El más reciente informe del organismo humanitario advierte que la violencia en ocho regiones es crítica. El desplazamiento azota a Cauca, Nariño y Putumayo.
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| El desplazamiento en el país sigue siendo uno de los principales problemas del conflicto armado. Foto Comité Internacional de la Cruz Roja. |
La imagen de cientos de personas expulsadas de los campos colombianos, huyendo de la violencia con lo poco que pudieron llevar consigo y tocando a las puertas de las moles de cemento de las ciudades, no es un asunto del pasado ni una estadística del archivo del antiguo de Acción Social. Los desplazamientos masivos aumentaron en Colombia durante 2012, siendo Cauca, Nariño y Putumayo las regiones que más expulsan personas con violencia. (Lea el informe completo aquí)
La advertencia la hace el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- en su más reciente informe que concluyó que la situación humanitaria y la violencia urbana siguen siendo alarmantes. “Con todo, la cruel paradoja que afronta Colombia es la certeza de que un acuerdo de paz exitoso que ponga fin alconflicto armado que comenzó en los años 60 -hecho que sin lugar a dudas sería un logro histórico- no significará el fin inmediato de la violencia en el país”, señala Jordi Raich, jefe de la delegación del Comité Internacional en Colombia.
A partir del trabajo humanitario realizado en 25 zonas en varios departamentos y de los relatos de decenas de víctimas, el organismo considera que las bandas criminales han sido de los actores armados que han prolongado la violencia armada en campos y ciudades. Con las amenazas, asesinatos, desplazamientos y desapariciones, la emergencia humanitaria se ha concentrado en zonas rurales de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, siendo Medellín (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño) a su vez las ciudades con más violencia urbana.
Los flagelos
El informe señala que Colombia tiene de los más altos índices de desplazamiento del mundo, con casi 4 millones de personas en esta situación desde 1997 según datos oficiales. Durante 2012, el organismo humanitario atendió 43 desplazamientos que afectaron a 16 mil personas.
Estas expulsiones en masa ocurrieron principalmente en el municipio de Ricaurte (Nariño,) así como en Argelia, Morales, Toribío, Miranda y Caloto (Cauca). Por su parte, “los municipios con más desplazamientos individuales fueron Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y Argelia (Cauca)”, señala el documento.
Argelia es un ejemplo en donde se registraron tanto desplazamientos individuales como colectivos. El Comité Internacional de la Cruz Roja le puso la lupa a la zona de El Mango, donde las autoridades locales contabilizaron durante el año pasado al menos 80 acciones relacionadas con el conflicto armado. Y como consecuencia del mismo por lo menos 1.500 personas que vivían en este pueblo, ubicado a seis horas de Popayán, huyeron a sitios de albergue en veredas vecinas tras los constantes ataques y la destrucción de sus viviendas.
Según el documento, gran parte de estos desplazamientos han sido motivados por las amenazas y asesinatos contra civiles ocurridos en medio de ataques o del fuego cruzado entre actores armados. “Las muertes y amenazas, empleadas como métodos para atemorizar a la población, tuvieron otras consecuencias humanitarias como el desplazamiento…”, indica el informe.
La Cruz Roja también asegura que la desaparición sigue siendo otro flagelo que no ha disminuido. Los datos oficiales reportan 78 mil casos de personas desaparecidas ante Medicina Legal. “Apenas 18 mil de estos casos se resolvieron al encontrar a la persona viva o muerta. Tan solo en 2012 se registraron más de 7 mil 500 hechos, de los cuales alrededor de 4.300 siguen sin respuesta”, dice el documento.
El Comité indica que durante 2013 documentó 161 nuevos casos de desaparición -53 ocurridos en 2012-, y recuperó los restos 13 personas.
Otros delitos que preocupan al organismo humanitario son la violencia sexual, el reclutamiento de menores, los ataques a los bienes civiles, la contaminación con explosivos o armas en territorios poblados o de tránsito de civiles, las infracciones contra las misiones médicas, la deficiencia en servicios básicos en las comunidades rurales y la situación de las personas privadas de la libertad.
Aunque el informe aclara que sus datos corresponden a casos atendidos en el país por la misión humanitaria, basan sus alertas en los equipos regionales que cada día atienden víctimas y realizan trabajo de campo en las zonas más aisladas del país.
“Afectada por las consecuencias directas del conflicto y la violencia armada, la “otra Colombia” -a la que hicimos referencia en nuestro informe anual 2011- continúa lejana y olvidada, y sus necesidades humanitarias apenas reciben respuesta. Estas comunidades, sin acceso a servicios básicos como los de educación, salud, transporte o agua potable, sufren los efectos directose indirectos de la violencia”, señala el informe que para 2012, concluye que las víctimas siguen sufriendo diversas formas de violencia.
