La Fuerza Pública, la política, la administración de justicia, entre otras dependencias del Estado, fueron infiltradas por el Bloque Mineros, al mando de Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’.
 |
||
| Al momento de su desmovilización, el 20 de enero de 2006, el Bloque Mineros contaba con 2.670 combatientes. Foto Semana. |
El Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) no habría tenido tanta influencia en el Bajo Cauca antioqueño si alrededor de este grupo paramilitar no hubiesen contado con la complicidad de sectores de la Fuerza pública, la política, la administración de justicia y algunas alcaldías.
La complicidad entre unos y otros permitió que ese grupo armado ilegal, al mando de Ramiro Vanoy Trujillo, alias ‘Cuco Vanoy’, cometiera toda clase de crímenes atroces y violaciones a los derechos humanos con total impunidad en Valdivia, Tarazá, Caucasia, Anorí, Briceño, Ituango y parte de Cáceres.
Así lo han dejado al descubierto recientes revelaciones hechas por postulados a Justicia y Paz de este bloque paramilitar, entre ellos Vanoy, quien aseguró en su más reciente versión libre desde su sitio de reclusión en la Florida, Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, que las Auc no habrían operado en esa región de Antioquia sin la complicidad de las autoridades.
Este jefe paramilitar confesó que él personalmente destinaba cada mes 150 millones de pesos para el pago de policías y militares para que sus hombres cometieran toda clase de crímenes.
“Yo le entregaba el dinero a mi sobrino (Danilo Linares) y él se lo entregaba a los comandantes militares y urbanos y ya ellos hacían el trabajo. ¿De dónde salía el dinero? Pues del narcotráfico. Nosotros teníamos una pista en el Bajo Cauca desde donde enviábamos la droga. ¿Qué si la Fuerza Pública sabía? Seguro que sí, pero para eso estábamos pagando”, relató ante una fiscal de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar.
¿Pero hasta donde llegó el poder de infiltración de los paramilitares en estos municipios que conforman el Norte Bajo Cauca y antioqueño? ¿Quiénes colaboraron con el Bloque Mineros de las Auc? Esto fue lo que confesó Vanoy en su reciente comparecencia ante Justicia y Paz.
La infiltración del Mineros
En el sitio donde se sintió con mayor fuerza la complicidad entre agentes del Estado con los paramilitares fue en el municipio de Caucasia, considerada la capital del Bajo Cauca antioqueño. Este bloque se configuró en los años 80 cuando se empiezan a crear estos grupos en el Magdalena, sin embargo, solo adquiere este nombre hasta el 2000.
Si bien alias ‘Cuco Vanoy’ no ha referido nombres, sus relatos dan cuenta que durante la presencia del Bloque Mineros se pagó dinero a miembros de la estación de Policía de Caucasia, así como a oficiales del Ejército destacados en el Batallón Rifles, ubicado a las afueras de esta localidad.
Asimismo, según conoció VerdadAbierta.com, actualmente cursa una investigación contra el ex alcalde de Caucasia, Juan Carlos Garcés, por el delito de enriquecimiento ilícito. Garcés, quien fue mandatario local entre 2004-2007, es acusado de ser testaferro de alias ‘Cuco’ Vanoy.
Según las versiones de Vanoy, sus influencias también se extendieron a la Fiscalía Seccional de Caucasia.
Una de las funcionarias sobre las que las autoridades tuvieron sospechas de tener nexos con los paramilitares fue contra la fiscal Gloria Emilse Pérez Guisao, quien al final fue asesinada el 24 de marzo de 2010, en hechos que aun son investigados por la Fiscalía.
La Fiscalía 15 de Justicia y Paz, que investiga el BloqueMineros, ha podido establecer que los vínculos de Pérez fue compañera sentimental de Miller Enciso Orjuela, alias ‘Juan Camilo’, uno de los primeros jefes urbanos que designó ‘Cuco Vanoy’ para controlar Caucasia.
