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Abogada feminista, defensora de derechos humanos y valedora de comunidades marginadas de la región Caribe.

El haberse criado en Magdalena, uno de los departamentos más golpeados por la violencia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en donde cometió cientos de masacres, ataques de violencia sexual y despojo de miles de hectáreas de tierra a humildes campesinos, la condujeron por el camino del activismo social y la protección de las víctimas del conflicto armado.

Para ejercer su carrera profesional y luchar por quienes no pueden ejercer sus derechos, en el año 2003 fundó la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (ASOCOLEMAD).

Desde sus días de estudiante de Derecho tenía anhelos de aportar, desde la teoría y la práctica feminista a la justicia de género y social, a través de la abogacía y el litigio estratégico de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, crimines de lesa humanidad e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, con impacto diferenciado en mujeres y niñas.

Y lo logró en los últimos 20 años, litigando en pro de víctimas del conflicto armado de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre y La Guajira.

Ella ha representado a colectivos y mujeres ante la justicia ordinaria, penal y administrativamente; en la jurisdicción de Justicia y Paz, sistema transicional que juzgó a los desmovilizados de las AUC; en la jurisdicción especializada en Restitución de Tierras; y, actualmente, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar a exguerrilleros de las FARC y miembros de la Fuerza Pública que cometieron crímenes en medio del conflicto armado.

Paralelamente, desde ASOCOLEMAD ha realizado incidencia para la exigibilidad de casos colectivos de reparación en el Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar, por despojo de tierras, desplazamiento forzado, masacres, amenazas contra lideresas y defensoras de derechos humanos, y otros crímenes de lesa humanidad.

Cuenta con estudios de género, administración pública, planeación territorial, estadística e indicadores de género, turismo sostenible y desarrollo local en áreas rurales.

Por esa razón, también apela a la planificación estratégica de genero e interseccional del trabajo en defensa de los derechos humanos de colectivos, comunidades rurales y periurbanas, poniendo énfasis en la formación de liderazgo de niñas y mujeres.

Desde el año 2012, Caicedo y sus compañeras de activismo han sufrido constantes agresiones, pasando por amenazas de desconocidos, intentos de robo de información y de allanamientos a la sede de la Asociación, y ataques físicos.

La situación más grave ocurrió en diciembre de 2019 en Barranquilla, cuando el hijo menor de edad de esta lideresa fue víctima de un intento de secuestro.

Tras denunciar ese hecho, se intensificaron las amenazas por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos e, incluso, personalmente por parte de desconocidos en la calle.

Esa situación la llevó a exiliarse del país y encontró refugio en el País Vasco, en España, en donde se encuentra desde el año pasado.

A pesar de la distancia, sigue dirigiendo ASOCOLEMAD, trazando línea de litigio y protegiendo a las comunidades del Caribe colombiano.

Sobre por qué continúa luchando por estas causas, que le han costado sufrimiento a ella y a sus compañeras de trabajo, que incluso la obligaron al desarraigo del exilio, responde: “Vivo en medio del miedo provocado por los actores que ven mi defensa como una oposición a su interés.

Pero con la conciencia y la tranquilidad que mi aporte suma al cambio y la transformación de la realidad actual de nuestro país.

Así que el miedo en mi como en mis colegas se vuelve fuerza para actuar desde que tengo 20 años”.

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