El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla ordenó que se congelaran 37 predios de desplazados y que fueron robados por hombres de ‘Jorge 40’ en Chivolo, Magdalena.
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Cientos de campesinos perdieron sus tierras a manos de ‘Jorge 40’, hoy la justicia ordenó que esos predios se congelaran.  – Dos veces despojados – “!Señor ‘40’, devuélvanos nuestras tierras!” – Jorge 40, return our lands to us! (English Version) – Sucedió en la república independiente de ‘La Sombrerona’ – Los señores de las tierras – Retorno a las tierras – Desplazamiento y despojo de Tierras: estrategia paramilitar – Las tierras perdidas en Colombia (Semana) Los ganadores del despojo(Semana) |
Los predios están ubicados en la vereda El Encanto, corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de Chivolo, Magdalena. Los primeros beneficiarios de un proyecto de reforma agraria que entregó el Incora en la región (1991), fueron desplazados en 1997 o vendieron bajo presión, razón por la cual Incoder les revocó los títulos y en 2003 el instituto realizó una segunda adjudicación de las mismas 37 parcelas a presuntos testaferros de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’.
Según la orden del Tribunal, quienes se encuentren en posesión o propiedad de cualquiera de las 37 parcelas que hacen parte de la antigua finca El Encanto, en jurisdicción del corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de Chivolo, no podrán venderlas, constituir derechos, ni celebrar actos, contratos o negocio jurídico alguno respecto de esos bienes, porque provienen de actividades ilícitas.
Esta decisión fue tomada por Eduardo Porras Galindo, magistrado de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, quien lo ordenó a petición de la Fiscalía Tercera de esa unidad el pasado 14 de julio.
El poder dispositivo sobre un bien, es el derecho o poder de dominio que una persona tiene sobre un bien de su propiedad, sea mueble o inmueble.
En éste caso, afirma el magistrado, la Fiscalía acreditó con documentos, ubicación por coordenadas y planos, la plena identificación de los bienes, así como alteraciones de los predios, razón por la cual considera viable sacar temporalmente del comercio y del negocio jurídico los 37 predios, sobre los cuales ‘Jorge 40’, tuvo y aún pueda mantener algún poder de dominio sobre los mismos.
La medida del Tribunal se fundamenta en que los presuntos testaferros ejercen dominio material sobre los predios y que esta condición se produjo de un crimen, es decir el origen es ilícito porque los adjudicatarios originales fueron desplazados y obligados a abandonarlos, así como también obligados a vender bajo presión sin contraprestación, por lo cual, considera el magistrado, quienes hoy las poseen estarían usurpando esas tierras.
La finca El Encanto, que había sido de propiedad de la familia Barrios, fue adquirida por el Estado colombiano en 1990, dividida en 37 parcelas y adjudicada por el Incora en el año 1991 a igual número de familias. Seis años después (1997), cuando aparecieron los paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, los primeros parceleros comenzaron a abandonar los predios ante las intimidaciones del grupo armado que los sindicaba de ser colaboradores de la guerrilla. El asesinato de Joaquín Fernández Buelvas, terminó persuadiendo a quienes creían que podían refugiarse en la cabecera municipal o en otras poblaciones vecinas para seguir trabajando su tierra.
El 10 de marzo de 2006, el día en que se desmovilizó ‘Jorge 40’ jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, cientos de campesinos que se encontraban deambulando desplazados por varios municipios de la Costa Caribe colombiana, pensaron que era el momento para regresar a sus tierras.
Y más cuando en su primera versión libre ante Justicia y Paz, en agosto de 2007, el sanguinario jefe paramilitar les había anunciado a varios campesinos de municipios como Pivijay, Chivolo y San Ángel que asistieron a su audiencia en Barranquilla, que les devolvería las tierras que él y sus hombres les habían quitado. ‘Jorge 40’ también le envió un mensaje a sus hombres y testaferros: “debían devolverle las tierras a los campesinos y si había algún paramilitar en la zona, los campesinos tenían que denunciarlo”.
Orlando Yánez, un policía retirado, había sido uno de los que tuvieron que dejar abandonadas sus tierras a finales de la década de los noventa por las amenazas de ‘Jorge 40’. Después de asistir a la versión libre que dio el ex jefe paramilitar, decidió regresar a su parcela en Chivolo. No fueron muchos los que se atrevieron a volver, como cuenta Orlando tres años después, en parte porque muy pocos le creyeron a ‘Jorga 40’ tanta generosidad.
Los pocos campesinos que volvieron se toparon con una realidad que era muy distinta a la prometida. Sus fincas habían sido tecnificadas con sofisticados acueductos para dar de beber a los animales, estaban protegidas con cercas eléctricas y las cuidaban hombres armados. Por supuesto, sus parcelas tenían nuevos propietarios.
