Campesinos han presentado 138 demandas a jueces de Restitución de Tierras en Valledupar. Hasta la fecha solo han expedido ocho sentencias para devolver predios en Cesar.
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| En el Cesar hay 195 mil hectáreas en disputa. Foto Semana |
Antes de que termine junio, la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar, espera que se hagan efectivas tres sentencias de los jueces civiles de restitución de tierras, que ordenan restituir predios en las regiones de Mariangola, Villa Germania y Caracolí, todos corregimientos de Valledupar, zona en la que estuvo el frente ‘Mártires del Cesar’ al mando de David Hernández, alias 39, donde la intimidación, asesinatos y desplazamiento hizo que los campesinos abandonaran sus propiedades.
Con estas tres restituciones, más las dos otorgadas a familias en la parcelación de El Toco, que lograron recuperar sus tierras con el primer fallo de restitución emitido por el Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena, serían ocho las sentencias que hasta el momento han fallado en Cesar en dos años que lleva funcionando esta jurisdicción especial.
Muy pocas si se tiene en cuenta que en la Oficina de Restitución de Tierras –que además cubre La Guajira-, ya han sido presentadas 2.841 solicitudes que pretenden la devolución de 195 mil hectáreas, siendo esta región la tercera con más tierras por restituir, después de Antioquia y Bolívar. De estas solicitudes, actualmente se llevan 532 procesos administrativos, que están en etapa de estudio para establecer si ingresan al sistema.
De Valledupar fueron desplazados más de 38 mil personas, especialmente de la zona rural, donde delinquían los hombres del frente Mártires del Cesar. Del 2001 al 2004 fue la época en que más personas tuvieron que salir de la zona por presiones de los paramilitares.
Nelson Silva Niño, director territorial de la Oficina de Restitución de Tierras, explicó que Cesar fue dividido en dos para el tema de restitución, por lo que los siete municipios del sur (San Alberto, San Martín, La Gloria, Aguachica, Río de Oro y Gamarra) hacen parte de la Oficina del Magdalena Medio, zona en donde delinquió Juan Francisco Prada alias ‘Juancho’ Prada. Mientras que los 18 municipios restantes se tramitan desde Valledupar.
“En el2012 se presentaron 100 demandas ante los juzgados y en lo que va del 2013, llevan 25, todos del norte y centro del Cesar. Sin embargo, por no tener los documentos completos que demuestren los hechos, están vigentes 84 demandas, más 54 casos provenientes del sur del Cesar, en total tenemos 138 casos vigentes ante los jueces”, anotó Silva, quien confía en que la restitución en Cesar comience a dar sus frutos, pues “la Ley 975 logró pocos fallos, mientras que la 1448 ha sido más efectiva en los términos de fallos judiciales, ya llevamos ocho fallos en el Cesar y esperamos que en el segundo semestre se den más”.
Puntos críticos
En Cesar fueron escogidas cuatro zonas, que es donde se esperan concretar las restituciones a los campesinos supuestamente despojados por paramilitares.
La primera de ellas es la parcelación de El Toco, en el corregimiento Los Brasiles, del municipio de San Diego, en el norte de Cesar, allí ya han entregado tierras a dos familias, y este mes lo harán con tres más, y está en proceso una compensación debido a que el Juez encontró que hubo buena fe al momento de la compra.
En San Diego, las cifras registran a cerca de 6.000 desplazados, cuyos casos ocurrieron entre 1997 y el año 2002.
La historia del desplazamiento de las familias de El Toco se remonta a 15 años atrás, después de las incursiones paramilitares en las que fueron masacradas 13 personas y que produjo el desplazamiento de 55 familias.
El fallo que decidió la restitución de las primeras 26 hectáreas a las víctimas de las Auc y que terminó en esta entrega de tierras, lo profirió el Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena que estableció que las tierras de los campesinos fueron usurpadas por Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido cómplice de los paramilitares.
Uno de los líderes de esta restitución contó a Verdadabierta.com que todo comenzó desde el día el 23 de abril de 1997 cuando el Incora les entregó los títulos de propiedad de esta tierra que habían colonizado años atrás. Sin embargo, ese día mataron a dos parceleros –Darío Parada y Daniel Cogollo- y todos salieron despavoridos dejando todas sus pertenencias y animales. Algunos se quedaron cerca en el corregimiento de Los Brasiles, a 20 minutos de sus parcelas, otros se fueron para Codazzi, Valledupar, San Diego, y algunos decidieron irse a otros departamentos.
Unos no contaron con suerte y al mes de haberse desplazado mataron a cinco de los parceleros que se habían quedado en Los Brasiles: Víctor Plata y su hijo Daniel, Hernán Pinedo, José Yance Garrido y José Joaquín Gaviria Pardo, fueron asesinados. Luego en 2000, los engañaron y los citaron a las parcelas de El Toco a una supuesta reunión con el Incora y la Cruz Roja Internacional, pero todo era un montaje.
Ese 7 de agosto, los paramilitares asesinaron a Natividad Liñán de Bolaño, Carlos Miranda Vallejo y Fabiola Molina; y esa misma noche, otra vez en Los Brasiles, asesinaron a Dominga Martínez a su hijo Enrique y al carnicero del pueblo. También desaparecieron a dos parceleros más en el 2002, Rubén Brito y Bernanrdo Robayo. Toda esta cuota de muertos pusieron los campesinos de esta zona del municipio de San Diego, que tiene más de 1.500 hectáreas, y que hoy siguen con temor, pero con esperanzas en recuperar la tierra que un día les perteneció.
