Campesinos esperan desde hace 20 años la formalización del predio Las Catas

Decenas de familias campesinas llevan 20 años esperando la adjudicación de la hacienda Las Catas, en Córdoba. Entre demoras estatales, riesgos ambientales y conflictos jurídicos, la Agencia Nacional de Tierras no termina de formalizar el predio, dejando a los beneficiarios en una entrega incompleta.

«Hoy iniciamos la gran revolución agraria en Colombia», afirmó en el 2012 el entonces presidente Juan Manuel Santos cuando hizo entrega de la Hacienda Las Catas a 340 familias campesinas y víctimas del conflicto armado. Era el primer acto para lanzar la política de tierras que buscaba formalizar la tenencia de la tierra, racionalizar su utilización y revertir décadas de despojo violento. 

Y era la segunda vez que les “entregaban” las mismas tierras en Ayapel. La primera, en 2006, fue provisional. Y la del 2012 resultó ser simbólica, porque a dos décadas de la primera ‘entrega’, muchos campesinos siguen sin una adjudicación en firme. 

“La esperanza nuestra era trabajar en el predio de tal manera que pudiéramos sacar adelante a nuestras familias», recuerda Pedro, un campesino que pidió que no se le identificara con su nombre real por miedo a retaliaciones. 

«Pedro hace parte de una de las 304 familias a las que desde hace 20 años (desde 2005-2006) se les ha prometido la adjudicación de la hacienda de 4.672 hectáreas ubicada en el municipio de Ayapel. Y aunque se han otorgado títulos a 169 familias, 110 familias siguen sin la formalización, que se ha visto obstaculizada por un complejo cruce de factores».

La primera ilusión les llegó a 16 organizaciones de víctimas y campesinos en 2006, cuando el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les prometió una parcela. “De hecho, el Incoder nos habló de un proyecto de ganadería asociativo de más de 2.000 novillos de levante y engorde”, recuerda Pedro. 

Casi seis años después, en enero de 2012, Santos llegó hasta el municipio de Ayapel y trajo una nueva ilusión para los campesinos. Dijo que se les adjudicaría la hacienda y aseguró que esto hacía parte de un proyecto piloto de un modelo productivo enfocado en el desarrollo rural y territorial que ponía en el centro el uso de las tierras pertenecientes a la nación.

A pesar de las múltiples promesas, la adjudicación está atrapada entre la demora de procesos estatales, la inviabilidad técnica de una tierra que pertenece a ecosistemas inundables, la inseguridad jurídica provocada por transacciones informales y ocupaciones de hecho, y la persistente presión de actores armados que disputan el control territorial en el municipio de Ayapel.

La historia y la lucha detrás de Las Catas

El 3 de julio de 1986, Luis Fernando Galeano Berrío, conocido con el alias de ‘El Negro’, adquirió una parte de la hacienda Las Catas, ubicada a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de Ayapel. La operación, avaluada en cerca de 85 millones de pesos de la época, se concretó con la empresa Ganadería La Unión Ltda.

Galeano Berrío y su hermano Mario de Jesús fueron reconocidos integrantes del Cártel de Medellín y hombres cercanos a Pablo Escobar. Tras la entrega del jefe del cartel a la justicia en 1991, Luis Fernando Galeano asumió un rol clave dentro de la estructura criminal, al encargarse del manejo financiero de la organización y de la coordinación de sus negocios. En ese periodo también fue superior directo de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Pese a su posición dentro del cartel, Galeano Berrío terminó convertido en víctima de las disputas internas. En julio de 1992, él y su hermano fueron secuestrados y asesinados por hombres de confianza de Escobar dentro de la prisión de La Catedral, donde el capo estuvo recluido durante algunos meses hasta que se dio su fuga.

Tras el asesinato, la propiedad de la hacienda Las Catas pasó en 1997, por sucesión, a manos de Aura Berrío de Galeano y Rafael José Galeano Zuleta. Sin embargo, el 29 de noviembre de 2000 la Fiscalía 31 de Bogotá tomó posesión del predio como medida cautelar. 

