La reforma constitucional aprobada por el Congreso permitiría que varios presos por parapolítica recobraran la libertad y que algunos de los procesos se cayeran y empezaran de cero.
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La reforma a la Justicia que fue aprobada por el voto de 172 congresistas podría generar un estancamiento en el proceso de la parapolítica. Foto: Archivo Semana Versión en inglés: Judicial Reform: What will become of parapolitics? |
La reforma a la justicia modificó la manera como se investigará y juzgará a los políticos con fuero señalados por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Si el acto legislativo aprobado por el Congreso entrara en vigencia (el Gobierno Santos lo objetó), varios ex funcionarios salpicados por el escándalo de la parapolítica que se encuentran en prisión podrían quedar libres y los procesos se dilatarían por varios años.
De acuerdo con analistas y funcionarios de la Corte Suprema consultados por VerdadAbierta.com, hay tres puntos polémicos de la reforma que pueden afectar los procesos por parapolítica adelantados hasta la fecha: el tiempo que toma la implementación del nuevo sistema sin tener una etapa de transición, los conflictos por la nueva distribución de funciones y una posible acumulación de procesos en la Corte Suprema.
Así las cosas, si la reforma entrara en vigencia, los casi tres mil procesos que se llevan en contra de funcionarios por vínculos con paramilitares y por otros delitos, congestionarían la Corte Suprema desatando una crisis institucional y un retroceso legal en el tema de la parapolítica.
“El principal problema es que no existe un proceso de transición entre el antiguo régimen y el nuevo establecido en la reforma. Por esta razón, al no existir un plan de empalme todos los procesos quedan detenidos mientras se instala el nuevo sistema”, afirmó el ex magistrado Augusto Ibáñez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en entrevista a VerdadAbierta.com
Los cambios
Con el modelo actual, que pretende ser reemplazado por el aprobado en la reforma, los congresistas y funcionarios como Gobernadores y ministros por ejemplo, que son procesados por vínculos con el paramilitarismo, son investigados y juzgados en una única instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En los casos que implican a funcionarios como gobernadores, ministros, y generales o almirantes, la Fiscalía investiga y la Sala Penal de la Corte Suprema juzga, dividiendo el proceso entre estas dos instituciones.
Tanto para los congresistas como para los otros funcionarios solo existe una instancia de investigación y una de juicio, por eso las decisiones de la Sala Penal son definitivas.
Pero con el artículo 16 de la reforma a la Justicia el proceso cambia radicalmente. Según el mismo, las funciones que realizaba la Sala Penal pasarán a ser competencia de “una nueva Sala de Investigación y Calificación integrada por seis magistrados, tres de los cuales adelantan la etapa de investigación previa”. Luego los procesos pasan a una segunda fase de investigación a manos de los tres magistrados restantes.
Si los investigadores deciden que el proceso debe ir a juicio, deben enviarlo a otra sala, que estará compuesta por cinco magistrados encargados de condenar o absolver.
En el nuevo sistema, “las decisiones de esta sala son apelables en segunda instancia ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia”, la cual tendrá la última palabra.
Así entonces, el nuevo sistema no solamente le quita todas las competencias a la Sala Penal de la Corte sino que también duplica las instancias de investigación y de juicio.
Las confusiones ante el nuevo sistema
El primer problema, según un funcionario de la Corte consultado por VerdadAbierta.com, es que para organizar estas salas, el gobierno se puede demorar un mes, o más.
“El tiempo que tarde el Presidente y la nueva Sala de Gobierno Judicial (que remplaza al Consejo de la Judicatura) presentado las ternas, sumado al plazo que toma la Corte Constitucional para elegir a los magistrados que componen la Sala de Investigación, pueden hacer que los casos por parapolítica se retrasen y se estanquen”, explicó el funcionario.
Tampoco hay claridad sobre quiénes podrán ser juzgados con el nuevo modelo. La reforma estableció que los funcionarios que ya hayan sido acusados formalmente, continuarán con el sistema viejo, pero no especifica lo qué pasará con los procesados que estén en etapas previas de investigación.