Gracias a esta cercanía, según señalan testimonios entregados a Justicia y Paz por algunos paramilitares desmovilizados, Pérez Guisao filtró información relacionada con investigaciones, denuncias y operativos dirigidos a capturar a paramilitares como alias ‘J.J’ y Joaquín Emilio Castaño, alias ‘El Mocho’, este último responsable de más de 300 crímenes, entre asesinatos y desapariciones forzadas, cometidos entre 1999 y 2005, año en que fue asesinado.
“Cuando había orden de captura ella les avisaba a los comandantes, tanto a (alias) ‘J.J’ o (alias) a ‘El Mocho’. Cuando iban a realizar operativos, ya fuera desde Medellín o Bogotá, ella les decía con varios días de anticipación”, tal como narró a una fiscal de Justicia y Paz el desmovilizado del Bloque Catatumbo, José Gilberto García, alias ‘El Bisco’, quien hizo parte de esa estructura del Bajo Cauca antioqueño.
Pero los “colaboradores judiciales” de los paramilitares no se ubicaron únicamente a Caucasia. De acuerdo con versión entregada a Justicia y Paz por Luis Adrián Palacio, alias ‘Diomedes’, el Bloque Mineros pagó durante varios años cinco millones de pesos mensuales a los directores de la Sijín de Yarumal y otros 20 millones de pesos al funcionario que se desempeñócomo Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Santa Rosa de Osos entre 2003 y 2004.
“Nos encontrábamos en cualquier parte entre Yarumal y Santa Rosa (de Osos) y les entregábamos la plata. Lo mismo ocurría con con la Sijín y el CTI”, relató el desmovilizado.
La Fiscalía 15 de Justicia y Paz ya identificó al director del CTI, al que se refirió alias ‘El Bisco’ y se trata de Carlos Eladio Atehortúa Grisales, quien se desvinculó de la Institución luego de su paso por el Norte de Antioquia para desempeñarse después en la Convivir Papagayo, una de las 13 empresas de seguridad privada creadas en el Urabá antioqueño a mediados de los años 90 que sirvieron como fachada del paramilitarismo en esta región del departamento y a través de la cual las empresas bananeras pagaron sus aportes a los Auc.
Los investigadores han advertido la presencia de Atehortúa Grisales en los pasillos del Edificio de Justicia de Medellín cada vez que el ex paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, tiene alguna cita judicial. La Fiscalía 15 de Justicia y Paz ya compulsó copias para que la justicia ordinaria para investigar al ex funcionario.
Militares salpicados
Uno de los episodios más sonados en lo que refiere a nexos entre paramilitares y Fuerza Pública en el Norte de Antioquia lo constituyen las masacres cometidas en los corregimientos La Granja y El Aro, de Ituango, en los años 1996 y 1997 respectivamente.
Por estos hechos, en los que fueron asesinadas 19 personas y donde se cometieron toda clase de excesos y vejámenes contra los campesinos, una Fiscalía de Derechos Humanos de Medellín investiga al mayor de la Policía, José Vicente Castro, quien era en esa fecha el subcomandante de la estación de Policía de Ituango.
Y si bien no hubo condenas por parte de la justicia ordinaria, sí pesa contra ellos una destitución y sanción disciplinaria proferida por la Procuraduría por haber “colaborado y facilitado”, con conocimiento de causa, la incursión de los hombres del Bloque Mineros en esos municipios.
En las versiones de los ex integrantes del Bloque Mineros han surgido nuevas revelaciones sobre los nexos entre este grupo y militares. Como por ejemplo la versión rendida por el ex paramilitar José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘85’, quien contó a Fiscales de Justicia y Paz que el suboficial del Ejército Armando Antonio Orozco Hincapié, quien trabajaba en el Batallón de Infantería No 10 Girardot, suministraba información y proveía armas, municiones, uniformes camuflados a los combatientes del Bloque Mineros. Este soldado fue asesinado tiempo después.
