El otrora mayor centro de comercialización de coca en Antioquia está quedándose solo y los habitantes que quieren quedarse se enfrentan a los daños que la aspersión aérea con glifosato está ocasionando en cultivos de pancoger y proyectos agrícolas lícitos.
| Aspecto de la calle principal del corregimiento La Caucana, en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. |
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“En La Caucana la gente ha sido muy lastimada por guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes y hasta por el Estado, que en su misión de recuperar las zonas los afecta mucho. Es un ser humano muy deteriorado”, dice el sacerdote Hernando Jaramillo, párroco de este corregimiento de Tarazá.
Su parroquia es un caserío que vivió tiempos de fortuna durante el auge del cultivo de hoja de coca durante buena parte de la década del noventa y comienzos del dos mil, bajo el recio control del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandando por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a trece jefes paramilitares más.
De ese pasado de bonanza hoy queda muy poco y, lentamente, este caserío se está convirtiendo en un pueblo solitario, donde las aeronaves de la Policía Antinarcóticos persiguen el fantasma de la coca, pues allí se habla de una reducción de hasta el 90% de los cultivos ilícitos y buena parte de las veredas han sido certificadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc) como zonas libres de coca.
La calle principal, una recta de por lo menos 500 metros, ofrece un panorama desolador: los locales comerciales han cerrado sus puertas paulatinamente y los dueños se han ido de allí, buscando mejores economías. “Están cerrados porque aquí giraba todo alrededor de la coca, todos dependían de ella, pero ya no”, afirma el padre Hernando. “Por eso no hay base económica y darle la vuelta a eso será muy difícil”.
Una evidencia palpable de estas afectaciones comerciales la representa el cierre de algunos almacenes de productos agroquímicos en los últimos tres años, como efecto directo de la disminución de los cultivos ilícitos en la zona. Cesar, uno de los pocos administradores que aún quedan en La Caucana así lo constata: “Aquí tuvimos una época muy buena, se vendía bastante y todos ganábamos. Había algo así como doce negocios de productos químicos, pero con la reducción de los cocales, ahora quedan solo cuatro almacenes”.
De acuerdo al Secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Tarazá, Henry Areiza, un almacén de agroquímicos, en su mejor época, vendía 20 millones de pesos de contado y en efectivo diariamente. “Ahora hay veces que no se vende nada, y un día bueno es de tres o cuatro millones de pesos”, asegura el funcionario.
La reconversión de la economía de la que habla el padre Jaramillo será mucho más difícil si la Policía Antinarcóticos continúa fumigando los cultivos lícitos que han venido sembrando los campesinos con el fin de sustituir la hoja de coca. Así lo entiende Martín Restrepo, un viejo labriego quien se considera a sí mismo “muy destapado para hablar”, por ello narra sin miramientos lo que le ha pasado en los últimos meses a él y a muchos de sus amigos y vecinos.
“Me fumigaron hace por lo menos un mes un plantío de cacao”, relata Martín. “Pero no ha sido lo único que me han dañado esas avionetas. También acabaron con el arroz, la yuca y el plátano”. Y para reforzar su argumento, saca un machete y de un tajo parte una yuca recién traída de su finca, la evidencia del daño queda a la vista: el tubérculo tiene manchas negras, lo que significa que no es comestible.
“Los volúmenes de hoja de coca hoy en la Caucana no llegan a lo que fueron en la época de bonanza hace por lo menos cinco años”, cuenta Martín. “En esa época, la gente no sembraba arroz, no sembraba yuca, no sembraba plátano. Estaban dedicados a la coca”. Por eso no acepta que ahora, cuando se han decidido a sembrar comida, los fumiguen. “Nos están dejando en la ruina. No entiendo por qué nos invitan a erradicar y cuando lo hacemos, nos mandan las avionetas y nos dañan la comida”.
María, una joven campesina con dos hijos que mantener, no niega que en el pasado tuvo su sembrado de hoja de coca: “Nosotros hemos sido culpables de muchas cosas, pero ahora que queremos salir adelante, llegan las avionetas y nos acaban”.
Una vez le erradicaron manualmente su sembradío ilícito, María se dedicó a sembrar cacao, según ella, sin ayuda de nadie, sólo con el esfuerzo personal. “Imagínese donde yo hubiera ido al Banco Agrario a hacer un préstamo para sembrar el cacao. ¿Qué hubiera hecho hoy después de que me fumigaron? ¿Con qué hubiera pagado? Tal vez hasta mi casa me la hubieran quitado por no pagar”.
El caso del que más se habla en La Caucana es el de Jorge Lara, un comerciante de maderas que intentó sacar adelante un cultivo de yuca con fines industriales con recursos propios y de otros cuatro socios más.
“Sembramos seis hectáreas con el propósito de montar una planta de harina de yuca”, explica Lara. “Aquí muchos cultivan yuca, pero nadie la compra. Nosotros pensábamos decirle a la gente que siguiera sembrando para comprársela, volverla harina y comercializarla. Ese era el proyecto, en el que invertimos 36 millones de pesos”.
Dado que conocía bien los riesgos que corría al intentar sembrar en un territorio que constantemente es fumigado con glifosato, Lara y sus socios decidieron proteger el proyecto y desde un comienzo, apoyados por agentes de policía del caserío, le tomaron las coordenadas al predio donde tenían la yuca y se las enviaron a la Policía Antinarcóticos, para evitar que se las afectaran con las aspersiones aéreas.
“Eso lo hicimos el 29 de mayo del año pasado, cuando la yuca aún estaba pequeña. Teníamos sesenta mil palos”, cuenta Lara. “Pero, inexplicablemente, el pasado 4 de febrero pasó una avioneta una sola vez y nos fumigó. Ahí acabaron con nuestro proyecto. Nos dañaron la semilla y toda la producción. Ahora somos cinco familias afectadas”.
El comerciante entabló la respectiva denuncia ante la Secretaría de Gobierno de Tarazá. El pasado 24 de febrero presentó toda la documentación en aras de buscar una reparación, que tasa en 126 millones de pesos. “Les pasamos la misma información de mayo del año pasado, con fotos y coordenadas”, dice Lara, quien a pesar de reconocer que es importante instaurar la denuncia ante las autoridades respectivas, intuye que el Estado no reparará los daños.
“Aquí no necesitamos que nos fumiguen”, insiste Lara. “Necesitamos que nos traigan proyectos productivos a gran escala, una procesadora de yuca, una trilladora de arroz, una planta de refinería de azúcar. Ese tipo de acciones son las que necesita el campesino para animarlo a seguir en la legalidad”, concluye Lara.
El caso de Jorge Lara le da pie a Martín para lanzar una pregunta: “¿Por qué no revisan los mapas que utilizan y verifican que lo que tenemos sembrado es comida? Que vengan y verifiquen si el campesino está sembrando comida o no, para que vean si tenemos o no razón en protestar. Aquí la coca es sólo un fantasma que sólo persigue Antinarcóticos”.
