Si excluyen a este exparamilitar de Justicia y Paz, queda en riesgo la verdad sobre decenas de ejecuciones extrajudiciales, el ataque a la etnia kankuama en la Sierra Nevada de Santa Marta, los vínculos con el Ejército Nacional y su incidencia en la parapolítica del norte del país.
Con la solicitud formal de exclusión de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, presentada por la Fiscalía en días pasados se esfuman cada vez más las esperanzas de sus víctimas de conocer la verdad de los delitos cometidos por este ex jefe paramilitar y sus hombres.
Sus delitos han sido aceptados, por línea de mando, por Salvatore Mancuso, quien al igual que ‘Jorge 40’ está preso en una cárcel de Estados Unidos desde mayo de 2008, con la diferencia de que Mancuso sí ha confesado y aceptado muchos de los hechos cometidos por sus hombres, como la desaparición forzada de más 1.300 personas, tal como lo ha documentado la Fiscalía o el reclutamiento de 200 menores de edad.
No obstante, para las víctimas no es suficiente. Muchos familiares han expresado que no les interesa que otro jefe paramilitar acepte la culpa por los delitos, sino que quieren conocer la verdad de “boca del paramilitar que dio la orden para que mataran a nuestros familiares, que los desaparecieran o que nos sacaran de nuestras tierras”, dijo a VerdadAbierta.com una mujer que nunca más supo de su padre y su hermano después de una noche de mayo de 1999, cuando un grupo armado llegó hasta su finca en la Serranía del Perijá, en el municipio de Codazzi.
Si los magistrados de Justicia y Paz ante los que fue radicada la solicitud de exclusión de ‘Jorge 40’, deciden excluirlo de este proceso de justicia transicional, quedarán en el tintero la verdad de las ejecuciones extrajudiciales, el exterminio de más de 280 indígenas de la etnia Kankuama en la Sierra Nevada de Santa Marta, los homicidios selectivos, las masacres, los vínculos con el Ejército Nacional, su incidencia en la parapolítica, el reclutamiento ilícito de 208 menores, las falsas desmovilizaciones, entre otros delitos.
Unas de las comunidades afectadas son los indígenas Kankuamos, quienes soportaron el señalamiento de ser colaboradores de la guerrilla y por tal razón fueron asesinados decenas de sus miembros, muchos de ellos ejecutados extrajudicialmente y presentados como supuestos integrantes de grupos subversivos. En el proceso de Justicia y Paz responden por el llamado ‘exterminio Kankuamo’, además de Rodrigo Tovar Pupo, los desmovilizados conocidos con los alias de ‘El Paisa’, ‘El Ruso’, ‘El Negrito’, ‘El Niño’ y ‘El Rey’.
Hasta ahora no se sabe si la muerte de los integrantes de esta etnia obedecía a una decisión militar de las autodefensas o a una petición de familias poderosas del Cesar, como lo han dado a entender muchos de sus líderes.
Una de las masacres de mayor connotación contra esta etnia ocurrió el domingo 8 de diciembre de 2002, cuando llegaron al pueblo de Atanquez cerca de 60 hombres en camionetas, comandados por alias ‘El Paisa’, quien junto con sus hombres reunieron a sus habitantes en la plaza principal y mataron a cuatro personas representativas de la comunidad. En el camino dejaron cuatro cadáveres más, entre ellos el del Mamo Abel Abelardo Maestre.
Al caso de los homicidios de los sindicalistas de la multinacional Drummmond, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita todavía le quedan algunas verdades pendientes, así como el de Gustavo Soler Mora, todos ocurridos en el 2001.
Aunque en 2009 un Juzgado Especializado de Bogotá condenó a 30 años de cárcel a Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida, jefe del Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ asentado en el centro minero del Cesar, quien aceptó su responsabilidad en los crímenes, queda sin conocerse si en realidad existía una relación directa entre altos directivos de la multinacional y no a nivel de contratistas como hasta ahora se ha conocido. Solo ‘Jorge 40’ podría resolver estas dudas.
Otro hecho que conmocionó a Valledupar, capital del departamento del Cesar, fue el asesinato de dos profesores de la Universidad Popular del Cesar (UPC), ocurridos en el interior del claustro educativo en el 2001. Se trató del docente Miguel Ángel Vargas Zapata, presidente seccional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), quien fue atacado a tiros en el parqueadero del centro educativo el 16 de mayo. Unos meses después, el 22 de octubre, mataron a Luis Mendoza Manjarrés, profesor en la facultad de Administración de Empresas, también miembro del sindicato, quien a pesar de que había pedido protección al Estado, nunca la recibió. Al igual que Vargas, fue asesinado cuando salía de dictar clases.