De igual forma, ’85’ reveló que coordinaron incursiones con militares de los batallones Girardot y Rifles, muchos de los cuales eran acordados por los jefes paramilitares Alfonso Fuentes, alias ‘41’, y alias ‘Gigante’. Las confesiones han determinado que los militares pidieron la colaboración del Mineros para adelantar acciones contrainsurgentes y operativos de rescate de sus hombres. Prueba de ello fue el rescate de un cabo del Ejército herido en combate con la guerrilla de las Farc realizado por un comando paramilitar al mando de alias ‘85’.
“Eso fue como a finales del 2003 o 2004. Lo que sí recuerdo fue que (alias) ‘41’ me dijo un día que había una escuadra del Ejército perdida por los lados de Las Juntas, por Valdivia. Al parecer la había emboscado la guerrilla de las Farc. Me fui con otros 40 hombres y encontramos como 10 soldados muertos y un cabo de apellido Naranjo herido. Tenía dos impactos de fusil en la cabeza. Cogimos los cuerpos, los sacamos hasta la Troncal y se los entregamos al Ejército”, contó alias ‘85’.
Los favores eran mutuos. En mayo de 2002 un comando conformado por más de 100 hombres del Bloque Mineros lanzó un ataque contra un fortín de las Farc ubicado en zona rural del municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia.
Lo que no esperaban los paramilitares era una respuesta por parte de la guerrilla, por lo que se vieron obligados a pedirle ayuda al Ejército. La solicitud fue hecha por Gabriel Fernández, alias de ‘10.4’, a uno de sus enlaces.
“El militar le dijo que iban a bombardear con helicóptero la zona y que le dijeran dónde estábamos para que no nos dieran. Pero el comandante ’10.4’ estaba tan bravo que le dijo que nos diera parejo a ‘guerrillos’ y ‘paracos’. Nosotros nos fuimos como pudimos”, contó un desmovilizado que participó en este operativo.
En ese combate murieron 75 integrantes de las Autodefensas pero solo fueron recuperados 45 cuerpos. Los otros fueron recogidos por los mismos paramilitares para ser enterrados en cementerios clandestinos que tenía el Bloque Mineros en el corregimiento El Guaimaro, municipio de Tarazá.
Ejecuciones extrajudiciales
Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Justicia y Paz han evidenciado los niveles de corrupción entre miembros del Ejército Nacional en complicidad con los paramilitares.
VerdadAbierta.com pudo establecer que actualmente un despacho de esta Unidad trata de esclarecer varios casos de desapariciones forzadas que siguen el patrón de las ejecuciones extrajudiciales, personas reclutadas por paramilitares que luego fueron entregados a la Fuerza Pública para que las presentaran como guerrilleros muertos en combate.
Aunque alias ‘Cuco Vanoy’ ha negado que esta fuera una práctica ordenada o consentida por él, pesquisas realizadas por investigadores judiciales indican que efectivos militares contrataron a varios paramilitares del Bloque Mineros para que reclutaran personas de bajos recursos, desempleados o habitantes de calle para ser entregadas posteriormente a la Fuerza Pública con el fin de asesinarlas y presentarlas luego como insurgentes dados de baja en combate.
El rastreo de los investigadores permitió identificar varios crímenes cometidos en el Bajo Cauca antioqueño en 2005 y que involucran a un desmovilizado del Bloque Mineros, reconocido por sus compañeros como reclutador, y un coronel del Batallón Rifles, con sede en Caucasia. VerdadAbierta.com omite el nombre del oficial porque está bajo investigación. Los casos actualmente son son investigados por una fiscalía de Derechos Humanos de Medellín.
Mientras se esclarecen estos casos y se hace justicia en otros más, los vínculos entre la Fuerza Pública y la ilegalidad continúa aquejando a los municipios donde otrora operó el Bloque Mineros. En agosto de 2011 fueron capturados en Caucasia 11 militares acusados de colaborar con los herederos de alias ‘Cuco Vanoy’, que hoy integran las bandas criminales de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’.