Estos hechos fueron corroborados por Francisco Gaviria alias ‘Mario’, quien aseguró que ‘Jorge 40’ les había dado la orden de matar a cinco personas que aparecían en una lista. Según ‘Mario’, los habitantes de El Toco fueron sacados de sus casas y reunidos en una cancha. Luego de asesinar a dos hombres, el resto de la población fue dejada en libertad con la advertencia de que necesitaban que desocuparan las tierras. “Necesitamos que nos desocupen esta zona, esa es la orden”, dijo ‘Mario’.
El próximo 13 de julio próximo, por orden del Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras, el Juzgado Promiscuo de San Diego, las autoridades deberán hacer el desalojo de una parcela en El Toco, porque la persona que la posee hoy no logró probar la tenencia de buena fe. Sin embargo, en esta parcelación seguirán las restituciones.
La segunda zona es la del municipio de El Copey, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene pendientes 122 procesos administrativos y hasta el momento no tiene ninguna sentencia de restitución.
El Copey registra un desplazamiento entre 2002 y 2003, que supera a las 10 mil personas, principalmente de las parcelas ubicadas al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta.
De esta zona, en especial la vereda San Miguel, salieron 20 familias porque allí situaron su base los paramilitares, comandada por alias ‘Rocoso’, de acuerdo con lo contado por una líder de tierra que prefiere mantener su nombre en reserva. “Estas tierras las adjudicó el Incora en 1985 a 18 familias. Pero esta no fue la única vereda de El Copey que sufrió el desplazamiento y la violencia paramilitar, fueron otras como: Piedras Blancas, donde hubo desplazamiento masivo de las 20 familias que allí vivían; Sierra Negra, epicentro del asesinato de miembros de tres familia; El Indio, cuyas seis familias salieron amenazados porque los tildaban de colaboradores de la guerrilla, y la vereda Entre Ríos, con otra veintena de familias. Ahora existe la Asociación Veredal de Víctima de El Copey, con 70 miembros, de los cuales 30 reclaman sus tierras.
Mientras que en la tercera zona, Codazzi, serranía del Perijá, donde hacía presencia el grupo de las Autodefensas comandado por Tolemaida y El Tigre, especialmente en las tierras situadas entre Casacará y Llerasca, región por donde desaparecieron los siete investigadores del CTI, ya tiene listos de fallos para hacer restitución a dos familias.
En Codazzi 5.000 pobladores tuvieron que irse de su territorio por las amenazas y asesinatos perpetrados por las AUC. Estos casos de desplazamiento tuvieron su pico en el año 2000.
Estas tierras también fueron entregadas por Incora en 1999 a los campesinos que llegaron como colones, pero por estar en zonas fértiles y con recursos minerales, fueron víctimas de desplazamiento y asesinatos, como ocurrió con la vereda La Concordia, cerca al corregimiento Llerasca, donde los paramilitares mataron a siete parceleros y el resto se desplazó bajo amenazas y vendiendo sus predios a bajos precios a las personas que le indicaban los paramilitares.
En Codazzi existen más de 80 reclamaciones, no sólo de esta vereda, sino de otras como Santa Isabel, Santa Rita, Las Mercedes, Iberia, El Descanso y Begonia. El líder y representante de la Asamblea Departamental de Campesinos y el Buen Vivir, Rafael Múñoz, considera que “ha sido muy lento el proceso de restitución de las tierras en el Cesar. ¿Cuánto más debemos esperar?”.
Los corregimientos de Mariangola, Villa Germania y Caracolí, en Valledupar, es la cuarta zona seleccionada, en donde, antes que termine este mes, se hará la restitución de tierras a tres familias, por orden de una sentencia emitida por el Juzgado del Circuito Especializado en Restitución de Tierras.
Esta zona era controlada por el jefe paramilitar David Hernández Rojas, alias 39, quien propició desplazamientos masivos de Villa Germania, Aguas Blancas, Mariangola, Caracolí, todos corregimientos de Valledupar, familias que luego fueron beneficiadas con los planes de retorno implementados por el Gobierno Nacional.
Lo que viene
Los casos emblemáticos en el Cesar, como son los casos de los predios de El Prado y Mechoacan, ubicados sobre la mina de carbón El Descanso que explota la multinacional Drummond, no están incluidos en los procesos que sigue la Unidad de Restitución de Tierras, sino que los campesinos reclamantes utilizaron las vías de la justicia ordinaria. Por esas tierras, en cuyas entrañas hay millones de toneladas de carbón, los paramilitares del Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, asesinaron a 18 campesinos, desplazaron a muchos más y arrasaron a las dos comunidades de Mechoacán y de El Prado.
Además existen pocas reclamaciones del municipio de Astrea, del cual hace parte el corregimiento de Santa Cecilia, donde el 28 de enero del 2000, llegaron miembros de un grupo de autodefensas que se movilizaban en dos camiones y asesinaron a once personas y desaparecieron a dos más. El hecho sucedió luego que el grupo de hombres armados incursionó en el corregimiento Santa Cecilia y lista en mano sacó a las víctimas de sus viviendas y las ejecutó en la plaza principal.
La Unidad de Restitución de Tierras Cesar-Guajira, comenzó el trabajo de cómo fueron afectadas por los paramilitares las zonas de Portete en la Alta Guajira y Nuevo Espinal en la zona urbana de Barrancas, donde están asentadas comunidades indígenas, que esperan culminar a finales de 2013. En esta oficina llevan cinco casos de etnias indígenas, tres del Cesar, donde están identificados 9.793 víctimas que piden restitución, entre ellos la comunidad Yukpa y dos en La Guajira con los wayuu.
