro día en La Dorada con Dago, negociando con Fabio Correa. ¿Vos no sabías que esas tierras son mías?”. Así recordó Ospina que les había dicho el paramilitar. Después, les advirtió que él ya había dado un dinero por esas tierras. Habló con ellos más veces, hasta que al final los amenazó diciéndoles que ese proyecto tenían que hacerlo con el Bloque Central Bolívar.
A partir de ahí, según han confesado varios desmovilizados del BCB, fue ‘Ernesto Báez’, jefe político de esta estructura paramilitar, quien se encargó de dirigir el proyecto.
Al respecto, ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez (‘Julián Bolívar’) dijo a la justicia que “los que éramos comandantes en esa época nos preocupaba cómo los cultivos (ilícitos) eran el carburador del conflicto en el Sur de Bolívar. Era la misma preocupación de un número de campesinos agrupados en Asocopaz (Asociación de Corregimientos para la Paz), que era un grupo de líderes campesinos que habían acudido a todas las instituciones buscando el apoyo para un proyecto productivo para la sustitución de cultivos. Después de tocar muchas puertas acudieron a nosotros. Ellos inicialmente consideraban como muy importante el cultivo de yuca y como el cultivo de palma de aceite estaba en pleno apogeo en Santander, entonces consideramos que debíamos mancomunadamente avanzar en ese proyecto y decidimos conseguir unos terrenos para el proyecto e incluir a la comunidad, eso fue en el 2000”.
La compra de los primeros predios, que sumaban 936 hectáreas, que pertenecían a Fabio Correa, se concretó gracias a la intervención de Duque (‘Báez’), quien llegó al Sur de Bolívar en septiembre del 2000. El ex comandante paramilitar cuenta que antes de hacer la negociación, se asesoraron de unos técnicos que le dijeron que los de Correa eran terrenos óptimos para la semilla de palma costarricense.
“Yo fui hasta la Dorada y en presencia de Hernán Ospina, empecé a negociar con don Fabio durante 15 días. Él era un anciano de unos 78 años (según su fecha de nacimiento, Correa tenía entre 72 y 73 años). Finalmente acordamos comprar los predios (Vista Hermosa, El Amparo y Rancho San Judas) por 680 millones de pesos en 2003 o 2004”. Acordaron que le darían a Correa 315 millones y, que por el resto, le firmarían unas letras. Correa les dijo que haría las escrituras cuando le pagaran y pidió una garantía de un ganadero de la zona que no fuera narcotraficante, como fiador. “Uno de nombre Pacho respaldó cuatro letras”. (Ver capítulo Símbolo de la Restitución en esta nota:) (ojo poner un ancla interna que vaya allá)
Fabio Correa, también como ‘Báez’ nacido en Aguadas (Caldas) y fallecido en 2012, no dijo en una declaración que rindió a la Fiscalía en Medellín el 9 de diciembre de 2009 que eran amigos. Recordó que a Duque (‘Báez’) lo conoció entre 2000 y 2001 a través de un hombre que apodaban ‘Mi Rey’, quien a su vez era conocido de un amigo suyo enManizales. Luego de esa conversación, dijo Correa que tuvo una cita con Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, en el sector de Cerritos en Pereira, y que éste le dijo finalmente que hablara con ‘Julián Bolívar’, con quien se encuentra en el corregimiento de San Blas, sur de Bolívar. En su relato a la Fiscalía, Correa dijo que alias ‘Bolívar’ le había advertido: “que le metiera más mano a eso”. Es decir, que no tuviera esas tierras suyas ociosas.
Correa contó que luego de cuatro meses sin tener razón alguna de los paramilitares, lo llamó su mayordomo, quien le informó que las autodefensas se habían posesionado de sus terrenos. Correa viajó a San Blas. Dijo que ya ‘Julián Bolívar’ no era el comandante, y en su reemplazo se encontró con el fallecido jefe alias ‘Gustavo Alarcón’. Según Correa, ‘Alarcón’ le dio en efectivo un primer pago de 60 millones de pesos de los 300 millones que le había ofrecido por sus propiedades, que él mismo avaluaba en más de 1.000 millones de pesos. “Ya nos habían desalojado ya no queda más que recibirlos”, le dijo el ganadero a la Fiscalía.