Se dieron cuenta de que faltaba mucho para recuperar sus tierras. Allí apenas comenzaba ese nuevo calvario. El 30 de abril de 2009, VerdadAbierta.com publicó la historia de cómo testaferros y hombres de ‘Jorge 40’ se apoderaron de miles de hectáreas de tierra en tres municipios del Magdalena, lo que dio origen a una investigación de varias entidades del estado para devolverle sus predios a cientos de campesinos desplazados por el sanguinario jefe paramilitar. (Ver ‘Dos veces despojados)
Luis Manuel Villa Mejía, uno de los adjudicatarios desplazados que hoy reclama su predio, declaró a la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz, que en 1997 “los hombres de Jorge 40 fueron los que les quitaron las tierras y que todavía algunas están en poder de los amigos del exjefe paramilitar”. Sobre el predio que reclama, llamado ‘El Tropelín’, afirma que está en poder de un señor que se llama Andrés Pabón, quien se la compró a Juan Manuel Castro, una persona que el mismo Rodrigo Tovar llevó a Chivolo y después se la vendió a Pabón. Villa abandonó la tierra que el Incora le había adjudicado porque en el año 1997 asesinaron al profesor Roberto Barrios Andrade, un compañero de trabajo.
Otro caso ilustrado por los investigadores de policía judicial de la Fiscalía, que llevó a la Fiscal Tercera Deicy Jaramillo, a pedir a un magistrado de control de garantías que suspendiera el poder dispositivo de quien tuviera en su poder las 37 parcelas, es el de Alfonso Andrade Vargas, quien contó que vivía con su esposa y sus tres hijos en el predio La Unión, en la misma vereda. Dijo que abandonó el predio porque los paramilitares lo obligaron y que en 2002 llegó el señor Juan Carlos Castro Güete, adonde él vivía en situación de desplazamiento, diciéndole que tenía que venderle las mejoras y entregarle los papeles originales de la tierra, es decir la resolución original de adjudicación y le entregó un millón cuatrocientos mil pesos por una finca de 37 hectáreas. El predio de Vargas hoy está en poder de un señor Santodomingo, a quien supuestamente Castro, el amigo de ‘Jorge 40’, habría vendido.
En su versión ante Justicia y Paz, ‘Jorge 40’, manifestó al referirse a las parcelaciones de la finca El Encanto, lo siguiente: “Eso era una finca de una familia Castilla, sino estoy mal, fueron quitados por la subversión y fueron dadas por la subversión a milicianos y campesinos que se ubicaron en esa región cuando entró la confrontación. Ahí en esa zona fue donde más confrontación hubo, porque esa era una región donde guardaban los secuestrados que sacaban tanto de la zona de San Ángel como de la zona de Monterrubio. Allí terminó funcionando después una base de comunicación de las AUC”.
Los predios fueron adjudicados en 1991, posteriormente en 2003 y con el argumento esgrimido como causal por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, de que los primeros adjudicatarios los habían abandonado, revocó esas adjudicaciones iniciales y los readjudicó a otros beneficiarios, y en la actualidad los predios son objeto de reclamación por parte de los primeros adjudicatarios, quienes afirman que abandonaron porque fueron obligados a desplazamiento forzado.
Además de las versiones de las víctimas, una prueba muy importante tenida en cuenta para adoptar la decisión, tiene que ver con unos documentos hallados en la base de San Ángel, donde el Batallón Córdova, descubrió documentos que se refieren a la usurpación de las tierras y el desplazamiento forzado de los ocupantes de las 37 parcelas en Pueblo Nuevo, vereda El Encanto. Entre los documentos encontrados había unos que decían: “Listas de parcelas a legalizar’, o ‘pendientes de legalizar a los muchachos”.
En el trabajo de investigación adelantado por los funcionarios de policía judicial, encontraron que algunos de los adjudicatarios iniciales regresaron y están en las parcelas, aunque el título figura a nombre de los segundos beneficiarios, a quienes la fiscalía no pudo localizar. Por otro lado, algunos bienes están en propiedad de terceros no beneficiarios, quienes compraron al segundo grupo de ajdudicatarios o a quienes compraron presionando a los obligados a desplazarse.
Las parcelas congelas son: Corral Nuevo, El Bajo, La Lucha, la Paz, Palermo, Párate Bien, Villa Luz, la Divisa, Nueva Zelandia, Punto Nuevo, Vayan Viendo, Vida Nueva, Buenos Aires, El Petate, Dios Verá, Playón Redondo, Monte Bello, Ya lo Verá, Montebello, El Ejemplo, Tropelín, La Unión, Las Angustias, Cambio de Vida, Santa Fe, Lucitania, Nueva Idea, Los Mellos, Revolcón, Tamacá, La Florida, La Envidia, Nuevo Horizonte, Flor de la Belleza, las Mercedes y Las Vegas.
En 19 años los predios fueron adjudicados (1991), los adjudicatarios desplazados (1997), revocada la adjudicación por abandono según Incoder y desplazamiento forzado de acuerdo con lo probado por la fiscalía con base en documentos públicos y testimonios de las víctimas (2003), readjudicadas en el mismo año a los presuntos testaferros de ‘Jorge 40’, y en el año 2008 comenzó un retorno de los desplazados.
De los 37 predios la Fiscalía ha logrado establecer que ya Incoder revocó la segunda adjudicación de 14 parcelas y deberá registrarse ante instrumentos públicos la decisión que congela el poder dispositivo que tenga cualquiera de los adjudicatarios sobre los mencionados predios, hasta tanto se produzca la sentencia de desplazamiento forzado. Mientras tanto, esos bienes no pueden ser comprados, transferidos, ni celebrarse acto o contrato jurídico alguno porque existe la presunción de que son bienes producto directo o indirecto, de un delito doloso.
