Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro, el encargado de las finanzas de las Accu en Antioquia a mediados de los noventa y de mantener nexos con empresarios, militares y políticos. Hoy está libre.
“¿Quién protege a ‘Lucas’? ¿La Fiscalía? ¿Por qué no lo tocan?”, cuestionó con vehemencia el ex jefe paramilitar Ever Veloza García, alias ‘HH’, durante una audiencia de versión libre desde una cárcel de Estados Unidos ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, cuando intentaba explicar cómo se financiaban las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en el Urabá antioqueño y en el que tuvo un papel fundamental un hombre conocido como Jacinto Alberto Soto Toro, alias de ‘Lucas’, y quien hoy se encuentra libre.
Ante una pregunta de la fiscal que adelantaba el interrogatorio sobre el origen del dinero que recibían las Accu para su funcionamiento durante sus primeros años, alias ‘HH’ aseveró que los recursos eran aportados por los empresarios bananeros en una oficina en Medellín, organizada para tal fin, al frente de la cual estaba Soto Toro.
“A nosotros nos enviaban la plata desde Medellín por intermedio de un hombre conocido como Lucas. Esa plata la daban los bananeros”, precisó Veloza García, quien hizo parte del núcleo fundacional de las Accu y, posteriormente, comandó los bloques Bananero, que actuó en buena parte del Urabá antioqueño, y del Calima, con presencia en el Valle del Cauca.
De acuerdo con el testimonio de alias ‘HH’, esa oficina, que estuvo ubicada en un centro comercial de la ciudad, fue antes de que se conformaran las llamadas cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir.
“Cuando iniciamos en las Accu la relación con los bananeros era con los Castaño (Carlos y Vicente) y con ‘Lucas’. Pero eso era ilegal, entonces luego se buscó la manera de hacerlo legal a través de las Convivir”, precisó el postulado, quien fue extraditado a Estados Unidos el 4 de marzo de 2009, para que fuera juzgado allí por delitos asociados al tráfico de drogas.
Una vez hizo claridad en esos aspectos, su molestia se fue haciendo más evidente al enfocar su testimonio en alias ‘Lucas’. Introdujo el asunto cuestionando a los abogados de las víctimas. “Ellos que son tan acuciosos no le han preguntado a la Fiscalía por qué el señor ‘Lucas’, que está identificado, que está desmovilizado y que fue uno de los principales gestores del crecimiento de las autodefensas en el país, y uno de los principales hombres de los Castaño,sigue todavía libre”.
Según los señalamientos de alias ‘HH’, Soto Toro manejaba las relaciones en Medellín con políticos y con militares. “Yo iba con ‘Lucas’ a la IV Brigada y lo esperaba en el carro mientras él entraba a hablar con los comandantes. Nosotros citábamos a gente dentro de la misma brigada. Él manejaba la parte legal e ilegal de las autodefensas y sabe sobre la vinculación a ellas de muchas personas importantes en el país”, precisó el exjefe paramilitar.
Luego hizo referencia a los medios de comunicación que utilizaba alias ‘Lucas’ y especificó que tenía por lo menos seis beeper (dispositivo electrónico de mensajería instantánea) y cada uno de ellos era utilizado para sostener relaciones específicas con sectores económicos, políticos y militares.
“Tenía hasta un beeper para el gobernador, que en ese tiempo era Uribe. ¿Será por eso que al hombre no lo cogen nunca? Yo lo acompañé a reuniones con políticos, con gente importante, con mayores, coroneles, oficiales de la IV Brigada. Y nunca nadie lo persigue. ¿Por qué no lo tocan? ¿La Fiscalía lo protege? ¿Quién lo protege? Eso es muy sospechoso”, insistió alias ‘HH’.
Consciente de su confesión, se anticipó a las reacciones que podrían generar estos señalamientos y advirtió la probabilidad que le atribuyan sus declaraciones a una venganza por haber sido extraditado a Estados Unidos. “Pero resulta que fue nos extraditaron justamente para quitarle valor a nuestras verdades, al conocimiento que tenemos de la guerra. A nosotros nos extraditaron para tratar de proteger los intereses de mucha gente”, concluyó Veloza García.
¿Pero, quién es alias ‘Lucas’?
De Jacinto Alberto Soto Toro se supo el 30 de abril de 1998 cuando un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, bajo la coordinación del entonces director de esa dependencia, Gregorio Oviedo, y de Sergio Humberto Parra, uno de los mejores funcionarios de esa unidad, allanaron un parqueadero en el centro de Medellín, conocido como Parqueadero Padilla.
Al lugar, muy cerca del centro administrativo de La Alpujarra, llegaron en busca de un supuesto centro de operaciones de las Accu. En el lugar capturaron a Soto Toro y a dos mujeres, Rosa Nubia Rodríguez Giraldo y Luz Aleyda Narváez Caicedo, quienes eran sus asistentes. Un hecho llamó la atención de los investigadores del CTI. Una vez ingresaron al lugar encontraron a las tres personas destruyendo documentos y diskettes.
Lo que vendría después de la inspección al sitio, que contaba con armarios de doble fondo para camuflar documentación, mostró la dimensión del asunto: estaban en el corazón de las finanzas de las Accu. A Soto Toro le encontraron dos pistolas amparadas por la IV Brigada y cerca de 20 millones de pesos en efectivo. Además, se le incautaron varios beeper a través de loscuales se pudo establecer que mantenía comunicaciones directas con personal militar de la IV Brigada del Ejército, así como con los batallones Juan del Corral y Pedro Nel Ospina, y el Gaula Antioquia.
Un día después del allanamiento, los funcionario del CTI le presentaron un informe detallado al entonces Director Regional de Fiscalías, Iván Velásquez Gómez, hoy investigador auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en los casos de la llamada parapolítica.