En la audiencia que realizó el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá el 27 de marzo, Duque (‘Báez’) afirmó que “más o menos en el año 2010-2011, cuando anunciamos la entrega de los bienes, un amigo de Puerto Boyacá, Arnubio Triana, alias Botalón, me dijo: le traigo una razón de Fabio Correa, y que necesitaba hablar urgentemente conmigo. Me visitó cuatro veces entre el año 2010 – 2011, me dijo que me venía a plantear un gran negocio, ‘necesito que usted me respalde porque voy a aparecer como víctima de los paramilitares. Yo rescato esa tierra y eso significa que nos volvamos socios, yo le doy el 50 por ciento’. Yo hablé con Rodrigo Pérez, yo no lo despaché de inmediato, le dije que era atractivo y que lo iba a consultar con la almohada, a los 15 días volvió y le dije que había que seguirlo consultando. Finalmente el viejo malhumorado me dijo que si iba seguir o no, ahí si le dije: ‘don Fabio si usted llega a expresar algo distinto a como ocurrió este negocio, lo denuncio’”.
Un testimonio contrario tiene Correa, quien ante la Fiscalía respondió que sí visitó a Baez en la cárcel “por intermedio de un amigo” y que le dijeron que le iban a entregar un predio que está a nombre de una persona identificada como Gabriel Villegas, un poblador del Sur de Bolívar. Correa dijo que estuvo esperando más de un año, y que en ese tiempo habló con Villegas y con Hernán Ospina, que al principio le iban a entregar la escritura de 200 hectáreas, después 100 y “después no salieron con nada”.
Casi todo el dinero para compra de los predios originales para la siembra de palma de Correa, lo puso Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, próspero narcotraficante y comandante del BCB, que fue extraditado a Estados Unidos por exportar cocaína a ese país en 2008. A partir de este momento los paramilitares comenzaron a planear el montaje del negocio, y cómo harían para ocultar que ellos manejaban los hilos.
Al principio pensaron en crear una sociedad anónima, pero luego Duque (‘Báez’) propuso que mejor sería crear una cooperativa, pues este esquema les favorecería legalmente. “Nosotros vimos que más allá del proyecto de sustitución de cultivos, los paramilitares nos podíamos beneficiar después, inclusive yo me soñé siendo dueño, hablé con Carlos Mario, y me dijo el 10 por ciento de eso es de usted. Nosotros nos imaginábamos que después de entregar las armas íbamos a disfrutar de estos bienes y dárselos a nuestros hijos”, contó.
Por exigencia legal, la cooperativa debía ser integrada por mínimo cien socios, así que los paramilitares llamaron a sus mismos miembros, a representantes de cerca de 18 familias que vivían en la región y a familiares de integrantes del BCB. En los documentos aparecía que cada uno aportaba 3 millones de pesos, pero tanto Pérez (‘Julián Bolívar’) como Duque (‘Báez’) concuerdan en que sólo cinco personas entregaron dinero, que ninguno de ellos dio el aporte completo y que el resto de la inversión salió de las arcas del grupo ilegal.
Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Ospina dijo que algunos de esos asociados fueron los comerciantes de la región, entre ellos, Orlando López, Martha López, Hernán Pinilla, Eliécer Leguizamón y un hermano de Carmen Narváez.
“Yo me reuní con los cien y les dije que iban a figurar como socios de una cooperativa y que además, en esos papeles que iban a firmar aparecían aportando cada uno 3 millones de pesos y sabíamos que no tenían los recursos, entonces les dije: no hay inconveniente, cuando las condiciones económicas se los permitan, pues los aportan”, dijo Duque a la justicia.
Pérez además dijo en sus confesiones que “algunas de las personas que nos habían vendido (terrenos) aparecen en el acta de conformación de la Cooperativa o sus familiares, porque ellos vendieron pero querían seguir haciendo parte de la cooperativa”.
