Inversionistas que desarrollaban un proyecto turístico fueron desplazados por Hernán Giraldo. Un juez le tituló los predios de 7.000 millones de pesos a un tercero, pero una magistrada de Justicia y Paz se los devolvió a sus dueños.
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| Desde 2003, hombres de Hernán Giraldo ocuparon los predios y amenazaron a sus dueños para quedarse con ellos. Fotomontaje: El Heraldo y VerdadAbierta.com. |
Desde 1994, en la vereda Bonda, del corregimiento samario de Guachaca, sobre las bellas playas caribeñas cerca al Parque Tayrona, las sociedades anónimas Inversiones Turísticas Mendihuaca S.A. y Promotora Constructora Ltda., quisieron desarrollar un proyecto turístico de primer nivel. Pero en 2003 los paramilitares de Hernán Giraldo truncaron ese sueño.
El proyecto se empezó a vender como un complejo turístico de tiempo compartido ubicado a pocos kilómetros de Santa Marta, a espaldas de la Sierra Nevada, y a un costado del río Mendihuaca. Sin embargo, el terreno también empezó a estar en la mira de narcotraficantes como Éver Oñate – en la actualidad jefe de Los Rastrojos en Magdalena-, que lo utilizó como punto de embarque de cargamentos de droga hacia Centroamérica y el Caribe.
A mediados de los noventa, Oñate, según conoció VerdadAbierta.com, le propuso a Samuel Carvajal alias ‘Cirilo’, uno de los hombres de confianza de Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’, el jefe paramilitar de la Sierra Nevada, que se asociaran no solo para traficar sino también para apropiarse del terreno. En la zona, ‘El Patrón’ había constituído una cooperativa de seguridad conocida como Conservar Ltda que extorsionaba a los propietarios de esos terrenos a cambio de una supuesta vigilancia.
Esto fue aprovechado por Jaime Oñate, padre de Éver Oñate, nativo de la zona quien pidió una especie de permiso a los propietarios para construir un rancho y supuestamente desarrollar faenas de pesca. La entrada de Oñate (padre) al terreno sería clave para lo que sucedería en 2007.
Al tiempo que Oñate entraba a las tierras, unas 22 hectáreas, los propietarios dejaron de ir por el incremento de las amenazas, dejando a cargo a una personaa quien los paramilitares también amenazaron. A finales de los noventa el predio quedó abandonado definitivamente lo que fue aprovechado por narcos y paramilitares.
Éver Oñate, quien era en ese entonces empleado de los hermanos Elías y Hernán Cobos quienes fueron extraditados a Estados Unidos en marzo de 2005 por narcotráfico, intensificó sus embarques de droga en sociedad con el cartel de Sinaloa.
Sin embargo, el 9 de octubre de 2001, tres agentes de la Policía Antinarcóticos fueron asesinados justo en frente de la finca. En respuesta a esta masacre, la Fuerza Pública realizó varios operativos en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que incluyeron la destrucción de varios laboratorios para el procesamiento de droga. En los mismos se allanó la finca de Mendihuaca en donde se encontraron varios motores fuera de borda, dos lanchas rápidas e insumos para las mismas. (Ver nota sobre allanamientos en la Sierra Nevada)
Después de la masacre de los policías, Oñate decidió dejar de embarcar droga desde esos predios y le propuso a Giraldo y a Carvajal iniciar una plantación de plátano. En 2003, hombres del Frente Resistencia Tayrona ocuparon los predios Las Palmas y Panamericano, que suman un poco más de 22 hectáreas, y amenazaron a los representantes de las empresas para que no volvieran al sector.
Desde entonces, los paramilitares se hicieron del terreno y años después, en 2007, Jaime Oñate Almazo, quien se refirió a sí mismo como ocupante de buena fe, logró que un juzgado de Santa Marta le titulara las tierras, tras alegar que se encontraban abandonadas y él las venía ocupando desde hace tiempo. El juez ordenó en 2009 a la Secretaría de Gobierno y a la Policía de Santa Marta desalojar a 200 familias damnificadas de la ola invernal que invadieron el terreno el año pasado y a los dueños originarios del terreno.
Sin embargo, en teoría esta decisión del juzgado samario se cayó porque una magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla dejó sin piso la inscripción ante la oficina de Registro de Intrumentos Públicos de Santa Marta del título de pertenencia que le reconoció el juez a Oñate y de paso dijo que esta persona se había apropiado de manera ilegal del predio en complicidad con los paramilitares.
La decisión de la Magistrada se hizo con base en una investigación de la Fiscalía 39 de Justicia y Paz, que encontró que Hernán Giraldo y sus hombres del Bloque Resistencia Tayrona de las Auc desplazaron y despojaron a unos inversionistas mexicanos de estas tierras, en las que pretendían montar un proyecto turístico y que por la ubicación del predio, a orillas del mar Caribe hacen que el terreno tenga un valor cercano a los 7 mil millones de pesos.
En una reciente audiencia en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, Giraldo reconoció el despojo y dijo que recién se desmovilizó – el 3 de febrero de 2006- tuvo una reunión con los propietarios del terreno y les aseguró que se los devolvería.
Lo que encontró la Fiscalía
Desde hace más de dos años, la Fiscal Zeneida López empezó una investigación que comprobó que en 2003, hombres del Frente Resistencia Tayrona estuvieron presentes en la zona y les cobraron vacunas a los empresarios.Estas personas fueron amenazadas, se les impidió ingresar a los predios y ejercer su dominio.
A raíz de ese abandono forzado, las tierras fueron ocupadas por paramilitares Éver Oñate a través de su padre, Samuel Carvajal y Hernán Giraldo, quienes bajo su autorización, se apoderaron de los predios y les hicieron varias mejoras para su explotación.
Hernán Giraldo, extraditado jefe paramilitar a Estados Unidos, reconoció que por orden suya varios de sus hombres ocuparon los predios Las Palmas y Panamericano, en los que hicieron inversiones económicas para la explotación de cultivos. También indicó que los propietarios de los predios lo buscaron después de la desmovilización para que se los devolvieran, pero finalmente ese trámite no se pudo realizar porque Oñate no quería devolver el predio.
Según la Fiscalía, en 2007, el señor Oñate Almazo compartió la posesión de los predios con los paramilitares, y entabló una demanda de pertenencia, para quedarse jurídicamente con las tierras.
Ese proceso fue realizado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, que en febrero de 2009 dictó una sentencia en la que declaró a favor de Oñate la pertenencia del bien conocido como El Paraíso, en el que además se englobaron los predios Las Palmas y Panamericano, el cual figura con una extensión de 22 hectáreas.
Aunque la sentencia englobó el total de hectáreas de los predios, el número de matrícula inmobiliaria sólo recayó sobre el predio Panamericano, y en ese proceso no participaron los propietarios originales de los predios.
En su investigación, la Fiscalía encontró errores jurídicos en el proceso de pertenencia, que terminó con la posesión de los dos predios en manos de un tercero.
Entre las irregularidades que mencionó la Fiscalía en el tribunal están “la discrepancia entre el nombre del predio que obra en la demanda y el del predio titulado, la variación de la extensión del predio realizada por la sentencia al adicionar las hectáreas de un segundo inmueble que no figuraba en la demanda, la ausencia de notificación del proceso por domicilio inexistente y la inverosimilitud del tiempo de posesión que alegó el demandante”.
Por último, la Magistratura llegó a establecer que el señor Oñate se aprovechó de la presencia de los paramilitares del Frente Resistencia Tayrona para quedarse con las tierras.
La defensa de Oñate
Durante la audiencia en la que se definió la restitución de los predios, el señor Jaime Oñate Almazo cuestionó la condición de víctima de empresas o personas jurídicas y la supuesta incompetencia del Tribunal de Justicia y Paz para adelantar temas de restitución de tierras.
La defensa alegó que el predio El Paraíso, fue conseguido por prescripción adquisitiva extraordinaria mediante la sentencia dictada por un juez civil de Santa Marta, cuya providencia no fue objeto de apelación y se encuentra en firme “conforme al amparo constitucional y legal de la cosa juzgada”.
La defensora pretendió desvirtuar la condición de víctima de los reclamantes de los predios, señalando que las sociedades no tenían posesión efectiva de los predios, sino que los tenían abandonados de forma voluntaria por el fracaso del proyecto turístico.
Además, indicó que el paramilitar Samuel Carvajal ingresó pacíficamente a la finca para realizar un negocio con su defendido, en el que su cliente aportaba el tiempo de posesión en el predio, Hernán Giraldo, el dinero para la inversión y Carvajal la mano de obra y administración.
La abogada explicó las inconsistencias expresadas por la Fiscalía en la titulación de los dos predios, argumentando que muchos de los aspectos cuestionados son propios de un proceso civil de pertenencia y no suponen maniobras fraudulentas ni engaño.
Según ella, los errores en el nombre, la extensión de tierra y el número de matrícula inmobiliaria, surgen porque nunca existió división física entre los predios Panamericano y Las Palmas, y que su cliente ejerció la posesión sobre toda dicha extensión a la que conocía como la finca El Paraíso, aspecto que constató el perito enviado por el Juzgado.
La defensora también dijo que su defendido debió abandonar el predio por hombres de la banda criminal Los Urabeños.
Las consideraciones del Tribunal
Basándose en las pruebas de la Fiscalía, además de los testimonios de todas las partes intervinientes, la magistrada estableció que los predios estaban destinados por parte de los propietarios originales a la creación de un proyecto turístico, “razón por la cual los socios sólo realizaban visitas periódicas mediante sus empleados y no ejercían una presencia permanente en los inmuebles”. Ver la decisión del Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla
Lo anterior desvirtúa el argumento de la defensa, que señaló que las tierras estaban abandonadas tras el fracaso de las empresas para desarrollar su proyecto. Además, el tribunal consideró que a raíz de que los predios estaban destinados para la construcción, su posesión era ejercida “mediante las visitas de sus empleados y el mantenimiento básico del predio, que naturalmente no estaba siendo explotado pues era simplemente un terreno para construir”.
La magistrada concluyó que en 2003, los propietarios iniciales perdieron su derecho de dominio, cuando los paramilitares amenazaron a la administradora del proyecto para que no volviera a los predios, a raíz del “no pago de vacunas para los servicios de seguridad”. Cuando las amenazas fueron consumadas y los dueños trataron de ir a los predios, siempre encontraron hombres armados, entre ellos al difunto paramilitar Samuel Carvajal, e incluso al señor Jaime Oñate.
Sobre la defensa de Oñate, al tribual le llamó la atención que “no presentó ninguna prueba que refutara las declaraciones sobre la presencia de los paramilitares que impidieron el acceso al predio. Por el contrario, corroboró la sociedad informal entre Samuel Carvajal, Hernán Giraldo y su representado para la explotación del predio, la que calificó como un ‘negocio eminentemente civil’”.
La magistrada dijo que los sustentos probatorios indican que el acuerdo entre estas tres personas “consistía en explotar la tierra a fin de lograr su titulación y repartirla entre ellos”. Para ello, Jaime Oñate aportaría su tiempo de permanencia en el predio (para lograr la titulación de las tierras), Samuel Carvajal las la administración y explotación de las tierras y Hernán Giraldo la inversión en dinero y maquinaria para hacerlas productivas.
Además, en su sentencia, indica que cuando Oñate obtuvo la titulación de los predios, Samuel Carvajal estaba muerto y Hernán Giraldo había sido extraditado, “por lo que solo obtuvo beneficios concretos el señor Jaime Oñate”.
Sobre el fallo que le concedió a Oñate la propiedad y englobe de los predios, la magistrada indicó que “las anomalías del proceso y de la sentencia que señaló oportunamente la Fiscalía, pueden evidenciar errores en la apreciación fáctica del fallador, pero ninguno de estos se deriva del accionar del grupo armado irregular”.
Con esas pruebas y otras más, la magistrada de control de garantías de Justicia y Paz ordenó que el Registrador de Instrumentos Públicos de Santa Marta cancele el registro de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta del 26 de febrero de 2009 a favor del señor Jaime Oñate Almazo.
Y sobre los predios sentenció que se hiciera la entrega material del predio Las Palmas a la Promotora y Constructor S.A.y la entrega material del predio Panamericano a Inversiones Turísticas Mendihuaca S.A. Las decisiones del Tribunal de Justicia y Paz pueden ser apeladas ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, los propietarios no podrán recuperar por lo pronto sus terrenos porque desde hace más de un año más de 200 familias desplazadas de la ola invernal se instalaron en ellos. La batalla por estas tierras aun no ha terminado.
