Votar bajo el confinamiento y el conflicto: 376 municipios llegan a las urnas entre violencia, masacres y riesgo extremo

Este 8 de marzo los colombianos elegirán a su próximo Congreso. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Paz no se registraba un escenario de tanta violencia para una jornada electoral.

Catalina*, una lideresa campesina y exconcejal en Cauca, sabe que ir a votar en su territorio no es un acto sencillo. En el departamento, los grupos armados disputan el control del territorio, los líderes sociales reciben amenazas y en varias veredas las comunidades han quedado confinadas por combates. Aun así, insiste en que la gente participe en política.

“Si la gente deja de votar o de participar, el territorio queda en manos de los violentos”, dice Catalina, quien por temor a represalias de esos violentos, pidió el anonimato.  

Y aunque Cauca es el epicentro de la tensión electoral y humanitaria en Colombia, las amenazas no se limitan a ese departamento. Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso el 8 de marzo en uno de los contextos de seguridad más complejos desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

Para Yann Basset, director del Observatorio Grupo de Estudio para la Democracia y profesor de la Universidad del Rosario, estas elecciones son difíciles porque Colombia ha vuelto a niveles de violencia que no se habían visto desde el 2016. “Las negociaciones de ‘paz total’ no lograron la desmovilización de ningún grupo grande y, como suele ocurrir en esos casos, los grupos armados aprovecharon para reforzar su control territorial”, explica. 

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, el 2025 fue el año con más conflictos armados de la última década. “Los enfrentamientos entre grupos crecieron un 34 por ciento, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la competencia por el control de rutas, economías ilegales y poblaciones. Hoy hay al menos 13 zonas del país en disputa activa, casi el doble de las que existían al inicio del Gobierno Petro, en 2022”, asegura.

“La violencia ya ha sido visible en este proceso electoral. Hemos visto asesinatos, incluso el de un precandidato presidencial, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo en Colombia, y también secuestros de candidatos al Senado. Esto hace que realizar campaña sea muy difícil en algunos territorios del país”, añade Basset.

Un análisis que cruza datos de riesgo electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), hechos violentos registrados por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), reportes de masacres de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y cifras de impacto humanitario revela que la violencia, el conflicto armado y el riesgo electoral se concentran en los mismos territorios.

El conflicto en cifras

El mapa de riesgo electoral de la MOE identifica 376 municipios del país con algún nivel de riesgo de violencia para las elecciones, distribuidos en 31 departamentos. De ellos, 251 presentan riesgo alto o extremo, lo que significa que en más de la mitad de estos territorios las condiciones de seguridad podrían afectar el desarrollo normal de la jornada electoral.

«Desde 2010 no se encontraba un número de municipios en riesgo extremo tan alto como en este mapa de riesgo electoral. Lo que vemos desde el año anterior es que los niveles de riesgo extremo están subiendo en comparación con los otros niveles,» dice Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

Los departamentos donde más municipios aparecen en riesgo por factores de violencia son Antioquia (57), Cauca (39), Huila (29), Norte de Santander (24) y Nariño (22). En varias de estas regiones, la presencia de grupos armados ilegales, disputas por economías ilícitas y la presión sobre comunidades rurales se han convertido en factores que influyen directamente en el ambiente electoral.

Rubiano explica que “las variables de presencia, de injerencia de actores armados, de incidencia de acciones de desplazamiento y confinamiento, violaciones a la libertad de prensa y violencia contra liderazgos son las que están jalonando estos niveles de riesgo hacia el riesgo extremo».

Describe la situación  del país así: «Estamos viendo un escenario de fragmentación del conflicto armado en Colombia, actores mucho más pequeños, sin identificaciones de mandos únicos, con vocación muy enfocada hacia el control territorial asociado a economías ilegales».

Las cifras de violencia reciente refuerzan ese patrón. Datos de Pares muestran que los hechos violentos registrados durante el proceso electoral se concentran en esos mismos territorios: Cauca encabeza la lista con 20 incidentes, seguido de Antioquia con 13, Tolima con 12, y Bogotá y Nariño con 11 cada uno. También destacan Valle del Cauca y Arauca con 9 casos, y Norte de Santander con 8.

En departamentos como Cauca, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Nariño y Cundinamarca, la presencia de grupos armados, las economías ilegales y la influencia de clanes políticos convierten la violencia en una herramienta adicional dentro de la contienda electoral.