El 8 de septiembre de 2006, se realizó una asignación provisional de Las Catas a 244 familias de campesinos y desplazados y 30 familias autodenominadas raizales, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 

Desde allí, según el certificado de tradición y libertad de Las Catas, vinieron una serie de declaraciones de abandono del predio por poseedor, ocupante o tenedor. Esta figura es una medida de protección para tierras que fueron dejadas por personas desplazadas por la violencia y queda registrada en el certificado de tradición y libertad del inmueble con el fin de impedir ventas o transferencias irregulares. La anotación, que deja constancia de que el abandono fue forzado, sirve como prueba en procesos de restitución de tierras y protege los derechos de quienes habitaban o trabajaban el predio, aun cuando no figuraban como propietarios formales, dentro de la Ley de Víctimas.

Fue el 18 de noviembre de 2009 cuando oficialmente el Juzgado Penal 1 de Descongestión de Dominio formalizó en el certificado de tradición y libertad la extinción de dominio de Las Catas a los herederos de Galeano Berrio. Allí, la administración del predio se le entregó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y posteriormente, en 2012 lo tomó el antiguo Incoder. En 2017, con la liquidación del instituto, el predio fue transferido a la Agencia Nacional de Tierras. 

Lilia Rodríguez subdirectora de Acceso en Zonas Focalizadas de la ANT explicó que por el cambio del Incoder a la Agencia no es posible tener claridad sobre qué ocurrió ni por qué se abandonó la intervención para la adjudicación definitiva del predio. La dinámica que se estableció llevó a que las personas se quedaran únicamente con la entrega provisional, bajo un enfoque generalizado de que solo podían ocupar las partes altas del predio.”

Según la ANT, hasta el momento, se registran al menos 168 titulaciones o adjudicaciones en áreas que oscilan entre una y tres hectáreas, extensiones que no constituyen una parcela propiamente dicha. “Aún quedan 110 solicitudes pendientes. De ellas, 71 ya tienen orden de adelantar el procedimiento de adjudicación y 39 se encuentran en etapa de pruebas del procedimiento especial de ocupación de hecho”. 

Esto último quiere decir que 39 personas están actualmente en una etapa procesal donde se están presentando y verificando evidencias (testimonios, documentos, inspecciones) para demostrar que tienen derecho a la adjudicación de una parcela en Las Catas.

Esto significa que varias familias todavía no cuentan con la titulación formal de la tierra y, según denuncian, muchas tienen asignados pequeños terrenos que no alcanzan la extensión mínima requerida para la región.

La normativa establece que la adjudicación de un predio debe garantizar que la tierra permita a la familia cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, salud, educación y vivienda, generar un excedente económico que pueda ahorrarse o invertirse y ser trabajada sin necesidad de mano de obra externa, es decir, únicamente con el esfuerzo del núcleo familiar. Este estándar se conoce como Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Para Brayan Triana, abogado y miembro del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, cuando los procesos de adjudicación no culminan con títulos claros y plenamente registrados, como es el caso de Las Catas, lo que se genera es una situación de inseguridad jurídica que limita el acceso a crédito, a programas productivos y a cualquier política pública que exija formalidad en la tenencia. 

Además, señala que las irregularidades relacionadas con el tamaño de los predios o la falta de cumplimiento del estándar de la UAF generan problemas estructurales. “No es una cifra arbitraria; responde a cálculos técnicos sobre productividad, sostenibilidad y capacidad de generar ingresos suficientes. Si el área adjudicada no cumple con esos parámetros, difícilmente puede hablarse de una solución estructural”, añade. 

Ante esta situación en el 2025, la Procuraduría Ambiental y Agraria de Montería interpuso una acción de tutela para proteger los derechos de familias campesinas. Aunque el 22 de julio de 2025 fue declarada como improcedente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel argumentando que no se habían agotado los mecanismos administrativos y judiciales para la formalización y agilización del proceso, el 29 de agosto de 2025 el Tribunal Superior de Montería marcó un hito en la historia de Las Catas. 

El Tribunal ordenó el amparo de los derechos fundamentales de los campesinos, al evidenciar la vulneración del debido proceso administrativo por el incumplimiento del “plazo razonable” para resolver la situación jurídica de las tierras. Además, protegió el derecho al acceso progresivo a la tierra, entendido no sólo como la entrega del título de propiedad, sino como la garantía de condiciones que permitan el desarrollo de proyectos de vida dignos. También reconoció la afectación de la dignidad humana y la seguridad alimentaria, al constatar que los campesinos no han podido explotar económicamente el predio debido a riesgos ambientales no gestionados.

