La bananera presentó un recurso para que la Comisión de Valores de EE.UU no entregue al National Security Archive documentos que revelarían si sus pagos a guerrillas y paramilitares fueron obligados o voluntarios.
Sigue la batalla sobre los papeles de Chiquita, que ha bloqueado todo intento para que se conozca la verdad. Foto Semana
Chiquita Brands presentó un recurso para bloquear la liberación de varios documentos a la National Security Archive (NSA) , sobre los pagos ilegales que hizo esa compañía bananera a los grupos armados colombianos, de acuerdo con un comunicado de prensa revelado el lunes por la NSA, – la prestigiosa organización ubicada en la George Washington University de Estados Unidos que ha conseguido levantar la confidencialidad a millones de documentos oficiales estadounidenses relacionados con guerras y drogas –.
Según el comunicado, el recurso legal está relacionado con la desclasificación de miles de documentos, fechados entre 1998 a 2004, que la empresa entregó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) como parte de una investigaciónde las transacciones ilegales que hizo la compañía con grupos guerrilleros y con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Hace dos años, el National Security Archive publicó Los Papeles Chiquita, una colección de 5.000 páginas de documentos internos de Chiquita, que ésta entregó al Departamento de Justicia y al FBI, dentro de una investigación penal por los pagos ilegales por más de $ 1,7 millones que hizo la bananera a las AUC a lo largo de seis años. Durante tres de estos años, las Auc ya habían sido formalmente designadas como una organización terrorista por el Departamento de Estado.
Este caso terminó con un acuerdo de sentencia en 2007, en el que Chiquita admitió que por más de diez años hizo pagos a la guerrilla colombiana y a grupos paramilitares.
Los “Documentos de Chiquita” incluyen evidencias de que esa empresa y su subsidiaria colombiana recibieron beneficios tangibles de esas transacciones. No obstante, la defensa de Chiquita ha argumentado que esa compañía nunca había recibido “ningún servicio de seguridad real ni equipos de seguridad a cambio de sus pagos.”
El recurso presentado por Chiquita afirma que los titulares de las noticias que se basaron en los documentos publicados hacían parte de “una campaña de medios de comunicación para dar a conocer versiones sesgadas de los documentos”.
Entre las pruebas que se tienen que Chiquita tuvo, de hecho, beneficios de esos “pagos sensibles” está una nota que indica que en 1994 insurgentes colombianos proporcionaron seguridad en algunas de las plantaciones de Chiquita en Colombia.
La nota dice que el director general de operaciones de Chiquita en Turbo (Urabá antioqueño) dijo a los abogados de la empresa que “grupos guerrilleros suministraban personal de seguridad en varias plantaciones.”
Un borrador posterior de la misma nota incluye anotaciones preguntando: “¿Por qué es esto relevante?” y, “¿Por qué se está escribiendo?”.
Otro documento publicado por el Archivo en abril de 2011 muestra que Chiquita también pagó a los paramilitares por servicios de inteligencia a operaciones de la guerrilla, después de que las Auc les arrebataran el control de la región de los guerrilleros, a mediados de la década de 1990.
Otro memorando de marzo de 2000, escrito por el asesor principal de Chiquita, Thomas Robert y basado en una conversación con directivos de la subsidiaria de Chiquita, Banadex, indica que los paramilitares formaron una empresa de fachada para ocultar “el propósito real de brindar seguridad”. Un funcionario no identificado de Banadex le dice a Chiquita que “debe seguir haciendo los pagos”, ya que la empresa “no puede obtener el mismo nivel de apoyo de los militares”.
El recurso que presentó Chiquita para impedir que la SEC entregue documentos de la empresa al National Archive, es el último capítulo de un esfuerzo de cuatro años y medios del Archive para documentar las relaciones financieras de Chiquita con grupos armados ilegales, responsables de algunas de las peores violaciones de derechos humanos del largo conflicto armado colombiano.
El nuevo caso es el resultado de una demanda presentada en 2010, en la que el National Security Archive intentó obligar a la SEC a procesar un par de solicitudes del Acta de Libertad de Información (FOIA por su sigla eninglés) sobre la investigación a Chiquita.
Más de tres años después, la agencia tomó la decisión final con respecto a los documentos legales, financieros y de otro tipo, que Chiquita entregó a la SEC durante el curso de sus investigaciones. La SEC consideró que se deberían mantener la reserva solamente de 45 páginas, de las 23 cajas de documentos. El recurso que ha presentado ahora Chiquita para reversar esta decisión de liberar los documentos entregados a la SEC, es el último de múltiples intentos de su parte para convencer a la SEC para revertir esa decisión.
Al tomar su caso en contra de la divulgación de los “Documentos de pago de Chiquita”, la compañía cita una exención FOIA, que exime de divulgación “registros o información recopilada con fines policiales” en la medida que podría “privar a una persona del derecho a un juicio justo o un fallo imparcial”.
Chiquita alega que está a sujeta a dos fallos pendientes, un proceso civil consolidado presentado en Florida a nombre de las víctimas de los grupos terroristas que Chiquita financió, y otro proceso penal en curso en Colombia.
Al descartar estos argumentos, el consejero general asociado de la SEC, Richard M. Humes, encontró que mientras que el caso de Florida, efectivamente, califica como un fallo pendiente también consideró que “la Chiquita no ha demostrado que la divulgación pública de los documentos de pago podrían interferir gravemente con la equidad de la sentencia pendiente”.
Con respecto al proceso en Colombia, Humes concluyó que “la investigación penal pendiente en Colombia contra los empleados de Chiquita y las de su filial” no cumple con la norma necesaria para retener la información, ya que la exención 7 (B) se refiere “específicamente al derecho a un juicio justo o una acusación imparcial”, pero no se aplica a las investigaciones. Humes señala que Chiquita ha caracterizado el proceso colombiano como una “investigación” en varias presentaciones anteriores y que “sólo comenzó a referirse a la investigación, como el ‘procedimiento de la Fiscalía colombiana’ en su solicitud de reconsideración”.
“Chiquita admitió que por más de una década hizo pagos a los escuadrones de la muerte y los narcotraficantes”, dijo Michael Evans, director del Proyecto del National Archive de Documentación de Colombia. “Ahora, Chiquita quiere encubrir los documentos que nos podrían permitir juzgar por nosotros mismos, si estos grupos armados los estaban extorsionando o si les estaban proveyendo seguridad a sus operaciones bananeras, o ambas cosas”.
