Año y medio después de que un Tribunal condenó al ex paramilitar, algunas víctimas no han podido ser reparadas por trámites menores. La reforma a la Ley de Justicia y Paz podría complicar el proceso.
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| Algunos familiares de las víctimas de ‘Don Antonio’ esperan ser reparadas. Foto: Semana |
En el incidente de reparación de las víctimas del ex paramilitar Edgar Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, se han presentado problemas de tramitología en 36 de los casi 330 hechos por los que fue condenado, impidiendo que las víctimas sean reparadas.
Los problemas van desde poderes extraviados hasta parientes con homónimos que no aparecen registrados, porque se pensó que sus nombres estaban “duplicados”.
El viacrucis para acceder a la reparación empezó con la sentencia contra ‘Don Antonio’ por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá. En este fallo los magistrados decidieron aplazar la decisión de reconocer las víctimas indirectas de 36 casos.
Los magistrados argumentaron que no encontraron las pruebas que los acreditaban como familiares de las víctimas o que estas personas no habían accedido a la verdad, es decir que no habían sido mencionados por el postulado Fierro Flores en versiones libres.
En esa misma sentencia el Tribunal ordenó que ´Don Antonio’, ex jefe paramilitar del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, indemnizará con sumas entre los 16 millones hasta los 53 millones de pesos a las víctimas de los más de 126 homicidios. Además de 17 millones de pesos por cada persona desplazada. Estos montos quedaron a cargo del Fondo de Reparación a Víctimas.
Por los hechos cometidos por la estructura paramilitar al mando de ‘Don Antonio’, el Tribunal lo condenó a pagar 40 años de cárcel, pero su participación en Justicia y Paz lo benefició con la pena alternativa de 8 años de cárcel.
La sentencia fue apelada por la Procuraduría y los representantes de víctimas, quienes adujeron que entregaron toda la documentación necesaria para acceder a la reparación. A diferencia del Tribunal, la Corte Suprema halló que había pruebas suficientes para reconocer a las víctimas y decretó la nulidad parcial del fallo el 6 de junio de 2012, es decir ordenó al Tribunal estudiar caso por caso los registros.
Los magistrados de Justicia y Paz reconocieron que las fallas se presentaron por la cantidad de hechos y el desorden en los documentos suministrados por las partes.
A pesar de que la Corte pidió que la audiencia se hiciera lo antes posible, la diligencia se realizó hasta el 8 y 9 de mayo, 11 meses después. Nadie contaba con que en diciembre de 2012 se reformaría la Ley de Justicia y Paz, con lo que se cambiaron los términos de la reparación.
La reforma a la Ley propuso que la indemnización no fuera tazada según el daño emergente, lucro cesante y daño moral (como se hacía en el sistema anterior), sino que se unificaran los montos. Este cambio se realizó porque los dineros del Fondo de Reparación de las Víctimas no eran suficientes para pagarle a todos los afectados.
La Unidad de Víctimas creó unos topes máximos para cada tipo de daño que son menores a los que establecieron en su momento los magistrados en la sentencia de ‘Don Antonio’.
Los enredos de papeleo
En la última audiencia celebrada por el Tribunal, quedó en evidencia que los errores provenían de la Sala, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, y no por los afectados.
Estas fallas hicieron que algunos familiares de una misma víctima hayan sido reparados y otros no. Este es el caso de la compañera sentimental de un hombre que fue asesinado el 18 de junio de 2005 en Sitionuevo, Magdalena. Los hijos, la madre y los hermanos de la víctima fueron incluidos en la sentencia, mientras su pareja no.
Otro caso es el de un menor de edad, cuyo nombre coincide con el de su padre, y solamente se diferencian en el segundo apellido. El abogado explicó que su cliente fue omitido en la sentencia del Tribunal y la Corte, al a parecer por la homonimia. El abogado tampoco apeló la decisión a tiempo.
La magistrada al frente de la Sala de Justicia y Paz llamó la atención al defensor y le pidió esta solicitud por escrito para estudiar la adición del hijo de la víctima al proceso.
Otro de los defensores indicó que al investigar el proceso, se dio cuenta que los poderes de varios de sus defendidos no aparecían en las cajas o carpetas que fueron entregadas a la Fiscalía durante las diligencias celebradas en febrero de 2010.
Los documentos extraviados son poderes originales de las víctimas para ser reconocidas durante el proceso de reparación. El abogado indicó que tiene algunas copias de los textos, los cuales podrán ser tenidos en cuenta para las diligencias posteriores.
Las decisiones que esperan las víctimas
Ahora las víctimas están a la espera de un nuevo fallo de los magistrados de Justicia y Paz para acceder a la reparación. La incertidumbre gira en torno a la forma en la que serán reparados.
Si los magistrados deciden aplicar la reforma a la Ley de Justicia y Paz que fue sancionada en diciembre de 2012, la reparación pasaría a manos de la Unidad de Víctimas, entidad creada por el Gobierno para poner en marcha la Ley de Víctimas.
En caso de ser así podría ocurrir que víctimas que hacen parte de la misma sentencia en contra de Fierro Flores reciban una indemnización muy diferente: mientras algunos de los afectados por el paramilitar que quedaron incluidos en la sentencia recibieron más de 100 millones de pesos por el asesinato de un familiar, las víctimas de estos 36 casos recibirían máximo 24 millones de pesos (40 salarios mínimos), según los criterios establecidos por ley y que maneja la Unidad de Víctimas.
La reparación de estas víctimas esta programada para el mes de octubre dentro del cronograma de la Unidad de Víctimas.
Vea a continuación más detalles sobre el proceso de ‘Don Antonio’ en Justicia y Paz:
