El Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a 8 años de cárcel a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, por un centenar de homicidios, desplazamientos, reclutamientos y hurtos.
Édgar Ignacio Fierro alias ‘Don Antonio’. Foto El Heraldo. |
Edgar Ignacio Fierro Flórez alias ‘Don Antonio’ fue condenado por su responsabilidad en cadena de mando, en 170 hechos, de los cuales 129 fueron homicidios cometidos por los hombres a su mando.
Los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca condenaron a ‘Don Antonio’, ex jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Auc, a 8 años de cárcel, la máxima pena alternativa dentro de Justicia y Paz.
Entre los crímenes aceptados por Fierro Flórez, también se encuentran el concierto para delinquir, casos de desplazamiento, tortura, reclutamiento, secuestro, hurto y un caso de acceso carnal violento.
Según publicó El Heraldo de Barranquilla, al leer el fallo la magistrada Léster María González dijo que “el frente bajo el mando de Fierro tenía una política de homicidios selectivos, con muertes injustas (…). Los homicidios tuvieron desde siempre como objetivo a la población civil y se dieron en actos unilaterales, porque no hay registro de que hayan sido en combate”.
Sobre el delito de terrorismo, la decisión señala que “los actos de ‘Don Antonio’ generaban zozobra en la comunidad”.
Al respecto del acceso carnal violento en persona protegida, delito por el cual Fierro es el primer exparamilitar condenado en Justicia y Paz, la Magistrada consideró que “como comandante no ejerció los controles debidos con sus subordinados” para impedir la violación, tortura y asesinato de Cenelia Berrío, en el corregimiento de Palermo.
Al explicar el fallo sobre el crimen de reclutamiento ilícito el Tribunal aseguró que se ha documentado que el José Pablo Díaz enlistó entre sus hombres a seis menores de edad, de los 410 casos registrados en el Bloque Norte de las Auc.
‘Don Antonio’ tendría que pagar 40 años de cárcel, pero su participación en Justicia y Paz hace posible que se beneficie con la pena alternativa siempre y cuando siga colaborando con el proceso de desmovilización y reparación integral de las víctimas de los paramilitares.
Con ésta ya son ocho la condenas contra paramilitares en Justicia y Paz. En la decisión también se condenó a Andrés Mauricio Torres León alias Z1, ex patrullero del frente ‘Mártires del Cesar’ del Bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien, al igual que Fierro Flórez pagará la pena alternativa de 8 años de cárcel.
‘Z1’, responderá por 8 homicidios, 2 desapariciones forzadas, 1 secuestro, 2 secuestro simples y 1 hurto calificado, todo hechos cometidas en su militancia dentro del Bloque Norte.
¿Quién es Don Antonio?
El nombre de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, ex jefe del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, saltó a la luz pública en 2005 porque en su computador medios y autoridades encontraron muchas de las evidencias sobre los detallados informes de ejecuciones y asesinatos a sindicalistas y otros civiles a manos de los paramilitares en el norte del país.
Fierro Flórez, oriundo de Campo Alegre, Huila, fue capitán del Ejército y sub teniente de la Armada nacional hasta el 4 de agosto del 2002, cuando es llamado a calificar servicios. Durante su militancia en la Ejército estudió ciencias militares y de las armas.
‘Don Antonio’ ingresó a las autodefensas en el año 2003 como inspector del frente Mártires del Valle de Upar, sin embargo rápidamente y por su formación militar fue nombrado comandante del Frente José Pablo Díaz hasta la fecha de la desmovilización de la estructura, el 8 de marzo de 2006.
Durante las versiones libre realizadas entre 2007 y 2008, el ex jefe paramilitar reconoció su responsabilidad por cadena de mando, en los crímenes que los hombres a su mando cometieron en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar.
El Frente José Pablo Díaz
Entre los años 2003 y 2006 el Frente José Pablo Díaz, hizo lo que quiso en varios municipios del Atlántico y algunos del Magdalena. Fierro Flórez fue la cabeza de una estructura militar, política y financiera con una clara y definida división del trabajo mediante la cual asignaba tareas y exigía resultados a sus subalternos para poder financiar las actividades del grupo ilegal armado que dirigía. Para poder llevar adelante sus propósitos, ‘Don Antonio’ exigía, de acuerdo con una directiva de ‘Jorge 40’, cobrar a los alcaldes el cinco por todos los contratos que se celebraban.
Y para poder llevar adelante sus propósitos de ‘capturar la administración y sus finanzas’, el exjefe paramilitar tuvo como aliados a quienes se desempeñaron como alcaldes del municipio; la exalcaldesa Rosa Stella Ibañez Alonso, elegida para el periodo 2004 – 2007, el cual no terminó porque su elección fue declarada nula por el Consejo de Estado en 2006, y Alfredo Arraut Varelo, quien desempeñó sus funciones como primera autoridad municipal entre 2001 y 2003. Tanto Ibañez como Arraut, dijeron en su defensa que no sólo no habían sido aliados del grupo armado, sino que en algún momento fueron declarados ‘objetivo militar’ de las autodefensas.
En Barranquilla y otros municipios del Atlántico, ‘Don Antonio’ enviaba a sus subalternos a extorsionar a tenderos y comerciantes, tanto así, que el año 2004 se registraron 40 homicidios de personas de este gremio, en 2005, 90 y en el 2006, 7 casos. Asimismo bajo la modalidad de sicarito, que era frecuentemente utilizada por los integrantes del bloque, se ultimaron muchas de las víctimas que se negaban a pagar las extorsiones o que eran exterminando bajo la insignia de la mal llamada ‘limpieza social’.
La reparación de las víctimas
Según lo estipulado por el Tribunal, se ordenó reparar a cada una de las víctimas de ´Don Antonio’, con sumas que van desde los 30 SMMLV, para las víctimas de homicidio hasta los 100 SMMLV para las víctimas directas de homicidio.
El Tribunal ordenó la creación de un paseo peatonal con placas que tengan la el nombre de las víctimas asesinadas, en cada uno de los municipios donde residían, como un garantía para la reparación simbólica. Esta orden deberá concertarse entre los gobierno locales, La CNRR y Acción Social y la obra deberá iniciarse a un año de proferida esta sentencia.
Asimismo, como medidas de reparación simbólica el tribunal ordenó: a las autoridades garantizar el regreso a las víctimas que así lo decidan; a las secretarias departamentales hacer jornadas para evaluar las condiciones físicas y sicológicas de las víctimas y otorgarles atención gratuita por el tiempo que sea necesario; a Acción Social diseñar e implementar programa de acompañamiento para las poblaciones afectadas, que traten colectiva e individuales a las víctimas.
También se dispuso difundir la verdad de lo sucedido, lo que incluye la declaración pública de los postulados reconociendo su responsabilidad y pidiendo perdón por lo ocurrido, en un acto público. Estas disculpas serán, como lo ordena la sentencia, publicadas en diario de alta circulación nacional.
Como medidas de reparación simbólica también se ordenó publicar la investigación de la Fiscalía que documenta los procesos de origen, consolidación y accionar de las autodefensas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar, en medio de comunicación de amplia circulación.
Durante las diligencias en Justicia y Paz, al Bloque Norte de las Auc, se le atribuyen 15.700 homicidios, la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700 personas, 341 masacres, 410 reclutamientos forzados de menores de edad y de lo cual resultó un registro de 111.000 víctimas.