“La Procuradora Agraria ha presentado múltiples solicitudes para que la Agencia Nacional de Tierras resuelva de fondo, y esa autoridad administrativa, igual a la conducta que asume en la contestación de la acción de tutela, se excusa en la complejidad social y ambiental del caso, dice que se adelantarán las actuaciones para dar una solución de fondo, presenta planes y cronogramas, y así llevan esperando la solución de fondo, lo que constituye una evidente vulneración a los derechos fundamentales”, asegura el fallo. 

En esta decisión, el tribunal ordenó a la ANT programar, en un plazo de diez días, visitas y estudios técnicos para determinar el nivel exacto de afectación por inundaciones en el predio. Asimismo, dispuso la articulación con otras entidades, como la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y las autoridades municipales, con el fin de implementar medidas que mitigaran el riesgo y garantizaran la sostenibilidad ambiental del terreno en el marco de la reforma agraria.

Adjudicar Las Catas a pesar de las inundaciones 

Por su ubicación, cercana al río San Jorge y otras vertientes, Las Catas hace parte del sistema de humedales de la región de La Mojana y durante varios meses del año esa tierra se convierte en una sabana inundada. Según la normativa del Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 160 de 1994, un predio no es adjudicable donde la inundación representa un riesgo no mitigable para la vida o la vivienda. 

Según aseguró la ANT a VerdadAbierta.com, este es uno de los factores que han demorado la adjudicación ya que el predio tiene varias zonas con grados altos de amenaza por inundación. “Esto ha debilitado que por parte de la institución se hayan aunado los esfuerzos para intervenir estas zonas”, afirma. 

Sin embargo, Triana explica que aunque la regla general era que no se adjudicaban predios en áreas de importancia ambiental, “esta visión está cambiando a raíz del Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y resalta su dimensión ambiental. Esta reforma reconoce que la población campesina no es necesariamente un actor que afecte el medio ambiente y permite que conviva con ecosistemas protegidos mediante prácticas técnicas adecuadas”. 

Para Triana, esta es una falla estructural que hace que los procesos de adjudicación sean demorados y que se traslade los problemas a las familias beneficiarias. “Muchas veces el Estado identifica un predio disponible y prioriza la entrega sin haber agotado la fase técnica. Antes de cualquier adjudicación de baldíos, la entidad debe contar con estudios técnicos de suelos, análisis ambientales y una verificación clara de las condiciones de riesgo del predio”, sentencia. 

Pedro, el campesino que ocupa un predio al que pensó que tendría título hace años.,  recuerda, por ejemplo, que durante la temporada de invierno entre el 2010 y 2011, “hubo unas crecientes exageradas, unas inundaciones de las tierras bajas que llegaron también a subir a gran parte de la tierra alta. Nos vimos afectados en las viviendas, los cultivos y la ganadería”. Según las denuncias de la Procuraduría, las pocas acciones que se han tomado dentro del predio para mitigar el riesgo son jarillones y 34,64 kilómetros de terraplenes que están en mal estado y al borde del colapso. 

Además, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Forestal del departamento de Córdoba, Las Catas se encuentra en un entorno con ecosistemas húmedos de especial valor ambiental como ciénagas, zapales y zonas bajas inundables. Estas condiciones definen directrices que orientan su uso hacia actividades compatibles con la conservación de los valores ecológicos y la protección de áreas estratégicas, asegurando que cualquier intervención futura preserve la integridad ambiental del territorio y cumpla con los lineamientos fijados por la autoridad ambiental competente.

“Esto empezó a determinar una especie de parcelación o fraccionamiento de las zonas altas. Además, y desde mi perspectiva técnica, esto generó un problema adicional: las familias quedaron allí sin apoyo para proyectos productivos ni para el desarrollo organizativo en la línea productiva”, dice Rodríguez de la ANT. “La adjudicación definitiva de estas zonas altas en pequeñas porciones empezó a generar un concepto de vivienda y producción mínima, suficiente solo para la subsistencia”.

Para la subdirectora, esta situación terminó configurando una dinámica de pobreza persistente: no asegura ingresos suficientes, aunque mantiene a las familias en el territorio al ofrecerles un lugar donde habitar.