La verdad que tampoco se conoce, y que aún es un enigma para la justicia, pues una de sus principales protagonistas huye de la justicia, tiene relación con los presuntos vínculos de María Victoria Barreneche, ex asesora de Paz del Cesar, con las Auc. En 2010, la Fiscalía 26 Especializada ordenó su captura junto con su hermano Alfredo, quien dirigía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Cesar, porque al parecer tejieron una red de contrataciones para desviar los recursos de la alimentación escolar para favorecer a los paramilitares.
La parapolítica es un capítulo especial en el camino de ‘Jorge 40’, que aunque no confesó nada al respecto, sí fue una realidad en los departamentos donde hacía mayor presencia el ex jefe paramilitar, como Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. Las condenas de varios congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y otros funcionarios públicos dan cuenta de sus cercanas relaciones con la política.
El caso del llamado ‘Grupo de los Ocho’, que hizo carrera en la época, por tratarse de la supuesta unión de ocho alcaldes del Cesar para ponerse al servicio de los paramilitares, es otro tema del que no ha hablado alias ‘Jorge 40’. Este pacto, firmado en 2001, fue liderado por el ex jefe paramilitar con el fin de consolidar su poder en los municipios mineros del Cesar, integrado por El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Becerril y el Paso.
El ‘Grupo de los Ocho’ salió al ruedo en las elecciones al Congreso de la República en 2002, cuando recibieron órdenes de apoyar a candidatos cercanos a las Auc, entre ellos a exsenador Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica y al exrepresentante a la Cámara Jorge Ramírez Urbina.
Por ese pacto ilegal, también resultaron en líos con la justicia tres ex alcaldes de Astrea, Garibaldis López Acuña, Jaime Sajonero Pallares y Édgar Orlando Barrios Ortega, a quienes responsabilizaron de aliarse conparamilitares del Bloque Norte de las Auc y poner sus administraciones bajo las órdenes de alias ‘Jorge 40’.
Las masacres de El Prado, Los Tupes y Los Brasiles, corregimientos del municipio de San Diego, así como de los crímenes masivos en San Ramón y La Concordia, y los casos de violencia sexual, homicidios selectivos en San Ángel, Magdalena, son hechos de los que se conoce por las confesiones de mandos medios o patrulleros que se acogieron a Justicia y Paz. Salvatore Mancuso aceptó todos los delitos cometidos por los paramilitares bajo su mando, entre 1995 y diciembre de 2004; sin embargo, es poco lo que se sabe por boca de ‘Jorge 40’.
Paso esquivo por Justicia y Paz
Después de su desmovilización en marzo de 2006, ‘Jorge 40’ asistió a pocas versiones libres en la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz. Verdadabierta.com conoció que su colaboración con la justicia colombiana solo se limitó a sesiones comprendidas entre el 3 y el 9 de julio, 2 y 5 de octubre, y 6 y 8 de noviembre de 2007, y del 19 al 21 de febrero de 2008 del 19 al 21.
Durante esas audiencias ante los fiscales, ‘Jorge 40’ admitió su participación en 500 hechos y desde entonces no volvió a hablar de los delitos cometidos desde que ingresó a las filas de las Auc hasta que se desmovilizó en 2006. (Ver: ¿Por qué ‘Jorge 40 no habla en Justicia y Paz?)
En sus pocas versiones aceptó la masacre de Villanueva, La Guajira, quizás uno de los primeros hechos cometidos por el ex jefe paramilitar, ocurrido el 7 de diciembre de 1998, cuando llegaron 60 hombres armados al pueblo y asesinaron a 12 jóvenes del barrio El Cafetal. Así como la masacre de Playón de Orozco, en el Magdalena, que tuvo lugar en enero de 1999, incursión en la que 30 paramilitares comandados por alias ‘Rafa’ asesinaron en la puerta de la iglesia a 26 hombres y una mujer. Al salir del poblado los paras quemaron 17 casas.
También las masacres de Santa Cecilia, en Astrea, Cesar, donde murieron 12 personas; la de Varela, en Zona Bananera, Nueva Venecia y El Morro, en el Magdalena; Bahía Portete en La Guajira, el reclutamiento de seis menores y algunos homicidios de funcionarios públicos en Cesar, Atlántico y Magdalena.
Los familiares de varias de sus víctimas aseguran que la posible exclusión de Tovar Pupo del proceso de Justicia y Paz es la crónica de una muerte anunciada. “Siempre presentí que ‘Jorge 40’ no iba a hablar, no iba a decir la verdad, solo sabemos verdades a medias”, dijo a VerdadAbierta.com un familiar de las víctimas de la masacre de El Toco, en San Diego, Cesar.