Así, en 2000 nació el proyecto Coproagrosur con las primeras 65.000 plántulas de palma, y se consolidó un año después, cuando ampliaron el cultivo a los predios La 2 y San Francisco. Ospina aseguró que a través de estudios y asesorías de expertos de Coopalcol, la cooperativa de palmicultores de Colombia, los paramilitares consiguieron una buena semilla de palma de la variedad Costa Rica. El segundo al mando del BCB, alias ‘Julián Bolívar’, ratificó y amplió la versión de Ospina, ante la justicia: “Este proyecto fue asesorado por personal de Tecniagro y Tecnipalma, se buscó un técnico especialista, también expertos en economía solidaria, incluso vinieron expertos campesinos que fueron capacitados en la siembra de palma”.
Para formalizar el proyecto los paramilitares también recibieron apoyo de terceros. Según Duque (‘Ernesto Báez’) “nos asesoramos de una mujer muy importante en términos corporativos la doctora Lucero Torres de Bucaramanga, ella nos ilustró en ese tema”. Así en el escritorio de Duque, y sin convocar a una Asamblea de Accionistas como ordena la ley, organizaron la cooperativa, elaboraron acta de constitución, estatutos y demás. “Fue tan deficiente esa vigilancia (del Estado) que los papeles nos resultaron perfectos. Inclusive, ahora la Superintendencia (de Economía Solidaria) no sabe quiénes son los socios de esa cooperativa”, dijo Duque.
El acta de constitución falseada, en la que aparecen socios que no aportaron, es lo que hoy tiene al borde de la liquidación al proyecto Coproagrosur. Según explicó, ante el Tribunal de Justicia y Paz, Guillermo León Hoyos Higuita, Superintendente de la Delegatura de la Forma Asociativa en la Superintendencia de Economía Solidaria de la Superintendencia, cuando los asociados no se han reunido, ni se les han distribuido utilidades la organización de economía solidaria debe liquidarse inmediatamente.
No obstante, durante los doce años que existió Coproagrosur, ni la Superintendencia ni ninguna institución estatal pudieron dar con el paradero de algunos de los socios ni han podido encontrarle la salida legal a esta falsa cooperativa creada por los paramilitares. El superintendente Hoyos sostuvo que la corporación no ha sido devuelta (ni incautada) a sus dueños “porque no se ha determinado quiénes son los asociados”.
Préstamos locales y donaciones extranjeras
Los paramilitares inscribieron a Coproagrosur en la Cámara de Comercio de Aguachica, Cesar en septiembre de 2002.Habiendo cumplido con éste y otros requisitos legales le pidieron un préstamo al Banco Agrario, el banco estatal fundado en 1999 para financiar actividades del agro, para arrancar el negocio. “Yo estuve al frente de toda la tramitología que había que cumplir para que el banco nos hiciera el préstamo”, dijo Duque (‘Báez’). “La primera condición era que el Banco Agrario no sospechara en lo más mínimo que había dineros paramilitares”.
Presentaron la solicitud de crédito en la oficina del Banco Agrario en Santa Rosa del Sur, (Bolívar) en 2002, a nombre de Hernán Ospina, figura conocida en la región quien aparecía como presidente de la junta de Coproagrosur. Les aprobaron 1.600 millones de pesos de préstamo, y a partir de 2004, el banco empezó a hacerles los desembolsos. Con estos dineros los paramilitares obtuvieron nuevos predios y más palmas para cultivar.
En total los proyectos comprenden hoy doce predios distribuidos entre los municipios de San Pablo y Simití, Bolívar, tienen 2.125 hectáreas de tierra, de las cuales 1.200 están sembradas de palma aceitera desde 2002. Son tres plantaciones que está a unas dos horas por carretera desde Barrancabermeja el puerto santandereano sobre el río Magdalena: La 2, San Francisco y Coproagrosur. Y es la cooperativa del mismo nombre de esta última plantación la que vende el aceite. Su primer administrador fue Martín Ureña.
“El crédito salió a nombre de la cooperativa Coproagrosur”, dijo Ospina a los magistrados de Justicia y Paz. Luego explicó que un señor llamado José Miguel Suárez Téllez, gestor de trámites del Banco Agrario ante comunidades del Sur de Bolívar, del Sur de Santander y del Sur del César, fue quien les ayudó a conseguir el préstamo. “Él jugó un papel muy importante”, dijo. Añadió que “los encargados de los trámites (firmar pagarés, arreglar carpetas) fueron Lucero Torres y José Miguel Suárez Téllez, Ernesto Baez, Hernán Ospina, Dagoberto Torres y Hernán Pinillo”.