Así, ex parlamentarios como César Pérez, que fue encontrado culpable por la participación en la masacre de Segovia y que está a la espera de la sentencia, continuarán siendo juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Otros casos que seguirán con el viejo sistema serán los del ex senador Óscar Suárez Mira y el ex gobernador Hugo Aguilar, ya que los dos han sido acusados formalmente por presuntos vínculos con los paramilitares. Sin embargo, todos los procesos que no hayan llegado a la etapa de juicio, que son la mayoría, quedan en el limbo.
En la actualidad la Corte Suprema tiene cerca de 100 procesos en investigación por parapolítica pendientes, que, de entrar en vigencia la reforma, caerían en ese vacío jurídico, entre ellas las de varios congresistas como Dilian Francisca Toro, Armando Benedetti, Juan Manuel Corzo y Julio Alberto Manzur. Ver Especial Cinco Años de Parapolítica
Según el magistrado Ibáñez, algunos procesos se caerían si se cambia la institución encargada de investigar y juzgar, y tendrían que comenzar de nuevo.
Inclusive, varios ex funcionariosque se encuentran en prisión y que todavía no han sido acusados formalmente buscarían salir de la cárcel alegando la nulidad del proceso, como lo solicitó el ex secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, investigado por el escándalo de las “chuzadas” a la Corte Suprema.
Al momento de conocerse la aprobación de la reforma, el Alto Tribunal suspendió el caso de Moreno, mientras se tiene claridad sobre la entrada en vigencia de la reforma y le negó la solicitud de libertad.
Para Armando Novoa, Director del Centro de Estudios Constitucionales, Plural, el nuevo sistema retrasará, dilatará y en algunos casos anulará los procesos en contra de los ex funcionarios relacionados con la parapolítica.
“La reforma es una amnistía a través de procedimientos y nuevas salas. Vamos a pasar de la figura de la silla vacía a la cama desocupada en la pabellón de la parapolítica”, aseguró.
La congestión de los procesos
En el viejo sistema la Corte Suprema era la encargada de investigar a los congresistas, la Fiscalía a los funcionarios como gobernadores y ministros y la Comisión de Acusación a los magistrados de los Tribunales. En el sistema de la reforma, la responsabilidad de investigar a todos estos funcionarios recaerá únicamente en la nueva Sala de Investigación y Acusación de la Corte Suprema de Justicia.
Según el funcionario de la Corte Suprema entrevistado por VerdadAbierta.com, la nueva sala se convertirá en un cuello de botella que tendrá que lidiar con un trancón de cerca de tres mil casos provenientes de diferentes instancias.
“Si de la Fiscalía provienen casi 1.500 procesos en contra de funcionarios y de la Comisión de Acusación otros mil, y estos se suman a los que ya lleva la Corte Suprema de Justicia, a cada magistrado de la nueva sala le tocarán cerca de mil casos”, aseguró.
Los retrocesos en los avances legales
Otro problema que plantea el nuevo sistema, es que todo el conocimiento relacionado a las investigaciones y sentencias de la parapolítica, acumulado en años de trabajo por la Sala Penal de la Corte, se pierde.
Según Armando Novoa, la reforma rompe la dinámica del proceso, puesto que los magistrados de la Sala Penal solo podrán intervenir en los casos que lleguen a apelación al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que incluye a magistrados civiles y laborales.
Aunque la creación de la instancia de apelación puede entenderse como una garantía para los investigados, según un funcionario de la Corte entrevistado por VerdadAbierta.com, este sistema tiene un problema fundamental y es que deberá tratar de conciliar los criterios de los magistrados civiles y laborales, con los de los magistrados penales, que ya tienen experiencia en el tema de la parapolítica.
“A pesar de que la apelación se fundamenta en una ponencia de un magistrado de la Sala Penal, se pierde la naturaleza misma de esta sala que ahora solo intervendrá de manera ocasional”, aseguró el magistrado Ibañez.
Por lo pronto habrá que esperar qué ocurre con la reforma, ante la posición del presidente Santos, de devolverla al Congreso, para saber los efectos sobre los procesos vinculados a la parapolítica que lleva la Corte Suprema.