La sentencia del Tribunal Superior de Montería fue enfática en asegurar que la ANT no había liderado los estudios técnicos necesarios para determinar qué áreas eran inundables y cuáles aprovechables. Y que no se habían ejecutado las obras de mitigación en los jarillones, que se encontraban en mal estado, impidiendo el desarrollo de proyectos productivos

La ANT afirma que luego de un análisis técnico basado en herramientas de teledetección y Sistemas de Información Geográfica , se estableció una delimitación preliminar de la zona inundable y se determinó que abarca casi el 10 por ciento de la hacienda. Estas áreas se consideran inadjudicables. 

No obstante, la entidad aclaró que las amenazas de inundación y su importancia ambiental no limita ni impide la adjudicación del predio, sino que orienta y condiciona los usos que podrán desarrollar posteriormente, de modo que las actividades productivas, sociales o comunitarias sean acordes con la vocación ambiental del área. 

Rodríguez cuenta que la determinación que la entidad tomó es que cada uno de los campesinos tuvieran una parcela en la parte alta de Las Catas y otra en la parte inundable. Esto porque, para ella,  la idea de que las zonas inundables no son productivas es completamente falsa. 

“En una visita de inspección ocular que realizamos desde la subdirección encontramos, por ejemplo, 120 hectáreas de arroz en plena producción. El problema es que las asociaciones que ocupan estas porciones de terreno han optado por arrendar los predios a terceros como arroceros o bufaleros que sí cuentan con la capacidad de ponerlos a producir. Generalmente los arriendan a precios bajos para sostener la organización y a la comunidad”, sentenció. 

En ese sentido, la ANT señaló que mantiene el diálogo con la comunidad y que la adjudicación es viable siempre que dichas determinantes sean asumidas dentro de una articulación entre las dimensiones social, natural y económica, garantizando así un equilibrio entre el acceso al territorio y la protección de los ecosistemas estratégicos presentes en la zona. Y aseguraron que han ido adelantando la articulación con otras instituciones para hacerle frente a las condiciones ambientales. 

El conflicto armado

En Ayapel, la presencia de grupos armados ha estado históricamente ligada al control de economías ilegales como la minería ilegal de oro y el narcotráfico. Estas actividades no solo han alimentado la violencia en el territorio, sino que han transformado la dinámica social, ambiental y económica alrededor de la ciénaga, uno de los ecosistemas más importantes del municipio.

A finales de la década de 1990, el departamento de Córdoba quedó atrapado en la confrontación armada entre los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la guerrilla de las Farc. De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, en noviembre de 1998 la violencia se intensificó en los límites entre Antioquia y Córdoba, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño y la región de Urabá. Sin embargo, los enfrentamientos más fuertes de ese año se concentraron en la Serranía de Abibe y el Nudo de Paramillo. Para entonces, el narcotráfico ya se había afianzado en zonas estratégicas como la Ciénaga de Ayapel y el Alto San Jorge.

Y el conflicto no ha parado, dice Pedro, a pesar de la desmovilización de la AUC y el Acuerdo de Paz con las Farc. 

Pocos años después de la primera entrega de las tierras por parte del Incoder, un grupo armado no identificado se instaló en el predio a mediados de junio del 2010 y comenzaron a imponer restricciones a la comunidad. “Al principio llegaron de manera amable, diciendo que querían ayudar, pero poco a poco empezó la presión”, relata Pedro.

La situación derivó en un confinamiento de facto. Las familias que solían salir a pescar en las noches, una práctica cotidiana para garantizar el alimento, dejaron de hacerlo. La orden era clara: a partir de las siete de la noche nadie podía salir de sus casas. Ese control se mantuvo durante cerca de un año, entre mediados de 2010 y mediados de 2011.

Actualmente, en la zona tienen influencia estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que se disputan el dominio territorial y las rentas criminales asociadas a estas actividades. Según reportes oficiales y medios locales, la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de financiamiento de estos grupos, al tiempo que ha generado una profunda devastación ambiental en la ciénaga y su entorno.

La venta y reventa de Las Catas

La presión por la posesión de Las Catas no vino solo de los grupos armados, según cuenta Pedro. Han sido varios los terratenientes de la zona que por medio de movimientos irregulares han comprado algunas parcelas dentro de la hacienda. 