Ospina, quien fue presidente de la junta, representante legal y gerente de Coproagrosur los períodos 2003-2004 y 2008-2010, dijo que en el 2008, abonaron a la deuda de la Caja Agraria 265 millones de pesos, y que para ello, contaron con la ayuda de ‘Julián Bolívar’ (Pérez). “Para el 2009 teníamos que pagar 285 millones de pesos, y no se alcanzaron a pagar”, dijo.
Más insólito aún es que el proyecto palmero de los paramilitares consiguiera hacerse a dineros donados por la cooperación de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, (Usaid) dentro del paquete de proyectos del Plan Colombia, que buscaba combatir el narcotráfico y fortalecer la democracia colombiana.
Así, en diciembre de 2004, Coproagrosur recibió una subvención por 228 millones de pesos, destinados a la asistencia técnica y capacitación de los trabajadores en la instalación y manejo técnico del cultivo de palma de aceite. Esta iniciativa fue apoyada en esa época por Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria.
Según un artículo que hizo VerdadAbierta.com al respecto en 2009 (Ver: El lado oscuro del Plan Colombia) los socios de Coproagrosur presentaron a la cooperación internacional un título de propiedad sobre los predios en el que además certificaban la aprobación de un crédito del Banco Agrario.
El 21 de mayo de 2009, la ONG North American Congress on Latin America (Nacla) le solicitó información a Usaid a través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia sobre Coproagrosur y sus posibles nexos con Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’. Un funcionario de la embajada le respondió a Nacla que la cooperativa fue un proyecto firmado el 1 de diciembre de 2004 bajo el programa Capp y fue manejado por Midas (el operador local de los dineros estadounidenses) en 2006. (Ver documento de la Embajada de Estados Unidos- Usaid)
Un vocero de la embajada le había explicado a VerdadAbierta.com en 2009, que en diciembre de 2004, como parte del proyecto Colombia Agribusiness Partnership Program (CAPP, por sus siglas en inglés), Usaid aportó 228.570.631 millones a Coproagrosur, una cooperativa conformada por cien agricultores. El objetivo del proyecto, hasta dónde ellos sabían, era la siembra y mantenimiento de 400 hectáreas palma de aceite para beneficiar a cien familias en el municipio de Simití.
Los recursos donados por Usaid se utilizaron para apoyar la asistencia técnica y capacitar a los agricultores en la instalación y manejo técnico del cultivo de palma de aceite. Según la documentación recibida por el proyecto CAPP como parte del proceso de evaluación de la propuesta presentada por Coproagrosur, no obtuvieron información alguna sobre la posible relación de esta cooperativa con grupos paramilitares.
Inicialmente, Usaid había aprobado darles una partida de 371 millones de pesos, pero a la postre, sólo giró 228 millones de pesos y el proyecto terminó, según reportó el funcionario de la embajada, el 30 de agosto de 2007. (Ver más sobre estos dineros en el artículo Platas de Usaid y Plan Colombia llegaron a manos de los paras).
El representante legal de Coproagrosur, la cooperativa beneficiada por el Plan Colombia, Hernán Ospina, está detenido desde el 1 de abril de este año, acusado por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y lesiones personales. Varias víctimas del BCB consultadas por VerdadAbierta.com que han acudido a las audiencias de Justicia y Paz, aseguran que él fue cercano a los paramilitares en los años en que estos dominaban amplias zonas en el Sur de Bolívar. Al parecer, el sueño de este comerciante que se amañó en Simití de montar una cooperativa con los vecinos terminó, como casi todo en esa región, cooptado por el paramilitarismo.
Haga clic sobre la imagen para conocer más sobre esta investigación
 para crear un proyecto productivo que les permitiera sustituir los cultivos de coca que abundaban en esa región. Ospina dijo ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que los otros líderes que lo acompañaron en ese esfuerzo eran Édgar Acevedo, Hernán Pinillo, Fernando Acero, Dagoberto Torres y Marco Antonio Parra.){kind=link}