A razón de los conflictos, la situación humanitaria se mantiene crítica. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2025, se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 107.924 personas y 99 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintos territorios del país. Estas emergencias se concentran en regiones donde grupos armados ilegales disputan el control del territorio, exacerbando la vulnerabilidad de comunidades enteras y profundizando la crisis humanitaria en zonas rurales.

“Desde el punto de vista del proceso electoral, los desplazamientos masivos son una afectación gravísima, porque significa que estas poblaciones no pueden acudir a las urnas, básicamente porque tienen que votar en su municipio; si se han ido a otro lugar, es prácticamente imposible que participen”, explica Basset.

Los asesinatos también se concentran en varios de estos departamentos. Registros de la Fundación Ideas para la Paz indican que, entre 2025 y los primeros meses de 2026, Valle del Cauca ha registrado 15 masacres, seguido de Antioquia con 13, Norte de Santander con 10 y Cauca con siete. También aparecen La Guajira con seis y Nariño con cuatro.

Para Basset, aunque la violencia sigue afectando el proceso electoral, su forma ha cambiado frente a décadas anteriores. “Hoy los grupos armados no parecen tan interesados en sabotear el proceso electoral como lo hacían las Farc o los paramilitares en el pasado. Más bien buscan preservar su control territorial y negociar con algunos candidatos para mantener acuerdos que no afecten sus economías ilegales o su dominio en ciertos municipios”.

Aun así, ese control territorial puede tener efectos directos en la participación ciudadana. En regiones donde el conflicto se intensifica, el temor a enfrentamientos, bloqueos de vías o atentados hace que parte de la población prefiera no acudir a las urnas.

“Las regiones más afectadas por la violencia siguen teniendo menos participación electoral. El día de las elecciones genera temor y hay personas que prefieren no salir de casa porque creen que puede haber problemas de seguridad”, señala Basset.

Cauca, uno de los más críticos

En el departamento de Cauca, donde Catalina sigue apostando a la participación política como manera de solucionar y priorizar los intereses de los grupos minoritarios, la violencia se refleja en cifras que muestran la magnitud del conflicto: 39 municipios enfrentan algún nivel de riesgo electoral, de los cuales 30 están en riesgo extremo, según la MOE. 

“En nuestro departamento hay una particularidad: por la geografía y por el abandono estatal, el conflicto ha encontrado terreno para instalarse. Son zonas montañosas, con poca presencia institucional, y eso ha permitido que los grupos armados se disputen el territorio”, explica la lideresa campesina del departamento. 

Allí también se registraron 20 hechos violentos, 8.400 personas confinadas, 1.200 personas desplazadas y 18 incidentes con minas o drones, además de las siete masacres recientes, según Pares. De los hechos violentos registrados tres han sido homicidios y siete  corresponden a secuestros, que incluye  el caso de la senadora del Partido MAIS, Aida Quilcue, y el de las candidatas a la Cámara Lucy Amparo Guzmán y Ana Libia Guetio. 

En varios municipios del Cauca, el conflicto no solo involucra a grupos armados ilegales, sino también tensiones sociales entre comunidades que comparten el mismo territorio.“En algunos lugares se cruzan disputas entre indígenas, campesinos y afros por la tierra. Muchas veces el Estado termina poniéndonos a competir entre minorías en lugar de resolver los problemas estructurales”, señala la lideresa. Estas dinámicas, sumadas a la presencia de actores armados, configuran escenarios complejos para el ejercicio de la política local.

En estos territorios, además, las elecciones locales también reflejan esas transformaciones sociales y organizativas. “En municipios como el nuestro los partidos tradicionales casi desaparecieron. La disputa electoral ahora es entre organizaciones sociales: procesos campesinos, indígenas o comunitarios que compiten por la alcaldía y el concejo”, explica.

Este tipo de competencia política muestra que, incluso en medio del conflicto, las comunidades buscan disputar institucionalmente el poder local. Sin embargo, la presencia de actores armados sigue influyendo en la vida política de los territorios.

“En las elecciones locales no siempre intervienen directamente, pero sí preguntan quién es el candidato o empiezan a aparecer armados en las veredas. Solo con eso ya generan presión sobre la gente”, dice Catalina.

A todo esto se suma la violencia en contra de líderes sociales, según el reporte del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, en lo que va del año, han sido asesinados 23 líderes de los cuales dos han sido en Cauca. 

Para Catalina, “ser lideresa social es vivir con miedo todos los días. Pero si dejamos de hablar y de participar, entonces los que mandan en el territorio son los grupos armados”.

_{* Nombre cambiado por razones de seguridad.}

_{** Foto de apertura: Registraduría Nacional del Estado Civil.}