“Hemos tenido problemas porque algunos líderes de las asociaciones a las que fue asignado el predio creyeron que podían sacar ventaja para sus propios negocios, haciendo manejos irregulares que terminaron perjudicando a los mismos beneficiarios del predio. No solo negociaron madera, sino que incluso empezaron a negociar la tierra y las mejoras que tenían las personas. Esta ha sido una problemática grave desde 2017”, cuenta Pedro. 

Los programas de adjudicación de tierras adelantados por la ANT imponen una serie de obligaciones a los beneficiarios, conocidas como limitaciones al ejercicio de la propiedad. Estas condiciones buscan asegurar que los predios entregados cumplan con el propósito para el cual fueron adjudicados, principalmente su uso productivo y social por parte de las comunidades campesinas, indígenas, raizales entre otras. Una de las prohibiciones es la de vender o transferir el terreno sin la autorización previa de la ANT.

Triana explica las acciones de venta ilegal generan un retroceso administrativo significativo. Esto sucede porque las tierras entregadas por el Estado están sujetas a un régimen parcelario, el cual prohíbe vender, transferir o arrendar la propiedad durante un tiempo determinado que actualmente es de siete años. Cualquier transferencia de este tipo requeriría un permiso previo de la ANT, trámite que es lento y puede tardar más de un año en resolverse.

Agrega que este fenómeno es más recurrente cuando un predio es ocupado por distintos actores sin una definición institucional clara, lo que se produce es fragmentación, disputas internas y, en muchos casos, judicialización prolongada al tener que adelantar varios procesos para determinar quienes son verdaderos sujetos con derecho a la adjudicación . “Eso termina debilitando la finalidad social de la adjudicación”. 

La ANT reconoce que este ha sido un factor determinante en la demora del proceso de adjudicación: “A lo largo de la historia del predio se han configurado ocupaciones múltiples en diferentes parcelas del predio, transacciones informales de venta, conflictividades sociales, que nos han llevado a adelantar una verificación individual del predio. Sin embargo, los cambios de ocupantes que han persistido han debilitado el esfuerzo institucional, por cuanto, en una determinada fecha se puede estar caracterizando o individualizando una persona, y al cabo de los meses es otra persona relacionada con el predio”.

Lilia Rodríguez de la ANT aseguró que uno de los casos más relevantes que la entidad está investigando es la parcela denominada como San Horacio dentro de la hacienda Las Catas.

“Son 120 hectáreas y allí hubo una acreditación de una supuesta prescripción del derecho del dominio en favor de un señor Horacio Villegas Botero, quien a su vez se lo vendió a un señor Óscar Londoño. Nosotros hemos hecho el proceso de revisión del caso y, hasta ahora, lo que hemos encontrado es que, al parecer, se falsificaron algunos documentos y con eso se procedió a una inscripción en el registro de instrumentos públicos, pero este bien es parte del globo de Las Catas desde un principio”, afirmó la funcionaria.

Mediante la resolución No. 202531003536836 del 16 de diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras frenó  el proceso que buscaba aclarar la propiedad de San Horacio y ordenó archivar el caso. Esto ya que la entidad concluyó que esas 118 hectáreas no eran un terreno independiente, sino que están completamente dentro de Las Catas, un bien que ya pertenece a la Nación. Además, se confirmó que el supuesto respaldo legal del predio (una sentencia de pertenencia de 2006) nunca existió en los registros judiciales, lo que llevó a denunciar el caso ante la Fiscalía y a pedir que se corrija la matrícula inmobiliaria. 

En principio, de acuerdo con Rodríguez, las resoluciones que se le entregaron a las familias campesinas “no establecian una parcela determinada, sino simplemente se les entregaba una parte del predio para que cada uno se organizara y dentro de esa organización ejerciera un proceso de explotación.”

Actualmente, la ANT está en una fase de «depuración» para determinar cuántas personas de las que ingresaron originalmente en 2006 enajenaron su tenencia ilegalmente, lo cual podría llevar a su exclusión del proceso. 

Pedro asegura que a finales del 2025, se realizaron algunas reuniones entre la comunidad y la ANT, incluyendo su equipo de topógrafos, trabajadores sociales y abogados. Durante estas “se distribuyeron algunas zonas en la parte baja del predio para cada asociación. Y se propuso que cada una debía presentar la documentación en la que se tenía que incluir un listado de los asociados que estaban o vivían en el predio y de los que habían vendido sus derechos”. Ahí también se estableció que se debía hacer un nuevo mapeo de la zona inundable.