En el documento se consignó el hallazgo de “libros de contabilidad que al parecer registran los movimientos contables de dicha organización, incluidos los aportantes económicamente, extractos bancarios, comunicaciones sobre operativos militares, relación de personas que posiblemente hacen parte de la misma”. La documentación de soporte de los movimientos contables de los años 1995, 1996, 1997 y parte de 1998, permitía establecer que para esa época las Accu eran ya una estructura de alcance nacional.
Durante el allanamiento, Soto Toro dijo inicialmente que era un ganadero que estaba de paso por ese lugar, pero con la evidencia encontrada, y ante al hecho de que estaba destruyendo documentación, no tuvo otra salida que reconocer su pertenencia a las Accu.
El golpe dado a la estructura económica de la estructura paramilitar fue tan certero y la captura de alias ‘Lucas’ tan determinante que la reacción de la comandancia de esa organización criminal no se hizo esperar y diseñó varias estrategias para enfrentar la situación.
Una detallada investigación adelantada por la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación durante más de un año y publicada bajo el título Memoria de impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver acerca del paramilitarismo (Medellín, 2010), estableció que el entonces jefe de las Accu, Carlos Castaño, envió emisarios para tratar de buscar una salida rápida a la captura de Soto Toro. Uno de ellos fue un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En esa investigación se entrevistó a un funcionario del CTI que evocó la conversación. Según él, a su oficina llegó el delegado del CICR y le dijo: “yo vengo a hablar con usted porque hace ocho días me reuní con Carlos Castaño en Urabá y, efectivamente, está muy bravo con usted y con el CTI”. A lo cual el investigador judicial le respondió: “de malas, dígale a él que el problema aquí no soy yo, así me vaya o me muera, las cosas siguen, es un problema institucional, de la defensa de la democracia, y no hablemos más”.
Como esa estrategia no le dio resultado, Castaño tomó entonces dos decisiones: de un lado, ordenar el asesinato de quienes participaron en el allanamiento del Parqueadero Padilla y posterior captura de alias ‘Lucas’; y de otro, sacar a como diera lugar al jefe de finanzas de la cárcel de Bellavista, donde había sido recluido.
El homicidio más significativo fue el de Sergio Humberto Parra Ossa, el coordinador del operativo y uno de los investigadores mas cualificados del CTI en ese momento. Su asesinato, que aún permanece impune, fue perpetrado el 10 de junio de 1998 en Medellín, es decir, 40 días después del operativo.
Días después tuvo que salir de la ciudad por amenazas el Director del CTI en Antioquia, Gregorio Oviedo, quien fue declarado objetivo militar por la comandancia de las Accu. Posteriormente abandonó el país ante la insistencia de las intimidaciones. Con él salieron varios investigadores más que estaban rastreando los documentos contables de las Accu
Luego vino lo esperado: Soto Toro logró salir de la cárcel de Bellavista en la tarde del 29 de septiembre de 1998, cinco meses después de su captura, con una boleta de libertad al parecer en regla, que fue originada tras una serie de fraudes administrativos que no fueron investigados en su momento. De acuerdo con Rdirgo Alberto Zapata Sierra, alias ‘el Negro Ricardo’, y conocido como el ‘Canciller de las Auc’, luego de abandonar ese penal, alias ‘Lucas’ se trasladó al Urabá antioqueño, donde comenzó a ser identificado como ‘Leonardo’ y se puso a disposición de Vicente Castaño, con quien trabajó varios años llevándole sus cuentas.
Lo que vino después al parecer fue intervenir el proceso de investigación para que no avanzara a etapas procesales que comprometieran a todos aquellos que estarían financiando a las Accu. A través de operaciones judiciales que aún no han sido aclaradas, el proceso fue de un lado a otro y terminó refundiéndose en los armarios judiciales sin mayores avances.
A través de diversos testimonios, la investigación realizada por la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación estableció que, en total, se intervinieron 497 cuentas bancarias de personas jurídicas y naturales ubicadas en todo el país a través de las cuales se realizaron transacciones financieras que acabaron asentadas en los libros contables de las Accu. El análisis sobre esos documentos permitió reconstruir una red de empresas y personas en la que convergían los beneficiarios finales y los distintos grupos armados ligados a esta organización paramilitar que estaban operando en diversas partes del país entre 1995 y los primeros meses de 1998.
De alias ‘Lucas’ no se volvió a saber nada hasta el 17 de febrero de 2004, cuando su abogada le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín la cesación de todo procedimiento en su contra, argumentando que su cliente se había acogido a la Ley 782 de 2002, entre otras razones porque se había desmovilizado en Medellín como integrante del bloque Cacique Nutibara de las Auc el 25 de noviembre de 2003. La solicitud fue aceptada y contra el exparamilitar no pesa requerimiento judicial alguno.
En uno de los apartes de la investigación adelantada por la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación un exfuncionario del CTI que logró sobrevivir al ataque de las Accu afirmó que “con toda la información que había allí fácilmente podría haberse desmantelado el paramilitarismo. Todo lo del parqueadero Padilla quedó en silencio y es lo que yo reprocho: ¿por qué la Fiscalía no asumió el compromiso que tenía que asumir? Le atribuyo yo esa situación a presiones de origen político por la calidad de gente podría aparecer involucrada”.
Curiosamente, esas mismas preguntas se hace hoy alias ‘HH’ desde Estados Unidos ante los estrados de Justicia y Paz. Pero nadie parece tener respuestas claras. Mientras, alias ‘Lucas’ sigue en libertad, al parecer reservándose muchas verdades que el país espera conocer algún día.
