La no asistencia de Raúl Hasbún a una audiencia en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, hizo que nuevamente se aplazara la devolución de predios a un grupo de víctimas en el Urabá. Las campesinos no entienden por qué se dilata la entrega de sus tierras.
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| Los campesinos del Urabá están a la expectativapor la devolución de sus tierra. Foto VerdadAbierta.com |
Es la segunda vez este año que el magistrado Álvaro Cerón Coral, con funciones de control de garantías, aplaza la audiencia. La primera vez fue el pasado 25 de enero, cuando decidió suspender la cita judicial por un error de procedimiento, debido a que los ex paramilitares Raúl Hasbún Mendoza, alías ‘Pedro Bonito’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), no habían sido notificados y, según el juez, ambos eran partes en este proceso. Como reacción a ello, diez familias ocuparon predios en Necocló que reclaman como suyos.
La nueva audiencia fue programada para este 16 de junio. Varios campesinos afectados viajaron nuevamente a Medellín y se hicieron presentes en el tribunal para exponer, a través de sus abogados, las pruebas que demuestran que son propietarios de los predios que hoy presuntamente están en manos de testaferros de los paramilitares.
Pese a que en la sala de audiencias se había hecho presente Rendón Herrera, nuevas fallas en la notificación a los actuales poseedores de las propiedades y la ausencia por enfermedad del ex paramilitar Hasbún Mendoza ocasionaron una nueva suspensión de la cita judicial. “Hacerla sin uno de ellos es lo mismo que hacerla sin ninguno, por lo tanto no vamos a poder instalar hoy la audiencia”, indicó el Magistrado, y procedió a suspenderla hasta el 17 de julio próximo.
La decisión no fue bien recibida por los campesinos afectados por el despojo de sus tierras. Carlos Páez, integrante de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes del Urabá antioqueño, expresó su malestar por la nueva suspensión: “queda como una sensación de tristeza muy grande. Todos los que vinimos a esta audiencia desde Urabá teníamos muchas expectativas de lo que hoy se decidiera”.
En el recinto varias víctimas manifestaron que era creíble la enfermedad de Hasbún Mendoza, dado que el día anterior había estado justamente en una audiencia sobre restitución de tierras y no evidenció malestar alguno, lo que llevó a Páez a descargar la responsabilidad en el magistrado Cerón Coral.
“Esperemos a ver si el Magistrado algún día reconoce en qué silla está sentado y se pone del lado de las víctimas”, afirmó y visiblemente preocupado agregó: “El Magistrado está jugando no sabemos qué cartas, primero porque no los convoca, luego porque se enferman. Pero esto se convirtió en una pelea y no nos vamos a dejar ganar, pues tenemos las pruebas en la mano”.
De acuerdo con Páez, los 17 predios en discusión están en manos de ganaderos. Se trata de fincas ubicadas en los municipios de Necoclí, Turbo, Mutatá y Sopetrán, donde hubo fuerte presencia de paramilitares de las ACCU a mediados de la década del noventa.
Carmen Palencia, quien preside laAsociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes del Urabá antioqueño, no ocultó el malestar al escuchar la decisión del Magistrado y en medio de la impotencia dijo: “quisiera pensar que el Magistrado no tiene mala intención, pero sin ser abogada, sé que un jurista con más de 25 años de experiencia se conoce todas las trampas y tramoyas de la ley para venir a decir aquí que se le olvidó notificar a alguien”.
Esta mujer, que no ha podido regresar al Urabá antioqueño desde hace varias semanas por amenazas contra su vida, responsabilizó a Cerón Coral del retraso en la devolución de los predios a los campesinos. “Me quedo sin palabras ante la parsimonia del Magistrado. Parece que quiere ayudar a los paramilitares, y directa o indirectamente lo está haciendo, porque entre más dilata la decisión, más tiempo tienen ellos para esconder las propiedades”, dijo Palencia.
Abogados de la Comisión Colombiana de Juristas, que asisten a varias de los campesinos, señalaron que este tipo de dilaciones va en contra de las víctimas. Según ellos “no hay una conciencia del sufrimiento de los campesinos despojados de sus tierras y parece que nadie le da prioridad a este caso. Ellos llevan más de 14 años afectados. Para nosotros un día más o un día menos no importa, pero el tiempo de ellos sí importa”.
Los abogados llamaron la atención sobre la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que en esta audiencia no expresó ningún concepto ni dejó ninguna constancia. “Eso también es necesario preguntarlo, porque no es clara la manera cómo asume este proceso”, precisaron.
Para estos abogados, las reiteradas suspensiones no sólo afectan los ánimos de los campesinos, también se sienten en sus economías personales: “Cerca de veinte personas viajaron desde Urabá, y trajeron testigos, eso implica unos gastos que deben asumir ellos”.
Al respecto, Páez explicó que los campesinos sacan de su bolsillo para asistir a las audiencias en promedio 500 mil pesos. “Esa plata sale del bolsillo de cada persona que tiene su proceso. No recibimos ayuda económica de nadie”, y agregó que la situación de ellos es precaria: “varios han conseguido una parcela donde trabajar; otros son jornaleros y laboran por días; y algunos son desempleados y no tienen nada qué hacer”.
La decisión del magistrado Cerón Coral también inquietó a Gerardo Vega, representante en Antioquia de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR), que coordina la Comisión Regional de Restitución de Bienes, desde la que se les brinda apoyo a los campesinos que reclaman la restitución de sus predios.
“Es absolutamente lamentable que se sigan imponiendo los procedimientos al derecho de las víctimas”, resaltó Vega. A su juicio, la justicia transicional busca un efecto rápido, pronto y eficaz para reparar a las personas afectadas por la actuación criminal de los paramilitares, pero lo que demuestra la actuación del Magistrado a cargo de la diligencia es contrario a ello.
“Yo creo que debe haber una decisión de fondo de la Corte Suprema de Justicia, para adelantar con mucha más rapidez estos procedimientos”, sugirió Vega, quien explicó que hoy están en manos del Tribunal de Justicia y Paz, que es una instancia intermedia, pues en últimas es la Corte Suprema de Justicia la que toma la decisión final.
“En cualquier circunstancia, la lentitud favorece a los victimarios, que les da más tiempo para esconder, transferir o cambiar de propiedad sobre los bienes que son de las víctimas”, reiteró, coincidiendo en su apreciación con Carmen Palencia.
Una de las instituciones que integra la Comisión Regional de Restitución de Bienes es la Defensoría Regional del Pueblo. Su titular, Sandra Rojas Manrique, fue prudente al referirse a la actuación del Magistrado Cerón Coral. La funcionaria dijo que “son situaciones que no son deseadas y que nosotros esperamos que sea posible que se puedan prever con anterioridad para no generar este esfuerzo de las víctimas de venir”, y agregó que, dada la situación, “hay que garantizar el debido proceso, por lo que se entiende que haya sido suspendida la audiencia”.
Pero la opinión de la Defensora Regional del Pueblo no la comparten los campesinos. Uno de ellos, que por temor solicitó la reserva de su nombre, expresó su desazón y dejó clara la percepción al respecto: “la sensación que tengo es que en la próxima cita ya no voy a tener la misma confianza ni hacer el mismo esfuerzo por venir, quedé muy desanimado”.
